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Conflictos ambientales en México
Fuente: Proceso
23 de julio de 2007
Minera San Xavier en San Luis Potosí:
Respuesta del INAH al asunto de minera San Xavier
judith amador tello
México, D.F., 23 de julio (apro).- Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invocan de manera permanente a la concientización y participación de la sociedad civil en la protección y conservación del patrimonio cultural.
En febrero pasado, por ejemplo, a dos meses de haber asumido la dirección del instituto, Alfonso de Maria y Campos, afirmó ante la prensa que apostaba a la contribución de la sociedad en la puesta en valor del patrimonio.
De igual forma, Benito Taibo, director de Difusión del instituto, dijo hace unas semanas --cuando la revista Proceso le inquirió sobre la posición del INAH frente al concurso de las nueve siete maravillas, organizado por el empresario Bernard Weber--, que si bien la conservación del patrimonio era la razón de ser de la institución, en la tarea debían participar todos los mexicanos, “incluyendo a los periodistas que preguntan”.
Sin embargo, a la preocupación por el patrimonio cultural del poblado Cerro de San Pedro en San Luis Potosí --afectado por los trabajos de la Minera San Xavier-- expresada por un grupo de ciudadanos, investigadores y trabajadores de la cultura, la institución simplemente respondió, en carta firmada por Agustín Salgado Aguilar, coordinador nacional de Monumentos Históricos:
“Este Instituto reconoce por mi conducto su interés y preocupados (sic) por la preservación del patrimonio cultural del país.”
En la respuesta dirigida al historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador de El Colegio de San Luis y responsable de la publicación de la carta abierta dirigida a De Maria --(donde firman diversas personalidades entre ellas Alfredo López Austin, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Elisa Vargas Lugo, Romana Falcón y Mercedes Zavala Gómez del Campo, cuñada de Felipe Calderón Hinojosa)--, la institución asegura estar al tanto del patrimonio arqueológico e histórico del lugar:
“... se han establecido las restricciones y medidas de protección a que se debe sujetar la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V., para garantizar la integridad el patrimonio histórico existente en dicha área y de manera permanente realizar visitas de supervisión a los bienes inmuebles existentes en el sitio, con el fin de prever cualquier contingencia y, en su caso, tomar las medias que resulten necesarias, dentro del marco de su competencia.”
La preocupación de los firmantes no se circunscribe sin embargo a los inmuebles históricos, sino al poblado en su totalidad y al cerro de San Pedro, que constituyendo el símbolo fundacional de la ciudad de San Luis Potosí, y conteniendo por sí mismo diversos vestigios históricos que dan cuenta del desarrollo de la minería en México, será literalmente volado por la Minera San Xavier.
La historiadora Marta Terán, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del propio INAH, elaboró un informe a De Maria en el cual le hizo ver la necesidad de “colocar nuestros sellos de clausura en las puertas de la Minera San Xavier, rectificando y revisando la actuación del director anterior”, quien dio los permisos a la empresa minera.
Pero el INAH no da respuesta a ello como tampoco la da a la solicitud de iniciar las tareas “que permitan lograr, a corto plazo, la declaratoria de Cerro de San Pedro y su entorno como zona de monumentos históricos”, pues, como le subrayan los firmantes “está en juego la preservación de muchos reales mineros novohispanos...”
En cambio, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte admitió y dio entrada a la queja ciudadana presentada por la organización Pro San Luis Ecológico, al considerar que están suficientemente documentadas las violaciones tanto del gobierno mexicano como de la Minera San Xavier a la legislación ambiental.
Según información proporcionada por Ruiz Guadalajara, el secretariado de este organismo internacional determinó, el pasado 29 de junio, que se requiere una respuesta del gobierno federal por el daño provocado al medio ambiente, y otorgó un plazo de entre 30 y 60 días para que recibir la misma.
El investigador asegura que dará seguimiento al curso que tenga la solicitud interpuesta por Pro San Luis Ecológico, que espera redunde en beneficio de la conservación de Cerro de San Pedro.
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