Conflictos ambientales en Perú

Editorial del Boletín Nº 11 de la Red Muqui, Enero de 2006

Que las mineras cumplan con la ley y respeten a las comunidades

El 2005, junto al crecimiento de la minería, hemos tenido el estallido de varios conflictos sociales relacionados con ella. Si nos referimos a los hechos más saltantes podemos citar las protestas de los pobladores de la provincia de Espinar contra la empresa minera BHP Billinton, o aquellas que protagonizaron ronderos de las provincias de Huancabamba, Ayabaca, Jaén y San Ignacio, en contra de la empresa minera Majaz. También es de resaltar las denuncias realizadas por un sector de pobladores de La Oroya, ante el grave problema de salud ambiental que los afecta y que tiene que ver con la contaminación que produce la empresa Doe Run.

En este escenario la pregunta que necesita respuesta para prevenir los conflictos, es por qué éstos se producen. La respuesta que se ha venido dando a esta pregunta a lo largo del año pasado, por parte de algunas autoridades del Estado y de un sector importante del empresariado minero es que los conflictos se producen por manipulación política, porque detrás de las comunidades están las ongs, que sacan provecho de los conflictos, y los intereses del terrorismo y el narcotráfico. Ante este tipo de hipótesis las propuestas para prevenir conflictos pasa por utilizar a los servicios de inteligencia en el control de las situaciones que se presenten, instalar bases militares o puestos policiales en las zonas de conflicto, controlar a las ongs y reprimir las protestas.

En esta interpretación de los conflictos sociales se niega la existencia de problemas de fondo. Es decir, desde esta perspectiva no hay problemas de relación entre comunidades, Estado y empresas. Todo se debe a influencia externa.

Pero si analizamos los conflictos podemos concluir que esa visión es poco objetiva. Si distinguimos las demandas legítimas de las que no lo son, encontramos que, por ejemplo, en el caso de Espinar, se reclamaba principalmente que la minería reporte beneficios a la provincia y eso incluye no sólo que la empresa minera aporte mayores recursos, sino también que las autoridades, llámese gobierno central, gobiernos regionales y locales, den un uso adecuado a los ingresos que provienen de la minería. Lo que es inobjetable es que luego de más de 20 años de minería, los niveles de pobreza siguen siendo muy altos.

En el caso de Huancabamba, Ayabaca, Jaén y San Ignacio, lo que los pobladores denuncian es la usurpación de sus tierras, pero fundamentalmente, manifiestan una preocupación por los páramos y los bosques de neblina que existen en el área del proyecto y en su zona de influencia. Si bien las protestas devinieron en actos de violencia, no se puede tratar de desacreditar estas demandas señalando que detrás existen intereses ocultos del narcotráfico y terrorismo. La salida no es la represión, sino la información. Realizar estudios técnicos independientes, procesos de participación ciudadana y respetar los derechos de las comunidades que habitan dichas zonas. Decir que estos lugares son un emporio del narcotráfico y el terrorismo sin prueba alguna y, en base a ello, anunciar la instalación de una base militar, no ayuda a resolver el conflicto, por el contrario, lo agrava.

En el caso de La Oroya lo que se reclama es que no se siga afectando o poniendo en riesgo la salud de la población. Por lo tanto debe asumirse el problema de salud existente, adoptando las medidas que correspondan.

Lo que vemos en los conflictos mencionados es el reclamo por un Estado más presente e inclusivo, maximizador del bienestar social, protector de los derechos de todos los peruanos y más eficaz en su labor de promoción del desarrollo sostenible y de gestión del ambiente. Al mismo tiempo encontramos el reclamo hacia las empresas exigiéndoles respetar la ley, sus compromisos ambientales y sociales, y los derechos de las comunidades