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Fuente: ecoportal.net, 29-03-06

Las lecciones de la transnacionalización: el caso del TLCAN en el campo mexicano
El caso del TLCAN en el campo mexicano
Janet Ruiz - José Martínez

De la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)[1] en México se desprenden importantes experiencias que permiten entrever la situación que atravesaría el resto de naciones de América Latina de ingresar en los acuerdos de libre comercio.

En este ensayo se evalúa desde una perspectiva crítica el impacto que ha tenido la aplicación del apartado agropecuario del TLCAN para el campo mexicano en los últimos 10 años.

En la primera parte se muestra la dimensión de la crisis del campo mexicano a partir de la aplicación del TLCAN, para ello se muestran las cifras sobre el estancamiento –con tendencia a la disminución- de la superficie cosechada de cinco productos básicos; maíz, arroz, trigo, soya y fríjol. Tal estancamiento ha sido el resultado de las grandes importaciones de granos desde los Estados Unidos. Con este fenómeno se ha acelerado la monopolización del sector agroalimentario en manos de unas pocas compañías que controlan las semillas, los agroquímicos, la producción y la comercialización de alimentos. Los efectos sociales para el campo mexicano no se han hecho esperar, y se han visto reflejados en: el aumento de la migración hacia los Estados Unidos y los grandes núcleos urbanos del país, y el incremento del desempleo, la pobreza y el hambre.

En la segunda parte, se explica cómo los Estados Unidos fortalecen acciones que son contrarias con el discurso de dejar funcionar el libre mercado. Con la ley agropecuaria expedida en mayo de 2002, el gobierno de ese país hizo del sector agroalimentario un factor de dominación política, al adoptar medidas profundamente proteccionistas –como los elevados subsidios- al amparo de las cuales los agroempresarios norteamericanos liquidarán con extrema facilidad a sus “competidores” latinoamericanos.

1. El TLCAN y la crisis del campo mexicano

El ingreso en el TLCAN fue la decisión más importante en materia de política pública que adoptó el Estado mexicano para el campo en la última década.

El resultado inmediato de su aplicación se ha evidenciado en fenómenos tales como: la pérdida del mercado interno para la producción agropecuaria nacional, la pérdida de empleos agropecuarios, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas agroexportadoras, y la desmembración de la economía campesina de subsistencia[2].

Hace tres años en el desarrollo del movimiento “El campo no aguanta más”, se explicó parte de esta crisis en los siguientes términos: “La catástrofe del campo es una verdadera emergencia nacional. Las importaciones de maíz blanco y amarillo, con mínimos aranceles de 3% y 1% respectivamente, están arruinando a los productores netamente comerciales del noroeste que no pueden vender, pero también desvalorizan los excedentes de los milperos más modestos y desalientan incluso la producción de autoconsumo, dejando un saldo de alrededor de tres millones de productores damnificados. La agroindustria cañera azucarera está en crisis, pues Estados Unidos no acepta las importaciones pactadas, alegando otros acuerdos, mientras que el edulcorante de alta fructosa desplaza al azúcar de caña como insumo de los refrescos embotellados. La entrada de arroz a precios de dumping tiene quebrados a los arroceros. El ingreso de piña enlatada golpea a los cosechadores nacionales de Oaxaca y Veracruz. Y lo mismo sucede con la producción de leche y de carne, acosadas por el polvo lácteo de importación y la entrada de vacunos centroamericanos, y con los avicultores desplazados por el ingreso de carne de pollo de desecho proveniente de Estados Unidos, por no mencionar los problemas que aquejan a los trigueros, sorgueros y frijoleros. Si a esta debacle general agropecuaria agregamos el desmantelamiento de la caficultura campesina, que sustenta a cerca de 400 mil productores, y considerando pizcas da de comer a unos tres millones de personas, habrá que reconocer que estamos ante una emergencia máxima”[3].

El TLCAN legalizó la pretensión de los Estados Unidos de contar con un gran mercado latinoamericano, comenzando por México, para la venta de sus excedentes agropecuarios. Desde que se inició la negociación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), los Estados Unidos pugnaron por la liberalización comercial, el desmantelamiento de barreras arancelarias del sector agropecuario, y la desregulación de los flujos agrícolas internacionales. Su capacidad de producción era superior a su capacidad de consumo interno y, en una perspectiva del largo plazo, el incremento de la productividad haría crecer dicho excedente por tanto requerían de mercados permanentes para sus exportaciones agroalimentarias.

México es actualmente el tercer mercado más importante para la venta de productos agrícolas estadounidenses[4]. Casi un 90% de las exportaciones mexicanas se destinan al país del norte, y un 75% de las importaciones vienen de allí. El comercio con Canadá que es el otro socio del TLCAN ha sido muy débil, durante los primeros ocho años de vigencia del tratado fue de apenas un 2% del total del comercio exterior de México[5]. “En menos de una década las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pasaron de un muy alto 70% a un abrumador 90%”[6]. En teoría, el TLCAN se ha orientado por la exigencia de liberalizar el mercado agropecuario en los tres países (Canadá, Estados Unidos y México), para ello ha insistido en la necesidad de desmontar todo tipo de regulaciones. Sin embargo, en la práctica los Estados Unidos se han reservado el derecho de mantener diversos tipos de apoyos y subsidios a la producción de sus empresas agropecuarias[7].

Desmontar regulaciones ha significado para México, la supresión del andamiaje institucional, legal y financiero para el campo. El gasto público para el sector se redujo en un 53% en términos reales de 1990 al 2003, y el crédito se contrajo en cerca del 80%[8]. Y las empresas e instituciones que brindaban algún apoyo técnico y financiero al sector (Conasupo, Fertimex, la Aseguradora Nacional Agropecuaria), fueron privatizadas. Los subsidios agrícolas llegaron a su fin y los aranceles a las importaciones de alimentos fueron abolidos[9].

Con el TLCAN, México se comprometió a no establecer controles, obligaciones ni códigos de conducta al capital transnacional. Lo que implica, el otorgamiento de trato nacional a las transnacionales, el no establecimiento de cuotas o límites cuantitativos a la importación de productos, la eliminación de los requisitos de desempeño que obligaban a las empresas transnacionales a contratar un porcentaje de fuerza de trabajo nacional, la desaparición de la exigencia de reinversión de utilidades, y la obligación para que las transnacionales suministren información sobre sus flujos de capital al exterior[10].

El TLCAN, marca una nueva etapa del proceso de liberalización que se venía dando desde los ochenta con el ingreso de México al GATT, cuando el país comenzó a abrirse a las importaciones agroalimentarias. En 1982 se habían liberalizado los precios de los insumos agrícolas (energéticos, fertilizantes, maquinaria). En 1988, se produjo la abolición de los precios de garantía que operaban como una especie de seguro de la producción agropecuaria. En 1992, se reformó el artículo 27 de la Constitución Nacional de 1915, lo que dejó el espacio abierto para la privatización de tierras ejidales, y eliminó el derecho a la tierra para los campesinos[11]. La reforma del artículo 27 modificó los límites máximos de tenencia de tierras en manos privadas, -las sociedades mercantiles por acciones están autorizadas por la Nueva Ley Agraria a ser dueños de superficies de tierras que fluctúan entre 2.500 hectáreas de riego y hasta 20.000 hectáreas de bosque. Así mismo, las sociedades mercantiles podrán apropiarse de tierras ejidales y comunales en mayor extensión que la equivalente a 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual-, y dio pasó a la desarticulación del ejido como sistema comunal de utilización de la tierra, dividiendo en dos tipos las tierras de los ejidos; las tierras comunales y los terrenos parcelables, estos últimos privatizables. La reforma sirve a dos propósitos, por un lado pone fin a la obligación del Estado de dotar de tierras a los campesinos, y de otro, libera los ejidos para ser convertidos en propiedad privada y en latifundios.

Las importaciones de alimentos y el estancamiento de la cosecha de granos y forrajeros

Durante los primeros siete años del TLCAN, México se transformó en un país importador de alimentos. En 1995 se importaron 3.254 millones de dólares, y se exportaron 3.835 millones de dólares, en el 2001 las importaciones llegaron a 7.415 millones de dólares y las exportaciones a 5.267 millones de dólares. En estos años se pasó de una balanza comercial agrícola de 581 millones de dólares a favor, a una balanza notablemente deficitaria de 2.148 millones de dólares.

Entre 1990 y 2000, las importaciones de los diez cultivos básicos se incrementaron en un 112%, pasando de 8,7 a 18,5 millones de toneladas[12].

La entrada en vigor del TLCAN disparó las importaciones. Mientras que en el período 1987-1993 se importaron 52 millones de toneladas, con la entrada del TLCAN, entre 1994-1999 se importaron 90 millones de toneladas. El caso más grave fue el del maíz que de 17 millones de toneladas importadas entre 1987-1993, paso a 30 millones de toneladas importadas entre 1994-1999[13].

Los pocos beneficiados del TLCAN han sido los agroindustriales de la cerveza y la tequila, los productores y empacadores de hortalizas y frutas tropicales de exportación, los importadores de carnes y granos (Maseca y Minsa) y la industria refresquera. Maseca y Minsa, en particular, se han beneficiado ampliamente desde 1994, cuando el presidente Carlos Salinas suspendió el cobro de aranceles, permitiendo que estas importaran grandes cantidades de maíz. Los grandes perjudicados por esta decisión fueron los dieciocho millones de campesinos que vieron caer los precios en un 45%.

En la siguiente tabla se aprecia la evolución en la superficie cosechada de cinco productos básicos, entre 1991 y 2001.

 
Superficie Cosechada (ha) Producción
Arroz Maíz Frijól Soya Trigo Total
1991 84,790 6,946,831 1,988,981 341,679 983,892 10,346,173
1992 90,420 7,219,352 1,295,588 322,793 915,882 9,844,035
1993 58,939 7,428,225 1,873,862 237,765 877,598 10,476,389
1994 87,796 8,193,968 2,086,687 288,499 964,572 11,621,522
1995 78,870 8,020,392 2,040,447 134,396 929,331 11,203,436
1996 86,778 8,050,931 2,048,456 49,064 809,240 11,044,469
1997 113,492 7,406,061 1,615,057 122,548 657,506 9,914,664
1998 101,560 7,876,819 2,146,472 94,065 606,756 10,825,672
1999 79,728 7,162,702 1,708,688 81,159 652,312 9,684,589
2000 84,069 7,131,181 1,502,818 69,969 707,768 9,495,805
2001 53,232 7,810,847 1,698,584 73,726 687,248 10,323,637


Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) 1980-2001.

Los datos de la tabla permiten apreciar una marcada tendencia a la reducción del área de cultivos como el maíz, el fríjol, la soya y el trigo a partir de 1994, que es cuando empieza a regir el TLCAN. El cultivo de arroz muestra grandes oscilaciones entre el 96 y el 97, cuando aumenta la superficie cosechada, y el 2000 y el 2001 cuando se disminuyen más de 30.000 hectáreas para su cultivo.

Entre 1994 y el 2001, se dejaron de cultivar más de 300.000 ha de maíz, más de 380.000 ha de fríjol, más de 200.000 ha de soya, y más de 280.000 ha de trigo. La superficie cosechada de estos cinco productos, en vez de aumentar junto con el crecimiento poblacional y las subsecuentes demandas de alimentos, se redujo en 1.300.000 has.

Las importaciones de granos y cereales son las que mayor auge han tenido con la aplicación del TLCAN. De esta manera, las exportaciones de maíz de EEUU a México se han multiplicado tres veces desde que el TLCAN entro en vigencia, así, la dependencia alimentaría de México es la siguiente: un 50% en trigo, un 43% en sorgo[14], un 50% en arroz, un 30% en maíz, y un 95% en semillas oleaginosas[15]. Sin contar que en leche es de un 20% y en carne de un 40%.

El TLCAN que se suscribió bajo la promesa de incentivar la creación de empleos productivos, estables y mejor remunerados, de incrementar el ingreso real de los trabajadores, y de generar el bienestar para todo México, ha logrado todo lo contrario. Solamente en el sector agrícola, las crisis del arroz[16], el azúcar[17], el café[18], el fríjol, el maíz, y los granos en general, han generado la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

Mientras en materia agrícola la dependencia de alimentos importados se hace más notable, en materia industrial se profundiza la formación de sectores y regiones de enclave. El sector petrolero y las regiones maquiladoras del norte del país continúan concentrando las exportaciones mexicanas. Entre dos ramas de actividad económica (maquinaria y equipo, y la petrolera) se concentra el 71,3% de las exportaciones totales del país”[19]. El sector manufacturero está constituido en un 50% por maquilas, que representan más de un 43% de las exportaciones, y 80% de ellas son realizadas por 300 grandes empresas[20].

Así, mientras México mantiene dinamismo económico basado en las exportaciones de empresas transnacionales, padece un estancamiento del mercado interno. México exporta cada vez más, pero esas exportaciones tienen cada vez tienen menos de mexicanas. El contenido de los productos que se exportan no tiene mayor impacto en las cadenas productivas nacionales, ya que dichos productos son elaborados con materias primas importadas. “La mayoría de los insumos incorporados en lo que exportamos, se importa previamente. Prueba de todo ello es que la industria manufacturera no maquiladora, que a principios de la década de los ochenta tenía un contenido nacional mayor al 90%, para la segunda mitad de la década de los noventa solo utilizaba un poco más del 35%”[21].

Si bien la inversión privada y las exportaciones desde México se han incrementado, ya que México exporta el doble de lo que exportaba en 1993, (US$ 61 mm en 1994; US$ 158 mm en 2001) y la inversión privada se ha multiplicado tres veces en el mismo lapso en 1993 (US$ 4.5 mm por ano en promedio entre 1988-1993; US$ 13 mm por ano en promedio entre 1994-2002). Amabas, inversiones y exportaciones-, corresponden al gran impulso de maquila, es decir, a una forma de trabajo que se encuentra subordinada a la cadena de producción que esta bajo control de las grandes transnacionales.

Quienes defienden el TLCAN por el impulso dado al sector exportador, se engañan al no observar que el auge de las exportaciones es mayoritariamente el de las maquiladoras, y que han crecido más las importaciones que las exportaciones.

La transnacionalización del campo

Con la suscripción del TLCAN, México perdió su soberanía alimentaria, porque dejó de producir los alimentos básicos que requiere su población para comprarlos “cualesquiera sean las condiciones del mercado”, o mejor, de las empresas que controlan la comercialización de alimentos a nivel mundial: Cargill, Clayton, Anderson, Pilgrims, Pride, Continental, entre otras.

Por medio de los proyectos agroalimentarios, las compañías transnacionales han impuesto el paradigma de la producción agrícola basada en el monocultivo[22]. A la luz del cual un número importante de tierras de las naciones latinoamericanas, se ha convertido en latifundios agroindustriales. Se destacan los cultivos de cereales como sorgo, soya y arroz, en Argentina y Brasil; de uva y manzana en Chile; de banano, caña de azúcar y palma de aceite en Colombia; de banano en Ecuador, entre otros. En estos casos se produce un gran impacto sobre los suelos, ya que son sometidos a un profundo desgaste y a la perdida de sus nutrientes naturales, porque cada vez se hacen necesarias mayores cantidades de agroquímicos para lograr que los suelos produzcan cosechas.

Este modelo copiado de la revolución verde norteamericana, sólo ha generado ganancias para las compañías productoras de agroquímicos. El uso de plaguicidas a destajo en América Latina, provocó no sólo desequilibrios en el campo, sino también, graves efectos en la salud[23] de la población.

Unas pocas transnacionales se han apropiado de la cadena de producción de alimentos, controlando la propiedad de las empresas de semillas, agroquímicos y alimentos. En el año 2001, las 10 empresas más grandes de agroquímicos (Bayer, Syngenta, Monsanto, Basf, Dow, Dupont y otras) controlaban 90% del mercado mundial, por su parte Nestlé, Kraft, Foods, ConAgra, Pepsico, Unilever, Archer Daniels Midland, Cargill, Coca Cola, Diageo, y Mars Inc. controlaban 34% del mercado mundial de alimentos y bebidas, y Dupont, Monsanto, Syngenta, Groupe Limagrain, Savia, Advanta, Delta & Pine Land, Dow, Bayer y Basf controlaban 30% del mercado mundial de semillas. En el año 2000, cinco transnacionales controlaban más del 75% del comercio mundial de granos. Actualmente, tres empresas han devorado a las otras y dominan el mercado: Cargill, Bungi y Dreyfus[24].

El proceso de monopolización de la estructura productiva ha sido intensivo, incluso dentro de los Estados Unidos, donde “al final de la segunda guerra mundial había 6 millones de familias de agricultores, hoy en día no llegan a 2 millones. Cada semana durante 50 años, más de 4 mil familias han quebrado debido a los monopolios. Cargill, ADM, Dreyfus y Bunge, han comprado y dividido el territorio para no competir entre sí, de tal manera que en cada condado los agricultores sólo encuentran un comprador que les impone precios bajísimos. Por otro lado, las mismas empresas han comprado casi todas las tiendas vendedoras de insumos y han hecho alianzas estratégicas con la industria biotecnológica y agroquímica. Los precios de los insumos resultan demasiado altos y se imponen precios a las cosechas demasiado bajos”[25].

Dependencia agrolimentaria; desempleo, migración y hambre

La advertencia sobre la pérdida de la soberanía alimentaria, fue formulada desde diversos sectores, entre ellos, los campesinos organizados en el movimiento “el campo no aguanta más”, quienes plantearon en el “Manifiesto de Ciudad Juárez” que: “Dislocar nuestra producción agropecuaria, orientarla a producir sólo para la exportación y hacer depender la alimentación de nuestro pueblo de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, controladas por unas cuantas transnacionales, es aceptar la madre de las derrotas: la de la comida de nuestra gente”[26].

En la actual fase del proceso de acumulación capitalista, “los alimentos dejan de ser un pilar económico del proceso de acumulación interno, para convertirse en un factor político de dominio mundial”[27]. Con miras a fortalecer su dominio sobre las distintas naciones del mundo, los Estados Unidos destinan enormes cantidades de recursos para financiar la producción de sus granjeros y agroempresarios. Dichos recursos les permiten situar la producción en el mercado, incluso, a costos inferiores de los de producción. Según Rosset, “el precio interno del trigo en Estados Unidos está 40% por debajo del costo de producción, y el del maíz en un 20%. Estos precios dumping se imponen a nivel internacional y permiten la colocación de los excedentes exportables del país del norte. Con ello, quiebran la capacidad de competencia de los países compradores e imponen una crisis estructural en ellos, en tanto, el precio se mantiene artificialmente bajo durante períodos prolongados”[28].

La operación que viene realizando el gobierno de los Estados Unidos, junto con las compañías transnacionales del sector alimentario, es la de producir y vender “a pérdida” durante un período, al cabo del cual, los productores de alimentos del resto de naciones hayan quebrado, para imponer entonces sus precios en condiciones de monopolio. En estas circunstancias, México ingresó en un área comercial en la cual sus posibilidades de competir son inciertas. Porque su socio mayor que es Estados Unidos, tiene protegidas la producción y el mercado de los agroempresarios estadounidenses, que cuentan con una infraestructura tecnológica que les garantiza altos niveles de productividad. En los Estados Unidos un 25% de los beneficiarios de los subsidios son grandes empresarios agroindustriales y reciben el 75% del presupuesto total de los subsidios, un 50% de los potenciales beneficiarios constituido por pequeños y medianos agricultores no participa de los subsidios. Mientras en México se requieren 18 días de trabajo de un hombre para producir una tonelada de maíz, en Estados Unidos, son suficientes 1,2 horas de trabajo de un hombre para producir la misma cantidad de maíz. En Estados Unidos, la productividad laboral es cien veces mayor que en México. Los Estados Unidos producen 3,5 veces más kilogramos de maíz por hectárea, y tres veces más kilogramos de fríjol, que México.

La agricultura mexicana, ocupada de manera preferencial (casi un 80%) en granos básicos como maíz, fríjol, arroz, forrajeros y oleaginosas, tiene notables desventajas en la producción de granos básicos, ya que el paquete de subsidios de los Estados Unidos es muy elevado, y reduce sustancialmente los costos de producción de sus agroempresarios. Durante el año 2002, el presupuesto para el sector agropecuario en Estados Unidos fue de 118.000 millones de dólares, mientras que en México apenas llegó a 3.500 millones de dólares[29]. Estas, entre otras diferencias, permiten inferir las grandes desigualdades en las que debe “competir” el campo mexicano.

El incremento de las importaciones de alimentos ha traído como impacto el agravamiento de la pobreza en el campo. El campo mexicano esta poblado por 25 millones de personas, de las cuales un 80% son pobres, solamente la mitad de esta población produce algunos excedentes que lleva al mercado, los cuales van dejando de producirse porque no hay condiciones que aseguren una mínima rentabilidad. “Según el último censo agropecuario, nueve de cada diez agricultores son, en mayor o menor media, autoconsuntivos, y de éstos, sólo 4 concurren además al mercado con algunos excedentes. La agricultura mexicana está conformada por unos 4,5 millones de unidades de producción, de los cuales, 3 millones corresponden al sector reformado (ejidatarios o comuneros) y el resto son propietarios privados. De estos últimos, apenas unos 15 mil poseen empresas grandes, que concentran casi la mitad del valor de la producción rural, y quizá otros 150 mil tienen empresas pequeñas. El resto son minifundios de subsistencia, puramente autoconsuntivos o parcialmente comerciales. De éstos, menos de la tercera parte genera ingresos agropecuarios suficientes para vivir, y más de la mitad obtiene la mayor parte de su ingreso de actividades desarrolladas fuera de su parcela”[30].

La pobreza (en 1984 había 14,2 millones de pobres en el campo, en 1992 había 18,9 millones) ha expulsado a la población campesina hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos. La migración desde el campo hacia los núcleos urbanos es en promedio de unas 500 mil personas anualmente (un 50% de ellas hacia los Estados Unidos).

“La diferencia de ingreso por habitante entre los Estados más pobres (Chiapas y Oaxaca), y el más rico (Distrito Federal), llegó hasta 6,1 veces en el 2000. Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubican en el ámbito nacional como los estados que tienen mayor porcentaje de su población en situación de indigencia, superior al 70%. Estas regiones se mantienen como productoras de materias primas agrícolas y mineras, cada vez peor pagadas en el mercado nacional e internacional, y como proveedoras de recursos naturales, energía eléctrica y petróleo (Chiapas, Tabasco y Veracruz), por los que no reciben una compensación económica equitativa que sustente su desarrollo[31]. En Chiapas, un 70% de la población vive en la pobreza extrema, el 80% de la población rural vive en la pobreza y más del 50% en la pobreza extrema.

Lo anterior tiende a acentuar la formación de regiones “desarrolladas y subdesarrolladas”, que se articulan mediante relaciones de explotación y transferencia de las segundas hacia las primeras, más fuertes y capitalizadas.

Mientras que los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), insisten en la necesidad de erradicar el hambre[32] en los países menos desarrollados, los gobiernos mexicanos enfatizan en abandonar las políticas de apoyo al campo. “Más de 10 millones de mexicanos se van a la cama con hambre. El grado de desnutrición es altísimo, pues más de 70% de la población tiene una ingesta calórica menor de un mil kilocalorías por día. Simoes Lopes, director de la FAO informó en el año 2002 que el 17,7% de los mexicanos menores de cinco años está desnutrido, y un 27% sufre anemia. El mayor porcentaje de desnutridos vive en zonas rurales, lo que es una paradoja, ya que los campesinos son los que producen alimentos y sin embargo carecen de ellos”[33].

Desde 1994, año en el que entre en vigencia el TLC, se incrementan los grandes operativos de la patrulla fronteriza estadounidense, se construyen más muros y los migrantes son desviados hacia regiones inhóspitas, en los últimos diez años han muerto 10.000 mexicanos tratando de cruzar una frontera en la que ocurre una creciente militarización y paramilitarización –en estados como Arizona existen grupos civiles que amparados en leyes estatales se dedican a “la caza de migrantes”.

El gasto en EEUU para controlar sus fronteras se incrementó de US$ 967 millones en 1993 a US$ 2.56 mil millones en 1999. En el mismo período el número de agentes fronterizos se duplico para alcanzar la cifra de 9.000.

La migración de los desempleados del campo, conlleva a un notable incremento del desempleo urbano y por lo tanto, fija una tendencia hacia la disminución de los salarios. Esta disminución se refleja a su vez en la reducción de las posibilidades de consumo de los trabajadores, lo que tiene evidentes efectos en la canasta básica de las familias. Así, la crisis del campo mexicano no es una crisis que afecte exclusivamente al campesinado, sino que es una crisis con consecuencias negativas para la mayoría de los mexicanos.

II. La ley “Farm Bill 2002-2011” y los subsidios a la producción agropecuaria en los Estados Unidos

Mientras que México acata obedientemente el TLCAN y las políticas aperturistas, los Estados Unidos fortalecen su andamiaje institucional y financiero de apoyo y protección a su producción agropecuaria.

El 13 de mayo de 2002, el presidente Bush firmó la “Farm Security and Rural Investment Act of 2002” o Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural también denominada Farm Bill. “Este proyecto de ley de 4248,6 mil millones de dólares incrementó los subsidios a la agricultura estadounidense en un 80%, comparado con la Ley Agrícola de 1996”[34]. Estos grandes presupuestos parten de la Ley Agrícola de 1862, que estableció el sistema tecnológico-agrícola estadounidense, y sobre todo, de la Ley Agrícola de 1933, que estableció el sistema de precios de garantía soporte que continúa vigente hasta la Farm Act of 2002-2011”[35].

Esta ley atiende principalmente ocho cultivos: el algodón, el trigo, el maíz, la soya, el arroz, la cebada, la avena y el sorgo, y se inscribe en “la estrategia de debilitamiento de los competidores mundiales de Estados Unidos, especialmente, la Unión Europea y los países agroexportadores de naciones de industrialización media”[36].

La Farm Bill articula el conjunto de normas y programas dirigidos al sector agropecuario, “se sincroniza y supera en cuanto a objetivos y apoyos, con otros ordenamientos relativos como: “Acta de Seguridad Alimentaria” (1985), “Ley Nacional Agrícola” y “Ley Federal de Reforma y Mejora de la Agricultura” (1996, ambas), “Corporación de Crédito a Productos Básicos”, “Programa de Acceso a Mercados”, “Programa de Mejora de las Exportaciones”, “Programa de Incentivos para Exportaciones Lácteas”, y “Programa de Mercados Emergentes”, derivados todos de la legislación mencionada de 1996, conocida como Farm Act 1996 ... La Farm Bill la conforman 10 programas distintos, con duración de seis años, destacando los vinculados a subsidios y otros apoyos agrícolas, conservación de recursos naturales, medio ambiente y comercio”[37].

En parte, haciendo uso de la normatividad de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los Estados Unidos conservan un alto componente de subsidios. Así, estructuran programas como el Commodities, en el cual se agrupan tres tipos de apoyos fiscales: pagos fijos directos, préstamos para promociones de mercado, y los precios objetivo o precios de cobertura o pagos contracíclicos.

Los primeros, que son los pagos directos, consisten en pagos fijos al productor correspondientes al 85% de la superficie cultivada en los rangos establecidos para cada producto, a partir del 2002 y hasta el 2007. Éste es un subsidio constante que se extiende a partir de la “Farm Bill” a los cultivos de oleaginosas, soya y cacahuates.

Los segundos, consisten en pagos que se otorgan bajo el esquema de precio promedio fijo (loan rate) y tienen como propósito asegurar al productor la recepción de un loan deficiency payment (LPDs), “que no es otra cosa más que la diferencia entre un precio fijo promedio y el precio local estimado de mercado. Si el segundo es inferior al primero, el productor accede a la diferencia mediante un pago directo. Este programa se hizo extensivo para cultivos de legumbres secas (garbanzos, lentejas, etc), miel, lana, mohair y cacahuates”[38].

Los terceros, “los pagos anticíclicos, constituyen un nuevo tipo de apoyo o subvención, un programa inédito, al cual se accede cuando el precio efectivo que reciben los agricultores cae por debajo de un cierto precio objetivo ... Este mecanismo de apoyo constituye una especie de red de protección y certidumbre sobre los ingresos para los productores, lo que los aísla del proceso real de mercado, es decir, si el precio promedio real resulta por debajo del precio objetivo reciben la diferencia, agregando que éstos últimos se incrementan de un periodo a otro”[39].

“Los pagos fijos directos y los pagos contracíclicos no están ligados a la producción –supuestamente, porque en realidad están vinculados a áreas cultivadas y rendimientos históricos- y se ofrecen aún cuando el productor decida dejar de cultivar sus tierras por toda la temporada. Los pagos se basan en una fórmula matemática, que toma en cuenta las hectáreas cultivadas en años anteriores, y el historial de rendimiento de cada finca, de tal manera que siguen siendo ligados, de hecho, aunque de manera encubierta, a la productividad”[40].

Estos apoyos y pagos directos a los agroempresarios son subvenciones directas a las exportaciones, lo que favorece la comercialización de sus productos internacionalmente, por debajo de su costo de producción, perjudicando a los productores de naciones en desarrollo en un doble sentido: impidiendo su acceso competitivo a los mercados industrializados, y generando una competencia desleal en los mercados en desarrollo. A través de este conjunto de apoyos, los agroempresarios estadounidenses podrán elevar al máximo sus ingresos, y la forma de hacerlo es exportando a precios de dumping a todo el mundo, es decir, inundando los mercados sin ninguna consecuencia negativa para ellos.

Los Estados Unidos han establecido con la expedición de la nueva ley agraria, un sólido sistema de protección de su agricultura, que tiene como objetivo dominar el mercado mundial sacando del camino a los demás competidores, sean estos europeos, japoneses o del tercer mundo.

¿Qué Estado está en capacidad de competir con los subsidios que brindan los Estados Unidos?, en la respuesta a este cuestionamiento parece residir lo que será el futuro de los países que producen alimentos para el mercado mundial. Tanto los países desarrollados, como los países subdesarrollados deberán constituir un bloque de oposición en el seno de la OMC, con el fin de lograr que los Estados Unidos no se siga amparando en los subsidios proteccionistas. O deberán hacer uso del mismo mecanismo para que su producción agropecuaria pueda competir en el mercado nacional e internacional. Ante esta posibilidad, el Congreso Agrario Permanente ha objetado que: “aunque lográramos equiparar proporcionalmente nuestro presupuesto agropecuario con el de Estados Unidos, ello no contrarrestaría los efectos acumulados de los agresivos presupuestos estadounidenses a lo largo de más de 100 años sobre la capitalización de las granjas y sobre su tecnificación.

De no producirse una oposición sólida a escala global, los Estados Unidos se estarían asegurando el monopolio mundial en la producción de alimentos básicos (carnes, lácteos, granos y cereales), con los consabidos riesgos para la seguridad alimentaria del resto del mundo.

El “Farm Bill 2002” en su programa de apoyos económicos, tiende a reforzar las enormes ventajas que Estados Unidos tiene hoy con México en granos básicos, revertir las desventajas en una serie de oleaginosas, y ampliar su éxito en productos agroindustriales de ganadería diversa y avicultura, lo que refuerza globalmente los términos muy favorables de la división internacional del trabajo conformada en el capítulo agropecuario del TLCAN”[41].

La OMC ha clasificado los subsidios que pueden otorgar los Estados al productor en cuatro tipos: los permitidos (caja verde), los prohibidos (caja roja), los que deben disminuirse (caja ámbar) y los de excepción (caja azul).

Según la legislación de la OMC, los subsidios de la caja verde (permitidos), no deben involucrar apoyo a los precios, ni deben distorsionar el comercio, y si lo hacen, deben causar una distorsión mínima. Estos subsidios deben apoyar programas que no están dirigidos a productos particulares, sino, al sector de producción en conjunto, e incluyen las subvenciones directas al ingreso de los agricultores, disociadas de los niveles corrientes de producción o de precios, y de los pagos por concepto de aseguramiento del ingreso y por concepto de la red de seguridad. La red de seguridad, es la garantía de un nivel mínimo de ingreso para los agricultores frente a la caída de precios en el mercado más allá de cierto límite. También se incluyen en esta caja los programas de protección ambiental y de desarrollo regional.

“Esta es la caja más importante desde el punto de vista de las posibilidades de diseñar una política que apoye al sector rural, al margen de criterios no domésticos y cumpliendo con objetivos de protección de la población ocupada en el agro y de la protección de los recursos naturales usados para la producción”[42].

Los subsidios de la caja verde, han sido muy usados por los Estados Unidos para otorgar apoyos a su producción agropecuaria, y burlar así a sus socios y competidores comerciales. La forma en que otorga subsidios los Estados Unidos, contradice lo estipulado en “la caja verde”, ya que a todas luces dichos subsidios y apoyos distorsionan el comercio en enormes dimensiones.

Los Estados Unidos fueron, durante el periodo 1998-2000, el tercer país en otorgar subvenciones por productor, después de Suiza y Japón. Así, mientras los Estados Unidos subsidian con 20.803 dólares a cada productor, México apenas alcanza para el mismo período 720 dólares por cada productor.

En estos términos, es claro que el actual proceso de globalización capitalista, gobernada por la normatividad de la OMC, el FMI y el Banco Mundial, no busca beneficiar a las diversas economías del mundo, sino favorecer a las compañías de los países más poderosos e industrializados del mundo.

Conclusiones

El ingreso de México en el TLCAN, ha traído graves consecuencias para los pequeños y medianos productores agropecuarios, entre ellas, el desbarajuste y la destrucción de sus modos de vida y de sustento. El incremento en las migraciones y la miseria en el campo, es el resultado más evidente de la apertura comercial y del abandono de las políticas públicas para el campo. La apertura comercial se traduce en la entrega de la soberanía alimentaria a las grandes empresas transnacionales, las cuales monopolizan aceleradamente la producción de alimentos en el mundo. El dominio que las compañías transnacionales tienden a profundizar sobre el proceso productivo de la cadena agroalimentaria, les permite: apropiarse de las semillas que han sido un valor de uso colectivo de los pueblos, cobrar por contaminación, -en los casos en que las semillas transgénicas invaden los cultivos plantados con las semillas tradicionales-, e ingresar cada vez mayores cantidades de productos transgénicos en América Latina y el tercer mundo.

Estas son grosso modo las lecciones más importantes que deja la liberalización comercial impuesta por los Estados Unidos a México, la cual pretende imponer sobre el resto de América Latina. www.EcoPortal.net

* Janet Ruiz- José Martínez
Febrero 20 de 2006


[1 ] Texto completo del TLCAN disponible en: http://www.rmalc.org.mx/tratados
[2 ] La apertura comercial ha afectado todas las áreas agropecuarias con excepción de algunos enclaves de agricultura de exportación, causado mayores estragos en las regiones de agricultura campesina; Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Veracruz, Guerrero y parte de Puebla.
[3 ] Bartra, Armando, El campo no aguanta más II, en La Jornada México Diciembre 15 de 2002.
[4 ] Calderón, Jorge Alfonso, México, crisis agrícola y Tratado de Libre Comercio, en Economía Informa No.296 de abril de 2001 Facultad de Economía UNAM México.
[5 ] Arroyo, Alberto, El TLCAN: objetivos y resultados 7 años después. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Noviembre de 2001. P12.
[6 ] Bartra, Armando, El campo no aguanta más I, en La Jornada México Diciembre 14 de 2002.
[7 ] El tamaño medio de las explotaciones agropecuarias en los Estados Unidos es de 207 hectáreas, lo que permite apreciar el carácter agroindustrial de su sector agropecuario. Datos de la OCDE, en el Anuario del año 2000 de la Comisión Europea.
[8 ] Calderón, Jorge Alfonso, Agricultura y libre comercio en México, en Economía Informa No.314 de febrero de 2003 Facultad de Economía UNAM México. P5.
[9 ] Marroquín, Jesús, El sector agropecuario mexicano y el TLC. Apunte para un debate, en Economía Informa No.300 de septiembre de 2001 Facultad de Economía UNAM México.
[10 ] Según Calderón, el tratamiento otorgado a los inversionistas transnacionales viola, los artículos 13,17, 27y la fracción I de la Constitución Nacional Mexicana. Liberación comercial en México: balance y propuestas alternativas, en Economía Informa No.296 de Abril de 2001 Facultad de Economía UNAM México.
[11 ] “Entre 1915 y 1940 se entregaron casi 18 millones de hectáreas de tierra que beneficiaron a un millón y medio de familias y 20 millones de hectáreas para 180 mil ejidos que beneficiaron a 750 mil familias”. Marroquín, Jesús, El sector agropecuario mexicano y el TLC. Apunte para un debate, en Economía Informa No.300 de septiembre de 2001 Facultad de Economía UNAM México.
[12 ] Quintero, Víctor, La guerra contra el campo Mexicano.
P3. www.ecoportal.net/articulos/guerra_campo.htm
[13 ] Bartra, Armando, Ibíd., Diciembre 14 de 2002.
[14 ] Bartra, Armando, Ibíd., Diciembre 14 de 2002.
[15 ] Quintana, Víctor, El imperio contra la agricultura, La Jornada, 23 de abril de 2002.
[16 ] Ya en 1999 se plateaba que el sector arrocero atravesaba por “una drástica reducción de la producción y de la superficie, la quiebra de industrias y la perdida de empleos directos e indirectos, el crecimiento acelerado de las importaciones y la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y la desarticulación de la cadena productiva”, ver, “La producción de arroz de México en el marco de la apertura comercial” de Miguel A. Cruz. En Economía Informa No.276, Abril de 1999 Facultad de Economía UNAM, México.
[17 ] Al respecto ver el artículo “El conflicto comercial entre cañeros e ingenios” de Javier Aguilar. En Economía Informa No.300 de septiembre de 2001 Facultad de Economía UNAM, México.
[18 ] En el sector cafetalero existen unos 470.000 productores de los cuales 80% son indígenas, en los últimos diez años se ha reducido la producción en un 40%, en un 55% las exportaciones y en un 70% los ingresos de los productores.
[19 ] Ibid/ Arroyo, Alberto. P13-17.
[20 ] Calderón, Jorge Alfonso, México, crisis agrícola y Tratado de Libre Comercio, en Economía Informa No.296 de abril de 2001, Facultad de Economía UNAM, México.
[21 ] Campos Juan, Balance: 10 años del TLCAN antecedente del ALCA, en Teoría y Práctica, No.11-12, México, 2002. http://www.geocities.com/teoria
[22 ] En un juego diabólico, la expresión económica dominante, -“crecimiento económico”-, se propuso, integrar todas las economías nacionales del planeta y, para el efecto, extendió el industrialismo como modelo a copiar por el resto de los países rezagados en este proceso. El nombre técnico con el cual la economía distinguió esta política, fue el de “transformación estructural”, que consistía en incorporar la producción agraria al esquema del industrialismo, apoyado en cuatro estrategias: monocultivo, mejoramiento genético, agroquímicos y transformación industrial. En Estados Unidos, la concentración agrícola ha hecho crecer la desertización en 200.000 mil hectáreas por año, y en África Occidental, los monocultivos (materia de exportación) crean de 10 a50 kilómetros más de desierto por año. Gómez, Luis Jair. El concepto de sostenibilidad ecológica: Génesis y límites. Universidad Nacional de Colombia. 1998. P34-35.
[23 ] En el texto “Hacia una historia ambiental de América Latina”, de Luis Vitale, se referencian numerosos casos en los cuales el uso de plaguicidas, prohibidos en los países en que se producen, ha contaminado los alimentos y causado la muerte o enfermedades a numerosas personas.
[24 ] Datos de Pat Mooney del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, 2003.
[25 ] Rosset, Peter. ¿Cómo confluyen las resistencias en Estados Unidos?, en Rebeldía No.10 agosto del 2003.
[26 ] Movimiento el campo no aguanta más, Manifiesto de Ciudad Juárez enero 6 de 2003.
[27 ] Rubio, Blanca. La fase agroalimentaria global en América Latina. En Impactos del libre comercio, plaguicidas y transgénicos en la agricultura de América Latina, Red de Acción sobre plaguicidas y alternativas en México, México 2003. P34.
[28 ] Ibid/ Rubio, Blanca. P35.
[29 ] Quintero, Víctor, La guerra contra el campo Mexicano.
P4. www.ecoportal.net/articulos/guerra_campo.htm
[30 ] Bartra, Armando, Ibíd., Diciembre 14 de 2002.
[31 ] Pradilla Cobos, Emilio, Neoliberalismo, globalización, regiones y ciudades en crisis, en Memoria No.169, de septiembre de 2002.
http://www.memoria.commx/169/pradilla.htm P2.
[32 ] “Para la mitad de la población mundial la brutal realidad se puede exponer en los siguientes términos: aspirarían a estar en mejores condiciones que una vaca europea. En promedio, las vacas en Europa reciben 2,20 USD diarios por concepto de subsidios y ayuda gubernamental, mientras que 2.800 millones de personas viven con menos de 2 dólares diarios en los países subdesarrollados. En general, no existe escasez de alimentaos en el mundo, pues nunca antes se había producido un volumen tan grande. Lo que se está atestiguando, por tanto, es un hambre creciente en medio de la abundancia”. García, Benjamín, Capital humano y medio ambiente, en Economía Informa No.316 de mayo de 2003. Facultad de Economía UNAM, México. P18.
[33 ] Saldívar, Américo, Globalización y medio ambiente: pobreza sin desarrollo, en Economía Informa No.316 de mayo de 2003. Facultad de Economía UNAM México. P11.
[34 ] Rosset, Peter. Perdiendo nuestra tierra. En Impactos del libre comercio, plaguicidas y transgénicos en la agricultura de América Latina, Red de Acción sobre plaguicidas y alternativas en México, México, 2003. P48.
[35 ] Congreso Agrario Permanente, Vamos a Cancún por un Acuerdo Mundial por el Campo. México, Agosto 4 de 2003. P3.
[36 ] Retana Yarto, Jorge, La Farm Bill y la agricultura mexicana. En Economía Informa No.314 de febrero de 2003. Facultad de Economía UNAM, México. P25.
[37 ] Ibid/p28.
[38 ] Ibid/p28.
[39 ] Ibid/p29.
[40 ] Rosset, Peter. Perdiendo nuestra tierra. En Impactos del libre comercio, plaguicidas y transgénicos en la agricultura de América Latina, Red de Acción sobre plaguicidas y alternativas en México, México 2003. P49.
[41 ] Ibid/ Retana Yarto, Jorge. P33.
[42 ] Trápaga Delfín, Yolanda, Los subsidios agrícolas: un capítulo despreciado, en Economía Informa No.314 de febrero de 2003. Facultad de Economía UNAM, México. P15.