- Guatemala:
Masacre de indígenas en Totonicapán

06 de Octubre de 2012

Piden destitución de ministros de Gobernación y Defensa por masacre de indígenas

Durante una manifestación que realizan diversas organizaciones sociales frente a Casa Presidencia, el Comité de Unidad Campesina (CUC), pidió la destitución de los ministros de Gobernación y Defensa, Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto, respectivamente.

- Autoridades y pobladores del departamento guatemalteco de Totonicapán responsabilizaron al Ejército de la muerte de siete indígenas que protestaban el jueves contra el gobierno, y cuyos cuerpos eran sepultados este viernes en un ambiente de indignación.

"Nosotros estábamos protestando pacíficamente y el Ejército llegó con la Policía y nos disparó", afirmó a la AFP Miguel Tsuban, de 25 años, quien durante los disturbios resultó con un golpe en la frente, minutos antes de que autoridades del municipio le ordenaran no dar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, sus declaraciones coinciden con las de Gilberto Pérez, presidente de la Asociación de Alcaldes Indígenas de Totonicapán, quien señaló a medios locales que agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y del Ejército fueron los que dispararon contra los manifestantes.

"Nosotros siempre hemos alzado la voz, pero nunca hemos incitado a la violencia. Nuestra manifestación era pacífica y la gente que nos acompañó no llevaba armas de ningún tipo", aseguró Pérez durante una entrevista a un radionoticiero local.

Miles de indígenas de 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, bloquearon el jueves varios tramos de la carretera interamericana para protestar contra el alza de las tarifas del servicio de energía eléctrica.

En determinado momento, sin que se conozcan las causas, un grupo de militares abrió fuego contra los manifestantes causando la muerte a seis e hiriendo a más de 30, según informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión, pero prometió que el incidente sería investigado.

El sitio en el que se produjo la matanza fue visitado por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien luego de un rastreo por el lugar encontró varios casquillos de munición 5.56 para fusiles M-16, utilizados por el Ejército.

"Es una indignante situación que pasó con los hermanos de Totonicapán, aprovechamos para hacer un recorrido en la escena del crimen. Yo estaba en El Salvador, pero regresé ayer mismo y hablé con los dirigentes de las comunidades de Totonicapán", afirmó Menchú a la AFP.

Mientras tanto, en la plaza central de Totonicapán, unos 6.000 pobladores acompañaban a familiares de las víctimas, gritando "¡Ejército asesino!", "¡malditos soldados!" y exigiendo investigar y castigar a los militares responsables de la masacre.

Los seis féretros con los cuerpos de las víctimas fueron colocados en el centro de la plaza central, donde un sacerdote maya y autoridades locales encabezaron una sencilla ceremonia.

El ambiente era muy tenso en este poblado predominantemente indígena, al punto de que dos alcaldes pidieron a los periodistas nacionales y extranjeros que se retiraran del lugar, porque no los querían allí.

La agresión por parte de las fuerzas públicas fue condenada por diferentes organizaciones de derechos humanos, que exigieron al Estado que realice una "investigación minuciosa" del caso.

Mientras ocurrían los incidentes, el primer mandatario se reunía en Casa Presidencial con los líderes de los comunitarios para discutir sobre sus demandas.

El Consejo Político 13 Baktún, constituido por actores sociales y políticos mayas, instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar de manera permanente los hechos de represión, militarización y persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del país.

(Foto Diario Co Latino/AFP/Johan Ordóñez)

Dirigentes de estas organizaciones anunciaron movilizaciones para el próximo domingo en la ciudad capital. Al mismo tiempo difundieron una

Carta abierta pidiendo la destitución de los ministros de gobernación y defensa nacional

El texto de la carta es el siguiente:

Nosotros y nosotras, estudiantes, académicos, activistas y todos los indignados e indignadas por los hechos ocurridos en Totonicapán el día 4 de octubre de 2012, nacionales y extranjeros, manifestamos nuestro repudio por la violencia utilizada por el Gobierno de Guatemala para reprimir una manifestación pacífica organizada por los 48 cantones de Totonicapán, en la que expresaban su opinión respecto de la propuesta de reformas constitucionales, la modificación de la carrera magisterial y el alza de la tarifa eléctrica.

Para la comunidad nacional e internacional, a pesar de las declaraciones oficiales presentadas por el mandatario, Otto Pérez Molina, y sus ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto respectivamente, así como la ambigüedad con la que está procediendo el Procurador de Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, está claro que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala arremetieron contra los manifestantes con abuso de violencia. Mientras las autoridades de los 48 cantones se encontraban en Ciudad de Guatemala para iniciar una reunión de negociación con el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas públicas reprimieron a los manifestantes que se encontraban en la carretera Interamericana, disparando a quemarropa contra la población y dejando un saldo de ocho muertos y treinta y cuatro personas heridas –de las cuales treinta sufrieron heridas de arma de fuego mientras que los otros cuatro sufrieron intoxicaciones por los gases lacrimógenos. Asimismo, según testimonio de los pobladores, mientras esto sucedía se sobrevolaba el área con helicópteros militares para intimidar a los manifestantes y para reaccionar bélicamente en caso que fuera “necesario”.

A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala muestra claramente que este tipo de “operaciones” sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina como Mauricio López Bonilla tienen vasta experiencia. Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, estudiantiles, etc. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente. En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser “criminales” y “terroristas”, en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el “orden público” y la “anarquía”, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por “orden” y “anarquía”? Para él, el “desorden público” y la “anarquía” empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un “enemigo interno” al que hay que controlar y eliminar.

Denunciamos la mentira con la que se ha estado manejando la información tanto por las entidades oficiales como por los medios de comunicación social –nacionales e internacionales. Respondiendo a la lógica contrainsurgente antes expuesta, los funcionarios de gobierno han dicho que las fuerzas de seguridad no portaban armas, pero existen fotografías que claramente muestran lo contrario. Posteriormente Otto Pérez Molina ha confirmado que los efectivos policiales y militares sí portaban armas, y que hicieron uso de las mismas respondiendo a “provocaciones” de la población, “disparando al aire” supuestamente en defensa propia. Ahora bien, ¿por qué la gente que se manifestaba iniciaría un enfrentamiento contra la policía y el ejército, sabiendo de antemano su superioridad militar?, ¿qué obtendrían con ello si las autoridades de los 48 cantones estaban ya por iniciar la reunión con el mandatario? Vemos entonces cómo las declaraciones de los funcionarios públicos muestran su intención de evadir su responsabilidad y en su lugar, culpar a la población de la violencia acontecida.

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, nos unimos a las demandas expresadas en comunicados de distintas organizaciones y de la sociedad civil, anexos a esta carta (ver archivo adjunto), y además EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, LA INMEDIATA DESTITUCIÓN DE LOS MINISTROS DE GOBERNACIÓN, MAURICIO LÓPEZ BONILLA, Y DE DEFENSA NACIONAL, ULISES NOÉ ANZUETO.

Finalmente nos solidarizamos con el pueblo de Totonicapán haciendo nuestro también el dolor causado por los compañeros asesinados como por la represión y el terror vivido y revivido en estos días. Asimismo apoyamos las justas demandas de los hermanos y hermanas del pueblo de Totonicapán y las decisiones que tomen las autoridades de los 48 cantones.

http://www.diariocolatino.com

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