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www.latercera.cl
, 5 de octubre de 2007
Pobladores denuncian peligro de desastre en zona de tranque de Minera Pelambres
Pablo Portilla, desde la IV Región
El riesgo de una catástrofe de enormes proporciones denunciaron pobladores y representantes de las localidades de Cuncumén y Tranquilla, entre otras, a raíz de obras de la Compañía Minera Los Pelambres (controlada por la familia Luksic). Los cargos fueron formulados durante una reunión celebrada este jueves en la Intendencia Regional de Coquimbo, en que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) recibió a ejecutivos de la empresa, vecinos y congresistas de la zona, como parte de una investigación destinada a aclarar la responsabilidad de la compañía en la contaminación de río Cuncumén, ocurrida el 3 y sábado 4 de agosto, a partir de aguas cargadas de molibdeno y sulfatos provenientes del tranque de relaves Los Quillayes.
La principal denuncia apunta a que la minera puso en peligro a las localidades halladas más abajo del mencionado embalse, al elevar la capacidad de almacenamiento del mismo desde 230 millones de metros cúbicos a 300 millones. El consecuente aumento del peso del material genera una presión que podría hacer colapsar un túnel que se halla por debajo del tranque, el cual conduce aguas de escurrimiento provenientes del cerro, las que se contaminan con minerales provenientes de los relaves.
“Si se cae el túnel, el agua arrasa con los pueblos”, exclamó el abogado de las comunidades, Óscar Gamonal.
Además, los residentes de la zona acusaron a la empresa de provocarles problemas de salud debido al polvo en suspensión soltado desde las faenas de la mina y a supuestos vertimientos de sustancias tóxicas a los cursos de agua. Por su parte, el alcalde de Canela, Nathan Trigo, expresó su sospecha de que la contaminación del río Choapa –presuntamente originada por Los Pelambres–, sea uno de los factores de la desaparición que se observa en la vida marina de la desembocadura.
El gerente general de la firma, Ignacio Cruz, evitó polemizar con los acusadores. “Lo más grave que aquí ha ocurrido es la pérdida de la confianza entre las partes”, dijo Cruz, declarándose dispuesto a conversar con los vecinos.
Asimismo, en un hecho significativo, reconoció que la minera había avisado demasiado tarde el incidente de agosto, contraviniendo los compromisos ambientales asumidos por la propia firma durante la tramitación de sus permisos ambientales.
El hecho en cuestión consistió en el vertimiento de unos 12 mil metros cúbicos de “aguas claras” (contaminadas con minerales) al cauce del río, entre las 16.30 del 3 de agosto y las 14.55 del 4 del mismo mes. Aunque era deber de la empresa dar cuenta a la dirección regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) a la brevedad posible –pudiendo hacerlo incluso vía teléfono–, esta última entidad sólo recibió notificación mediante carta pasadas las 16.30 del lunes 6, y –hasta donde existe antecedente– sin avisar a la gobernación provincial ni a las municipalidades respectivas.
Por ese hecho la empresa arriesga una multa de 500 unidades tributarias mensuales (unos $ 16,5 millones) o, incluso, la revocación de las autorizaciones ambientales que permiten su funcionamiento.
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