3 de junio de 2011

1. Chile adhirió al Convenio UPOV 78 en el año 1996. Con ello, entregó a las empresas semilleras un conjunto de privilegios y limitó severamente el derecho de las y los agricultores a reproducir las semillas. En los quince años desde entonces, la disponibilidad de variedades vegetales chilenas ha disminuido y hemos pasado a ser un país más y más dependiente de variedades y empresas extranjeras. De este modo al aprobar el Senado la adhesión de Chile al Convenio UPOV 91, se abren así las puertas a que Chile entregue aún más privilegios a las grandes empresas semilleras y deje fuera de la ley a los sistemas campesinos y de los pueblos originarios para guardar, reproducir, compartir y mejorar sus semillas. Lo que veremos en los próximos meses es una serie de iniciativas legales para permitir la privatización de todo tipo de semillas, incluidas las semillas campesinas y de plantas silvestres. Por el futuro de la agricultura y la alimentación en Chile y por el bienestar de las comunidades indígenas y campesinas en el país, las organizaciones firmantes llamamos a impulsar un proceso de oposición social amplio que impida que tales leyes se hagan realidad.

2. La adhesión a UPOV 91 está directamente relacionada con los tratados de libre comercio y es sólo un ejemplo de cómo la firma de los tratados comerciales busca imponer determinadas agendas legislativas en contra de principios básicos de funcionamiento democrático y ejercicio de la soberanía nacional. En el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, puede leerse:
   
   3. Antes del 1º de enero del 2009, las Partes deberán ratificar o adherir a:
   
   (a) la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991);
   
   Más aún, la justificación del proyecto de ley de adhesión que acaba de aprobarse dice:
   
   Por otra parte, la adhesión al Acta 1991 del Convenio UPOV, al igual que otros tratados internacionales que forman parte del sistema multilateral de propiedad industrial, fue comprometida internacionalmente por Chile en diversos acuerdos bilaterales de libre comercio (TLC).

3. La privatización de las semillas y de la capacidad reproductiva de las plantas es uno de los pilares del neoliberalismo en la agricultura. No por casualidad UPOV es un tipo de legislación que se impulsa desde la Organización del Comercio y que la International Seed Federation – la mayor organización de las empresas semilleras a nivel global- define como la “legislación base”. Decir que UPOV no tiene que ver con el neoliberalismo, porque UPOV fue fundado en 1961 “cuando no había nada de eso” es equivalente a decir que el Banco Mundial tampoco tiene que ver con el neoliberalismo porque fue fundado en 1945.

4. La adhesión a UPOV 91 y el proyecto de ley de obtenciones vegetales están íntimamente relacionados con la introducción de cultivos transgénicos al país. UPOV 91 y el proyecto de ley de obtenciones vegetales (semillas) que hoy se encuentra en el parlamento son parte de las medidas que las empresas semilleras necesitan para asegurar sus ganancias y que el país sea abierto a los cultivos transgénicos. Las transnacionales de las semillas transgénicas no quieren que pase en Chile lo que ha pasado en Argentina, donde a pesar de cultivarse millones de hectáreas de soya y maíz transgénico, las ganancias de las transnacionales no han sido las que ellas quisieran justamente porque Argentina no se ha adherido a UPOV 91 y por lo tanto, no pueden obligar a los agricultores a pagar un royalty por la reproducción de las semillas transgénicas. Con UPOV91, las empresas semilleras pueden prohibir la reproducción de variedades que ellos reclaman como propias y confiscar la producción e incluso las exportaciones de quienes no paguen los royalties que ellos exigen.

5. Las y los campesinos no deseamos privatizar nuestras semillas y no aceptamos que se privatice semilla alguna. Las semillas son un producto colectivo, social, cultural, histórico y en permanente evolución. El trabajo de mejoramiento que han hecho las empresas semilleras es insignificante en comparación al que hemos hecho los pueblos originarios y campesinos del mundo entero desde hace más de diez mil años. Ha sido nuestro trabajo de mejoramiento el que hizo posible la agricultura y el que ha producido la inmensa diversidad que hoy sustenta nuestra alimentación. Sin nuestras semillas, ni Monsanto ni Von Baer, ni el INIA, ni ninguna otra empresa hubiesen podido producir semilla alguna así como tampoco podrían producir en el futuro. Las empresas y los centros de investigación tuvieron libre acceso e hicieron libre uso de nuestras semillas, aprovechando nuestra buena fe para tomar las semillas de nuestros campos y encerrarlas en los bancos y laboratorios; no entendemos qué tipo de excusa puede llevar a pensar que ahora debemos pagarles por algo que hacen en base a nuestro trabajo de siglos. Hoy nosotros exigimos mantener un derecho histórico y presente en todas las culturas del mundo a seguir reproduciendo y cuidando las semillas sin condicionamiento alguno. Y nuestra posición no depende de si quien pretende privatizar es una empresa nacional o transnacional, un instituto de investigación o alguien de origen campesino.

6. La descripción que el Sr. Berdeguer hace de los sistemas de bancos de germoplasma no corresponde a la realidad legal ni a la práctica. Los bancos de germoplasma no permiten que comunidades campesinas o indígenas tengan acceso a las semillas que encierran y muchos de ellos han entregado parte de sus colecciones a empresas transnacionales, las que luego las han privatizado. La Vía Campesina y sus organizaciones hemos pedido una y otra vez que los bancos de germoplasma se abran para permitir la vuelta de las semillas a nuestros campos y nuestras manos, pero tal acceso se nos ha negado una y otra vez. La aprobación del Convenio UPOV 91 da bases para que las colecciones de semillas en manos de los bancos se conviertan en un buen negocio originando incentivos perversos para que las colecciones sean entregadas al sector privado, como al parecer está haciendo el actual director nacional del INIA
   
   En relación al Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos, es un sistema limitado que no nos garantiza el acceso a las semillas, que no nos protege plenamente de la privatización de las semillas y que se hará aún más limitado si Chile aprueba una ley de variedades vegetales de acuerdo a UPOV 91

7. Es absurdo decir que “cualquier persona” puede registrar una variedad como propia. El proceso de registro y de fiscalización posterior es caro y complejo. El sistema UPOV está hecho de acuerdo a las necesidades y posibilidades de las grandes empresas. No por casualidad, desde el ingreso de Chile a UPOV 78, el mejoramiento vegetal en manos de instituciones chilenas ha decaído de manera alarmante. INIA y ANASAC pasaron de ser fundamento del mejoramiento genético en el país a ser meros observadores marginales, con sólo alrededor del 10% de las variedades registradas. Más aún, ANASAC está desapareciendo como empresa nacional y está siendo comprada por Monsanto.

8. Consideramos de importancia nacional que en Chile haya mejoramiento genético para garantizar el éxito de nuestra agricultura y nuestra soberanía alimentaria en el corto, mediano y largo plazo. Ello requiere apoyar sistemas de mejoramiento descentralizado que no fomenten la privatización y monopolización de las semillas, que se basen en la diversidad y se adapten a formas sustentables de agricultura. Por sobre todo, si Chile quiere proteger y potenciar su riqueza genética, debe proteger sus fundamentos: la agricultura llevada a cabo por pueblos campesinos y originarios.

9. Por eso reiteramos que Las Semillas Campesinas son un Patrimonio de nuestros Pueblos Indígenas y Campesinos quienes históricamente las han puesto al servicio de la Humanidad para alimentar los pueblos y no para lucrar a los grandes monopolios Nacionales o Transnacionales de las Semillas.