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- Brasil:
Los terratenientes acusados podrían ser condenados a 15 años de cárcel

22 de Noviembre de 2012

Indígenas brasileños denuncian contaminación del agua en sus territorios


La Fiscalía de Brasil le pidió ayer a la policía que investigue las denuncias según las cuales el arroyo Ypo’i, principal fuente de agua de una comunidad indígena del Mato Grosso, fue envenenado de forma intencional por hacendados interesados en expulsar a los indios de esas tierras.

El organismo solicitó que la policía federal abra una investigación para establecer la veracidad de las denuncias y que se envíe con urgencia un equipo profesional para que analice la condición sanitaria del agua, según un comunicado divul­gado por el Ministerio Público Federal en el estado de Mato Grosso do Sul.

La supuesta contaminación de la fuente de agua fue denunciada el 14 de noviembre por los miembros de la comunidad Ypo’i, que pertenecen a la etnia guaraní y ocupan una tierra en disputa en Paranhos, municipio fronterizo con Paraguay.

Espuma blanca

La investigación fue ordenada una semana después de que los líderes de la comunidad de­nunciaran ante la Fundación Nacional del Indio (Funai) la aparición de gran cantidad de espuma blanca que cubría toda la superficie del arroyo.

Los indios utilizaron un celular para tomar fotografías y grabar videos de la espuma y recogieron muestras de agua que enviaron a la Funai y a la Fiscalía.

Los líderes de la comunidad aseguran que dos grandes contenedores fueron vaciados en 
el arroyo.

“El objetivo es establecer si ocurrió o no la contaminación e identificar a los responsables”, explicó el Ministerio Público.

De acuerdo con un comunicado de esta cartera, si la denuncia es comprobada, los responsables podrán ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel por los delitos de envenenamiento y contaminación de agua potable.

La comunidad ocupa desde 2010 parte de una hacienda privada y piden que el terreno sea expropiado y convertido en reserva por considerarlo sagrado para sus ancestros.

En abril, un tribunal suspendió una orden de desalojo solicitada por los propietarios de 
la hacienda y estableció el plazo de un año para que el Estado se pronuncie sobre la reivindicación de los indios.

Según el Consejo Indigenista Misionero, una comisión del episcopado de la Iglesia Católica, desde 2009 fueron asesinados tres indios de esta comunidad por defender su derecho a las tierras en disputa.

De acuerdo con un comunicado de la organización no gubernamental Survival, la hacienda en cuestión pertenece al terrateniente brasileño Firmino Escobar, al que acusan de haber bloqueado hace dos años todas las entradas al territorio ocupado por los indios y cortado, de esa forma, el acceso a agua, comida y atención médica.

“Los guaraníes llevan demasiado tiempo soportando una campaña de terror sostenida y maliciosa para mantenerlos 
fuera de la tierra que legítimamente les pertenece. Los culpables de este último acto, cruel y perverso, tienen que ser llevados ante la Justicia”, afirmó el director de Survival International, Stephen Corry.

Fuente:
http://www.efe.es

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