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Conflictos ambientales en Perú
Fuente SODEPAZ - IPS
, 12 agosto 2005
Minera Majaz: Conflicto sangriento
Escrito por SODEPAZ
LIMA, 4 ago (IPS)
Siete campesinos de comunidades del norte de Perú murieron cuando la policía intentaba frenar una marcha de protesta hacia el área de exploración de la compañía minera Majaz
Siete campesinos de comunidades del norte de Perú murieron cuando la policía intentaba frenar una marcha de protesta hacia el área de exploración de la compañía minera Majaz, en la región de Piura, según denuncias de comuneros, autoridades locales y un obispo católico.
La policía sólo reconoció la muerte de Amado Velasco, rondero (miembro de los cuerpos de vigilancia tradicionales) de la comunidad de Puján, cuando se disparó el arma que pretendía arrebatarle a un oficial.
Las muertes de pobladores de las comunidades de Yanta, Puján, Segundo y Cajas, en las sierras de Piura, a unos 1.000 kilómetros de Lima, ocurrieron el lunes y el martes de esta semana, dijo el obispo católico del distrito de Chulucanas, Daniel Turley, vecino a la zona del conflicto.
También el alcalde de la ciudad San Ignacio, Carlos Martínez, en la aledaña región de Cajamarca, sostuvo que los muertos fueron siete.
Además, 40 personas resultaron heridas, entre seis y ocho estaban desaparecidas y 32 fueron detenidas por las fuerzas del orden, dijo el miércoles el obispo, quien ha intentado mediar entre las comunidades y la empresa Majaz, que explora un yacimiento de cobre en Río Blanco, una zona de reserva de agua dulce que podría resultar contaminada.
Minera Majaz, de capitales británicos, opera desde hace cuatro años en Piura. Sus exploraciones se dirigen a ubicar un yacimiento de más de 1.300 millones de toneladas de cobre, con una vida útil de casi 50 años y cuya explotación requeriría una inversión de más de 800 millones de dólares, según estimaciones.
Las comunidades de la zona se oponen pues alegan que allí se encuentra un acuífero importante en el que nacen los ríos Quiroz y Blanco, fundamentales para abastecer las comunidades de la vertiente del océano Pacífico y de la vertiente oriental, que mira hacia la Amazonia.
El miércoles, en la ciudad de San Ignacio, líderes ronderos dijeron al diario La República que un helicóptero de la policía debía sobrevolar el predio de la empresa, porque ”hay varios cadáveres de ronderos regados en el campamento”.
Un documento recibido por IPS y firmado por varias entidades y personas involucradas en el conflicto --como Ramiro Ibáñez, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba-- habla de ”la más brutal acción policial” y reclama determinar quiénes fueron ”los responsables políticos, intelectuales y materiales de esta masacre”.
El texto no precisa la cantidad de muertos y desaparecidos, pero sostiene que algunos campesinos se internaron en el bosque huyendo de la policía y que ”su situación es incierta, y se teme por sus vidas”.
Algunos manifestantes habrían huido hacia los bosques y podrían haberse caído a los barrancos de los alrededores, dijo a IPS en Lima el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Miguel Palacín.
El miércoles, el viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue agredido por un grupo de ronderos en San Ignacio, cuando salía de una reunión en la que se formó una comisión de verificación de lo ocurrido, que debía viajar este jueves a la zona.
La comisión se acordó en una mesa de diálogo entre representantes de la empresa, el gobierno, la Iglesia Católica y las comunidades.
Rescatado del tumulto, Mucho dijo a una emisora radial que ”ahora la PNP (Policía Nacional Peruana) tiene que cumplir su deber”, en alusión a la necesidad de una mayor intervención policial para frenar los desbordes.
La zona donde Majaz busca el cobre posee una gran biodiversidad que podría verse afectada por la extracción del mineral, dijo Palacín.
Para el activista José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción (especializada en mediar en este tipo de conflictos) aunque no hay estudios precisos, se trata de una zona ambientalmente delicada.
Los problemas comenzaron el 25 del mes pasado, cuando unos 1.000 comuneros iniciaron una marcha hacia los campamentos de la empresa, en la parte alta de Piura, a varias horas de caminata desde la ciudad de Huancabamba, capital de la provincia del mismo nombre.
Según la PNP, el propósito de la marcha era tomar por la fuerza la mina para impedir el inicio de los trabajos exploratorios. De acuerdo con el documento enviado a IPS por las organizaciones campesinas, ”se trataba de ingresar pacíficamente al campamento minero”.
El día 28 se sumaron a la marcha 1.500 personas, provenientes de comunidades más cercanas a los campamentos. El 31 de julio se produjo el primer choque con la policía, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Entre el lunes y el martes ocurrieron nuevos enfrentamientos más violentos, en los que la policía utilizó armas de fuego de forma indiscriminada, según las denuncias de los campesinos, y en los que habrían muerto los siete campesinos.
Un comunicado de la empresa divulgado este jueves afirma que unas 400 personas fueron mantenidas lejos del campamento de Río Blanco, que hubo ”enfrentamientos aislados” con la policía durante varios días y que una persona murió en circunstancias no aclaradas.
La empresa lamentó ”que hayan resultado heridas algunas personas” y afirmó haber hecho ”todos los esfuerzos posibles para alentar el diálogo y la participación de la comunidad en el desarrollo de Río Blanco”.
El viceministro Mucho sostuvo que la exploración no se detendría porque ”esta operación es buena”. Pero en Huancabamba y San Ignacio los ánimos no parecen totalmente apaciguados.
Majaz es una de las seis filiales de la corporación británica Monterrico Metals, con sede en Londres, pero que opera exclusivamente en yacimientos de Perú.
En el sitio web de Monterrico se afirma que la ley de minería peruana fue ”simplificada” en 1991 y ”ahora ofrece un marco atractivo” para el desarrollo de proyectos.
”Existen pocas limitaciones para obtener concesiones mineras en Perú”, que se otorgan ”en 100 por ciento e indefinidamente a compañías nacionales o extranjeras pagando tres dólares por hectárea y por año al gobierno como impuesto a la tierra”, señala Monterrico.
”El mismo derecho de concesión es válido para la exploración y la minería, pues no existen procedimientos 'complicados' de conversión”, agrega.
El caso Majaz es uno de al menos 27 conflictos entre comunidades y empresas que explotan riquezas minerales en Perú, 16 de los cuales obedecen a denuncias por problemas ambientales.
Mariano Castro, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente, la autoridad ambiental peruana, dijo a IPS que la información es fundamental para evitar estas situaciones, pero que muchas veces ”se protesta antes de que se inicie una actividad, sin que haya pruebas de un riesgo latente”.
De Echave admitió la existencia de una percepción negativa de las actividades mineras, pero agregó que en los últimos años ”ningún estudio de impacto ambiental presentado por una empresa minera había sido rechazado”.
”Llevamos 10 años de conflictos mineros y seguimos en lo mismo”, añadió. El Estado debe ejercer una política preventiva, una estrategia más eficaz de información y debe poner en marcha ”mecanismos de diálogo adecuados que eviten estos estallidos”.
Quince por ciento de la inversión extranjera en Perú proviene de la minería, y 50 por ciento de las exportaciones (unos 4.500 millones de dólares) corresponden a este sector, que se ha beneficiado en los últimos años con la gran demanda internacional y los precios elevados de los productos básicos. (FIN/2005)
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