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Conferencia internacional en Lima:
desde la sociedad civil
En la conferencia intervinieron representantes de comunidades afectadas por la minería, de organizaciones de base, de la sociedad civil, de las empresas mineras, del gobierno peruano y especialistas en temas mineros y ambientales. Entre los panelistas se encontraban César Rodríguez, del Ministerio de Energía y Minas de Perú; el economista Humberto Campodónico; Luis Romano, de Honduras; José Echave, Juan Aste y Ana Leyva, de la Red Muqui; Marco Tulio Araya, de Costa Rica; Felipe Cantuarias, de la Compañía Minera Antamina; Orlando Plaza, Antonio Brack, Carlos Soria y Laureano del Castillo, de Perú; Robert Moran, de Estados Unidos; Claudia Cárcamo y Carlos Patiño, de Honduras; Víctor Alanes, de Pastoral de la Tierra de Bolivia; Roberto Malvezzi, de Pastoral de la Tierra de Brasil; Ricardo Valverde, del Tribunal Latinoamericano del Agua; Carlos Santa Cruz, de la Compañía Minera Yanacocha; Felipe Ortiz, de Nicaragua y Carlos Patiño, de la Pastoral Social, de Honduras. Como expositores por parte de OLCA participaron Cesar Padilla y Ricardo Cifuentes. El encuentro, que fue inaugurado por el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barrueto, contó con el auspicio de la Alianza Latinoamericana Frente a las Industrias Extractivas - AJPU y Caritas de Alemania. La Red Muqui está integrada por: Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas, Pastoral Social del Vicariato San Francisco Javier - Jaén, Diaconia para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes, Comisión Episcopal de Acción Social- Ceas, Pastoral de Dignidad Humana - Pasdih de la Arquidiócesis de Huancayo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz -Fedepaz, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible - Grufides Cajamarca, Asociación Civil Labor, Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes, CooperAccion, Acción Solidaria para el Desarrollo, Asociación Evangélica Paz y Esperanza, Marianistas de Otuzco, La Libertad, Comisión Prelatural de Acción Social de la Prelatura de Huamachuco. En el evento se presentaron ejemplos de la destrucción a gran escala causada por la minería en diferentes países de la región. Los panelistas mostraron los impactos provocados en el entorno por la operaciones mineras, afectando a las comunidades cercanas, especialmente por el agotamiento y contaminación del agua y el deterioro del suelo. Un aspecto generalizado en todos los casos descritos para países diferentes, fue que después de varios años de operación minera la situación económica y social de las comunidades cercanas a las minas había empeorado. A pesar de las promesas iniciales de desarrollo y prosperidad, para todas las comunidades afectadas por la minería había aumentado de manera notoria la pobreza, la desocupación, el analfabetismo y los problemas de salud, entre otros. Se mencionó el caso peruano de Cajamarca que, en 1993, antes de la reciente llegada de grandes proyectos mineros era el cuarto departamento más pobre del país y que diez años después ocupaba el segundo lugar en pobreza. En la presentación inicial sobre tendencias de la minería, Cifuentes destacó el modo de operar a nivel global de las grandes empresas transnacionales mineras, que aprovechan al máximo las condiciones impuestas a los países menos desarrollados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países industrializados, que buscan facilitar a cualquier costo las inversiones. Señaló que la situación de la minería latinoamericana se corresponde en los últimos quince años con una globalización financiera y corporativa, que ha asumido una posición central en todos los negocios internacionales definiendo el rumbo de la acumulación, fuerte en el centro, débil en las periferias. La débil acumulación periférica apoya el desarrollo de un estilo colonial en la explotación de sus recursos. Caracterizó esto por la entrega completa del territorio, exenciones tributarias , facilidades en las concesiones mineras, servicios baratos generalmente provistos por fondos públicos, desprotección de la fuerza de trabajo y del ambiente. Indicó que la minería está así dominada por el capital transnacional y el crecimiento de la producción de estas corporaciones distorciona las cifras del producto bruto de cada uno de nuestros países al incluirla como producto de la nación. Dijo que el nivel que ha alcanzado esta instalación productiva se hace posible mediante la corrupción política que actúa como facilitador de concesiones y encubridor de una inmensa contaminación ambiental. Agregó que este proceso se está dando de modo similar en difrerentes países latinoamericanos, generando en algunos casos verdaderos modelos de operación al servicio de las transnacionales mineras, como en Chile donde a estas empresas se les permite no pagar impuestos con triquiñuetas tales como declarar pérdidas o cargar sus ingresos como gastos cobrados por sus propias subsidiarias. En su presentación relacionada con los impactos de la minería, el especialista Robert Moran, que tiene una vasta experiencia como consultor en asuntos mineros, afirmó que hasta ahora nunca ha visto una mina en el mundo que sea sostenible ambientalmente. Añadió que los estándares del Banco Mundial para medir los efectos de la minería en el medioambiente son más débiles que los de países como Canadá y Estados Unidos. Manifestó que le sorprendía que los economistas del Banco Mundial no sepan como evaluar los impactos ambientales de los proyectos mineros. Moran sostuvo que siempre hay impactos negativos provocados entre otras situaciones en la competencia por el agua, la contaminación del agua y los incrementos de los precios en las economías locales. Explicó que los métodos extractivos empleados actualmente necesitan grandes cantidades de agua y que el cianuro utilizado en el proceso no se descompone del todo. Añadió que los gobiernos no auditan todo el oro o plata que se produce, que generalmente las empresas que trabajan con estos metales tienen sus propios aeropuertos y nadie controla sus embarques, además de que el refinado se hace en Suiza. Agregó que, aunque este tipo de minas tiuene una vida entre 5 y 15 años, sus residuos quedan para siempre. Cesar Padilla destacó el derecho de las personas frente a las operaciones mineras y puso de ejemplo el proyecto Pascua Lama que amenaza afectar gravemente la existencia de más de 70 mil habitantes del valle de Huasco, en el norte de Chile. Explicó como los gobiernos de Argentina y Chile firmaron un tratado minero especialmente diseñado para facilitar la instalación de la empresa minera de oro Barrick Gold en la cumbre de la cordillera de Los Andes y, de paso, abrir el camino a otras empresas transnacionales para que operen con todo tipo de facilidades entre las altas montañas de los dos países. Los delegados centroamericanos expusieron la preocupante situación que presenta la minería en sus países que son ricos en biodiversidad y de estructuras ecológicas frágiles. Se explicó que en Guatemala los ciudadanos están exigiendo que el gobierno respete su derecho a determinar la entrada de una mina. La resistencia popular ha logrado detener hasta ahora algunas operaciones mineras. En Honduras, un estudio reciente realizado en 23 familias de una zona minera de oro detectó problemas de salud en niños recién nacidos. Las comunidades han comenzado a organizarse al observar los impactos de las actividades mineras y empezaron a buscar ayuda en el exterior. En Costa Rica, las organizaciones de la sociedad civil lograron con su movilización y acciones que el gobierno estableciera una moratoria a los proyectos mineros a tajo abierto. |
