Lucía Sepúlveda, 5 de agosto de 2008

Negligencia del SAG en caso dioxinas denuncia la Red de Accción en Plaguicidas RAP-Chile

Relacionado:
La alarma pública surgida ante la detección en Corea del Sur de niveles de dioxinas casi tres veces superiores a la norma vigente en ese país (5.4 picogramos de dioxina por gramo de grasa, mientras el límite permitido por la norma coreana es de sólo 2 picogramos), ha desnudado ante los consumidores la grave y preocupante negligencia en la gestión del SAG. A esto se agrega el ocultamiento oficial de los resultados de un estudio realizado por el SAG el 2006 y concluido el 2007, que revela una importante presencia de residuos de plaguicidas peligrosos en alimentos destinados al mercado interno. En estos dos temas se evidencia una inexcusable falta de transparencia. Es necesario que la Presidenta de la República intervenga con urgencia para remediar esta situación.

Primera notificación
El 3 de julio de 2008 el Ministerio de Agricultura fue notificado por su par de Corea del Sur, que se habían encontrado niveles excesivos de dioxinas en carne de cerdo exportada desde Chile (en 2003 se había conocido un incidente similar con Corea). Es importante precisar que las dioxinas son subproductos extremadamente tóxicos que se generan a partir de procesos térmicos, y comprenden materia orgánica y cloro, como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas. Forman parte de las sustancias que representan una amenaza global para la salud y el ambiente, listadas en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) para su minimización y eliminación. Chile firmó este convenio en 2001 y lo ratificó el 2005. A partir de entonces la autoridad nacional, junto a representantes del sector privado y de la sociedad civil (incluida RAP-AL), inició el desarrollo de un Plan Nacional de Implementación (PNI) para cumplir con los objetivos de este acuerdo internacional. El avance del PNI está íntimamente ligado a la entrega de información y colaboración oportuna por parte de los servicios del Estado, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero.

En esta primera oportunidad se encontraron 3,9 picogramos por gramo de grasa, casi el doble de lo que permite la norma coreana (un picogramo = 0.000000000001 gr.). La severidad de la norma se relaciona con la gravedad de sus impactos negativos en la salud, entre ellos efectos cancerígenos y alteraciones en el sistema reproductivo. La reacción del SAG fue únicamente proteger los negocios chilenos, viajando su director Francisco Bahamondes, al Asia, acompañado de Juan Miguel Ovalle, presidente de la Asociación de Productores de Cerdo. Para esa primera etapa tenemos las siguientes interrogantes que plantear al SAG:
¿Qué acción realizó esa repartición ante esta alerta primaria, para dar protección a la población nacional?
¿Cuándo informó a la autoridad sanitaria sobre el problema, para coordinar medidas al respecto?
¿Qué sentido tendría que la futura Agencia de Inocuidad Alimentaria dependa del SAG, como pretende este servicio, y no del Ministerio de Salud, dada la despreocupación de SAG por estos temas?

Segunda notificación y reacción de Japón
Luego de encontrar por segunda vez un exceso de dioxina en las importaciones de carne chilena, que esta vez arrojó un hallazgo de 5.4 picogramos de dioxina por gramo de grasa (casi tres veces por sobre la norma coreana) en 6.2 toneladas de cerdo chileno importado en junio, Corea amplió la prohibición de ingreso de carne chilena el pasado 10 de julio (datos publicados el 11 de julio en la edición digital en inglés del diario coreano Chosun Ilbo www.english.chosum.com). Ante el alerta coreano, Japón reaccionó cerrando su mercado a las exportaciones de carne de cerdo chilena, utilizando el principio de precaución incorporado en el Convenio de Estocolmo, e informando a Chile que aplicaba una notificación de alerta alimentaria por riesgo a la población. Solamente ante la acción adoptada por Japón se comenzaron a tomar medidas que tienen que ver con la búsqueda del origen de la contaminación por dioxinas. Las drásticas medidas adoptadas por Japón contrastan con la tardía reacción del SAG y las contradictorias declaraciones de las autoridades chilenas respecto de las posibles implicaciones para la población nacional.

Interrogantes dirigidas al SAG
¿Cuánta carne de cerdo fue entregada al mercado interno desde la generación de estos hechos? ¿Pueden el SAG y la autoridad afirmar responsablemente que no hay peligro de consumo si no informa qué planteles distribuyeron la carne contaminada y tampoco se sabe las concentraciones de dioxina en la carne, por la inexistencia de monitoreos? Ha trascendido que para la realización de los estudios, el Ministerio de Salud ha asumido en esta emergencia la misma norma que Corea, es decir 2 picogramos, ya que no existe norma chilena oficial. En la Comunidad Europea, uno de los principales socios comerciales de Chile, la norma para dioxinas en carnes es de 1 picogramo. Nos preocupa que se informe con ligereza que no hay riesgos para los consumidores chilenos. Actualmente la división de Alimentos del Ministerio de Salud, dependiente del Area de Políticas Públicas Saludables, realiza estudios para definir la norma oficial que se adecue a las nuevas exigencias de los mercados externos. La población chilena permanece ajena a estas discusiones debido al secretismo del SAG, en temas que tienen que ver con la salud de todos los habitantes de este país.

Los residuos de plaguicidas peligrosos
Un segundo foco importante de preocupaciones es el ocultamiento por el SAG de estudios que revelan una alarmante presencia de residuos de plaguicidas peligrosos en alimentos destinados al consumo interno. Durante el año 2006 se dio inicio al “Programa de Monitoreo de Residuos en vegetales a nivel nacional”, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura, con el propósito de mejorar la inocuidad alimentaria. El estudio fue presentado a las autoridades superiores del SAG a mediados del año 2007 para su distribución y publicación, pero hasta ahora se mantiene en secreto para la opinión pública. Autoridades internacionales de la Unión Europea, Australia y FAO que han conocido este estudio sostienen que a través de él la autoridad regulatoria (SAG) podría ajustar prácticas que permitan la reducción del uso de plaguicidas peligrosos sobre ciertos cultivos y el retiro/restricción de los más tóxicos, entre otros objetivos. En mayo de 2008 RAP-AL solicitó al Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, que oficiara al Ministerio de Agricultura para recibir este estudio. Sin embargo, aún no ha recibido la investigación denominada “Programa de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas” realizada por el SAG.

Contacto:
María Elena Rozas, celular 09-885 8227
Lucía Sepúlveda, fono 341 6742