Dioxinas en carnes, negligencia y ocultamiento

Dioxinas en carnes, negligencia y ocultamiento

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por Arnaldo Pérez Guerra

El Ministerio de Agricultura acaba de informar a la población que “se puede comer carne de cerdo”. Ello tras la alarma pública por la restricción de Corea y Japón a las importaciones de este producto al detectar dioxinas. Según el subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz: “Podemos comer carne de cerdo tranquilos”, descartando que “tengamos una crisis o una catástrofe, una calamidad. Estamos lejos de eso”. Y agregó que “preocuparse de la presencia de contaminantes es un tema propio de países que avanzan en niveles de desarrollo por lo que parece muy bien que Chile lo haga”.

La ligereza con que se han tomado el asunto el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Agricultura contrasta con las recientes declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Alejando Foxley, quien, refiriéndose a la presencia de dioxinas, señaló que “no pueden seguir ocurriendo este tipo de situaciones, no puede ser que las empresas que exportan un producto tan fundamental, como es la carne de cerdo, a un mercado que se está recién abriendo, no tengan un mecanismo de auto control, de auto certificación, para evitar perjudicarse, perjudicar a otras empresas, al país y a su fuerza exportable”. Según el Canciller lo ocurrido “no es tolerable en un país que tiene tratados de libre comercio… Toda la exportación de carne de porcino tendrá que ser certificada”, agregó. Se ha informado que hoy se está verificando que la carne que está por exportarse cumpla con los estándares internacionales. “Se está dando una explicación no sólo a Corea, sino a todos los países con los cuales tenemos relaciones comerciales... Vamos a tratar que este capítulo se cierre lo antes posible”, dijo Foxley.

Pero la alarma sigue. Organizaciones ambientalistas solicitaron al Presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Encina, crear una comisión investigadora que establezca el origen y responsables de la contaminación con dioxinas en los alimentos. Según Ecoceanos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y la Liga Ciudadana de Consumidores se debiera investigar “si los sistemas de trazabilidad de la cadena productiva son efectivos o necesitan refuerzos, y los vínculos entre los aditivos de los pelets que consumen animales y las fuentes generadoras de dioxinas en el centro y sur de Chile”. Para el Comité de Defensa del Mar -que se opone a la construcción de un ducto de Celulosa Arauco (CELCO) en Mehuín-, las dioxinas están en el alimento de los cerdos, elaborado principalmente en base a harina de pescado: “Estos hechos no hacen más que seguir dando la razón a los defensores del mar para oponerse a la Planta Celulosa Arauco. CELCO e industrias de este tipo son las principales fuentes de emisión de organoclorados, como las dioxinas”, dicen.

Poco se conoce. “La mayoría de los trabajos de experimentación se han hecho en trabajadores, tanto en los que producen estos disolventes como en los que trabajan en la fabricación de herbicidas; además se han efectuado estudios en animales experimentales. Los efectos sobre la población empezaron a ser tenidos en cuenta a principios de los años 70 a raíz de un suceso, en el que una nube toxica de dioxinas provocó una intoxicación de considerable magnitud en la población de Seveso, Italia. A partir de entonces se hicieron estudios para determinar las consecuencias. Lo que se constató fue el aumento de cánceres en los tejidos blandos, como por ejemplo la piel, hígado, sistema nervioso central o periférico, también se observó un aumento en el número de abortos y malformaciones en recién nacidos”, dijo a Revista Fusión el catedrático de toxicología Rafael Hinojal, de la Universidad de Oviedo, España.

“Se han utilizado en guerras como la de Vietnam… Las consecuencias de este uso no están totalmente clarificadas pero se ha observado un aumento de malformaciones en el sistema nervioso y malformaciones congénitas en la población que habitaba la zona donde se utilizaron. Los herbicidas que potencialmente pueden dar lugar a dioxinas cuando se aplican en explotaciones agrarias, además de eliminar las malas hierbas, contaminan también otros productos a los que no van dirigidos. Cuando se utilizan en campos de cereales y a su vez los cereales se emplean en la fabricación de piensos, el resultado final puede ser un pienso contaminado que posteriormente pasa a los animales que lo consumen. Las dosis específicas de la intoxicación en humanos prácticamente se desconocen, pero sí se han hecho estudios experimentales en animales y se ha comprobado que las dioxinas producen procesos cancerígenos y pueden llegar a causarles la muerte. Para que estas sustancias tengan un efecto tóxico hay que consumirlas en bastantes cantidades y durante bastante tiempo”, agregó Rafael Hinojal.

Según las organizaciones medio ambientalistas chilenas no se ha informado públicamente respecto del destino final de las toneladas de carne contaminadas y retenidas en Corea y Japón. Surge una pregunta que nadie responde: ¿Se reorientarán a otros mercados donde no hay controles respecto de estas sustancias tóxicas? ¿Volverán a Chile para el consumo interno?

El diario surcoreano JoonAng Ilbo, informó que el Ministerio Surcoreano de Alimentos, Agricultura, Bosques y Pesca encontró niveles superiores al permitido en 11 toneladas de carne de cerdo chilenas. El diario informó que se encontró entre 6,2 y 8,3 picogramos, muy superior a los 2 picogramos permitidos por Corea del Sur y a la norma -1 picogramo- establecida por la Unión Europea (UE).

Para la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile) hay una evidente negligencia de parte de las autoridades chilenas. Los niveles de dioxinas encontrados son varias veces superiores a las normas internacionales. A eso se agrega el ocultamiento de los resultados de un estudio realizado por el SAG el 2006 que revela la presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos.

Las dioxinas son una amenaza para la salud, el medioambiente, y se encuentran listadas para su minimización y eliminación en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Chile firmó el convenio en 2001, ratificándolo recién el 2005. “La severidad de la norma se relaciona con la gravedad de sus impactos negativos en la salud, entre ellos efectos cancerígenos y alteraciones en el sistema reproductivo. La reacción del SAG fue únicamente proteger los negocios chilenos, viajando su director Francisco Bahamondes, a Asia, acompañado de Juan Miguel Ovalle, presidente de la Asociación de Productores de Cerdo. ¿Qué acción realizó el SAG ante esta alerta primaria, para dar protección a la población nacional? ¿Cuándo informó a la autoridad sanitaria sobre el problema, para coordinar medidas al respecto? ¿Qué sentido tendría que la futura Agencia de Inocuidad Alimentaria dependa del SAG, como pretende este servicio, y no del Ministerio de Salud, dada la despreocupación de SAG por estos temas?”, dice la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile).

Resulta evidente que sólo tras la moratoria aplicada por Japón las autoridades chilenas comenzaron a tomar medidas, buscando el origen de la contaminación por dioxinas. “Las drásticas medidas adoptadas por Japón contrastan con la tardía reacción del SAG y las contradictorias declaraciones de las autoridades chilenas respecto de las posibles implicaciones para la población nacional. ¿Cuánta carne de cerdo fue entregada al mercado interno desde la generación de estos hechos? ¿Pueden el SAG y la autoridad afirmar responsablemente que no hay peligro de consumo si no informa qué planteles distribuyeron la carne contaminada y tampoco se sabe las concentraciones de dioxina en la carne, por la inexistencia de monitoreos?”, pregunta la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile).

En Chile no existe norma sobre dioxinas. En la UE -uno de los principales socios comerciales de nuestro país-, la norma para dioxinas en carnes es de 1 picogramo. “Nos preocupa que se informe con ligereza que no hay riesgos para los consumidores chilenos. Actualmente la división de Alimentos del Ministerio de Salud, dependiente del Área de Políticas Públicas Saludables, realiza estudios para definir la norma oficial que se adecue a las nuevas exigencias de los mercados externos. La población permanece ajena a estas discusiones debido al secretismo del SAG, en temas que tienen que ver con la salud de todos los habitantes”, dice RAP-Chile. Y añade algo extremadamente grave: “El SAG ha ocultado informes de residuos de plaguicidas peligrosos en alimentos destinados al consumo interno”.

En 2006 se dio inicio al Programa de Monitoreo de Residuos en vegetales a nivel nacional, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura, con el propósito de mejorar la inocuidad alimentaria. El estudio fue presentado al SAG a mediados de 2007 para su “distribución y publicación”. Hasta ahora se mantiene en secreto. Sólo la UE, Australia y la FAO conocen el estudio. En mayo de 2008 RAP-AL solicitó al Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, que oficiara al Ministerio de Agricultura para recibir el estudio realizado por el SAG pero aún no se ha recibido dicha investigación.

Fuentes: La Tercera, Punto Final, RAP-AL.
• Un picogramo = 0.000000000001 gr