Declaración Pública
Santiago, 07 de abril de 2004
Servicio de Salud de Coquimbo sanciona a Minera:
Persiste contaminación ambiental en Chepiquilla Preciso y tajante fue el resultado de un estudio realizado por el Servicio de Salud de Coquimbo el año 2002 que determinó la contaminación con aerosoles de ácido sulfúrico en el sector de Chepiquilla por parte de la ya cuestionada Minera Carmen de Andacollo, de propiedad de la transnacional canadiense Aur Ressources INC.
Conocidos estos antecedentes, el organismo sanitario decretó la inmediata prohibición de la aspersión de ácido sulfúrico cuando el viento propaga dicho material en dirección a Chepiquilla. De ocurrir esto, se ordenó cambiar a un sistema de goteo a objeto que este peligroso ácido no sea arrastrado hacia el sector poblacional, ubicado a menos de 150 metros de esta empresa minera.
Producto de las reiteradas denuncias de los vecinos, el Servicio de Salud realizó en las últimas semanas de marzo un total de tres fiscalizaciones, acción en la que participaron los pobladores afectados. En la oportunidad, se comprobó que Minera Carmen de Andacollo NO respeta la resolución emitida por la autoridad sanitaria. Pese a que en un primer intento la empresa infractora desconoció el hecho por medio del encargado ambiental de ésta, Juan Yánez -quien incluso llegó a decir a los fscalizadores que lo que se estaba rociando era simplemente agua- Minera Carmen de Andacollo terminó finalmente por aceptar su error.
El hecho, confirmó las sospechas de los pobladores en orden a que la empresa transgrede permanentemente la normativa, abusando de la confianza y capacidad de fiscalización tanto de la población como del propio Servicio de Salud regional.
Luego de un expedito sumario realizado a la empresa donde se constató la irresponsabilidad de ésta, se cursó una multa de 50 UTM, un monto casi simbólico en relación a las ganancias de esta empresa y a los daños ocasionados al sector .Estamos frente a una compañía minera que no cumple con los mínimos compromisos para mitigar parcialmente los daños ambientales y a la salud de la población.
Cabe consignar además que la denuncia se formalizó ante el SAG y la CONAMA regional. Mientras que al primero se le pidió que certifique el daño a la vegetación provocado por los aerosoles ácidos, se exigió también a la CONAMA cumplir con su rol fiscalizador de un proyecto evaluado ambientalmente dentro del SIEA, ya que es el organismo tiene la facultad y obligación. Sin embargo, hasta el día de hoy solo el SAG ha cumplido con esta exigencia.
La duda que persiste al interior de la comunidad es como materializar una fiscalización más efectiva.¿Cumple realmente la empresa con las restricciones establecidas por el Servicio de Salud?. ¿Corresponde a los pobladores vivir las 24 horas del día pendiente del accionar de esta Minera?. ¿No será mejor paralizar parcialmente las obras que afectan a la comunidad a vivir en permanente incertidumbre? cabe preguntarse.