La Serena, 12 de junio del 2002

El Recurso de Protección, que busca restablecer el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la igualdad ante la ley garantizados en la Constitución, se funda en que la reciente aprobación configura ilegalidad y arbitrariedad. Lo primero, al transgredir abiertamente el espíritu de la Ley de Bases del Medio Ambiente, especialmente en lo referido a que los efectos y/o características del proyecto obligaban claramente la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual en este caso fue vulnerado en forma engañosa a través de la presentación de una simple Declaración, llamada eufemísticamente "optimización".

Lo segundo, en cuanto a que tanto la COREMA como los servicios públicos, actuaron en forma arbitraria al aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento lo planteado por MLP, en relación a que la ampliación de producción "no generaba nuevos impactos ambientales"

La incontrolada sobreproducción de MLP ha generado ya peligrosos eventos de contaminación, basta recordar la sanción recibida por MLP (marzo del 2001) al constatarse un flagrante incumplimiento que puso en peligro la Bahía de Conchalí.

El adelanto de la construcción de tranques de relave en El Manque -proyectados inicialmente para el 2007 y 2017 respectivamente-, el anuncio de la implementación de monstruosos megatranque en el Valle de Pupío, la presentación de una nueva DIA para ampliar peligrosamente en 24 mts. la capacidad del tranque Los Quillayes y los irresponsables accidentes generados recientemente, los cuales ocasionaron grandes derrames de concentrado de cobre al cauce de los ríos Cuncumén y Choapa, son apenas algunos indicadores de la solapada e ilegal sobreproducción

Desde ya, confiamos plenamente en que la Corte adopte las medidas pertinentes que permitan restituir las garantías y derechos vulnerados a partir de la cuestionada decisión.