Declaración Pública
Santiago, 20 de noviembre de 2003
Por inicio de construcción de obras de embalse El Bato:
OLCA critica modelo de concesiones para obras de riego Incesante ha sido hasta ahora la batalla de los ambientalistas por impedir la construcción del embalse El Bato, en la Cuarta Región, proyecto que, según el Ministerio de Obras Públicas, se encuentra ad portas de su ejecución y es una señal que confirma la estrategia gubernamental de concesionar embalses a privados y forma parte de una serie de obras de riego que se materializarán con el concurso de éstos .
Frente al convenio firmado entre el subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez y el gerente de la Concesionaria Embalse Illapel, Álvaro Daneri, el cual permitirá el inicio de las obras de construcción del primer embalse bajo el modelo de concesión en diciembre próximo, la Corporación Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), lamenta el nuevo paso dado por el MOP al insistir en un proyecto amparado en un modelo de concesiones que es el peor negocio que puede estar haciendo el Estado chileno
Nuestra preocupación más inmediata es el tremendo costo ambiental que provocaría la ejecución de este proyecto, ya que uno de los mayores impactos es la inundación completa del ecosistema único El Bato, bosque de canelo, voqui y luma chequen, declarado como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
El proyecto ha estado plagado de irregularidades en el transcurso de su tramitación y estuvo paralizado por más de dos años desde su adjudicación. El Ministerio de Obras Públicas, con la aprobación de la construcción de este embalse, busca consagrar un modelo de concesiones de obras hidráulicas que viabilice la puesta en marcha de otros proyectos similares.
En su momento se alteró descaradamente la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que posibilitó salvar la exigencia de compensación ambiental en relación al Bosque de canelos que se pretende inundar. Luego, se incurrió en ilegalidades durante el proceso mismo de licitación alterando las bases de esta una vez adjudicado el proyecto para hacerle menos costoso a la empresa Méndes Junior el cumplimiento de las exigencias ambientales. Se transfirió el costo de reposición del bosque El Bato al presupuesto regular del MOP (aproximadamente US$ 3 millones), constituyéndose en un subsidio encubierto a esta obra. Nos parece de extrema gravedad que el MOP apoye un proyecto que acumula una serie de irregularidades y cuestionamientos que hasta hoy no se aclaran. Es preocupante que se adopten decisiones sobre la base de estudios que nunca fueron realizados o bien se hicieron en forma parcial, atendiendo muchas veces, al capricho de las autoridades , ha sostenido reiteradamente Lucio Cuenca, presidente de la Corporación OLCA.
El MOP no aclara las razones y los costos adicionales que implican las modificaciones técnicas aplicadas a dicho embalse. No olvidemos que se trata de una inversión de 32 millones de dólares, de la cual el Estado se compromete a subsidiar un 80 por ciento (US$ 25 millones). En este contexto, los cambios realizados al proyecto como por ejemplo la pared moldeada, la cual fue rebajado de 60 a 30 metros al igual que el muro de contención de 60 a 53 metros, se transforman en subsidios adicionales a Méndes Junior. ¿Quién explica las razones de una modificación técnica de este tipo?, cabe preguntarse.
No podemos dejar de mencionar además, la resolución judicial de la ministra Ana Gloria Chevesich, quien ordenó el procesamiento de 22 personas, entre ellas ex autoridades del MOP y altos ejecutivos de empresas consultoras. Uno de los procesados es el ingeniero Roberto Salinas Briones, quien como representante de la Coordinadora General de Concesiones fue era el encargado de gestionar los estudios y autorizaciones para llevar a cabo el proyecto. Y resulta que los supuestos estudios técnicos hoy son cuestionados por haber sido la vía utilizada para pagar los famosos sobresueldos de importantes funcionarios del MOP.
Se encuentra pendiente un pronunciamiento de la Contraloría General de la República en relación a todas estas ilegalidades denunciada por nuestra institución en conjunto con organizaciones ambientales y habitantes de la zona.
¿A quien beneficia este modelo?. ¿Como se explica esta relación incestuosa entre diversas autoridades gubernamentales que terminan beneficiando a una empresa privada?. ¿Donde está el beneficio social que justifique subsidiar en cerca de un 90 por ciento la inversión privada comprometida?
Por último, si el proyecto es tan rentable económicamente ¿Por qué no lo construye directamente el Estado? Hay demasiadas dudas que la autoridad no logra despejar. En definitiva, se equivoca el subsecretario Clemente Pérez, quien, en el anuncio de este acuerdo señala que esto constituye una clara señal de que es posible concesionar embalses y que hay privados que se interesen en esto . Este primer proyecto lo único que consagra es que las grandes empresas privadas con fluida llegada a la autoridad logren jugosas garantías a sus inversiones que al final pagaremos todos los chilenos.