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Fuente: .radiomundoreal.fm 6 de junio de 2006

Cáritas exige "explotación más justa del subsuelo" en Perú
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La organización religiosa Cáritas Internacional tomó posición sobre el tema de las desigualdades que genera la explotación minera de los recursos peruanos: según este grupo, “Perú no es un país pobre, sino un país de pobres”.

Los argumentos coinciden con los de otros movimientos sociales que se oponen a la actividad minera, en la mayoría de los casos realizada por empresas transnacionales canadienses o estadounidenses.

Según Cáritas, en Perú más del 50% de las divisas se explican a partir de de la minería, pero se trata de una actividad que constituye apenas 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Agrega además que la minería solamente da empleo a 0,5% de la población económicamente activa, y la mayoría de las ganancias queda en los países de origen de las compañías.

El religioso peruano Pedro Barreto, integrante de Cáritas, pidió recientemente que la población peruana “tenga voz y voto” en el control de la actividad minera.

Barreto exhortó a los industriales del sector a que se “apeguen a los lineamientos sanitarios” que impone la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hay que imponer medidas urgentes de saneamiento para contener los daños medioambientales. El suelo está fuertemente contaminado y podría decirse que el agua está envenenada”, añadió.

Cáritas financió un estudio sanitario en el yacimiento de La Oroya, en la región de los Andes centrales del Perú, donde la minera estadounidense Doe Run extrae cobre, zinc, plomo, oro, plata y otros metales.

El resultado fue contundente: las enfermedades que padecen mineros, niños y ancianos se deben a las emisiones de dióxido de azufre, plomo y arsénico que expiden las chimeneas del complejo metalúrgico.

Si bien la firma estadounidense reconoce que está incumpliendo requisitos ambientales, los empresarios pidieron al gobierno peruano un plazo de cinco años para la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico, que evitaría esas emisiones.

El argumento de la minera define a la lógica empresarial: los gastos de esas obras, unos 108 millones de dólares, supondrían una “crisis financiera” para Doe Run.