Opinión:
11 de Enero del 2004

por  César Padilla Ormeño

Que las empresas mineras transnacionales no paguen los impuestos que debieran, no es en Chile una novedad para nadie. Los mecanismos a utilizar para cumplir con esta obligación son aún una gran nebulosa donde se entrecruzan y contraponen intereses y opiniones diversas. Hay quienes exigen aplicar la legislación existente de la manera más estricta a objeto de lograr que queden en nuestro país los impuestos de la explotación minera en beneficio de todos los chilenos.

El ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre solicitó amablemente que sean estas transnacionales las que por iniciativa propia, renuncien a la ganancia a la que ilegítimamente se han acostumbrado a riesgo de que la sociedad, hasta ahora intencionalmente mal informada, se canse de los abusos económicos de dichas empresas. ¿Cuanto hemos perdido los chilenos por esta mala práctica minera? , cabe preguntarse. La respuesta es incierta, pero sabemos que esta pérdida es extremadamente alta. Una muestra de ello es que el alza de impuesto al 19 por ciento no hubiese sido necesaria si las empresas mineras pagaran lo que realmente corresponde.

Sabemos además que muchos beneficios sociales podrían costearse con esos ingresos hasta ahora perdidos. Sin embargo, no tenemos conocimiento del costo ambiental que tendrá la recuperación del daño causado por la minería, considerada una de las actividades más contaminantes del planeta y en ningún caso sustentable.

Las mineras por su parte exigen no cambiar las reglas del juego, las cuales han permitido regalar durante más de 10 años parte importante de uno de nuestros principales patrimonios: el minero. En este escenario, aparece el royalty como un primer esfuerzo en la recuperación de la soberanía perdida en el camino de restablecer los legítimos derechos constitucionales sobre los minerales. Se debiera entonces, como existe en otros países, implementar ambas medidas, es decir, el pago de impuestos y la aplicación del royalty.

En este contexto, no se entiende como algunos defienden ruidosamente la soberanía frente a un proyecto de conservación de nuestro patrimonio natural, biológico y genético como es el parque Pumalín, o enarbolan argumentos de soberanía y seguridad nacional como la principal razón para enmarcar la discusión sobre la posición boliviana respecto a la mediterraneidad. Asimismo, desconocen el derecho soberano y garantizado en la Constitución de disponer de nuestros recursos del subsuelo, posición que aparece contradictoria, inconsistente y poco consecuente. Lo único que explicaría este doble estándar seria la desinformación o la existencia de intereses que se alejan del bien común del país. En todo caso, cada día que pasa se pierde la oportunidad de recuperar en el tema minero una soberanía hasta hoy renunciada.

El señor Padilla es encargado del área Minería y Medio Ambiente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA.