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Conflictos ambientales en México
Fuente: www.reforma.com,
23 de febrero de 2007
Firman ejidatarios convenio a 30 años, ahora exigen más dinero por sus tierras
Conflicto paraliza minas de oro
Emiliano Ruiz y Jesús Guerrero
Ejido Carrizalillo, Guerrero (23 febrero 2007).- Un conflicto agrario y laboral mantiene parada la explotación de los yacimientos de oro Los Filos y El Bermejal, los mayores del País.
La empresa Luismin, filial del corporativo canadiense Goldcorp, alega que tiene firmados cinco convenios con la asamblea ejidal para explorar y explotar dos yacimientos de oro por 30 años.
Para ello acordó en 2004, según Tomás Iturriaga, ejecutivo de Luismin y responsable del Proyecto Los Filos y El Bermejal, pagar mil 500 pesos anuales por arrendar cada una de las 650 hectáreas (casi un millón de pesos) donde están los yacimientos.
La empresa invirtió ya 270 millones de dólares con el propósito de producir 300 mil onzas de oro cada año, sólo en la primera década de operación, afirma Eduardo Luna, director general de Luismin.
"(Los convenios) se firmaron a 30 años. En diferentes fechas. Son cinco contratos. Como fuimos requiriendo las áreas de ocupación temporal, abrimos nuevos contratos, de 2004 a 2006. Dos de ellos nos los transfirió Peñoles, que era la tenedora de esos contratos. Nos los transfirió con la aprobación de la asamblea de ejidatarios", explicó Iturriaga, pero no mostró copia del convenio.
Las tierras de los campesinos eran en su mayoría cerros donde llevaban a pastar a sus animales, cosechaban magueyes, y sólo había unas cuantas parcelas de maíz.
En 2005, la compañía inició los trabajos previos para la extracción.
Sin embargo, los ejidatarios aseguran que los convenios se refieren sólo a la exploración del yacimiento, y no a su explotación. Además, alegan que el convenio fue firmado por el comisariado Fernando Peña Celso, quien no hizo asamblea para autorizar el acuerdo.
Los integrantes de la comunidad El Carrizalillo, donde están los yacimientos, desconocieron a Peña Celso el pasado 8 de enero, instalaron un plantón frente a los tajos; a la fecha, impiden los trabajos.
El grupo -que asegura reunir a 90 de los 160 ejidatarios y que dice sólo tener oposición de 30- demanda que la renta por hectárea pase de mil 500 a 90 mil pesos anuales.
Para Tomás Iturriaga, la demanda ejidal de arrendar en ese valor la hectárea "es imposible" de cumplir, y el proyecto minero sólo es rentable si es a alto volumen y bajo costo.
Los inconformes solicitan además que la empresa instale servicios de agua potable, drenaje, pavimentación y una clínica, de los que carece la comunidad de 750 habitantes.
"Somos campesinos; desconocíamos la magnitud", dice Crisóforo Guzmán, líder de los ejidatarios. "Es una tristeza: estamos encima del oro y no tenemos beneficios. Es un pueblo muy pobre", se queja.
La empresa despidió a 36 trabajadores que participan en el paro y el bloqueo de instalaciones.
Piden intervención oficial
La empresa Luismin exigió a las autoridades que se aplique el Estado de derecho.
"Buscamos una solución que sea justa, pero que esté dentro del marco de la ley. Que garantice el Estado de derecho y la legalidad que necesitamos para permanecer a largo plazo aquí", dijo el ejecutivo de Luismin y responsable del proyecto, Tomás Iturriaga.
Ofreció que la empresa apoyará la obra pública y que los tribunales agrarios revisen los convenios nuevamente.
"Qué tristeza que el Gobernador no esté apoyando esa inversión", expresó Eduardo Luna, director general de la empresa.
El dirigente de los ejidatarios inconformes, Crisóforo Guzmán, aseguró que el Gobernador Zeferino Torreblanca respalda a la empresa, y no a los habitantes.
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