05 de Julio de 2012

El martes 3 de julio, Cajamarca fue víctima de una brutal represión que trajo consigo 4 muertos, 30 heridos y 9 detenidos, entre ellos Marco Arana, incansable defensor de los derechos humanos y promotor de la lucha no violenta en la defensa territorial, cuestión que ha promovido manifestaciones de repudio al gobierno de Ollanta Humala en todo el mundo.

Una delegación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y de la Oficina de JPIC.Sociedad Misionera de San Columbano, entregó esta mañana una carta en la embajada de Perú en Santiago, dirigida al embajador Carlos Pareja Ríos, exhortando a que cese la represión institucional en Cajamarca, se libere a todos los detenidos, se establezcan los responsables de las muertes y se restituyan las libertades básicas restringidas por el decreto de Estado de Emergencia que ya entra en su cuarto día.

Lucio Cuenca, director del OLCA señaló que el gobierno de Ollanta Humala está pasando por sobre derechos universales de los ciudadanos en pos de garantizar las inversiones de la empresa norteamericana Newmont, en una aventura minera que las comunidades rechazan porque ya conocen la devastación de esta actividad luego de años de convivir con la gigante Yanacocha de la misma transnacional. Cuenca expresó: “si bien celebramos que Marco Arana haya sido puesto en libertad ayer en la noche, la brutal golpiza que recibió en la comisaría y la inexistente razón para su detención, nos deben poner en alerta en torno a cómo están operando las autoridades para posibilitar proyectos de muerte en los territorios. Marcos Arana es parte del directorio de OCMAL y sentimos que una agresión a su persona es una agresión a las más de 50 organizaciones del continente que integramos la red OCMAL, del mismo modo que la criminalización con resultado de muerte de 4 cajamarquinos, la sentimos como una atentado a todas las comunidades que defendemos el agua y la vida en este continente cuyas autoridades han optado por el extractivismo contra la voluntad de los pueblos”.

En la misiva, las organizaciones solidarizaron con las familias de las 4 nuevas víctimas que arroja la criminalización de quienes se oponen a la megaminería en el vecino país y exigieron se sancione a los responsables de estas muertes, apoyando en todo momento las legítimas demandas de la provincia de Cajamarca.

“Manifestamos nuestro completo apoyo y compromiso con el grito de ¡conga no va!, consigna de dignidad, organización y convicción colectiva que refleja nuestras propias luchas y se articula con nuestros argumentos de rechazo a la megaminería química en nuestra cordillera”, concluye el documento recepcionado hoy por la embajada de Perú.

Comunicaciones OLCA


Texto completo de la carta:

Santiago, 5 de julio de 2012

Señor
Carlos Pareja Ríos
Embajador de Perú en Chile
Presente

Por medio de la presente venimos a manifestar nuevamente nuestra honda preocupación por el modo de actuar del gobierno peruano frente a las legítimas demandas del pueblo de Cajamarca. Se vive un clima tenso en la zona, con treinta y cinco días de Paro Regional lndefinido en la provincia, las unidades educativas cerradas, cuatro personas muertas en las últimas horas, la golpiza que recibieron dos abogadas por defender los Derechos Humanos, innumerables detenidos y ahora la detención -sin provocación alguna- y golpiza del Padre Marco Arana.

Es impresentable el modo de operar del gobierno de Ollanta Humala, toda vez que prometió revisar los contratos contraídos por Perú con las megaempresas y salvaguardar el medio ambiente frente a la embestida extractivista; sin embargo, solo ha sido un continuador y profundizador de las políticas de muerte y restricción de libertades para las comunidades amenazadas en sus garantías constitucionales básicas.

Exigimos se respete la integridad de todos los detenidos por defender la vida, la salud y un medio ambiente libre de contaminación, y se investigue de forma exhaustiva la detención y brutal golpiza al Padre Marco Arana y se sancione a los responsables.

Solidarizamos con las familias de las tres nuevas víctimas que arroja la criminalización de quienes se oponen a la megaminería en el vecino país y exigimos se sancione a los responsables de estas muertes.

Exigimos se termine con la restricción de libertades en las tres provincias en las que se ha decretado Estado de Emergencia, con el único objeto de debilitar la contundente manifestación ciudadana a favor de la vida, generar un clima de impunidad y posibilitar el desarrollo de proyectos letales para las comunidades.

Manifestamos nuestro completo apoyo y compromiso con el grito de ¡Conga no va!, consigna de dignidad, organización y convicción colectiva qge"'i nuestras propias luchas y se articula con en nuestra cordillera. nuestros argumentos de rechazo a la megaminería

Lucio Cuenca Berger
Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA

Cesar Padilla Ormeño
Coordinador
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina - OCMAL





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