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Conflictos ambientales en Colombia
Fuente: Agencia Prensa Rural 8/08/05
La misma que opera junto a Barrick Gold en el Congo
Minera AngloGold Ashanti Mines tras el oro del sur de Bolívar y del nordeste antioqueño
por César Jerez, desde Colombia
Desde hace ocho meses se desarrolla una fuerte intervención militar en
el Nordeste Antioqueño y en la parte media del Valle del Río Cimitarra,
la operación ha incluido el traslado de más de tres mil hombres y el
establecimiento de sendas bases militares en las veredas Cañaveral y
Lejanías, en jurisdicción del municipio de Remedios.
Se escucha igualmente entre los pobladores la pretensión del Ejército
de construir una base en la aldea comunitaria de Puerto Matilde, sitio
donde realiza parcialmente su proyecto de desarrollo local y de
sustitución de cultivos de coca la Asociación Campesina del Valle del
Río Cimitarra – ACVC. La militarización regional se complementaría con
la construcción de una base militar de alta montaña en la Serranía de
San Lucas.
Si bien las operaciones militares e incursiones paramilitares del
Bloque Central Bolívar son frecuentes en estos territorios de presencia
histórica de las FARC- EP y el ELN, la militarización actual tendría
como marco asegurar el territorio para la ejecución de proyectos
agroindustriales, forestales y de gran minería aurífera.
Operadoras estadounidenses de proyectos del Plan Colombia promueven
masivamente la siembra del monocultivo de cacao y la palma africana. El
proyecto Midas financiado por la USAID, agencia gringa para el
“desarrollo” contempla además la posibilidad de explotar lo que queda
de la reserva forestal del nordeste antioqueño y el sur de Bolívar.
Estas iniciativas hacen parte de los “esfuerzos” de los Estados Unidos
por modernizar el campo del Magdalena Medio.
Pero tal vez la amenaza más preocupante que se cierne sobre los
pequeños mineros y campesinos de la región, unas 60.000 personas, la
representa la multinacional minera AngloGold Ashanti Mines, la segunda
extractora mundial de oro, más conocida en Colombia por el nombre de su
filial Kedadha S.A., que ha solicitado más de 2 millones de hectáreas
para la exploración y eventual explotación aurífera en el país.
La militarización de la región buscaría desplazar a las fuerzas
guerrilleras, pero también a los mineros artesanales y campesinos que
se convierten en una verdadera molestia a la hora de privilegiar el
saqueo de las multinacionales. Hechos como el cierre de una mina
artesanal en la vereda Carrizal, por parte del Ejército, en el
Municipio de Segovia, o la imposibilidad de titular sus minas con la
que se han encontrado decenas de pequeños mineros en el nordeste
antioqueño y el sur de Bolívar evidencian que la concesión de decenas
de miles de hectáreas a la AngloGold es ya un proceso iniciado.
La ley de minas en su texto impide que sean solicitadas más de 10.000
hectáreas por una sola empresa, persona natural o jurídica, pero la ley
tiene un “mico” (vacío jurídico de libre interpretación) que permite
hacer multitud de solicitudes al mismo tiempo, lo que le abre la
posibilidad a las multinacionales de quedarse con una extensión
ilimitada para la prospección y explotación del recurso.
La AngloGold que explota minas en una gran cantidad de países con
regímenes lacayos, sometidos a los dictámenes del capital
multinacional, en África y América Latina tiene antecedentes como
agenciador de estrategias encubiertas de guerra sucia y
paramilitarismo. El caso más conocido es el patrocinio del Frente
Nacionalista e Integracionista del Congo, acusado de múltiples crímenes
de lesa humanidad, cuyo accionar le posibilitó a esta multinacional
extraer oro de la mina Mongbwalu, en el nordeste de ese país africano,
tal como lo denuncia Human Rights Watch.
Las pretensiones de la AngloGold acabarán con la reivindicación
territorial del campesinado colono y desplazado, enmarcada en la Zona
de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, cuya existencia
jurídica contemplada en la ley de reforma agraria se encuentra
curiosamente “congelada” de manera ilegal por el gobierno de AUV. Se
trata de 180.000 hectáreas en las zonas rurales de Yondó, Remedios, San
Pablo y Cantagallo, cuyos habitantes han conocido solo la presencia
militar del Estado y la presión narcolatifundista y paramilitar sobre
sus tierras.
Según el vicepresidente Santos “la AngloGold es un buen socio que
traerá desarrollo a la región mediante las regalías”, un representante
de la asociación nacional de industriales – ANDI justifica la entrega
de nuestros recursos a las multinacionales diciendo que “nosotros no
debemos asustarnos de otorgar un área importante a una empresa como
esa”; por su parte una funcionaría del ministerio de Minas preguntada
sobre el problema lanza una leguleyada diciendo que “es legal solicitar
tierras para la exploración”.
Mientras tanto, un campesino desplazado de la vereda Santo Domingo, al
cual el ejército le ha prohibido trabajar en su cultivo de coca dice
“nos prohibieron trabajar, para completar hace una semana empezaron a
fumigar indiscriminadamente de nuevo, ahora salen con el cuento que
viene una multinacional, nos tienen jodidos, sin futuro”.
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