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Boletín ECO, No. 7, Madrid, 12 de septiembre de 2007
Migrantes forzados por la desertificación:
Refugiados ambientales
por Tom Kucharz
Es urgente replantear el concepto jurídico de "refugiado" para poder ampliarlo a nuevas realidades sociales, como son las que resultan del deterioro del medioambiente. La regulación del llamado "refugiado ambiental" por el ordenamiento jurídico internacional resulta imprescindible, para llenar una laguna jurídica y proporcionar una protección jurídica exhaustiva a los cada vez más numerosos desplazados por razones ambientales. Al Gobierno español y la Unión Europea por sus políticas migratorias que violan sistemáticamente los Derechos Humanos e incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Miles de inmigrantes mueren cada año en las rutas migratorias por las políticas restrictivas de la UE y la militarización cada vez mayor de las fronteras.
La dinámica del crecimiento económico del mercado mundial llevó al empobrecimiento y la desintegración de sociedades enteras así como a la migración masiva de más de 150 millones de personas. Se calcula que existen actualmente más de 22 millones de refugiados y 30 millones de desplazados dentro de las fronteras de sus Estados. Además, se estima globalmente que en 2010 el número de refugiados ambientales alcanzará la cantidad de 50 millones, y más de la mitad se encuentran en África.
Las migraciones generadas por problemas medioambientales son múltiples y complejas. Pero se puede decir, que la desertificación es actualmente una de las causas más importantes que provocan la huída forzada de millones de personas, por la imposibilidad de continuar subsistiendo en la zona afectada, al disminuir la capacidad de producir alimentos y deteriorar la biodiversidad y el acceso al agua. Para 2020, unos 135 millones de personas corren peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertificación, de ellas 60 millones en África
subsahariana. El Cambio Climático aumentará los desplazamientos forzados. Según Greenpeace habrá 200 millones de refugiados ambientales del Cambio Climático en los próximos 30 años.
Las consecuencias de la migración: las zonas degradadas sufren una merma importante de su población activa, dispara la situación de vulnerabilidad en los cinturones de miseria en las zonas urbanas, violación sistemática de los Derechos Humanos y falta de acceso a servicios públicos básicos.
Trece años después del Primer Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones en Almería, constatamos que los Gobiernos y las Naciones Unidas no han tomado las medidas necesarias para evitar que decenas de miles de personas se mueran al ser expulsados de sus hábitats por la degradación ambiental.
Desertificación significa la pérdida de sostenibilidad y equidad en la asignación de recursos y en la distribución transgeneracional del bienestar. Pero mientras los organismos multilaterales se centran en los fallos de los mercados y se analizan aspectos relativos a la valoración ambiental de los bienes y servicios que aportan las tierras secas, se omite, a la hora de buscar los planes de acción, las responsabilidades de las políticas públicas de los Estados, las empresas y los mismos organismos multilaterales.
Los Estados y empresas privadas son las responsables por la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión del suelo y la falta de agua, problemas provocados por la sobreexplotación de los recursos naturales y de la modificación de la naturaleza.
1. Ejemplo: Una de las razones fundamentales por la que hay más de 3.000 millones de personas en el mundo que viven en la miseria es la deuda externa de los países empobrecidos. Este problema ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos
naturales, ya que su exportación es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas para poder pagar el servicio de la deuda. Procesos extractivas como la minería y la deforestación deterioran considerablemente los suelos y las fuentes de agua aunque benefician únicamente a los países importadores.
2. Ejemplo: En el mundo entre 2000 y 2005 se perdieron 7,3 millones de hectáreas de bosques cada año o lo que es lo mismo 20.000 hectáreas por día. Entre las causas de la deforestación y la degradación de los bosques destacan las políticas gubernamentales de sustitución de bosques naturales por plantaciones industriales de árboles -palma aceitera, eucalipto, pino-, así como el avance de la frontera agrícola por los monocultivos agroindustriales para la exportación.
3. Ejemplo: Se defiende el modelo neoliberal que potencia un círculo vicioso en las zonas rurales: sobreexplotación del suelo, degradación, mayores exigencias para producir, más pobreza, inseguridad alimenticia, migración. La expansión de la agricultura se realiza a expensas de los hábitat naturales. Existe el riesgo que la deforestación parcial en las zonas tropicales pueda afectar regiones enteras con sequías e impactar la totalidad de los bosques tropicales. Ello originaría la emisión de 120 mil millones de toneladas de CO2 causando así la extinción masiva de especies de flora y fauna, alterando las precipitaciones en gran parte del hemisferio norte y poniendo en riesgo la disponibilidad global de alimentos.
La sustitución indiscriminada de grandes extensiones de bosques por campos de monocultivos, puede implicar una alteración del clima a escala regional debida a un cambio del índice de reflexión de la luz solar (albedo) y de la tasa de evapotranspiración de la vegetación, y ocasiona una pérdida de materia orgánica de los suelos e impli
ca una reducción de la tasa de infiltración del agua a favor de la escorrentía propiciando fenómenos erosivos y se reducirá la recarga de acuíferos, disminuyendo en definitiva el tiempo de permanencia del agua en los ecosistemas continentales y su capacidad de almacenamiento.
4. Ejemplo: En la actualidad, el ciclo del agua está profundamente alterado. Más de la mitad de los 192 ríos más importantes del mundo se encuentran afectados por presas que están financiados en buena medida por dinero público o por el Banco Mundial.
El esquema clásico de desarrollo -la "revolución verde" para intensificar la agricultura y la industrialización de las ciudades, para absorber el éxodo rural provocado por la agricultura industrial- ha demostrado su invalidez para resolver los problemas sociales y ambientales mundiales. Por ello es urgente promover políticas que reconozcan la soberanía alimentaría como un derecho humano básico. Reclamamos una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, responda a las comunidades pesqueras el acceso y el control
de las zonas de pesca y ecosistemas, que reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, de los empleos dignos con sueldos justos, derechos laborales para todo los trabajadores, un futuro para los jóvenes del campo, revitalice la interdependencia entre productores y consumidores, la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sostenibilidad ecológica y el respeto por la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para las mujeres y los hombres.
Sólo así podemos conservar y rehabilitar los entornos rurales, zonas pesqueras, los paisajes y los alimentos tradicionales, basándose en una gestión sostenible de la tierra, del suelo, el agua, las semillas, el ganado y la biodiversidad.
Demandamos un compromiso calendarizado del Gobierno español de adoptar mecanismos eficaces, participativos y transparentes para: proteger jurídicamente a los refugiados ambientales ampliando el concepto de refugiado; recuperar las zonas afectadas por la desertificación y aplicar políticas que eviten su avance; establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales,
civiles o penales por la desertificación; la creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas; ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa; así como promover las acciones legislativas y reglamentarias pertinentes para frenar el Cambio Climático, adoptando objetivos obligatorios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 80% en 2050. ?
Tom Kucharz
Ecologistas en Acción, Campaña Quien Debe a Quien
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