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Fuente: www.larepublica.com.pe 5 de Julio de 2006

850 desechos mineros afectan ecosistema
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HAY 240 MÁS QUE HACE DOS AÑOS • Pasivos ambientales son un riesgo permanente para la salud y el desarrollo de la población • El Estado es responsable por no haber negociado bien con los privados, afirma congresista Eduardo Carhuaricra.

Natalia Vera.

Hace un par de años, un estudio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), revelaba que en el Perú existían 610 pasivos ambientales, herencia de la vieja minería y que representan una amenaza para la salud de los pobladores y del ecosistema, con un costo de recuperación estimado en US$ 200 millones.

Hoy, un nuevo estudio del MEM revela que los pasivos ambientales (instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas) son 850. Es decir, 240 más que el primer informe, pero sin costo de recuperación calculado.

Para el congresista de Pasco, Eduardo Carhuaricra, es lamentable que haya aumentado el número de pasivos ambientales mineros. "Muchos de esos pasivos ambientales son responsabilidad del Estado, al privatizarse muchas mineras, el Estado se quedó con gran número de los pasivos bajo su responsabilidad, como vendedor no ha sabido negociar para que pasen a manos de los privados", afirmó.

Para el director de Cooperacción, José de Echave, los pasivos son responsabilidad de las empresas mineras y también del Estado en la medida que no ha tenido la capacidad de regular y fiscalizar.

En julio del 2005, la Defensoría del Pueblo con su estudio Minería, desarrollo sostenible y derechos ciudadanos. Una aproximación inicial, indicó que de los 610 pasivos identificados por el MEM, el 72% "podrían ser atribuibles a empresas que deberían encargarse de su remediación, pero el resto tendría que ser resuelto mediante el aporte de fondos públicos".

Además, consideró relativamente baja la inversión de recuperación, "de aproximadamente US$ 300 mil en promedio por cada pasivo, así como el hecho de no haberse considerado ninguna asignación presupuestal para tal fin".

Carhuaricra indicó que la inversión de recuperación debería bordear los US$ 800 millones, ya que la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Doe Run en La Oroya cuesta US$ 105 millones

Monto subvaluado

De Echave recomendó hacer un análisis más exhaustivo para definir cuál es el número exacto de pasivos ambientales y "lo que es más complicado, definir cuál es el monto que el Estado necesitaría para que se efectivice la recuperación". Sostuvo que la cifra de US$ 200 millones está subvaluada, por lo que se necesitan fondos del sector público, pero también con apoyo del sector privado.

No obstante, para la Defensoría del Pueblo, el valor económico del daño ambiental también puede medirse mediante técnicas apropiadas de valoración económica del medio ambiente, que incluye el valor de los impactos sobre la salud de las personas, expresado en los costos de atención médica, medicinas, reducción de la esperanza de vida, días laborables perdidos a consecuencia de las enfermedades, etc.

La cifra

US$ 800 millones invertirían algunas empresas mineras en la segunda fase de sus PAMA.