Catastro Minero 2001 Indice:
- Aldebarán, Región de Atacama
- Alto Norte, Región de Antofagasta
- BahíaChañaral, Región de Atacama
- Carmen de Andacollo, Región de Coquimbo
- Desafectación del Parque Lauca, Región de Tarapacá
- Doña Inés de Collahuasi, Región de Tarapacá
- Fundición Hernán Videla Lira, Región de Tarapacá
- Los Pingos, Región de Coquimbo
- Manganesos Atacama, Regió de Coquimbo
- Pascualama, Región de Atacama
- Minera Los Pelambres, Región de Coquimbo
- Petcoke, Regiones de Atacama y Antofagasta
- Plomo en Arica, Región de Tarapacá
- El Teniente (Caletones), Región del Lib. Bdo O´Higgins
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Compañía Minera Cerro Casale.
Propiedad: Placer Dome Inc. (Canadá, 51%), Arizona Star Resources (Canadá, 25%), Bema Gold Corp. (Canadá, 24%)
Ubicación: 115 kms. al sudeste de Copiapó, a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar.
Comuna: Tierra Amarilla.
Provincia: Copiapó.
Región: Tercera Región de Atacama.
Productos: Concentrado de Cobre y Oro; Metal Doré.
Volúmenes actuales: Meta de Producción: 900 mil onzas de oro contenido en concentrados y aproximadamente 128 mil toneladas de cobre fino anuales; 2.500 kilos de metal doré.
Inicio de Faenas: 2003
Tiempo estimado de producción: 18 años
Otras faenas en el territorio: Se proyecta la construcción de un Acueducto de 121 kms., que cruzará dos parques nacionales en la comuna de Copiapó. También se proyecta la habilitación de un Mineroducto para el transporte de concentrado de cobre-oro, que cruzará todo el ancho de la Tercera Región, por sus Comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera.
CONFLICTO
La inestabilidad del precio del oro en los mercados internacionales no ha sido el único factor que se ha opuesto con vehemencia al Proyecto Cerro Casale, que pretende comenzar la explotación de oro y cobre en la Tercera Región del país. También lo han hecho, desde que la empresa presentara su Estudio de Impacto Ambiental a la CONAMA, una serie de organizaciones sociales que ven con recelo el grave impacto que una iniciativa de estas características podría tener en la zona.
Agricultores, representantes de la etnia de los Kollas, el Consejo Ecológico Comunal de Tierra Amarilla, entre otros protagonistas, han tomado en sus manos la defensa de esa tierra que por tanto tiempo ha sido generosa, creando empleos en el sector agrícola que sólo en temporada de cosecha superan los 25 mil puestos de trabajo, y siendo además el refugio de una rica variedad de flora y fauna.
Para la Asociación de Agricultores del Valle de Copiapó, la posibilidad que este proyecto sea aprobado reviste una clara amenaza contra esa tierra fértil, debido a las consecuencias que puede traer que en ella se depositen los millones de toneladas de estériles que las operaciones del Proyecto Cerro Casale, también conocido como Aldebarán, arrojarían a lo largo de los 18 años que se vislumbra su funcionamiento. Incluso la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama se ha mostrado cauta ante la ubicación del tranque de relaves, el que se construiría en la cuenca superior del Río Nevado. Ello representaría una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar, debido a que contendría gran cantidad de productos químicos tales como cianuro, y que, por encontrarse en un área expuesta a los caprichos de la naturaleza (lluvias, aluviones o terremotos), podría contaminar de un minuto a otro una importante fuente abastecedora de agua.
Es este mismo temor el que experimentan los detractores al Proyecto Cerro Casale al saber que los 246 kilómetros de mineraducto que se necesitan para completar las faenas, correrían paralelo a ríos por una extensa distancia, cruzando estos cauces en reiteradas oportunidades, y acrecentando aún más la amenaza de una tragedia ambiental.
A esto se suma la enorme demanda de agua que el Proyecto Aldebarán requiere. La compañía minera cuenta con derechos de agua provenientes de pozos ubicados en Piedra Pómez, desde donde se extraerán cerca de 900 litros por segundo, mientras un agricultor sólo utiliza un promedio de 1,5 litros. Una cantidad demasiado elevada para la zona, que significará una alta demanda para las fuentes que también abastecen de forma superficial y subterránea a los ríos y napas que alimentan al Río Copiapó, el que permanentemente presenta niveles deficitarios. El acueducto que Aldebarán planea habilitar, de 121 kilómetros de longitud, atravesaría además dos parques nacionales (Nevado Tres Cruces y Laguna del Negro Francisco). Junto a eso, el proyecto pone en riesgo 69 sitios arqueológicos, según denuncia el Consejo Ecológico que representa a 12 mil habitantes de Tierra Amarilla.
Otro factor preocupante lo constituye el traslado de las cinco mil toneladas de cianuro que cruzarán las rutas de la región cada año (90 mil en 18 años), sin que exista hasta ahora un compromiso de parte de la minera de mejorar esos caminos, elemento que hace más posible la ocurrencia de accidentes.
Las importantes inversiones que desde 1980 realizan los productores de uva de la región, es otro de los elementos que obliga a mirar con más atención las implicancias que este proyecto podría tener sobre la agricultura. Sólo en el valle de Copiapó existen actualmente 7 mil hectáreas de parronales, con una producción que en el período 1999-2000 llegó a 10 millones de cajas de uva de mesa de primera calidad, las que fueron exportadas a Estados Unidos (7 millones) y a países de Europa, Asia y el Medio Oriente, entre otros destinos.
Un cúmulo de cifras que, a la hora de evaluar los beneficios económicos -factor que demasiadas veces se impone por sobre el ambiental-, constituye la prueba más contundente de cuáles deben ser las prioridades.
ANTECEDENTES
Al igual que Pascua-Lama, el proyecto Aldebarán representa una de las apuestas auríferas de la región, constituyéndose por sí mismo en una tentadora fuente de recursos para sus ideólogos, sin que ello implique beneficios importantes para los pobladores del sector donde se emplazaría, debido a que es básicamente lo que se denomina "un proyecto de explotación".
De hecho, muchos vecinos de Tierra Amarilla dudan que la mano de obra que prometen generar, que durante su etapa de construcción equivaldría a 4 mil puestos, salga de la comuna. Una duda que se convierte en otro de los argumentos para defender la agricultura, sin que se dé cabida a la posibilidad de que, por ejemplo, las 16 mil cabezas de ganado que poseen las comunidades Kollas en el Río Jorquera se vean afectadas por la contaminación que podrían generar los depósitos de desechos producidos por la empresa.
Las enormes dimensiones de este proyecto involucran a varias comunidades: la mina a tajo abierto y sus instalaciones, incluída la planta y el ducto para el transporte del mineral, se emplazarían -de ser aprobado éste- entre las comunas de Tierra Amarilla y Caldera, mientras que la producción minera se embarcaría por el Puerto de Candelaria, propiedad de Phelps Dodge.
Son los pobladores de estos sectores quienes, claramente, prefieren continuar viviendo de la agricultura, debido a que ello les garantiza el mantenimiento de un entorno saludable y libre de contaminación. Y pese a que su oposición a Aldebarán no busca desechar actividades productivas alternativas para la región, sí exige que el desarrollo sustentable sea el requisito de cualquier proyecto que se presente.
FICHA TÉCNICA EMPRESA
Nombre: Fundición Altonorte.
Propiedad: Empresa canadiense Noranda .
Ubicación: 25 kilómetros al sudeste de Antofagasta, kilómetro 1.348 de la Carretera Panamericana Norte, sector La Negra.
Comuna: Antofagasta.
Provincia: Antofagasta.
Región: Segunda Región de Antofagasta.
Productos: Cobre y Ácido Sulfúrico (este último como subproducto entregado a la I y II Regiones para procesamiento del cobre).
Volúmenes actuales: 160 mil toneladas de cobre y 250 mil toneladas de ácido sulfúrico.
Meta de Producción: (una vez cumplida fase de extensión) 290 mil toneladas de cobre y 700 mil toneladas de ácido sulfúrico.
Inicio de Faenas: 1993. (Inicio de faenas una vez en marcha fase de extensión: 2003)
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Forma parte de las empresas que se ubican en el punto negro de la ciudad de Antofagasta: Asentada en el barrio industrial La Negra, en el sector del mismo nombre distante aproximadamente 25 kilómetros de la capital regional, la Fundición Altonorte se suma a la Fábrica de Cemento Inacesa como parte de las fuentes que hacen de la calidad del aire antofagastino algo que no supera los términos de "muy malo" a "regular".
Funcionando desde 1993, cuando bajo el nombre de Refimet S.A. produjo en sus dependencias la primera barra de cobre blister, la Fundición Altonorte consiguió en marzo del año 2000 la aprobación con condiciones de parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) del Estudio de Impacto Ambiental para su proyecto de expansión que, junto con duplicar su capacidad de tratamiento hasta 820 mil toneladas de cobre y 700 mil toneladas de ácido sulfúrico al año, pretendía hacer mejoras en materia medioambiental.
Sin embargo, justo un año después de ese anuncio, tienen lugar una seguidilla de episodios que ponen en duda la estrategia en este ámbito impulsada por la compañía. El Servicio de Salud Antofagasta ordenó un sumario sanitario contra la Fundición debido a emanaciones de anhídrido sulfuroso (SO2) que derivaron en una serie de trastornos en los alrededores del complejo industrial. Provocada por la falla de una de las dos plantas que captan el SO2 para transformarlo en ácido sulfúrico, esa emergencia se hizo cada vez más habitual a partir de fines de febrero del 2001.
Las horas picks para dichos episodios se registraban entre las 9:00 y las 13:00 horas, con emisiones de SO2 que alcanzaron los 480 microgramos por metro cúbico, pasando a llevar la norma que establece como aceptable un límite de 365 microgramos.
Este hecho, que se solucionó en un comienzo con repuestos que luego demostraron ser ineficaces, llevó al Servicio de Salud Antofagasta a solicitar a la empresa la instalación de una tercera estación de monitoreo en el centro de la ciudad, para determinar la cantidad de contaminante a que estaría expuesta la población y que generaba una serie de problemas respiratorios.
Pese a estas medidas, la situación no mejoró: en julio del mismo año, la entidad fiscalizadora señala que, si bien las fallas de la planta de anhídrido sulfuroso se solucionaron, persisten problemas de excendencia de la norma secundaria para ese elemento, por lo que se solicita una sanción de parte de la COREMA por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental de la Fase II de la Fundición. La confianza en una solución definitiva descansa, entonces, en las mejoras y cambios tecnológicos prometidos por la empresa, entre los que se cuenta la eliminación de un horno de reverbero.
A los casos anteriores se suma una alerta dada al Servicio de Salud y a la Conama Segunda Región a causa del desplazamiento de la pluma que arroja anhídrido sulfuroso desde la fundición Altonorte, la que se ubicó sobre la ruta Cinco Norte, provocando dificultades en la visibilidad de los conductores, así como también irritación en la garganta de los trabajadores del lugar. Esta emergencia fue atribuida al fenómeno de inversión térmica producto de las condiciones meteorológicas del sector, lo que trajo como resultado que los gases de la chimenea bajaran hasta la carretera en lugar de subir.
Fueron estos sucesos los que hicieron a algunas autoridades plantear la posibilidad de decretar el área como zona saturada, determinación descartada con el argumento que dicho sector no posee sitios urbanos. Y fue aquí también cuando los altos niveles de SO2 llevaron a los especialistas a hablar sobre el incumplimiento del cronograma de emisiones de la fundición, tramitándose ante la Comisión Regional del Medio Ambiente una nueva sanción acorde a las circunstancias.
Con esto, se levantaron dudas sobre qué tan efectivo será el plan de mejoras en torno al medio ambiente que realizará la empresa, y qué tan lento será el proceso para que éstas se materialicen. Y, por consiguiente, cuántas situaciones de emergencia más tendrá que soportar la población, en especial si -debido a la coyuntura económica- esos plazos continúan alargándose.
ANTECEDENTES
Aunque después que la compañía canadiense Noranda entrara en 1995 a la propiedad de Altonorte, se gestó un plan de "Ampliación y Mejoramiento Ambiental" que buscaba acabar con las falencias del proceso productivo, lo cierto es que en los últimos meses ha habido una serie de infracciones que han opacado las buenas intenciones promovidas en esos proyectos de perfeccionamiento; una situación que despierta la inquietud de los antofagastinos, que ya tienen en su región una serie de conflictos ambientales que hacen su aire casi irrespirable.
Con presencia en 23 países, Noranda es propietaria de cuatro fundiciones de cobre incluída Altonorte; 12 fábricas metalúrgicas; 11 instalaciones de fabricación y 23 yacimientos mineros.
En Chile, la compañía tiene presencia con el polémico proyecto de aluminio "Alumysa" en Aysén, que involucra una inversión de 2.500 millones de dólares. Además, posee el 48% en Doña Inés de Collahuasi, siendo suyas también Noranda Exploraciones, la mencionada Fundición Altonorte (ex Refimet) y el yacimiento El Pachón, situado en el límite chileno-argentino.
Tales antecedentes han hecho a las autoridades regionales esperar con paciencia las mejoras que la firma debiera poner en práctica definitiva a partir del segundo semestre del 2002. No obstante, los errores cometidos durante estos meses de espera han generado las desconfianzas ante dichos anuncios. A eso se agrega la petición de parte de la empresa en el mes de abril del 2001 de un análisis sobre el impacto ambiental que produciría la quema de un "combustible alternativo" en la Fundición Altonorte: se trata del uso "por una sola vez" de cerca de mil toneladas de solvente (Orfom SX 12), mezclado con petróleo bunker para el horno reverbero de la fundición u otro equipo similar. Una decisión que cuestiona la agilidad con que la transnacional está llevando adelante el anunciado plan de mejoramiento.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: División El Salvador.
Propiedad: CODELCO Chile.
Ubicación: 140 kms. al este de Chañaral, a 800 kms. al norte de Santiago y a 2.600 mts. sobre el nivel del mar.
Comuna: Chañaral.
Provincia: Chañaral.
Región: Tercera Región de Atacama.
Productos: Cobre en cátodos elecro refinados y electro obtenidos y Concentrado de molibdeno.
Volúmenes actuales: 80,5 Mil TM. de cobre fino.
Meta de Producción: 88 Mil TM. de cobre fino.
Inicio de Faenas: 1959.
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Aunque los chañaralcinos estén seguros que la justicia les dará la razón, también saben que antes de que eso ocurra pueden pasar muchos años. Y es que CODELCO Chile División El Teniente ha dilatado de tal forma la entrega de una solución definitiva y contundente ante la contaminación que provocó durante más de cinco décadas, en las que depositó millones de toneladas de relaves mineros en suelo y mar de Chañaral, que la confianza de los pobladores es puesta a prueba.
Es cierto que la minera estatal ha participado en una serie de iniciativas que pretenden zanjar el tema, entre las que se cuenta la conformación de una mesa de trabajo conjunta con autoridades regionales; el financiamiento de estudios para medir el material particulado presente en la zona; un plan piloto junto a CONAF para reforestar el sector con especies resistentes; y una serie de otras ayudas enmarcadas en una alianza estratégica con el consejo municipal de Chañaral (cursos pre-universitarios, dos becas al año para estudiar en la universidad, regalar planchas de zinc a quienes se les arruinaron los techos de sus casas con el polvo tóxico y entregar aportes al canal de televisión municipal).
Sin embargo, ninguna de esas medidas alcanza a reparar en lo más mínimo el tremendo impacto ambiental y social que la contaminación de la empresa estatal produjo. Porque junto con provocar un daño irreversible sobre la salud de las personas, el derrame de los desechos del proceso productivo de la División El Salvador terminó con toda la riqueza del ecosistema marino de la Bahía de Chañaral, sustentado en la existencia de plancton debido a que en ese sector la corriente de Humboldt se eleva hacia la superficie. De este modo, el inmenso potencial para el desarrollo de la acuicultura (que garantizaba la extracción de mil toneladas anuales de peces, además de locos, ostras, choros zapatos y machas) quedó sepultado bajo un barro tóxico que se extendió varios kilómetros mar adentro, cerrando una de las principales fuentes de sustento para los habitantes de Chañaral.
Es por estas razones que la comunidad, agotada de diálogos que sólo les han traído soluciones de parche, insiste en conseguir una reparación proporcional al daño causado, exigiendo que una fracción importante de las utilidades de la estatal se destinen a una Corporación de Desarrollo de Chañaral, que financie proyectos de desarrollo económico, de recuperación ambiental y de mejoramiento de la calidad de vida de su población.
Una demanda justa si se piensa que al no invertir en el manejo y control de sus relaves, CODELCO se ahorró más de 80 millones de dólares que transformaron en beneficios. No se pide que la empresa dé algo -reclaman los pobladores-, sino que devuelva.
En ese contexto, al igual como ocurre con la División El Teniente de la misma minera, las soluciones propuestas por ésta sólo parecen perseguir la obtención de la "certificación verde" que los países desarrollados están exigiendo a todas las empresas como condición para comprar sus productos, sin que esas soluciones respondan a un interés real de remendar el daño.
Ante tal situación, el único camino parece ser el judicial. Recordemos que ya el año 1989, la justicia le dio la razón a los pobladores -organizados en el Comité Ciudadano Medioambiental de Chañaral- al acoger un recurso de protección que después fue ratificado por la Corte Suprema, marcando jurisprudencia en materia medioambiental en nuestro país. Esa resolución determinó que la contaminación producida por CODELCO era resultado de un acto "ilegal, arbitrario e injusto", obligándose a la División El Salvador a buscar el modo de terminar en el plazo de un año con el derrame de sus desechos en el mar y construir un tranque en las inmediaciones del mineral para almacenar los relaves.
No obstante, la lentitud de un proceso judicial que exija a la empresa del Estado indemnizar a Chañaral es un arma de doble filo, ya que lo que se requieren son soluciones urgentes. Algo que sólo podrán conseguir los vecinos sobre la base de una organización sólida, la que parece estar tomando forma en iniciativas como el periódico "El Relave", donde declaran que ellos "serán recordados por la historia como aquellos que obligaron al gigante Codelco a dar una solución definitiva al problema que ha creado, lo que ninguna autoridad hasta ahora ha podido conseguir".
ANTECEDENTES
Un letrero que advierte sobre los peligros que reviste bañarse en las aguas de Chañaral da la triste bienvenida a una desolada playa artificial, sin vida, que es parte de las 66 hectáreas de la costa de la ciudad. Un terreno embancado con sus aguas contaminadas, cuya repercusión se extiende incluso 30 kilómetros al norte donde, según estudios realizados, peces y mariscos contienen metales pesados en porcentajes que superan 500 y hasta 3.000 veces la norma de tolerancia.
Son las arenas de ese lugar las que en días con viento se levantan para alcanzar a la población, provocando la serie de enfermedades broncopulmonares, dermatológicas, de audición, a la vista y los grandes índices de cuadros cancerígenos registrados en el lugar.
Para el doctor Andrei Tchernitchin, encargado del área medioambiental del Colegio Médico, Chañaral debería ser deshabitado y construir un nuevo puerto más al sur. O bien invertir los cerca de 500 millones de dólares que, de acuerdo a estimaciones, costaría descontaminar la Bahía. Dos de las tantas soluciones que se han planteado y a las que CODELCO ha hecho oídos sordos mientras transcurren los meses y los riesgos para los habitantes persisten.
Este dramático caso corresponde a un claro ejemplo de "pasivo ambiental". Luego de que en la década de los 70's, la nacionalización del cobre pusiera en manos del Estado (representado por CODELCO) las faenas de la División El Salvador -que antes manejaba Andes Copper Mining Company y luego la Compañía de Cobre Salvador-, la empresa minera se hizo cargo gustosa de los activos, dejando aquellos pasivos, como el manejo de residuos, en el olvido. Ello derivó en la acumulación de 350 millones de toneladas de material particulado, compuesto de 21 elementos como arsénico, manganeso, zinc, cobre y fierro, provenientes de los minerales de Potrerillos y El Salvador, los que entre los años 1939 y 1989 transformaron a la Bahía de Chañaral en un tranque natural.
Y pese a que el Servicio de Salud Atacama señaló que la zona cumple con la normativa ambiental, la toma de exámenes más completos a los afectados ha tardado más de la cuenta.
Según el monitoreo del Material Particulado Respirable (PM10, es decir arsénico, cadmio, cobre, plomo, mercurio y zinc), efectuado por el Servicio de Salud Atacama, sólo en una ocasión se habría sobrepasado la norma de calidad de aire, registrándose una mayor presencia de cobre. Sin embargo, se hizo notar que los meses en que se llevó a cabo este estudio (febrero, marzo y abril) no son precisamente cuando se produce mayor material particulado, situación que sí tiene lugar en invierno.
Pero mientras los análisis se dilatan, la preocupación de la población crece alimentada por la indiferencia que demuestran quienes tienen más autoridad para exigir soluciones inmediatas. Y tambalea ante el poder estatal que implica CODELCO, ante el cual otras entidades oficiales callan; un ejemplo de ello es el impacto que la contaminación de la Bahía Chañaral provocó en el Parque Nacional Pan de Azúcar, área silvestre protegida que abarca más de 70 kilómetros de costa al norte de esa ciudad. Una muestra más de que la pesadilla aún no termina.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Compañía Minera Carmen de Andacollo.
Propiedad: Compañía canadiense Aur Resources (Canada Tungsten Chile Ltda. 70%) y Compañía Minera del Pacífico (30%).
Ubicación: Localidad de Chepiquilla, a 2 kms. de Andacollo y a 60 kms. de La Serena.
Comuna: Andacollo.
Provincia: Choapa.
Región: Cuarta Región de Coquimbo.
Productos: Cobre.
Volúmenes actuales: 22 mil toneladas de cobre fino.
Meta de Producción: 20 mil toneladas anuales de cobre fino.
Inicio de Faenas: 1996
Tiempo estimado de producción: 11 años en período inicial; 25 años según ampliación.
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Con la excusa de emplear en sus faenas al 85% de la población de Andacollo, la Compañía Minera administrada en su mayor parte por la empresa canadiense Aur Resources ha conseguido el respaldo de las autoridades de la región que, con el argumento de proteger la actividad económica de la zona, le han bajado el perfil a los reclamos que desde 1996 ha hecho la comunidad de Chepiquilla, poblado ubicado a 2 kilómetros de Andacollo y principal afectado con la actividad de la mina.
La evidente indiferencia demostrada por el Intendente de la época, Renán Fuentealba, dejó sin respuesta una serie de misivas en que la población le hacía ver los serios problemas de calidad del aire provocados por la puesta en marcha del proyecto. A ello agregan la contaminación con aerosoles de ácido sulfúrico derivada de las pilas de lixiviación que la Compañía Minera Carmen de Andacollo ubicó a sólo 200 metros de las viviendas, además del severo impacto provocado por las tronaduras que, a juicio de la comunidad vecina, se perciben como sismos que alcanzan casi los 5 grados.
Las lluvias del año '97 terminaron por darle la triste razón a la inquietud de los pobladores: el colapso de las pilas contaminó las aguas del sector sin que ni el municipio ni la Intendencia entregaran los resultados sobre la fiscalización realizada tras el suceso; la única reacción más evidente fue la del Servicio de Salud Coquimbo, que cursó sendas sanciones por el rompimiento de unas cañerías con el consiguiente escurrimiento de soluciones ácidas e infiltraciones hacia la quebrada de Chepiquilla.
La respuesta de los afectados y los detractores del proyecto Andacollo Cobre no se hace esperar. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en representación de tres Organizaciones No Gubernamentales (Junta de Vecinos No. 12 de Chepiquilla, Acción Tongoy Ecología y el Centre Quebecois de Droit De L'Environnement) denunció la serie de transgresiones al Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, cometidas por el gobierno chileno. Las críticas apuntan a que la autoridad ambiental, representada por la Comisión Regional del Medio Ambiente-Coquimbo, carecía de competencia para resolver sobre este proyecto debido a que no estaba en vigencia el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Cabe mencionar que la compañía responsable de Carmen de Andacollo se sometió el año 1994 de manera voluntaria a una evaluación de impacto ambiental, siendo aprobada por la autoridad gubernamental sin que se aplicara un nuevo análisis pese a tratarse de una iniciativa localizada cerca de un asentamiento humano, y sin contar con la participación ciudadana que exige la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente que sí estaba vigente en ese entonces.
Pese a ello continúa el silencio de las autoridades que sólo en ocasiones esporádicas se rompe a raíz de los continuos incumplimientos de la compañía minera. Funcionarios de la CONAMA constataron que la empresa omitió los compromisos adquiridos respecto de la instalación de una barrera cortaviento y el cambio del sistema de aspersión del ácido en las pilas de lixiviación.
Meses después, en enero de 1999, los vecinos acuden nuevamente ante la Contraloría Regional de Coquimbo -la primera vez lo hicieron para reclamar por la falta de respuestas de parte del Intendente Fuentealba-, denunciando irregularidades en la autorización del funcionamiento de la Compañía, porque según el Plano Regulador Comunal las instalaciones de la empresa se encuentran en el límite urbano. Y aunque la Contraloría Región de Coquimbo les dio la razón, el Consejo Regional presidido por el propio Intendente intentó modificar el Plan Regulador ampliándolo en el sector donde se encuentran las pilas de lixiviación, resolviendo administrativamente el problema sin tener en cuenta los impactos ambientales de la actividad.
Finalmente la empresa suspendió el uso del sector correspondiente al área urbana, sin que ello haya tenido un efecto beneficioso que aplaque la contaminación que afecta el sector Chepiquilla.
En resumidas cuentas, la situación continúa siendo la misma: Los aerosoles ácidos y el polvillo liquidaron el aire, la flora y ahora amenazan al ganado caprino. No obstante, el poder de la transnacional canadiense parece ser mucho más fuerte que la voluntad de las autoridades.
ANTECEDENTES
Proyectando el inicio de operaciones en el depósito aurífero Agua de la Piedra en la Segunda Región, Aur Resources -compañía responsable de Carmen de Andacollo- controla también el mayor porcentaje de la mina Quebrada Blanca en la Primera Región.
Carmen de Andacollo constituye el último bastión de inversión minera presente en esa cuenca, luego que Minera Dayton cerrara las operaciones de Andacollo Oro. Las faenas del consorcio canadiense en el sector fueron aprobadas por la COREMA Cuarta Región luego de que la firma se sometiera a un Estudio de Impacto Ambiental voluntario, que no consideró las severas implicancias que trabajos de este tipo generan en zonas habitadas.
Una nefasta realidad que nos recuerda el caso al que se enfrenta Chillepín, a causa del proceso productivo de la minera Los Pelambres, cuyo impacto pretende ser aminorado livianamente con la entrega de las promisorias cifras económicas que estos proyectos generarán. Un caso que se repite, mientras las comunidades afectadas realizan esfuerzos sobrehumanos para que se vea su situación con un mínimo grado de humanidad.
DESAFECTACIÓN PARQUE NACIONAL LAUCA
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre:
Propiedad:
Ubicación: Comprende la precordillera y el altiplano del extremo noreste de la Región de Tarapacá.
Comuna: Putre.
Provincia: Parinacota.
Región: Primera Región de Tarapacá.
Productos: Oro, Plata y Cobre.
Volúmenes actuales:
Meta de Producción:
Inicio de Faenas:
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Desde que se planteó la posibilidad de explotar las enormes riquezas minerales que guardan los terrenos del Parque Nacional Lauca, el apetito de inversionistas nacionales y extranjeros dejó en un segundo plano el carácter de área protegida que desde 1970 tiene esa reserva ecológica.
La propuesta, contradictoriamente promovida y firmada por el Ministerio de Minería, a través de su titular Sergio Jiménez, permite excluir y desafectar 43 mil 361 hectáreas del Parque Nacional Lauca, convirtiendo en letra muerta el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y pasando a llevar además los planteamientos de la Convención de Washington y del Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas que declaró a la zona como Reserva Mundial de la Biósfera.
Aunque estudios preliminares habían hablado de permitir la actividad minera en una extensión entre 24 mil y 39 mil hectáreas del mencionado parque, lo cierto es que el decreto final contempla un territorio mayor al que se había considerado.
Con esto, se autorizan las operaciones de yacimientos de oro, plata y cobre, que según estudios de Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) ocuparían parte de las 354 mil hectáreas protegidas actualmente en Parinacota, de las cuales 138 mil corresponden al Parque Lauca; sectores que se han convertido en los principales atractivos turísticos de la región y que, sin embargo, la ambición por generar mayores recursos pese al costo ambiental que ello implica, pone en serio riesgo.
Y es que junto con restar espacio a la flora y fauna nativa, este tipo de proyectos no garantiza en lo más mínimo un desarrollo a la par con el medio ambiente. Larga es la lista de ejemplos donde la actividad minera termina sacrificando suelos y cursos de agua por muchos kilómetros a la redonda, ya sea por el mal manejo de los tranques de relave o por las emisiones contaminantes que derivan de sus procesos productivos.
En este sentido, las aprehensiones de grupos ambientalistas son justificadas, ya que la actitud gubernamental demuestra cómo los intereses económicos y una visión a corto plazo dejan de lado otro tipo de iniciativas que podrían generar recursos sin afectar el entorno. Una muestra de ello es que representantes de las comunidades aymaras que habitan en las localidades de Parinacota y Chucuyo, reclaman que durante mucho tiempo se les impidió implementar algunos proyectos relacionados con el ecoturismo, lo que llevó a algunos de esos propietarios a solicitar la desafectación de sus tierras para así impulsar este tipo de proyectos, lo que les fue negado.
Y aunque para conseguir el propósito, los interesados en explotar los recursos mineros deben contar con una ley que ampare una expropiación, las señales hasta ahora entregadas por el mismo Estado no son las más auspiciosas para confiar en que primará la protección de esa reserva natural.
ANTECEDENTES
Uno de los puntos del Plan Arica es el que pretende convertir parte del Parque Nacional Lauca (el borde norte y su franja occidental) en el asentamiento de una serie de proyectos mineros. Motivadas por estos anuncios, en los últimos años, algunas empresas han presentado solicitudes para realizar labores de exploración y/o explotación al interior de las áreas silvestres protegidas, entre las que se cuentan las propuestas de Billiton Chile S.A. al interior del parque mismo; Asarco Incorporated y Sociedad Contractual Minera Vilacollo, ambas al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas.
Un factor que hace más preocupante el destino que se le dará a esos terrenos, de los cuales 138 mil hectáreas están inscritas como parte del Parque Nacional, 205 mil a nombre de la Reserva Nacional Las Vicuñas y 11 mil que corresponden al Monumento Natural Salar de Surire. Estas dos últimas áreas no están sujetas a la ley -como sí es el caso de los terrenos del Parque Nacional-, sino sólo a una decisión del Poder Ejecutivo. Un pésimo antecedente si se tiene en cuenta que -como lo demuestran los hechos- es el mismo Ejecutivo el que ha pasado a llevar una serie de tratados internacionales, al proponer la explotación minera en la zona protegida.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM.
Propiedad: Falconbridge (44 %), Minorco (44 %) y Mitsui (12 %)
Ubicación: 180 kilómetros al sudeste de la ciudad de Iquique, en la zona altiplánica chilena, a una altitud promedio de 4,200 metros sobre el nivel del mar.
Comuna: Pica
Provincia: Iquique.
Región: Primera Región de Tarapacá
Productos: Concentrado de Cobre y Cátodos de Cobre.
Volúmenes actuales: 350 mil toneladas de cobre contenido en concentrados al año y 50 mil toneladas de cátodos anuales.
Meta de Producción: 400 mil toneladas de cobre fino anuales.
Inicio de Faenas: 1998. Obras de expansión en el año 2004.
Tiempo estimado de producción: 25 años.
Otras faenas en el territorio: Planta de filtración y Terminal de Embarque en Punta Patache, unos 65 kilómetros al sur de Iquique.
CONFLICTO
Los estrechos lazos con las autoridades regionales que han construido los ejecutivos de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, han permitido que sea escasa la información sobre la postura de los detractores de ese proyecto, que ha sido promovido ante la opinión pública como el futuro mayor productor de cobre del mundo.
Quizás por esta razón, las informaciones sobre accidentes que han tenido que ver, directa o indirectamente, con esta empresa han tenido un perfil más bien bajo. El año 2001 vio la repetición de un hecho que ya un año antes había puesto en alerta sobre los costos ambientales y para la salud a que estaban expuestos los habitantes de los sectores aledaños a las rutas por donde se realiza el traslado de sustancias tóxicas hacia la minera. En enero del 2001, un camión que transportaba ácido sulfúrico hacia la mina se volcó a la altura del pueblo La Tirana en la Primera Región, repitiendo un episodio que ya había afectado al sector de la Panamericana Norte a la altura de Pozo Almonte, lo que derivó en el anuncio de una multa de parte de la COREMA-Tarapacá contra la empresa Interacid, correspondiente a 300 UTM (aproximadamente US$ 12.700).
Sin embargo, es el sector agrícola el que más reparos ha manifestado frente al proyecto de ampliación de la planta concentradora de la mina, cuyo inicio de operaciones se anuncia para el 2004, ya que junto a los reconocidos efectos que éste provocará sobre la geomorfología y relieve del sector de la mina, se suma el impacto sobre la red de drenaje, producto del emplazamiento del depósito de mineral de baja ley y mineral estéril, y el crecimiento del rajo Rosario.
No obstante, la mayor preocupación para los empresarios y trabajadores de las tierras de la zona radica en la repercusión que las captaciones de aguas subterráneas podrían generar sobre los caudales en las vertientes de los Salares de Coposa y Michincha. Pese a que la empresa asegura que mitigará este impacto recargando artificialmente esas vertientes, la escasez del vital elemento es una amenaza cierta que ya han experimentado en carne propia. Una realidad que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera omitió, ignorando la inquietud que ha hecho presente la comunidad de Pica que teme las consecuencias que esta inversión tenga sobre el oasis.
A lo anterior se agrega la construcción del nuevo mineroducto que pasará por un área de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, sin que hayan certezas que su presencia y funcionamiento no provocará impactos relevantes.
ANTECEDENTES
El Proyecto de Expansión de la Planta Concentradora Collahuasi busca aumentar la tasa de extracción y procesamiento de minerales sulfurados para así expandir la producción de concentrados de cobre, trayendo con ello una serie de obras que afectarán a la zona. La ampliación de los botaderos de estéril asociados al Rajo Rosario, junto a la habilitación de un nuevo depósito de mineral de baja ley son sólo dos de las fases de esta inversión que hicieron reaccionar a ecologistas y pobladores, quienes junto con manifestar sus reparos ante la demanda de agua hecha por la empresa, recalcaron la necesidad de proteger los sitios arqueológicos existentes en la zona.
Entre las agrupaciones que cuestionaron el proyecto se encuentran la Asociación de Propietarios Agrícolas Resbaladero, Banda y Animas de Pica y el Consejo de Iniciativas Ecológicas (Ciede) de Iquique, las que formularon quince observaciones a la iniciativa que fueron desestimadas por la COREMA. Los puntos cuestionados por la comunidad piqueña y los ecologistas de la región se centraron en la necesidad de que el estudio de impacto ambiental de la minera fuese presentado a la CONAMA, debido a que la cuenca de Michincha –uno de los puntos desde donde extraerá agua la empresa- abarca las dos primeras regiones del país, lo que obligaría un análisis a nivel nacional del tema, razón que también fue desechada por la COREMA por considerar que los límites de dicha cuenca se encuentran emplazados dentro de la Primera Región.
De este modo, la autoridad regional del medio ambiente respaldó una iniciativa que continúa desvelando a las comunidades de Pica y Pozo Almonte.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Fundición Hernán Videla Lira.
Propiedad: Empresa Nacional de Minería, ENAMI
Ubicación: Localidad de Paipote, a 8 kms. de Copiapó.
Comuna: Copiapó y Tierra Amarilla.
Provincia: Copiapó.
Región: Tercera Región de Atacama.
Productos: Cobre blister.
Volúmenes actuales:
Meta de Producción: 300 mil toneladas métricas finas al año.
Inicio de Faenas: 1952.
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Ofendidos se han mostrado los ejecutivos de la Fundición Hernán Videla Lira ante los anuncios hechos por la Agrupación de Madres Por el Medio Ambiente Regional y la Salud (AMPARES) que señaló que estudian la presentación de una querella en contra de ENAMI por la muerte de varias personas a causa de enfermedades respiratorias en la provincia de Copiapó, debido a la inhalación de gases sulfurosos provenientes de esa industria.
Ante esto, Jaime Pérez de Arce, en representación de la minera, sostuvo que la crisis que enfrenta la empresa responsable de la también llamada Fundición Paipote, se debe precisamente a las altas inversiones que se han hecho en torno a reducir los altos niveles de emisión que han sido parte protagónica del medio siglo de su funcionamiento.
Es cierto que, obligados por las circunstancias, los directivos de la Fundición debieron iniciar su Proceso de Modernización y Descontaminación, luego de que en 1995, la zona donde se ubica la planta fuera declarada saturada de anhídrido sulfuroso y material particulado, según un decreto del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Desde entonces, las opciones eran morir o bien adecuarse a la norma ambiental que entrados los años 90's se exigió para la operación de empresas en este rubro. Por este motivo, el hincapié que hace ENAMI sobre los altos costos que ha debido enfrentar para mejorar su política ambiental son sólo alardes insuficientes que no deberían separarse de los costos de su proceso productivo. En especial, porque pese a los 92,4 millones de dólares invertidos en equipos, siguen produciéndose episodios críticos de contaminación que, a lo largo del año 2001, se contabilizaron en al menos tres oportunidades.
Y porque, junto con lo anterior, existen dudas sobre las consecuencias que pueda tener en la totalidad de la región el transporte de largo alcance del anhídrido sulfuroso y las partículas finas, que siguen constituyendo una clara amenaza para los habitantes de las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
ANTECEDENTES
Esperanzados en la bonanza que una industria de este tipo traería a su tierra, los pobladores de Copiapó se agolparon el 26 de enero de 1952 para ver el momento exacto en que el Presidente Gabriel González Cortés inaugurara oficialmente la primera fundición estatal del país.
Sin embargo, el transcurso del tiempo ha hecho que las nuevas generaciones se congreguen en torno al nombre de la Fundición Paipote por razones mucho menos promisorias.
Histórica fue, por ejemplo, la convocatoria que el 25 de junio de 1994 se reunió para exigir que se frenara la contaminación que, por años, lanzó al aire de la zona una nube tóxica compuesta en gran medida por azufre y arsénico.
Un tema gravísimo por las consecuencias a largo plazo que esas emanaciones traen consigo y una falta de respeto para los productores agrícolas del sector que envían al extranjero importantes cantidades de uva cada año.
Éstos son los motivos que justifican la preocupación de las comunidades de Copiapó y Tierra Amarilla; ello porque, a pesar de los sucesivos anuncios de que se daría cumplimiento cabal al Plan de Descontaminación presentado por la empresa, los plazos se alargaron más de la cuenta. Y, mientras una tras otra transcurrían las fechas sin una solución definitiva, tomaba fuerza la tesis sobre la posibilidad de que existan efectos en la salud de las personas a niveles incluso más bajos que las actuales normas chilenas para material particulado respirable. Razón suficiente para exigir que se actúe con urgencia.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Empresa Minera Los Pingos.
Propiedad: Cemin S.C.M.
Ubicación: Sector de Tulahuén, a 2.300 metros sobre el nivel del mar.
Comuna: Monte Patria.
Provincia: Limarí.
Región: Cuarta Región de Coquimbo.
Productos: Cobre.
Volúmenes actuales:
Meta de Producción:
Inicio de Faenas:
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Los pobladores del sector de Tulahuén, zona cordillerana correspondiente a la comuna de Monte Patria en la Cuarta Región, viven desde septiembre del 2001 con la certeza que nada bueno puede esperarse de las operaciones de la minera Los Pingos, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en esa fecha por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Coquimbo.
Junto con considerar que, a juicio de los ejemplos existentes, la agricultura -principal fuente de ingreso de sus pobladores- y la minería son actividades incompatibles, los habitantes del sector de Tulahuén han denunciado la errónea concepción de este proyecto debido a la ubicación que se les da a los tranques de relaves.
Esto debido a que los depósitos de desechos de la empresa se encuentran a escasos 150 metros del Río Grande, entre dos quebradas de una ladera que presenta un declive de 19%; terreno ideal para que las aguas de las lluvias arrastren el material contaminante hasta el cauce, llevando esa toxicidad hasta el embalse La Paloma, convirtiéndose de paso en el veneno con que será regada el 70% de la tierra de Limarí.
Sin embargo, autoridades y la propia firma responsable hacen caso omiso de estas advertencias, señalando que el sector cuestionado, está libre de precipitaciones considerables debido a su altura -allí sólo caería nieve-, y que la contaminación únicamente podría producirse en caso de un evento de pluviometría extraordinario. Un argumento débil que es contrariado por la experiencia, que indica que hace algunos años cayeron en la zona más de 400 milímetros de agua en 24 horas, la misma cantidad que según el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa sería el promedio anual de lluvias para el área. Y un peligro demasiado importante como para analizarlo con tanta liviandad.
ANTECEDENTES
Como si se tratara de derrumbar las piezas de un dominó, una trágica eventualidad podría hacer caer zona por zona la capacidad agrícola de las tierras de la provincia de Limarí. El factor responsable de desencadenar una situación de este tipo: la imprudencia de los gestores del proyecto de la minera Los Pingos, quienes dejan casi al azar la posibilidad de contaminación de las aguas del Río Grande, principal afluente del Río Limarí y que provee a las comunidades de Las Ramadas, Tulahuén, Carén y Monte Patria, abasteciendo también el embalse La Paloma.
Desde ahí se irrigan más de 26 mil hectáreas de cultivos, 9 mil de las cuales están formadas por parronales pisqueros y el resto se compone de horticultura y fruticultura tanto de exportación como para el consumo interno del país.
Pese a que se les ha indicado a los agricultores y vecinos de los lugares que resultarían afectados que se tomarán todas las medidas, ellos saben que la fuerza de la naturaleza puede tirar por la borda esas precauciones tardías. Se ha señalado, por otra parte, que las condiciones geomorfológicas en los alrededores de la corriente dificultan el emplazamiento de tranques de relave, debido a la angostura de la caja del río, lo que obligaría a relocalizar estos depósitos fuera del cajón del cauce.
Otra de las consecuencias que han debido enfrentar los lugareños es la ampliación y cierre con barreras de los caminos de circulación por donde los campesinos llevan a los animales a las veranadas cordilleranas, lo que impide el tránsito por lugares que se recorrieron a través de generaciones.
Un verdadero golpe en la cara del desarrollo agrícola y ganadero de la zona, lo que revela la actitud contradictoria del Estado chileno que, junto con autorizar la instalación de esta minera, realiza inversiones para riego y renovación de viñedos, entregando créditos para los mismos agricultores que ahora ven amenazada su producción futura por una decisión oficial.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Manganesos Atacama S.A.
Propiedad: Holding Compañía de Aceros del Pacífico, CAP.
Ubicación: Sector Covico, Coquimbo.
Comuna: Coquimbo
Provincia: Elqui
Región: Cuarta Región de Coquimbo.
Productos: Manganeso; Ferroaleaciones de Manganeso, Ferromanganeso de Alto Carbono; y Silicomanganeso.
Volúmenes actuales:
Meta de Producción:
Inicio de Faenas: 1954
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio: Fundición eléctrica de la Planta Guayacán, ubicada en el sector Sindempart en Coquimbo. Yacimientos Corral Quemado y Los Loros, Cuarta Región.
CONFLICTO
La de Manganesos Atacama es la historia del lobo disfrazado de oveja. Una vez que el Servicio de Salud Coquimbo, emitiera una resolución que obligaba a la empresa a readecuar su proceso productivo con el fin de terminar con medio siglo de contaminación o bien cesar sus actividades, se inició un intenso lobby de parte de la firma que colocó a sus trabajadores y un par de parlamentarios (Mario Bertolino y Joaquín Palma) defendiendo la fuente laboral que ésta significaba para casi 300 personas, dejando como un simple detalle la contaminación por manganeso a que se vieron expuestos por años los casi dos mil habitantes de comunidades cercanas a la industria.
De este modo, levantando el fantasma de la cesantía en una región y una época sensibles ante el tema, los ejecutivos de Manganesos Atacama, perteneciente al Holding Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), consiguieron el apoyo de varias autoridades provinciales que preferían ignorar los grados de toxicidad que emanaban de esas chimeneas con el fin de no echarse encima un incremento del desempleo. Astuta estrategia que llegó a poner incluso en tela de juicio la competencia del Servicio de Salud Coquimbo y su director, el doctor Alejandro Cubillos, a quienes los empleados y directivos de Manganesos Atacama calificaron como profesionales "mal asesorados".
No obstante, el problema mayor que enfrentaba la empresa no era la suspensión definitiva de sus faenas, decretada a partir del 23 de abril del 2001 en un plazo de 90 días dentro de los cuales podía revertir la situación. Si no, la exigencia de la autoridad en salud de que la filial realizara inversiones para garantizar la salud de la población, desarrollando un sistema para aislar del medio ambiente aéreo todo el proceso productivo desde la llegada del mineral hasta la eliminación y transporte de escoria, la que después de décadas de operaciones se acumuló en verdaderos cerros, convertidos en la amenaza más evidente de contaminación para sus alrededores. De lo contrario, la alternativa era abandonar las dependencias que hasta entonces ocupaban, instaladas en medio de un sector residencial, para asentarse en un lugar fuera del radio urbano, facilitando un Plan de Cierre y Abandono que contemplara medidas de mitigación, un plano de disminución paulatina de la producción y disposiciones tendientes a eliminar esa escoria reunida.
Las pruebas que inspiraban estas exigencias no eran menores. Durante los años 1998 y 1999 el mencionado Servicio de Salud, acogiendo la preocupación de los vecinos de la población Covico, realizaron estudios para determinar la contaminación por polvo de manganeso en las viviendas más cercanas a la industria, demostrándose que el nivel del elemento en el sector era 500 veces superior al que existe en la Caleta San Pedro, un lugar donde hay manganeso de manera natural en el ambiente y que sirvió como referente de niveles aceptables.
De 183 muestras de una población de alrededor de 1.500 personas, se dedujo que el 16,4% tenía niveles de manganeso en la orina que superaban la referencia normal dada por el Instituto de Salud Pública -de 3 microgramos por litro de orina, contra el 2,5% que presentaban los habitantes expuestos a la sustancia en condiciones naturales.
Un resultado preocupante, en especial respecto de cuatro casos -tres de ellos en menores de 10 años de edad- en los que se detectaron hasta niveles de 53 microgramos por litro de sangre, en circunstancias que para trabajadores altamente expuestos, el máximo debería ser de 40.
Esto se traducía en un riesgo siete veces mayor para la población vecina a la Fundición, quienes estaban expuestos a problemas de salud que podían ir desde inflamación de mucosas o cuadros respiratorios de diversa consideración a la manifestación del manganismo, enfermedad que afecta al sistema nervioso central, produciendo daño neurológico, funcional y estructural traducido en una amplia variedad de síntomas como prolongados períodos de cefalea e, incluso, cuadros similares al Mal de Parkinson.
El carácter irreversible de esas consecuencias, ponía como única salida al problema el adoptar medidas de prevención, idea que encontró el total respaldo de las comunidades perjudicadas que le dieron su irrestricto apoyo al Servicio de Salud IV Región.
Otro de los argumentos que utilizó la empresa, tanto ante la opinión pública como ante la justicia, sostenía que la entidad fiscalizadora imponía exigencias que iban más allá de la legislación ambiental chilena, insistiendo además -a través de su Gerente General, René Corbeaux- que la resolución respondía a una persecución personal en contra de la empresa, "en el sentido que lo único que pretende es que abandonemos el sector", agregando que la responsabilidad de estar en ese sitio no les corresponde, ya que cuando se decidieron por ese lugar, era un barrio industrial.
Una afirmación falsa de acuerdo a los hechos: a fines de los años '60s, fue la misma firma la que vendió terrenos aledaños a Ferrocarriles, con el fin de paliar el duro momento económico por el que atravesaba. Fue entonces cuando se levantó la población Covico de los trabajadores ferroviarios, con la condición de que la Fundidora se trasladara a Andacollo o bien cerrara sus puertas, hecho que no ocurrió.
La construcción de nuevas poblaciones (Sindempart y Villa Manganeso) obligó en 1984 a modificar el Plano Regulador de la comuna, estableciendo al sector como residencial, lo que implicaba el traslado de la industria.
El incumplimiento de esa disposición se debió, según confesó el Alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez, a que se buscaba un arreglo con los ejecutivos de la fundición para permitir la continuidad de la planta, lo que finalmente colocaba el factor económico por sobre la salud de los vecinos de seis comunidades afectadas.
Con insistencia, autoridades comunales aconsejaban que el Servicio de Salud flexibilizara su postura, mientras los pobladores -asesorados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- continuaban reuniendo los antecedentes que en definitiva convencieron a la Corte Suprema que rechazó a mediados del 2001 el recurso de protección presentado por la empresa, revocando así un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de La Serena. Ello implicaba un reconocimiento tácito de la existencia de contaminación y la esperanza de que la empresa recapacitara respecto de su proceso productivo, reubicándose o tomando las medidas pertinentes.
Pero la respuesta no se hizo esperar y se cerró en la cara de los trabajadores con un golpe de indiferencia. En julio del 2001 y antes de buscar cualquier solución, Manganesos Atacama apagó los cinco hornos de la Fundición eléctrica de su Planta Guayacán, paralizando sus faenas y dejando a poco más de 200 trabajadores cesantes. La salida fácil y más corta, que a juicio de los pobladores, representados por su vocero Luis Conejeros, representa una actitud chantajista con la que se pretende presionar a la autoridad para que adopte otro camino.
De este modo, desentendiéndose de los perjuicios provocados, Manganesos Atacama deja a la deriva tanto el futuro de los desechos acumulados en sus dependencias como la salud de quienes viven afectados por la contaminación provocada. Ante esto, la Comisión Nacional del Medio Ambiente debió tomar en sus manos la definición de un plan de cierre y abandono para esta industria, mientras el tema del tratamiento para los afectados continúa sin una respuesta clara.
ANTECEDENTES
Parece ser que la resolución del Servicio de Salud Coquimbo que condicionaba la continuación de las operaciones de Manganesos Atacama al respeto de las normas medioambientales, le cayó como anillo al dedo a la plana mayor de la Compañía de Aceros del Pacífico. Ello porque, aunque en un comienzo los ejecutivos de Manganesos Atacama levantaron banderas de lucha para defender los puestos de sus trabajadores, ese discurso se fue apagando hasta extinguirse completamente una vez conocido el fallo de la Corte Suprema que acogía las exigencias impuestas a la industria de parte de las autoridades de salud de la IV Región. Fue entonces cuando el abrupto término de las faenas de esta firma que produce el 75% del manganeso en Chile, desmintió el interés de "seguir hasta las últimas consecuencias" para garantizar el funcionamiento de la Fundición.
Y es que existen una serie de aspectos que no son casuales. Esta decisión llega justo en momentos en que el holding busca reducir los costos para afinar su capacidad de comercialización de cara a coyunturas como el Mercosur. Es por este motivo que el recelo demostrado por la Coordinadora Ambiental de la IV Región, que agrupa a más de doce entidades ambientales y sociales de Coquimbo, no es gratuito. En su oportunidad, el organismo acusó a ese grupo económico de hacer uso del conflicto para reestructurar de modo insensible una de sus empresas y abaratar costos. A lo anterior se agrega la resistencia de la empresa por cambiar su lugar de emplazamiento debido a razones económicas, descartando de este modo una de las alternativas que se le daba. Esto en circunstancias que el consorcio que está detrás había adquirido importantes paquetes de acciones, tomando el control de grandes empresas de manufactura metalera y demostrando estar en un período de expansión.
La premisa parecía ser entonces no invertir por ningún motivo o, bien, dejar de funcionar, sin importar el costo social que ello implicara. Una decisión unilateral que dejó en claro cuáles eran los verdaderos intereses de una industria que, en medio siglo de operaciones, hizo trabajos de mejoramiento insuficientes (forestar el perímetro e instalar mangas de captación para reducir el nivel de particulado), utilizando tecnologías obsoletas que representaban una falta de respeto para las medianas empresas que sí han hecho fuertes inversiones en el sector, rigiéndose por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Pascua-Lama/Veladero
Propiedad: Grupo minero Barrick Gold Corporation (Toronto, Canadá) y Homestake (California, EE.UU.).
Ubicación: Por el lado chileno, 150 kilómetros al suroriente de Vallenar; por el lado argentino, 300 kilómetros al norponiente de la ciudad de San Juan.
Comuna: Vallenar.
Provincia: Huasco.
Región: Tercera Región de Atacama
Productos: Oro, Plata, Concentrado de cobre y Mercurio.
Volúmenes actuales:
Meta de Producción: 15 millones de toneladas de mineral al año (615 mil onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata); 5 mil toneladas de concentrado de cobre; 2 mil toneladas anuales de mercurio.
Inicio de Faenas: 2003.
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Luego de la serie de vicisitudes económicas que pusieron en jaque la partida del proyecto Pascua-Lama, ambicioso primer bastión del Tratado Minero chileno-argentino y promovido como el primer yacimiento binacional del mundo, todo indica que es cosa de meses para que comiencen los movimientos que antecederán a las faenas de producción, anunciadas para el año 2003.
Sólo en un principio, las estimaciones de la empresa señalaban que el yacimiento arrojaría un total de 15 millones de toneladas de mineral al año (615 mil onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata); 5 mil toneladas de concentrado de cobre; además de permitir la comercialización como co-producto del mercurio presente en el mineral, el que será volatilizado y capturado en colectores, que alcanzaría hasta dos mil toneladas anuales.
Y aunque los retrasos provocados por el bajo e inestable precio del oro en los mercados internacionales hayan postergado los plazos, la pausa en que Pascua-Lama se sumergió durante los primeros meses del 2001, culminó con bombos y platillos una vez que se anunció la fusión de la compañía canadiense Barrick Gold Corporation –iniciadora del proyecto- con su similar estadounidense Homestake, junto a la consiguiente elaboración de un plan de desarrollo que une el trabajo de Pascua-Lama al de Veladero, yacimiento propiedad de los capitales estadounidenses que opera en territorio argentino.
Una gigantesca inversión que superará con creces la suma de U$ 950 millones anunciada al comienzo, y que vuelve a poner en alerta a las comunidades de Alto del Carmen, San Félix, El Tránsito y Vallenar que ya habían manifestado su preocupación respecto de las consecuencias que puede ocasionar el transporte que se generará desde y hacia el proyecto, junto a las dudas frente a la ubicación y diseño de los tranques de relave que serán necesarios.
Una inquietud que encuentra como uno de sus fundamentos la aprobación –en abril del 2001- del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa ante la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Tercera Región, en el que según el Director de la COREMA, Daniel Alvarez, se responde a las mayores preocupaciones que los pobladores plantearon durante el proceso de participación ciudadana.
ANTECEDENTES
Con sede en Toronto, Canadá, Barrick Gold Corporation muestra como antecedente de su gestión minera en Chile las faenas que hasta el año 2000 mantuvieron en el yacimiento El Indio, en la Cuarta Región, el cual ya tiene definido un plan de cierre y abandono por el agotamiento de las reservas y los altos costos de explotación del oro.
Tristemente célebres son algunos de los episodios que se relacionan con ese yacimiento: en julio de 1993, la calidad de las aguas del Río Elqui se vio seriamente afectada por las filtraciones de relaves de la planta de El Indio, lo que perjudicó amplios sectores de las ciudades de Vicuña, La Serena y Coquimbo, cuyas poblaciones se vieron obligadas a restringir el consumo de agua potable ante el riesgo de que existiera cianuro y arsénico en ellas. Una alarma similar se dio a comienzos de 1995.
Son éstas algunas de las razones que ensombrecen las exorbitantes cifras y las promesas de este nuevo proyecto.
El trabajo conjunto de Pascua-Lama/Veladero convertirá a la zona fronteriza entre Chile y Argentina en el asentamiento del primer y más grande sector aurífero del mundo en ser administrado por una sola compañía, abarcando un territorio de aproximadamente 125 kilómetros, con reservas totales de 25,8 millones de onzas de oro y más de 700 millones de onzas de plata.
Localizado al interior de Vallenar, a unos 150 kilómetros al suroriente de esta ciudad, el proyecto inicial de Pascua-Lama contempla el desarrollo de una extensa parte del rajo abierto en territorio chileno, donde además se establecería un botadero de estéril, un chancador primario, un complejo de mantención de equipos de mina y polvorín para el almacenamiento de explosivos. Junto con esto, en el lado argentino, que se ubica a unos 300 kilómetros al norponiente de la ciudad de San Juan, en la provincia del mismo nombre, se contempla una parte menor del rajo, un sector para ser utilizado como botadero de material estéril, además de las instalaciones de la planta de procesos, un tranque de relaves, los campamentos de construcción y operación, y un aeródromo privado.
No obstante, surgen dudas respecto de las garantías que ofrece la compañía en materia de seguridad durante sus procesos productivos, contraponiendo este tipo de riesgos a las publicitadas cifras de empleo que, según se ha señalado, surgirían en torno a este proyecto y que superarían los 4 mil puestos de trabajo directos durante su funcionamiento.
Esto sumado a la posibilidad que el crecimiento del rajo del yacimiento intervenga una porción aproximada de 10 hectáreas de la zona de glaciales que hay en la parte alta del valle, lo que comprometería un 0,4% de la superficie total del glacial.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Minera Los Pelambres
Propiedad: 60% capitales chilenos (Antofagasta PLC 50,55% y Antofagasta Minerals S.A. 9,45%) y 40% de inversión japonesa.
Ubicación: Cordillera de Los Andes, a 3.200 metros sobre el nivel del mar y a 45 kms. al este de Salamanca. (Parte extractiva)
Comuna: Salamanca.
Provincia: Choapa.
Región: Cuarta Región de Coquimbo.
Productos: Concentrado de cobre y molibdeno.
Volúmenes actuales: 150 mil toneladas diarias.
Meta de Producción: 373 mil toneladas de cobre fino; 864 mil toneladas de concentrado; y 5 mil toneladas de molibdeno anuales.
Inicio de Faenas: 1999.
Tiempo estimado de producción: 50 años.
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Intranquilas se encuentran las comunidades de Caimanes y el Valle de Pupío en la Cuarta Región. Ello debido al desvelo en que los mantiene la construcción por orden de la Compañía Minera Los Pelambres de un nuevo tranque de relaves en el sector de Quebrada Seca, comuna de Salamanca, el que según los afectados llevará los desechos propios de la explotación cuprífera hasta los cauces y suelos de la zona.
Ante la decidida organización de la comunidad, que hizo oír sus voces de alerta, la empresa ha debido afrontar una serie de obstáculos que levantan un manto de duda sobre la materialización del proyecto. Uno de los hitos de esta controversia lo dio el dictamen de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Cuarta Región, que junto con anular la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la compañía minera, la obliga a entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo solicitaran los pobladores junto a organismos ambientalistas.
De este modo, se dejó en suspenso un proyecto con el cual Los Pelambres pretende ampliar su actual capacidad en el procesamiento de mineral de 85 mil a 114 mil toneladas como promedio tratado por día, reemplazando el depósito de Los Quillayes tras su temprano agotamiento, que ocurre seis años antes de lo proyectado.
Sin embargo –al margen de la decisión de la COREMA-, existen una serie de señales de parte de las autoridades encargadas de dar el visto bueno a este proyecto, que despiertan las desconfianzas de quienes resultarán afectados.
Para los habitantes de las comunidades aledañas al lugar elegido, dedicados en su mayor parte a la agricultura y la pequeña minería, la "deferencia" demostrada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en algunas de las fases de estudio de esta iniciativa es sospechosa. CONAMA no cursó sanción alguna contra la empresa propiedad del grupo Luksic y capitales japoneses, pese a que ésta, incluso antes de presentar la Declaración de Impacto Ambiental, ya estaba elaborando sobre 110 mil toneladas diarias de mineral, lo que conlleva una producción importante de desechos. Esto último hace pensar que, a la hora del análisis final, la empresa tendrá puntos a favor para conseguir la aprobación de parte de la autoridad ambiental.
Entre los más cautos ante la ubicación de la obra está el Gobernador de Choapa, Julio Rojos, quien ha cuestionado el sistema utilizado por la compañía de construir varios estanques de relave pequeños, señalando que prefiere que se construya uno grande y bien hecho, denunciando además que estos embalses están durando menos de lo normal debido a que la empresa ha aumentado su producción.
El proyecto Quebrada Seca se inserta dentro de un programa de inversiones según el cual la Minera Los Pelambres planea la construcción de dos tranques de relaves en los fundos Monte Aranda y Mauro, comuna de Los Vilos, a partir del año 2002. De autorizarse su edificación, estos nuevos depósitos cambiarían la ubicación original en el valle del Choapa, de los tres tranques que la empresa proyectó utilizar en los 30 años de explotación que fijó en un comienzo y que ya contaban con la aprobación de la COREMA desde 1997.
Opositores a la iniciativa han recalcado el riesgo que implica que las alternativas para la instalación de estos tranques sean las principales cuencas aportantes y reservas de acuíferos subterráneos del Estero Pupío, fuente de agua potable de todo el sector, incluído el Balneario de Los Vilos. En especial en una zona que se encuentra a punto de ser declarada por la Dirección de Aguas como "agotada en sus recursos hídricos" debido a la escasez del vital elemento.
ANTECEDENTES
Con una vida útil de cincuenta años a razón de 150 mil toneladas diarias de mineral y una inversión de U$ 1.360 millones, Los Pelambres generó desde el inicio de su funcionamiento a fines del año 1999 alrededor de dos mil empleos (entre trabajadores permanentes y contratistas), exportando el total de su producción de cobre, en tanto que el molibdeno es comercializado dentro de Chile. El concentrado de cobre de la minera es trasladado mediante un ducto subterráneo de 120 kilómetros de extensión desde la planta –ubicada a 45 kms. al este de Salamanca- hasta el puerto Punta Chungo -Los Vilos-, donde se encuentra el muelle mecanizado de propiedad de Los Pelambres.
Con estas cifras, la empresa aspira ocupar el quinto lugar entre los yacimientos de cobre más grandes del mundo.
Un panorama alentador en materia económica, pero cuyo costo ambiental despierta el recelo de la comunidad que vé amenazado tanto su entorno como los valiosos sitios arqueológicos (más de 80) existentes en la región del valle de Pupío, ubicado a 50 kilómetros al norte del Balneario de Los Vilos en la Región de Coquimbo.
Las gigantescas dimensiones de estas obras (con una capacidad superior a los 748 millones de metros cúbicos que soporta el embalse La Paloma, según algunas estimaciones) implican por sí mismas una amenaza a los lugareños, quienes ven acentuados los riesgos ante, por ejemplo, la ocurrencia de terremotos.
Unido a esto, la explotación minera de su yacimiento origina desechos tóxicos entre los que se cuentan sulfato y molibdeno, los que son depositados en los tranques de relave; dos de éstos son los que la empresa pretende instalar en terrenos vecinos a la comunidad de Caimanes, compuesta por unos dos mil habitantes, 40 kilómetros al interior de Los Vilos.
Otro de los perjuicios que deberán enfrentar los pobladores si se aprueba el proyecto de extensión de Los Pelambres será el agotamiento del recurso hídrico, tanto para usos potables como agrícolas, ya que la compañía minera habría solicitado a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas unos 2.000 litros de agua por segundo: algo imposible si se considera que todo el sector tiene derechos por 1.500 litros por segundo y que, además, ha debido enfrentar duros períodos de sequía.
Las obras para estos estanques han significado hasta ahora el pago para el desalojo de treinta familias de campesinos y comprenden el almacenamiento de 2,4 millones de toneladas de relaves, que inundarán 4.000 hectáreas y cambiarán absolutamente la fisonomía de este lugar que se enorgullece de estar libre de contaminación.
Ya en diciembre del 2000, Los Pelambres fue citada por la COREMA Cuarta Región a causa del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental para el muelle Punta Chungo, en el que la minera se comprometía a plantar 70 hectáreas de eucaliptus. Posterior a ello, se le aplicó una multa de 100 UTM (alrededor de US$ 4.300) al detectar infracciones ocurridas en la descarga de aguas utilizadas para el transporte del concentrado de cobre hacia el terminal marítimo de Punta Chungo, las que fueron vertidas en el sector de la laguna Conchalí, en el Balneario Los Vilos.
En medio de la polémica y la preocupación de las comunidades ante la construcción de estos estanques de desechos, los afectados reclamaron contra la actuación de la entonces Directora de la CONAMA, Adriana Hoffman, quien en una de las reuniones realizadas por las partes involucradas en este conflicto en mayo del 2001, solicitó el retiro de los dirigentes vecinales y representantes de sectores ecologistas de la sala donde la cuestionada empresa entregaría la información relativa a la construcción de los tranques. Un mal antecedente a la hora de evaluar la transparencia con que, ante la comunidad, se maneja el tema medioambiental en Chile y un pésimo precendente sobre cuál será la decisión que, una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental de Los Pelambres, tomarán quienes creen más en el desarrollo a corto plazo que en un crecimiento paulatino, pero sustentable.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Termoeléctrica Guacolda.
Propiedad: GENER (Grupo AES, 50%); Copec (25%); Inversiones Ultraterra (25%).
Ubicación: Huasco.
Región: Tercera Región de Atacama.
Central Térmica a carbón de 304 MW.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Nueva Tocopilla
Propiedad: NORGENER (filial de GENER, propiedad de AES Corporation)
Ubicación: Tocopilla
Región: Segunda Región de Antofagasta.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Empresa Eléctrica del Norte Grande (EDELNOR)
Propiedad: Compañía estadounidense Mirant (ex Southern Electric International).
Ubicación: Huasco.
Región: Tercera Región de Atacama
Capacidad de 250 Mw.
Filiales: 7 centrales a diesel que aportan un total de 62 Mw al sistema.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Electroandina
Propiedad: Tractebel (Bélgica, 33,3%) y CODELCO (66,7%).
Ubicación: Tocopilla.
Región: Segunda Región de Antofagasta.
Capacidad Instalada: 600 Mw.
Filiales: Distrinor (distribución de gas); Puerto Tocopilla (terminal portuario).
CONFLICTO
La llegada del gas natural al Norte Grande durante la década de los '90s, significó un golpe bajo para las compañías generadoras de energía eléctrica que utilizaban carbón. Los menores costos del gas natural, que producía una energía 40% más barata que la resultante de las centrales a carbón, obligaría a estas últimas a idear las estrategias que les permitieran competir en relativa igualdad de condiciones dentro del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Es así como la utilización del petcoke, residuo del petróleo con un alto poder calorífico que concentran los peores contaminantes del crudo, se presenta como la alternativa tentadora que permitiría reducir en un 15 o 20 % -dependiendo de su precio en el mercado- los costos de producción de empresas como Gener (Termoeléctrica Guacolda en Huasco), Edelnor (Mejillones), Norgener y los responsables de Electroandina (en Tocopilla).
La decisión ya estaba tomada: en el año 1998 se registra el ingreso subrepticio a Chile de petcoke, traído principalmente de Estados Unidos por valores de entre US$ 2 y US$ 14 la tonelada, con el fin de mezclarlo con carbón en las centrales generadoras del Norte Grande, lo que es denunciado por GasAtacama -también integrante del SING- con el argumento de que se estaría ante una situación de competencia desleal.
La principal inculpada a raíz de este episodio fue la Termoeléctrica Guacolda, representada entonces por su gerente, Jorge Rodríguez Grossi. Un personaje que más tarde ocupará el cargo de Ministro de Economía, Minería y Energía, dejando en claro la negligente postura del gobierno en materia medioambiental, en especial frente a la utilización del petcoke.
De este modo, lejos de aplicarse una sanción ante el ingreso ilegal del residuo, comienza a hablarse seriamente sobre la posibilidad de darle uso por ser un combustible barato. Guacolda presenta entonces un Estudio de Impacto Ambiental, que luego de ser respaldado por la autoridad de la región correspondiente en mayo del 2000, es rechazado por la CONAMA central, debido a los reparos hechos por la comunidad ante las nocivas características del petcoke.
Sin embargo, la batalla de parte de las generadoras eléctricas a carbón, continuó. Luego de recurrir al Consejo Consultivo de CONAMA por lo que consideraron una decisión arbitraria e injusta que representa un atraso económico para la empresa, en abril del 2001 se efectúan pruebas en Guacolda que descartan un daño ambiental producto de la mezcla de carbón natural (76%) y petcoke (24%) para la generación eléctrica. En ese momento, la empresa agregó que sus índices estaban un cuarto por debajo de la norma permitida en el caso más extremo, según resultados entregados por la consultora externa contratada por la firma para efectuar los análisis.
Fue esto lo que reactivó con firmeza las acciones en torno a validar el uso de petcoke, continuándose con ello la larga lucha que enfrentó a los representantes de Guacolda, apoyados por autoridades regionales de Atacama, y los agricultores y vecinos de la zona, que visualizaban con claridad la lluvia tóxica que la quema de coque de petróleo provocaría, destruyendo sus cultivos y perjudicando su salud y su entorno. Un temor que la propia Sociedad Nacional de Agricultura hizo presente a los ministros integrantes del Consejo Consultivo de la CONAMA, quienes debían autorizar o rechazar las aspiraciones de Guacolda. Fue este jurado el que por cinco votos a favor y tres en contra, y tras una serie de postergaciones, terminó por darle el visto bueno a la utilización de petcoke en Guacolda, sin exigir las medidas de mitigación necesarias y tirando por la borda los reparos manifestados en reiteradas ocasiones por la comunidad, representada por la Asociación de Agricultores del Valle de Huasco; la Asociación de Olivicultores; la Junta de Vigilancia de los regantes del valle y el ex Gobernador de la zona, Carlos López.
Y es que, lejos de ser el uso del coque de petróleo en sí mismo, la preocupación mayor de los pobladores tenía que ver con las medidas de mitigación omitidas, ya que se consideró que ya estaban tomados los resguardos suficientes con la instalación de una red de monitores en el valle, además de la poca confianza que les daban los antecedentes entregados por la empresa, debido a que el mencionado estudio que "demostraba" la viabilidad ambiental del proyecto, requería en otras partes del mundo al menos un año para medir el eventual impacto del proceso, mientras en el caso de Guacolda, sólo tomó nueve días.
La defensa de los inculpados no se hizo esperar: reiterando que detrás de los reclamos de los agricultores se escondían intereses comerciales dirigidos por GasAtacama, volvieron a poner sobre la mesa las cifras de desempleo de la región como la evidencia de la necesidad de que se autorizara la operación con petcoke de su industria. Los ejecutivos de Guacolda ofrecieron una serie de proyectos que, siempre y cuando se aprobara el petcoke como combustible, permitirían absorber mano de obra a través de la ampliación del puerto de su propiedad en Huasco o por la instalación de un criadero de abalones (molusco similar al loco) en el mar, junto a la planta eléctrica, recalcando de paso que la negativa a su propuesta podría llevarla a reducir gastos como el cuidado y creación de jardines y los aportes con fines sociales de los que se encargaba en la zona.
Lo cierto es que, pese a las promesas, las ganancias directas derivadas de la utilización de petcoke y carbón no beneficiarían en ningún caso a la población con rebajas en las cuentas de luz ni con la apertura de nuevos puestos de trabajo. Se trata de abaratar costos y punto, cueste lo que cueste. Ya lo había señalado el ex gerente y posterior secretario de estado, Jorge Rodríguez Grossi, quien para la conformación del Consejo de ministros que aprobó la petición de Guacolda -del que formaba parte como jefe de cartera-, debió marginarse por su relación con la parte interesada: "El principal propósito del proyecto que presentamos a la Comisión Regional del Medio Ambiente, es lograr una mayor competitividad en el sistema eléctrico chileno".
Fue así como el Gobierno chileno sentó el triste precedente que ha tenido como resultado una sucesión de autorizaciones para el uso de la mezcla coque de petróleo-carbón que continuaron manchando la agenda ambiental del 2001.
Otro caso es el de Norgener en Tocopilla, cuyo proyecto fue aprobado por la COREMA "bajo rigurosas condiciones para el abatimiento de emisiones y la disposición de las cenizas", lo que molestó a la empresa que presentó recursos, deslegitimando la decisión de la autoridad ambiental debido a la demora con que se entregaron los resultados de su Estudio de Impacto Ambiental. Haciendo evidente sus exigencias, la generadora paralizó sus unidades, provocando la incertidumbre de los trabajadores tocopillanos dependientes de la industria ante el escenario de despidos que ello implicaba. Una medida de presión que terminó por poner en bandos distintos a representantes vecinales y obreros; estos últimos no aceptaron las denuncias que indicaban -con fotografías como prueba- que, pese a la prohibición de funcionamiento que pesaba sobre la empresa, ésta continuaba operando.
El propio Servicio de Salud Antofagasta había manifestado en enero del 2001 su absoluta oposición a la quema de petcoke mezclado con carbón, por considerar el elemento como "un residuo peligroso", lo que significa que en cada etapa de purificación aumentan las cantidades de elementos dañinos para la salud humana, como son el níquel y el vanadio, considerados altamente cancerígenos. Agrega que el petcoke tiene otros elementos pesados y nocivos como arsénico, cadmio y cromo, lo que hace que su valor en el mercado internacional sea mínimo y que, pese a ello, los países generadores del residuo no lo utilicen.
El Servicio antofagastino añade que en relación a la disposición de residuos producidos por la quema de la mezcla con carbón natural, sólo autorizó el botadero de los derivados de la quema del carbón, pero que "en ningún caso puede estimarse que en ese mismo lugar puedan depositarse los residuos generados por la quema de petcoke, porque éstos son altamente tóxicos", concordando además con el Servicio Agrícola y Ganadero en cuanto a que "el níquel y vanadio, como cualquier otro metal, al entrar en contacto con el agua en cualquiera de sus manifestaciones (humedad ambiental, agua añadida a los depósitos de cenizas, agua presente en el rocío costero o camanchaca) van a ingresar a la dinámica de los ciclos biogeoquímicos correspondientes, lo que significa que serán transformados, transportados, redistribuidos y bioacumulados con los consabidos efectos colaterales ecotoxicológicos que afectan desde los microorganismos hasta los humanos". Evidencias contundentes, a las que se suma el hecho que NORGENER tuvo como referencia "una prueba isocinética realizada con carbón y no con la mezcla de carbón y petcoke, lo que significa que los datos son errados".
Así lo consigna un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que investigaba un recurso presentado por las termoeléctricas de Tocopilla.
En la misma ruta legitimadora del uso del petcoke se ubicó EDELNOR. Luego de sendos rechazos por su Estudio de Impacto Ambiental, la empresa inicia en enero del 2001 las pruebas en terreno recomendadas por la entidad medioambiental para medir con mayor precisión las emisiones que se producirían con el uso del residuo, con el fin de respaldar un nuevo análisis.
Todo marchaba de acuerdo a lo esperable. Sin embargo, en medio del análisis de los resultados, la COREMA II Región aprobó la Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) presentada por esta empresa eléctrica para utilizar mezclas de carbón con petcoke en una de sus dos centrales localizadas en Mejillones, de acuerdo a lo permitido por una póliza equivalente a 6.400 UF (US$ 162 mil), destinada a cubrir el eventual daño que pudieran provocar las actividades de la industria. Una aberración si se tiene en cuenta que, pese a que la legislación contempla este tipo de seguros ambientales, lo habitual es que la CONAMA autorice su aplicación sólo para proyectos en período de construcción, lo que cubriría los daños en este aspecto. Ello debido especialmente a que, en el caso de proyectos que se encuentran en período de evaluación, es muy difícil reparar las consecuencias que éstos podrían acarrear.
En cuanto a Electroandina, fue la misma empresa la que solicitó suspender el procedimiento mientras los antecedentes del Estudio de Impacto Ambiental eran revisados, luego de la presentación de un recurso de reclamación que buscaba dejar sin efecto una multa cursada por el Servicio de Salud Antofagasta a comienzos del año '99 por uso desautorizado de petcoke. Pese a que el recurso fue acogido por la justicia antofagastina, lo que validaba el uso del residuo en su central eléctrica de Tocopilla, la empresa suspendió el proceso.
No obstante, la mano dura demostrada por la autoridad ambiental en un comienzo frente al tema del petcoke, fue torcida finalmente por los poderes económicos. Una postura que revela las contradicciones del gobierno que pareció encogerse de hombros cuando un grupo de parlamentarios denunció la existencia de un decreto del Ministerio de Salud que ya en el año '99 advertía sobre las graves consecuencias del petcoke sobre la salud de las personas. Un decreto que quedó archivado sin efecto mientras se gestaban las estrategias para validar la operación sobre la base del polémico combustible.
ANTECEDENTES
Poco a poco, la defensa de la utilización de energías limpias fue quedando sepultada en el caso del petcoke. Evidenciando la falta de normativas claras respecto a materias medioambientales esenciales, el gobierno chileno fue dejando caer una a una las exigencias sobre el uso de este residuo que según especialistas como el destacado médico Andrei Tchernitchin podría provocar innumerables problemas de salud en la población, aumentando la mortalidad por cáncer bronco pulmonar en el largo plazo.
Con la aprobación unánime del uso de petcoke en Norgener y Guacolda, producida en septiembre del 2001 de parte del Consejo de Ministros de la CONAMA, se abren una serie de dudas que se trasladarán a los otros casos aquí expuestos y los que puedan aparecer en el futuro.
Ello porque las distintas procedencias y calidades del petcoke hacen sospechar que el residuo que se utilizará en la producción no será el de mejor calidad (y mayor precio); esto considerando que la rebaja de costos es el principal objetivo que hay detrás de su utilización.
La nube de dudas se acrecienta ante la rapidez con que, respaldada una, continuó apoyándose la actividad con petcoke de otras empresas, que no aclararon si el petcoke que utilizaron durante las mediciones que permitieron esa autorización será el mismo que ocuparán en lo cotidiano.
Se habla que para permitir el funcionamiento de estas generadoras sobre la base de la mezcla petcoke-carbón, se han impuesto restricciones mayores que las ya existentes. Un parámetro demasiado modesto que legitima como suficientes la exigencia de un plan de monitoreo de contaminantes atmosféricos; la petición de niveles de concentración de azufre en el combustible más acotados; y el cumplimiento de normas de emisión internacionales para el níquel (equivalente a 500 partículas por millón), dejando abierta la posibilidad de limitar en el futuro el uso del petcoke para evitar el empeoramiento de la calidad del aire en zonas aledañas a la termoeléctrica. Algo así como ponerse el parche antes de la herida.
A lo anterior se suma la indiferencia con que se trataron las demandas de los pobladores que debieron recurrir a la justicia en más de una oportunidad. Según las organizaciones sociales que cuestionan la utilización del combustible, la CONAMA puso como límite para la aceptación del EIA de las empresas, exactamente las mismas emisiones que arrojaron las últimas pruebas hechas por los interesados, diseñando un traje a la medida que fijaba, entre otras cosas, que la mezcla petcoke-carbón no debía superar el 1,6% de azufre -lo mismo comprometido en el EIA-, en tanto que para el anhídrido sulfuroso se fija la emisión máxima en 71,4 toneladas por día, coincidiendo con los resultados que arrojaron las pruebas de la generadora Guacolda; hechos que descartan la factibilidad de las llamadas "exigencias "adicionales".
Tal como en su momento lo indicara el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la aprobación del uso de petcoke representa "un grave retroceso que dimensiona de manera dramática la nula relevancia que para el Gobierno tienen los temas ambientales", calificando el largo proceso que tuvo detrás como una "operación publicitaria desarrollada por el gobierno para legitimar la decisión".
Algo que revela lo frágiles que se tornan las medidas adoptadas por la autoridad, en especial cuando en el campo minero, la transgresión a ellas son ejercicio habitual de las empresas que parecen tener como parte de sus costos operacionales las multas que les son cursadas en caso de "comprobarse" contaminación.
Un factor a tener en cuenta a raíz del anuncio en septiembre del año 2001 sobre la construcción de un nuevo complejo industrial de petcoke, aprobado por la ENAP y que se levantará en la Refinería Concón. Este proyecto ya puso en alerta a las comunas de Concón, Limache y Quillota, cuyos alcaldes se organizaron en un Frente que rechaza la presencia del combustible, en especial considerando que sus efectos contaminantes se sumarían al saturamiento de la atmósfera en la cuenca del Río Aconcagua como consecuencia del funcionamiento de las plantas termoeléctricas San Isidro y Nehuenco. Un problema en cuya solución se invertiría gran cantidad de dinero y que, con esta iniciativa, queda estancado, aumentando los riesgos de colapso ante un incremento en las emanaciones de gases.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Boliden.
Propiedad: Compañía Minero-metalúrgica sueca Boliden (45% controlado por el grupo Trelleborg).
Ubicación: Sector Los Industriales y Cerro Chuño.
Comuna: Arica.
Provincia: Arica.
Región: Primera Región de Tarapacá,
Productos: Plomo.
Volúmenes actuales:
Meta de Producción:
Inicio de Faenas:
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio:
CONFLICTO
Desde la construcción de parques a la edificación de un estadio han ido las promesas que -campañas electorales como aliciente- han escuchado los pobladores del sector Los Industriales y Cerro Chuño en Arica. Y es que el tema de la contaminación por plomo sufrida por esos vecinos ha sido permanente dentro de la agenda ambiental, sin que hasta el momento se sepa a ciencia cierta cuál va a ser el compromiso asumido por cada una de las partes que tienen responsabilidades innegables en este drama.
Incluso esas mismas promesas, parecen responder más al populismo que a un interés informado sobre una materia que, sólo gracias a la persistente preocupación de los afectados, ha tenido algún avance. Esto considerando que aún no se sabe qué grado de daño produjo en los suelos y napas subterráneas del sitio F de Los Industriales y sus alrededores el acopio de minerales que resultó ser una muestra más del tráfico de sustancias tóxicas del que ha sido víctima nuestro país.
Ante la incertidumbre, los afectados prefieren que los recursos, ya sean proporcionados por el estado chileno o por el gobierno sueco -con el que ha habido acercamientos-, se inviertan en medicamentos adecuados para los niños enfermos, muchos de los cuales no han sido considerados como tales pese a la diversidad de problemas que presentan. Muchos de éstos, incluso, necesitan condiciones para una enseñanza especial, como secuela de esta contaminación.
ANTECEDENTES
Durante más de una década, aproximadamente 20 mil toneladas de desechos altamente contaminantes descansaron en ese lugar luego de que ingresaran por el puerto de Arica entre los años 1984 y 1989, enviados por la empresa sueca Boliden Metall, y fueran autorizados por el Ministerio de Salud chileno bajo el rótulo "Barros con contenido de minerales". La firma encargada de ingresar y ubicar los desechos en suelo chileno, PROMEL, informa al Servicio de Salud que éstos serían reprocesados para recuperar oro y plata, que estarían presentes en un alto porcentaje en el material, negándose algún grado de toxicidad en ese material. Fue así como, sin mediar análisis y tras una larga estadía a cargo de Aduanas, estos materiales fueron trasladados por el propio Servicio a terrenos que PROMEL tenía en arriendo al fisco.
En 1997 y con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ Arica), los pobladores de Cerro Chuño y Los Industriales identificaron ocho problemas ambientales que los inquietaban, entre los que se encontraba el polvo de desechos mineros abandonados por PROMEL que durante catorce años, arrastrado por el viento, se asociaba con algunas afecciones a la salud que ya manifestaba la población, entre ellas irritabilidad, neurosis, estrés, alergias, conjuntivitis y pérdida de memoria.
Fue a partir de estas conclusiones que solicitaron la realización de análisis al Departamento de Química de la Universidad de Tarapacá. Los resultados son espeluznantes; arrojan la existencia de cuatro minerales altamente tóxicos (cadmio, plomo, arsénico y cobre) en concentraciones elevadas, lo que fue corroborado por un estudio de SERNAGEOMIN que estableció valores promedio de 10% de arsénico; 4,4% de plomo; 2,1 % de zinc; 1,5% de cobre y confirmó la presencia de mercurio, antimonio, bismuto y estaño.
Esos resultados fueron los primeros antecedentes de una serie de otros datos poco alentadores, por decir lo menos. Las muestras de sangre y orina a una veintena de niños indicaron que el 50% de los exámenes en el caso del plomo estaba sobre 10 ug/100ml (10 microgramos por cada 100 ml de sangre), valor elevado según consideraciones del Ministerio de Salud y Seguridad Social de Estados Unidos y un escándalo frente a los parámetros europeos que permiten un máximo de 3 a 4 ug/100ml.
Las gestiones posteriores llevaron a la autoridad a tomar una nueva decisión apresurada: trasladar el material tóxico a un lugar llamado Quebrada Encantada, a dos kilómetros de la comunidad, sin realizar un estudio de impacto ambiental ni frente al traslado ni para el nuevo depósito. Mientras, el sector donde estuvieron alojados los desechos fue cubierto con tierra del mismo entorno, sepultando los restos y la capa de suelo contaminada en lo que es un vertedero sin ningún manejo.
El caso no es aislado. La zona norte de nuestro país ha sido, en más de una ocasión, blanco del tráfico encubierto de sustancias tóxicas, debido a sus condiciones geográficas y a la escasa población que registra. Los responsables, que casi nunca -al menos en Chile- son castigados, utilizan para la internación de este tipo de materiales una amplia variedad de resquicios como rotulaciones falsas enmascaradas como materias primas, aprovechándose de paso de la deficiente regulación y fiscalización de parte de los organismos pertinentes.
Algo que debería ser riguroso, especialmente cuando se está frente a empresas como una de las involucradas: Bolidden Metall, compañía minero metalúrgica sueca que envió los desechos a Chile, cuenta con un triste currículum en materia ambiental, que incluye dos accidentes en su país (uno de los cuales contaminó el lago Asajure); otro en la India; y el derramamiento de 5 millones de metros cúbicos de agua caída en el río Guadiamar cerca del parque natural de Doñana, en Andalucía, España. "Detalles" que deberían tenerse más en cuenta para evitar el irremediable daño con el que tendrán que cargar los 15 mil habitantes del lugar que aspiraron el plomo sin siquiera sospechar de su existencia.
FICHA TÉCNICA EMPRESA:
Nombre: Fundición Caletones, División El Teniente
Propiedad: CODELCO
Ubicación: A 2.100 metros sobre el nivel del mar, a 80 kilómetros al sudeste de Santiago y a 44 kilómetros de Rancagua.
Comuna: Machalí.
Provincia: Cachapoal.
Región: Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Productos: Cobre Blister (refinado a fuego); Cátodos electro obtención; Concentrado de Molibdeno.
Volúmenes actuales: 355.664 toneladas en el año 2000.
Meta de Producción: 350 mil toneladas de cobre fino como producción anual.
Inicio de Faenas: 1904
Tiempo estimado de producción:
Otras faenas en el territorio: Estación de Transferencia Los Lirios, Comuna Requínoa, Sexta Región.
CONFLICTO
Pese al discurso de CODELCO ante la opinión pública, en donde la minera estatal se jacta de su "desinteresado" compromiso con el medio ambiente, siguen ocurriendo episodios que, tras casi un siglo de operaciones en la cuestionada Fundición Caletones de la División El Teniente en la Sexta Región, ponen en duda la seriedad de su palabra.
Como consecuencia de la alerta máxima registrada en 1994, que significó la declaración del sector como "zona saturada" debido a la emisión anual a la atmósfera de cerca de 800 mil toneladas de anhídrido sulfuroso y 10 mil de material particulado, la empresa anuncia en 1998 un Plan de Descontaminación para Caletones. A regañadientes, la División El Teniente de CODELCO inicia entonces las inversiones necesarias para cumplir con las normas de emisión; así se refleja a juzgar por los magros resultados del proceso de captura de gases de su principal chimenea.
La entrada en funcionamiento de dos Plantas de Limpieza de Gases con el fin de reducir cerca del 70% del anhídrido sulfuroso (SO2) y el 90% del material particulado y arsénico, ha estado plagada de hechos que han empañado la inversión de 270 millones de dólares que estos proyectos significaron.
Luego de que en marzo del año 2000 se descubriera un acopio ilegal de más de 7 mil toneladas de residuos arsenicales en cerro El Minero, los que fueron trasladados a la planta Hidronor en Santiago para su neutralización en medio de una fuerte polémica, continuaron las denuncias sobre mantenimiento de sustancias tóxicas de parte de esa División.
A comienzos del 2001, la Subdirección de Salud Ambiental del Servicio de Salud O’Higgins inició sendos sumarios; el primero de ellos por la presencia de 50 tambores con pentóxido de vanadio en forma de pellets en el campamento El Minero, los que habrían estado en el lugar por más de tres años, además de varios sacos en mal estado con ese mismo producto -utilizado en el procesamiento del cobre- en contacto directo con el suelo y once tarros más en las plantas de limpieza de gases 1 y 2. El pentóxido de vanadio, sin el debido almacenamiento y manipulación, produce irritación en la piel, problemas en las vías respiratorias, bronquitis y edema pulmonar severo.
Junto con ello se cuestionó el transporte no autorizado de residuos arsenicales inestables hasta la Minera El Indio, en la Cuarta Región.
La investigación del organismo fiscalizador significó para CODELCO el pago de una histórica multa de más de 68 millones de pesos que se materializó en mayo del 2001, sanciones que la empresa consideró como exageradas y desproporcionadas, reconociendo por su parte que genera un total de 23 mil toneladas de residuos sólidos al año como chatarra, maderas y neumáticos, los que están depositados en 42 vertederos que existen en el mineral desde 1906.
Precisamente este último detalle ha sido la excusa recurrente de la División El Teniente a la hora de justificar el hallazgo de este tipo de sustancias en lugares no aptos. Los más de 80 años de operaciones, señala CODELCO, han generado una serie de "problemas históricos" que se arrastran desde la época en que la variable ambiental no formaba parte de la gestión de ninguna empresa. Sin embargo, la minera estatal sigue teniendo la mala práctica de almacenar residuos tóxicos en sitios no habilitados para ello, poniendo en serio riesgo la integridad física de sus trabajadores y el entorno.
La amenaza se repetiría pocos meses después, cuando más de una decena de operarios de la empresa subcontratista Incoser S.A., autorizada por CODELCO, resultaron contaminados con arsénico durante la marcha blanca de la Planta de Limpieza de Gases no. 2, registrando en algunos casos más de 280 o incluso por sobre 300 microgramos de arsénico por litro de sangre, en circunstancias que el máximo que una persona puede arrojar para no sufrir riesgos biológicos es de 200.
En esta planta se captan los gases que salen del proceso de fundición del cobre y se tratan con procedimientos químicos. De los gases que emanan se obtienen dos subproductos: ácido sulfúrico y residuos arsenicales, los que a largo plazo pueden provocar desde daño hepático a diversas formas de cáncer (broncopulmonar, de vejiga o de otra índole que se manifiestan después de 20 ó 30 años).
La falla que terminó con los operarios contaminados se produjo debido al aumento de la humedad en la planta, lo que trabó un tornillo de una tubería que transporta el gas, deteniendo el sistema automático. Ello obligó a los trabajadores a realizar manualmente la operación, lo que los expuso al arsénico.
Al escándalo derivado de este episodio, donde algunos de los afectados presentaron dermatitis, fuertes dolores de cabeza, diarreas, alzas de presión e incluso pérdida de la memoria, se sumó la actitud de la minera que en un primer momento responsabilizó del daño a la empresa subcontratista, que según CODELCO, no cumplió los estándares de seguridad definidos (uso de trajes especiales, guantes, máscaras para respirar y cambios de turno, de modo que los trabajadores no estén expuestos por mucho tiempo a posibles contaminaciones). Ante estos dichos, organismos sindicales y los propios trabajadores denunciaron que la compañía estatal es ineficaz a la hora de hacer cumplir las exigencias a las empresas que la asesoran, desentendiéndose en muchos casos de los serios abusos laborales en que se desempeñan los empleados y los riesgos que éstos enfrentan.
Pese a la gravedad de los hechos y a la investigación parlamentaria que derivó, la Justicia descartó el cierre de la mina, como habían solicitado algunos congresistas debido a estas irregularidades y a las transgresiones a las normas laborales que también se detectaron. En tanto, CODELCO restó importancia al tema señalando que la experiencia indica que si el trabajador deja de estar expuesto, elimina el arsénico que se ha incorporado a su cuerpo a través de la orina.
A lo anterior se agregan las denuncias sobre los contradictorios resultados que arrojaron los exámenes realizados a los trabajadores de la Planta. Mientras el médico jefe de la Unidad de Salud Ocupacional de El Teniente remitió resultados normales en cuanto a los niveles de arsénico detectados en la sangre de un trabajador, la Asociación Chilena de Seguridad Región O’Higgins entregó lo que calificó un "examen alterado" que detectaba 320 microgramos de arsénico por litro de sangre en el paciente.
Esto hizo pensar en el interés de CODELCO por ocultar la verdadera magnitud de la contaminación con arsénico sufrida por algunos de los obreros de la empresa subcontratista que operaba en la planta no. 2, la que presentó una serie de fallas que ya se habían registrado en la planta no. 1.
Fue otra de estas deficiencias en el proceso la que provocó una nueva situación peligrosa en marzo del 2001, debido a la incapacidad de secado y estabilización demostrada por la planta no. 2 que continuaba generando desechos tóxicos: la existencia de un nuevo acopio de 2.700 sacos con 12 toneladas de arsénico inestable en la ribera del río Cachapoal, con el riesgo de que ese material escurriera por el cauce en caso de lluvias, contaminando un curso de agua que riega más del 50% de los terrenos cultivables en la zona, dedicada en un importante porcentaje a la agricultura.
CODELCO señaló que las autoridades correspondientes sabían de la presencia "transitoria" de ese material, que se encontraba en el lugar desde enero del mismo año, y que esperaban la autorización para su traslado a la planta de tratamiento de residuos tóxicos Hidronor en la capitalina comuna de Pudahuel, para su inertización.
Un permiso que ya había tardado demasiado en llegar y que demostraba una lentitud que caracteriza a las autoridades medioambientales en materias que deberían tratarse con suma urgencia.
Paralelo a todas estas emergencias, CODELCO-División El Teniente programó la construcción de una maestranza para los trenes que transportan el ácido sulfúrico resultante del proceso de la Fundición Caletones Fase 2, el que es llevado hasta el puerto de San Antonio para su posterior despacho hacia el norte del país.
El proyecto, en manos del concesionario Transap S.A., no fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a la compleja situación que generaba en la Comunidad Los Lirios en Requínoa, Sexta Región. Uno de los puntos que hace necesario un análisis más detenido de esta iniciativa es la reubicación de unas 40 familias de las poblaciones vecinas, elemento imprescindible debido a los riesgos ante el ácido sulfúrico y que afectarían incluso a una escuela del sector. De hecho, las operaciones de esta Estación de Transferencia, se iniciaron incluso antes de que se produjera el reasentamiento de esas personas, y aunque se cuenta con los permisos municipales correspondientes, existe un recurso de reclamación de parte de la comunidad afectada. Es aquí donde la política del "buen vecino" que CODELCO dice cultivar, queda en entredicho.
Una nueva negligencia se produjo en agosto del 2001, cuando 26 mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados en la estación de carguío de la Fundición Caletones, liberándose hacia la quebrada del Río Coya a través de un sumidero de aguas lluvias. Afortunadamente, el potente caudal del río permitió la rápida dilución de la sustancia, descartándose la contaminación del agua potable que abastece a los habitantes de Rancagua y Machalí. No obstante, la lentitud de parte de CODELCO en dar aviso de esta emergencia hizo más grave una omisión que, de no ser por factores naturales, podría haber traído consecuencias nefastas. Una vez más, las medidas destinadas a prevenir este tipo de eventualidades fueron tardías, lo que hace pensar qué tan completo y global es el plan descontaminador de Caletones.
Dos meses después, un nuevo accidente, esta vez con consecuencias más graves, afectó a trabajadores de la Fundición. Diez operadores de la sección Convertidor número uno resultaron con traumatismo acústico, quemaduras y contusiones diversas, a raíz de una reacción explosiva de gran intensidad provocada por el derrame de material fundido desde uno de los hornos utilizados para el tratamiento de cobre.
No obstante, y a pesar de todos los problemas que enfrentó la Planta de Limpieza de Gases no. 2, el gerente general de la División El Teniente de CODELCO, señaló que estas situaciones no alteraron el estricto cumplimiento de las exigencias de reducción de emisiones que persigue el Plan de Descontaminación de Caletones. Una afirmación cuestionable a juicio de la larga lista de omisiones que acabamos de detallar y que más que un interés por el medio ambiente parecen representar una estrategia comunicacional donde los hechos distan mucho de las buenas intenciones que se pregonan.
ANTECEDENTES
Conocida como la mina de cobre subterránea más grande del mundo, El Teniente ha demostrado ser una fuente esencial de ese mineral dentro de la capacidad exportadora de nuestro país. Sin embargo, su antigüedad –sus faenas se iniciaron en 1904- se basa en una oscura historia de transgresiones en materia medioambiental. Algo que obligó a CODELCO, responsables de la División El Teniente y la Fundición Caletones, a adaptarse a las exigencias en ese ámbito que se exigen a nivel internacional.
Con la elaboración del Plan de Descontaminación de Caletones, la empresa emprendió un arduo trabajo de lavado de imagen que pretendía dejar en un segundo plano la serie de faltas en las que seguían incurriendo. Muestra de ello son los botaderos no autorizados que se detectaron durante el año 2001, con las consecuentes amenazas que ellos implican.
Una serie de anuncios pretendieron bajarle el perfil a informaciones sobre contaminación de trabajadores con arsénico o derrames de ácido sulfúrico. La creación de un Centro de Manejo de Residuos Sólidos; el establecimiento de un Comité de Control de Gestión de la Planta de Limpieza de Gases no. 2; el anuncio de la conversión de la Fundición Caletones a gas natural en el 2003; o la firma del primer acuerdo ambiental voluntario ante el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Salud O’Higgins y la COREMA VI Región, fueron parte de una estrategia que tiene como fin último alcanzar la certificación ISO 14.001 que se exige a países exportadores y que está lejos de ser la "norma voluntaria" por la cual dicen estar inspirados en la cuprífera estatal.
Lo cierto es que, para llegar a esa meta, CODELCO deberá solucionar aún muchos problemas, preocupándose además de exigir el mismo respeto ambiental a sus concesionarios. Y comprometerse honestamente –no obligados por las exigencias de los mercados internacionales- a buscar soluciones reales y que se mantengan en el tiempo en materia de respeto al medioambiente.