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lanacion.cl, 11 de octubre 2010
Los gobiernos de Argentina y Chile impulsan el plan de cavar un túnel atravesando la cordillera, pero la sociedad civil pide transparencia y participación en la obra, especialmente por la presencia de muchos glaciares en la zona. El paso de Agua Negra es hoy una carretera andina sin pavimentar que une Argentina y Chile a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar. Está abierto sólo en el verano y para vehículos livianos (ver infografía). El resto del año, Agua Negra está cerrado por las tormentas de nieve. “En algunos tramos no hay dos vías sino una, es muy peligroso, hay desmoronamientos permanentes, y hay siempre riesgo de romper los neumáticos”, describió la abogada Silvia Villalonga, de la Fundación de Ciudadanos Independientes de la provincia argentina de San Juan. El principal cruce fronterizo, el túnel de Los Libertadores, pasa en promedio, 40 días cerrado sin previo aviso por las tormentas de nieve, por lo que miles de camiones quedan varados a los dos lados de la frontera. En este escenario surgió la propuesta de construir un túnel en Agua Negra, atravesando los Andes. Los gobiernos la alientan, pero organizaciones civiles reclaman transparencia y un lugar en la mesa de decisiones. “Tener un túnel puede ser muy beneficioso para San Juan, pero hay que analizar muy bien los costos y beneficios”, subrayó la abogada Villalonga. El proyectado túnel, para unir San Juan con la IV Región de Coquimbo, es además una obra clave del Corredor Bioceánico que conectaría a Coquimbo y La Serena con la ciudad de Porto Alegre, en Brasil y cerca del Atlántico. En la 39ª reunión cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en agosto en San Juan, los presidentes de los países del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de Chile, como miembro asociado, dedicaron un claro apoyo al proyecto, que promete más integración y crecimiento del flujo del comercio regional hacia el Pacífico. Pero las organizaciones no gubernamentales albergan sobre todo dudas. “El gobierno de San Juan dice que tiene estudios de factibilidad del trazado, pero los hace sin ninguna participación de la sociedad civil y eso no permite poner en transparencia lo que se va evaluando”, dijo Villalonga. La Fundación de Ciudadanos Independientes no se opone al túnel. Pero pide mayor participación en la planificación de obras en áreas de glaciares, importantes reservas de agua dulce en esa región árida y con dificultades de acceso a los recursos hídricos. “Esperamos un estudio de impacto ambiental que sea puesto en consideración de los ciudadanos en audiencia pública para tomar intervención y saber dónde quieren romper, si los glaciares a sacrificar son relevantes o no, porque todo depende de dónde se ubique el túnel, y eso no lo sabemos”, explicó. OBRA NECESARIA La arquitecta Alicia Malmod, de la Universidad Nacional de San Juan, dijo que la obra “es necesaria”, pues “constituye una alternativa estratégica para el desarrollo provincial en términos de integración y posibilidades de intercambio”. Malmod no ve el túnel como una obra aislada, sino parte del Corredor Bioceánico, uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un mecanismo de coordinación intergubernamental de los 12 países de América del Sur para impulsar proyectos de transportes, energía y comunicaciones. La propuesta de IIRSA es un túnel internacional que costaría unos 800 millones de dólares. La empresa brasileña Bureau de Projetos e Consultoria está a cargo de los estudios técnicos necesarios para licitar la obra, que se iniciaría en 2014 e insumiría cuatro años. Por mucho tiempo, dijo Malmod, “la región centro oeste de Argentina, y en particular San Juan, fue el patio trasero, la espalda de un país que miraba sólo hacia fuera. Una obra de esta magnitud recalifica esta área, define nuevos roles y potencia recursos”, insistió. Precisamente, los departamentos de Jáchal e Iglesia podrían fortalecer su identidad como centros regionales y preservar su patrimonio y sus valores culturales, estimó. Pero Malmod también alertó sobre el impacto negativo que puede tener la obra, y para prevenirlo se necesita mayor participación ciudadana en el proyecto, dijo. “Estamos ante un sistema particularmente frágil por sus cualidades de aridez y por ser zona sísmica. Pero en una concepción amplia de lo ambiental, la fragilidad social se constituye en componente ineludible” al ponderar costos y beneficios, dijo. Además, en el área fronteriza y glaciar de San Juan se está desarrollando una actividad minera que también requiere “propiciar el debate, discutir la legislación, las regulaciones ambientales y los organismos de control”, sostuvo. Se trata de Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold, que está afectando algunos glaciares, según denuncias de ambientalistas. El 30 de septiembre, el Congreso legislativo argentino aprobó una ley de protección de glaciares que establece limitaciones y controles para obras de infraestructura y minería en áreas de hielos continentales. 
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