|
|
|
|
Conflicto Los Pelambres
Fuente: elmostrador.cl, 29 de Noviembre del 2006
Párrafos ''recortados'' recomendaban no construirlo en El Mauro:
Minera Los Pelambres omitió datos en informe de petroglifos para dar curso a tranque
En documento desconocido hasta hoy y elaborado por la Contraloría Regional de Coquimbo se señala que Minera Los Pelambres y Gestión Ambiental Consultores tomaron el informe de una arqueóloga externa y entregaron a la Corema y a Monumentos Nacionales sólo aquella información que les favorecía. Omisiones advertían que los sitios arqueológicos eran más del doble que los 64 informados originalmente por la empresa.
El grupo Luksic, controlador de la compañía Minera Los Pelambres, consiguió que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Coquimbo y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobaran la construcción de un tranque de relaves en la IV Región con antecedentes que no se corresponden con la realidad, al cercenar párrafos claves del informe técnico externo que por ley debió encargar para sondear los sitios arqueológicos que hasta el año pasado yacían en El Mauro, en la comuna de Los Vilos. Así lo detectó al menos la Contraloría Regional de Coquimbo, organismo que en abril de este año dejó constancia de esta irregularidad en el Informe N° 19, documento al que tuvo acceso El Mostrador.cl, que intentó infructuosamente conseguir una explicación de la compañía sobre el particular.
El catastro elaborado por la arqueóloga, doctora Andrea Seelenfreund, en abril de 2001, fue recortado y borradas su principales conclusiones. "En este contexto la empresa privada Minera Los Pelambres y Gestión Ambiental Consultores tomaron del informe de la arqueóloga aquello que garantizaría el éxito del estudio a ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental”, dijo la Contraloría en la página 13 de la auditoría administrativa aplicada al proceso de aprobación del desmantelamiento de petroglifos. Así, “se comprobó que efectivamente no se incluyen en el PID (Proyecto Integral de Desarrollo) la integridad de las conclusiones vertidas por ella”.
Los párrafos advertían expresamente que los sitios arqueológicos de origen diaguita, molle e incaico, emplazados allí por hasta dos milenios, eran muchos más que los 64 informados en la aprobación del mencionado proyecto, en abril de 2004, como fue quedando en evidencia a medida que ellos eran removidos a objeto de "liberar zonas" para el tranque, y trasladarlos a un “Parque Rupestre” en Monte Aranda, sin el contexto que, entre otras relaciones, mantenían con astros y referentes geográficos, lo que, según expresó la doctora Seelenfreund en el mencionado informe, “los convierten en lugares altamente relevantes en el contexto de la prehistoria de la IV Región”.
Tras la denuncia del fotógrafo e investigador en astro-arqueología Patricio Bustamante, la Contraloría comprobó finalmente que el total de sitios afectados en El Mauro es de 148, y 22 en la plataforma del relaveducto, lo que suma 170 sitios. Con posterioridad a la probación del proyecto, la empresa declaró la existencia de un centenar de sitios, y al verse obligada por las demandas de rehacer el estudio, se descubrió en octubre de 2005 (es decir, a 6 meses de aprobado el tranque) que el total se elevaba a “448 bloques, 765 paneles y 2.788 motivos”.
En este sentido, en una minuta emitida el 28 de junio de 2005 por el Consejo de Monumentos Nacionales, firmada por Ángel Cabeza, ex secretario ejecutivo de este servicio, se indica que "el avance de las obras de la empresa, una vez aprobado el proyecto, puso en evidencia la presencia de un centenar de bloques de arte rupestre (esencialmente petroglifos) en el área de influencia del proyecto, situación que fue informada directamente por la empresa". Sin embargo, Minera Los Pelambres lo sabía desde mucho antes, pues ello constaba en las omisiones.
Cabe mencionar que el Reglamento de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales establece, en su artículo 3º, que “no se concederá permisos para prospecciones en áreas muy extensas”. Y el perímetro donde se emplazaban los petroglifos es de 1.800 hectáreas. A su vez, el artículo 4° indica que “los permisos para excavaciones se cursarán para un sitio y, excepcionalmente, para varios siempre que su número no resulte excesivo”. En el mismo sentido obra la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la única ratificada por Chile y que se integró a la legislación nacional el 20 de febrero de 1980.
Otra vez, la “estrategia” Celco
El tipo de situación descrita no resulta nueva en cuanto al uso que las empresas dan a los informes que deben entregar a las autoridades. Así ocurrió también en el ‘caso Celco’, cuando la celulosa del grupo Angelini atribuyó a la Universidad de Concepción un estudio de autoría propia sobre la emisión de compuestos órgano-clorados al estuario del río Cruces y la muerte de cisnes de cuello negro en Valdivia, y consiguió así un fallo favorable en la Corte Suprema.
En el caso de las omisiones cometidas por Minera Los Pelambres, la empresa mantuvo la firma de la autora, pero cercenó su conclusión más fundamental, en cuanto a que “en opinión del profesional que suscribe, se hace aconsejable buscar otro lugar para desarrollar el proyecto en estudio. La ejecución de este proyecto estaría afectando de manera irreversible a más de un centenar de sitios arqueológicos”.
Además, la minera omitió ante la Corema y el Consejo de Monumentos el párrafo del informe de la arqueóloga donde señala que "en general, las políticas propulsan la conservación y no intervención de los sitios de arte rupestre. Si bien existen ejemplos de traslado de bienes culturales, estas medidas no son de aceptación general, pues con esta acción se pierde el contexto original del bien en cuestión. Todas estas razones, desde un punto de vista del manejo de los recursos culturales, hacen poco aconsejable la ejecución de este proyecto en el emplazamiento elegido y se sugiere la evaluación de otras alternativas para su ejecución".
La Conama omitió otros antecedentes
La investigación de la Contraloría revela también otra irregularidad, esta vez proveniente de la propia Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). En la página 4 del documento se señala que “la Conama no incluyó en el Informe Consolidado de evaluación la opinión técnica del Consejo de Monumentos Nacionales". La coincidencia es que tanto la autoridad como la empresa borraron de informes técnicos, que deben ser inviolables, las recomendaciones referidas a materializar el proyecto en un lugar distinto a El Mauro.
Posteriormente, la Conama, ante la evidencia de la omisión, insistió en redactar las objeciones con un criterio no técnico, lo que desembocó en conclusiones más suaves. Al respecto, el organismo contralor declaró, en la página 8, que “se estableció que la Conama no incluyó en el Informe Consolidado de Información de marzo de 2004, las observaciones de la Adenda N° II, representadas por el Consejo de Monumentos Nacionales a través del oficio N° 225, del 22 de enero de 2004". Ante esta omisión el Consejo "reitera los mismos puntos señalados en el oficio del mes de enero y agrega que el titular del proyecto no cumple con los requisitos para obtener el permiso ambiental del artículo 76 del reglamento. En forma paliativa se informa en la resolución de calificación ambiental, pero no con todos los puntos con el mismo tenor original".
Lo constatado por esta Auditoría Administrativa e Inspección recordó las declaraciones del presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología, Mauricio Uribe, que en una entrevista concedida el año pasado a El Mostrador.cl dijo que “actuamos entre las espada y la pared”, a causa de que el tranque ya estaba aprobado, al tiempo que asumió esta remoción de petroglifos como ''la mayor intervención patrimonial de la historia actual de Chile''.
Cabe repasar que el permiso de construcción del tranque El Mauro, otorgado por la Dirección General de Aguas, está anulado desde el pasado 3 de noviembre, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago declaró que el proyecto vulnera derechos de aprovechamiento de aguas, inscritos por dueños de predios del Valle de Pupío y el Comité de Agua Potable Rural de Caimanes.
Como la minera no paralizó faenas, desde el fallo a la fecha, el polémico proyecto avanzó otro 2 por ciento y alcanzó el 60 por ciento de su concreción, con una cifra cercana a los U$300 millones invertidos. El tranque propiamente tal considera el desembolso de U$530 millones, en tanto que la conexión de éste con la mina de Portones y el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento de cobre, implican una inversión superior a los U$700 millones.-
|
|