OLCA en la Prensa: - Edición 610 - Del 10 al 23 de marzo de 2006 Herencia que recibe Bachelet Conflictos Ambientales por Patricia Bravo La pelea viene dura. Ricardo Lagos aprovechó hasta el final de su go­bierno para dejar bien asegurados los intereses de las grandes empresas en los más importantes conflictos ambienta­les. En los últimos días de febrero, cuando aún buena parte de Chile estaba semipa­ralizado por un caliente verano, la Core­ma-III Región le dio el visto bueno "con condiciones" al estudio de impacto am­biental del megaproyecto Pascua Lama, que implica una inversión aproximada de 1.700 millones de dólares de la transna­cional canadiense Barrick Gold. "Pascua Lama es la guinda de la torta de la gestión Lagos en el plano ambiental", dice Lucio Cuenca, director nacional del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca). Si bien el plazo para el pronunciamiento de la Corema de la Re­gión de Atacama vencía el 23 de febrero, podía hacer uso de legítimos procedimientos para dejar la decisión al nuevo gobierno, comenzando por solicitar a la empresa respuestas más sólidas a las nu­merosas insuficiencias del proyecto. Además de la masiva oposición por la destrucción ambiental que inevitable­mente provocará este gigantesco proyecto para la extracción de oro en la alta cordillera, a 130 kilómetros de Vallenar, el Par­tido Comunista no olvidará que uno de los requisitos que solicitó a Michelle Ba­chelet para apoyarla en la segunda vuelta fue que su gobierno rechazara los planes de Barrick. La autorización ambiental condiciona­da de Pascua Lama consiste básicamente en no intervenir de manera directa los dos glaciares que la empresa proyectaba re­mover y "trasladar". "Esa condición es más que nada cuestión de imagen, porque la operación de la mina impactará en los glaciares, haya o no intervención directa, y terminará por destruirlos -afirma el director del Olca-. Además, la transnacional minera plantea que modificará el rajo de la mina para no tocar los glaciares y que ese plan minero se puede sostener, hasta el año 2017. Después de esa fecha, ¿qué? Nadie lo sabe ni se hace responsable de los riesgos". El mismo razonamiento alienta la re­sistencia de las organizaciones que opta­ron por presentar el 7 de marzo un re­curso de reclamación ante el consejo de ministros que preside la Comisión Na­cional del Medio Am­biente (Conama), pa­ra que se anule la Cali­ficación ambiental de la Corema. En esta acción participaron el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, que reúne a diferentes organizaciones de la provincia; la Coordi­nadora de Defensa del Valle Alto del Carmen (comunidades cristianas, pequeños empresarios del turismo, pequeños agri­cultores, juntas de vecinos); la Asociación de Agricultores del Valle del Tránsito; el Sindicato de Trabajadores de la Cons­trucción y la Comunidad Diaguita Huas­coaltina, que también tiene un litigio contra la minera por usurpación de tierras, indígenas. "Exigimos que la empresa presente un nuevo estudio de mpacto ambiental debido a los innumerables vacíos y contradicciones técnicas del estudio presentado por Barrick Gold", declara Mauricio Ríos, presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco. El dirigente añade que "aparte de la preocupación por los Oaciares -que no podrían quedar inmunes ante la transferencia de calor, uso de explosivos, faenas y contaminación con material particulado que producirá la actividad minera-, nos inquieta el transporte de materiales peligrosos que la empresa asegura efectuará por el lado argentino 'salvo casos de excepción' y el depósito de materiales estériles en las cercanías del nacimiento del río Estrecho, cuyas aguas terminan desembocando en el río Huasco". Se teme la percolación y acidificación del agua que sustenta la vida y la agricultura en Vallenar y Huasco. De las oficinas de la Conama, la delegación de Atacama se trasladó al comando de Michelle Bachelet para entregar a la presidenta toda la documentación. Un pesado fardo que heredó de su antecesor y que no será fácil remover en el largo camino que queda por recorrer. INVERSION A MANOS LLENAS Pero hay algo más: el estudio de impacto ambiental acogido por la Corema dejó fuera de la resolución medidas de mitigación y compensación acordadas entre la empresa transnacional y la junta de Regantes, que representa a no más de cuatro empresarios agroindustriales que concentran más del 60% de los derechos de agua de la zona. El acuerdo establecía el aporte de 60 millones de dólares y la construcción de un embalse con un costo de 5 millones. Es decir, quedó limitado a un acuerdo entre privados, sin interven­ción del Estado, lo que dejó a los regantes en una situación de incertidumbre. "Una de las políticas del gobierno de Lagos -precisa Lucio Cuenca- fue dejar que las empresas intervinieran directamente sobre la comunidad para bajar la tempera­tura de los conflictos a costa de compen­saciones económicas, cooptación y compra de conciencias". De hecho, Barrick Gold ha proporcio­nado recursos a las municipalidades, infraestructura a los colegios y capacitación a gente del valle, además de comprometer 10 millones de dólares en una fundación para proyectos de desarrollo que sería ad­ministrada con el gobierno. En total, la transnacional estaría invirtiendo alrede­dor de 100 millones de dólares para in­tentar neutralizar la resistencia a su pro­yecto. No es una suma sideral para una empresa que en 2005 tuvo utilidades so­bre los 400 millones de dólares y que pro­yecta invertir más de 3.000 millones de dólares entre 2006 y 2011 en Pascua La­ma y Aldebarán, en Cerro Casale, otra explotación aurífera situada en la III Región al interior de Tierra Amarilla, ya aprobada por el gobierno y la Conama. "La transnacional está en una fuerte etapa de expansión. Acaba de comprar otra de las grandes empresas mineras del mundo, Placer Dome, que en Chile tiene el proyecto de Cerro Casale, entre otros -afirma Lucio Cuenca-. Barrick Gold tiene 14 proyectos en desarrollo en dis­tintos lugares del mundo y Placer Dome, otros 17. Pascua Lama es parte impor­tante del proceso de especulación finan­ciera que lleva adelante a nivel internacio­nal, porque representa una de las mayores reservas de los activos de la empresa. Lo que llama la atención, por la trayectoria que tiene esta transnacional, es que pueda operar tan libremente, sin ningún cuestio­namiento del gobierno chileno acerca de sus prácticas, entre ellas mentiras reitera­das. Este caso demuestra con claridad que los Estados están subordinados a las de­cisiones que toman las transnacionales. Ellas son las que realmente mandan en el mundo”. EXPANSION DE LAS CELULOSAS En la X Región hay otro hueso duro de roer. La Planta Valdivia de Celulosa Arauco (Ceico), del grupo económico Angelini, sigue contaminando el río Cru­ces. Una mancha oscura que arrastra sedi­mentos avanza por el río Valdivia, amenazando a la población. El 40% del abastecimiento de agua de la ciudad viene de ese río. Todos los sábados en la Plaza de la República siguen las manifestaciones para exigir el cierre de la planta, y se prepara una nueva jornada nacional de protesta por los conflictos ambientales. Las grandes movilizaciones del año pasado consiguieron que el gobierno, a tra­vés de la Conama, determinara el cierre temporal de la planta. En agosto de 2005 la institución ambiental condicionó su reapertura a la reducción de la capacidad productiva aprobada originalmente -550 mil toneladas de celulosa al año- a un 80% (promedio de 440 mil toneladas anuales). "Pero se le permitió seguir des­cargando riles en el río Cruces y mantener niveles de contaminación de algunos ele­mentos químicos correspondientes al fun­cionamiento de la planta a toda capacidad -recapitula el director del Olca-. Además, la empresa debía presentar en marzo de este año un estudio sobre el impacto am­biental de la descarga de sus desechos lí­quidos en el mar, pero hasta ahora no ha logrado encontrar un lugar para instalar el ducto. Por esa razón, el gobierno le concedió un año más de plazo". Todo intento por aproximarse al mar ha sido bloqueado por comunidades costeras representadas en la Coordinación de Defensa del Mar, que agrupa a pescadores artesanales y mapuche lafkenche organi­zados desde Tirúa a Corral (de la VIII a la X Región). No sólo le han impedido a la empresa efectuar mediciones en la zona costera, sino que ésta denunció haber sido objeto de "ataques" de parte de pescado­res artesanales. "Eso motivó al gobierno a entregar los antecedentes a la justicia para que se investiguen esas acciones y se persiga a las comunidades que se mani­fiestan contra la salida al mar. Es una es­trategia de intimidación hacia las comu­nidades y de persecución a los dirigentes que la oposición busca criminalizar", acu­sa Lucio Cuenca. A su juicio, esto de­muestra el fracaso del gobierno y de Celco para encontrar soluciones que permitan normalizar la marcha del proyecto. "Lo terrible es que no hay ninguna solución de fondo al problema de los residuos líquidos, ni siquiera se ha planteado reci­clarlos. La colonia de cisnes ya no existe en el río Cruces y se está afectando a otras especies, como pejerreyes y róbalos, y el ecosistema del humedal en su conjunto", dice el abogado Vladimir Riesco, especia­lizado en derecho ambiental e integrante de Acción por los Cisnes. En febrero también fueron aprobados el emisario submarino de la planta de ce­lulosa Nueva Aldea (ex Itata), que se en­cuentra en proceso de construcción, y otro ducto de descarga al mar de la planta Constitución que hoy vuelca los riles en la playa, ambas empresas de Celco. Un manto de protección parece cubrir a Celulosa Arauco. "El mar no es un basurero inconmensurable para recibir los desechos de las plantas de celulosa, que son lejos las empresas más contaminan­tes. Esto tiene implicancia en los acuerdos que ha firmado Chile para la protección del mar, además de afectar seriamente la vida de las comunidades costeras", agrega Cuenca. Por su parte, Vladimir Riesco señala que en la zona del río Itata más de cien personas agrupadas en el Comité de Salud de Cobquecura, Sindicato de Pescadores, Comité Ecológico y otras organizaciones, hicieron observaciones cuestionando la viabilidad ambiental del proyecto, pero ni siquiera fueron consideradas en la dis­cusión de la Corema-VIII Región. En consecuencia, presentaron un recurso de reclamación ante el consejo de ministros de la Conama. Las situaciones reseñadas son nuevos flancos de conflicto, a lo que se agrega la planta de Celco en el golfo de Arauco, donde los pescadores artesanales demandaron a la empresa por la pérdida de especies marinas. Pero aún hay otra planta que proyecta instalarse en Mininco: Celulosa del Pacífico, de la CMPC (grupo Matte), con capacidad para producir 700 toneladas anuales. Este "modelo” de la industria de celu­losa, que se está extendiendo a Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador, ha sido desechado en los países desarrollados de­bido a sus irreparables impactos en el me­dioambiente. Utiliza tecnologías atrasa­das y de bajo costo que se basan en el uso de dióxido de cloro que genera dioxinas, las sustancias más contaminantes genera­das por la actividad humana y las más di­fíciles de eliminar. Por eso, en el Conve­nio de Estocolmo -firmado y ratificado por Chile- se estableció el compromiso de evitar su producción. MAL PRECEDENTE Durante la administración de Ricardo Lagos se sentaron precedentes muy negativos para el medioambiente. "No sólo no se cumplieron compromisos de los go­biernos de la Concertación, como el me­joramiento de la ley ambiental y la promulgación de una ley de protección del bosque nativo, sino que se tomaron deci­siones estratégicas como la incorporación del petcoke en plantas termoeléctricas e industrias de cemento -lo que está afec­tando la salud de la población en distintos lugares-; la ratificación del tratado minero bilateral con Argentina, que abrió las puertas a proyectos como Pascua Lama; el cambio de uso de suelo en la Región Metropolitana, que favorece la expansión de la zona urbana; la aprobación del pro­yecto Itata, después de haber sido recha­zado en la última etapa del gobierno de Frei; la etapa final de la puesta en marcha de Ralco, luego de desmontar la última resistencia pehuenche...". La lista enun­ciada por el director del Olca es larga. ¿Es posible esperar cambios con Michelle Bachelet? Ha anunciado la creación de un Ministerio del Medioambiente. "Ella firmó un acuerdo con sectores ambientalistas que la apoyan, donde se comprometió a crear un ministerio y una superintendencia de fiscalización, entre otros ocho puntos. No se pueden despre­ciar esos compromisos, pero una nueva institucionalidad no tiene sentido si con­tinúa al servicio de un modelo económico depredador de los recursos naturales. El tema es político, no institucional. Y el programa de Michelle Bachelet plantea profundizar la economía transnacionalizada orientada a la exportación, y acen­tuar algunos pilares del modelo como la actividad forestal, la minería y los mono­cultivos intensivos, tanto agrícolas como de salmones. También propone situar a Chile dentro de los diez países que pro­veen más alimentos en el mundo. Eso su­pone la explotación intensiva de recursos. Si no cambia la política, los cambios serán cosméticos y Chile continuará agotando sus recursos. La esperanza es que el nuevo gobierno abra espacios y procesos de par­ticipación para que la sociedad en conjun­to defina los destinos del país. Hasta aho­ra, los cambios y los compromisos am­bientales han sido impuestos por la movi­lización ciudadana". PATRICIA BRAVO Santiago, marzo de 2006