El Ciudadano, 20 de junio de 2011

Audiencia en Tribunal Constitucional recibe a más de 40 organizaciones que rechazan Convenio Upov 91

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Durante todo el día de hoy (lunes 20 de junio) y este martes 21, el Tribunal Constitucional recibe a 50 individualidades y organizaciones sociales que expondrán sus argumentos a favor y en contra de la aprobación del Convenio Upov 91, luego que el pasado 8 de junio un grupo de 17 parlamentarios presentara un requerimiento a la instancia, solicitándole determinar la ilegalidad de dicha aprobación.

La audiencia se extenderá por dos días, dado el amplio espectro de grupos y personas que solicitaron intervenir en la instancia, a propósito del llamado que hace un par de semanas realizara el senador Alejandro Navarro -principal impulsor del requerimiento- convocando a las organizaciones en contra de la privatización de las semillas y la introducción de transgénicos a participar de esta reunión.

En la ocasión, el presidente del MAS explicó que, a juicio del Tribunal Constitucional (TC), el requerimiento satisface todos los requisitos para ser conocido y juzgado. "A nuestro juicio, hay inconstitucionalidades de fondo que ameritan que el Tribunal ponga orden, pues los tratados deben respetar la Constitución, y mucho más los derechos de las personas a la propiedad, a la igualdad y al medioambiente. Este tratado atenta contra estos derechos y por ende no se puede aprobar con trampa, saltándose el orden jurídico interno".

Dentro de los organismos y personalidades que intervendrán a favor, se encuentran la Asociación Gremial Chile Bio (Monsanto, Bayer, Pioneer y otras), Anpros A.G. (Asociación Nacional de Productores de Semillas), Claudio Barriga Cavada (asesor de Seminis, productora de transgénicos), Andrés Contreras Méndez (académico), el Comité de Fitomejoradores de Chile, Agrícola Panam Seed (ligada a Semameris, productora de maíz híbrido), entre otros.

Por su parte, dentro de las organizaciones y personas que se oponen a la aprobación del Convenio, se encuentra la Fundación Sociedades Sustentables, Organización Ciudadana Chile, las organizaciones del campo Anamuri, Ranquil, Lonco A.N.M.I., Cloc-Vía Campesina, Fundación Terram, Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de la Región del Bio Bio, Red Socioambiental de Valparaíso y Agrupación Tierra Nueva de Limache, la Comunidad Indígena Aymara de Ancovinto, Angelo Carrasco, alcalde de Putre, entre una decena más.

ASUNTO DE SOBREVIVENCIA

"Hemos viajado más de 600 kilómetros, desde Wallmapu, para manifestar nuestro profundo rechazado a la implementación de este convenio, porque pone en peligro nuevamente la vida de nuestro pueblo. En nuestra filosofía, no cabe que alguien quiera apropiarse de las semillas, de la riqueza natural que nos ha dado nuestra madre Tierra y hemos utilizado por siglos", explica Domingo Marileo, representante de una coordinación amplia de organizaciones mapuche de Panguipulli al sur.

"No nos cabe en nuestra mentalidad que cuando tengamos que hacer nuestras convivencias, ceremonias sagradas con canelos, maquis, araucarias, o el intercambio de la semilla, tengamos que pagarle a alguien. Por eso, esta ley no es compatible con la vida del pueblo mapuche", continúa el también lonko de la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda y representante de Nehuen Domo.

Por su parte, Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), indica que no es posible quitarles el patrimonio de las semillas a los pueblos originarios, "a los genetistas autóctonos, que han tenido relación ancestral con éstas por generaciones y que la ley amenaza la sobrevivencia de los campesinos y pueblos indígenas".

"Antes nos quitaron los territorios, ayer nos quitaron el agua y ahora nos quitan las semillas, condenándonos a la dependencia absoluta de las transnacionales", afirma.

"Nosotros rechazamos este convenio mientras no haya un debate real, con información clara para toda la comunidad. El Upov es parte de un conjunto de legislación que busca introducir los cultivos transgénicos, por un lado, pero también, la apropiación por la vía del registro de especies vegetales y de semillas. Eso es hipotecar la vida, las posibilidades de desarrollo alimentario y el patrimonio genético del país", afirma Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), organismo perteneciente a versión nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP AL Chile), junto a otras organizaciones sociales y ambientalistas.

La intervención de esta Red señala, entre diversos elementos, que el Convenio colisiona con el artículo 1º de la Constitución, referido a la igualdad de los derechos.

"La Constitución asevera que el Estado debe asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (…) Sin embargo, las disposiciones de este convenio arrebatan a los campesinos e indígenas los derechos que siempre tuvieron sobre sus especies y que les eran reconocidos en la versión anterior de este convenio, del año 1978?, y en cambio, entregan a los obtentores (grandes empresas) los súper poderes respecto del monopolio de la semilla", indicaron en su presentación.

Según fuentes de las organizaciones en contra del Upov 91, el pronunciamiento del TC en relación a la ilegalidad del Convenio debiese ocurrir pronto. Sin embargo, indican que el escenario es complejo, ya que la mitad de los ministros se mostrarían a favor, incluido el actual presidente, Marcelo Venegas.