Belo Monte: Trabajadores rehenes en obras millonarias en la Amazonia

- Brasil:
Fuerza Nacional actúa como seguridad del consorcio de Belo Monte

08 de Noviembre de 2013

Belo Monte: Trabajadores rehenes en obras millonarias en la Amazonia

Muertes en Maranhão, trabajadores forzados por soldados de la Fuerza Nacional a permanecer en obradores de Belo Monte. Acusados de violar derechos laborales, megaemprendimientos reciben financiamiento del BNDES

- "Nosotros fuimos a alojarnos en el medio de la Amazonia, sin parientes, sin transporte. Sin nada. El transporte que teníamos era de la empresa. Pero cuando había una huelga, ellos cerraban inmediatamente el transporte. Nadie entraba, nadie salía en la portería. Si alguien salía, se le retenía el carnet, como ocurrió con nosotros, y era expulsado”, dice Adailson Silva, ex-empleado en la puerta de entrada de la obra de Belo Monte.

La hidroeléctrica de Belo Monte, en construcción, está ubicada a unos 70 km de la ciudad de Altamira, en el municipio Victoria do Xingú, en el estado de Pará. El obrador de la obra pública más cara y controversial de Brasil está constituido por cuatro sitios: Belo Monte, Canales y Diques, Pimental y Bela Vista. Allí, se forman casi ciudades paralelas, con transporte y alimentación suministrados por el Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM) y comercios dentro de los obradores.

En la construcción de Belo Monte, hay 20 mil trabajadores (datos de septiembre de 2013, del Consorcio Norte Energía), oriundos de lugares cercanos como Belém, y de otros muy lejanos, como Río de Janeiro, San Pablo, y hasta de Haití. En turnos, los equipos trabajan24 horas por día para acelerar la conclusión de la obra, con descanso sólo los domingos.Son personas que viven dentro de la obra, en los alojamientos, y que pasan meses lejos de sus familias hasta que reciben el permiso de visitarlas (según Adailson Silva, trabajadorentrevistado para este reportaje, la empresa sólo cumple el acuerdo de tres meses mínimos para la visita si los trabajadores lo exigen con el contrato en la mano).

Las frecuentes protestas –de activistas, de comunidades indígenas, de ribereños– y las huelgas de los mismos trabajadores crean una rutina emocionalmente extenuante, que se suma al estrés físico del trabajo.

Por ello, el 6 de abril de ese año, después de sucesivos conflictos y cuando otra manifestación eclosionó en el sitio de Pimental, Adailson Silva, de 32 años, quiso huir. Él había dejado su ciudad, Belém, su familia y su ocupación de peluquero con la promesa "de un trabajo bueno y de tener derechos”. Nunca había trabajado en obras del porte de Belo Monte. Se registró en Belém mismo, donde la empresa realizaba el reclutamiento.

La comunicación precaria, en esas situaciones de conflicto, como relata Adailson, era otro agravante. "Cuando hay alguna cuestión ahí dentro, algo complicado, como una huelga de indios, de empleados, cortan la señal [del celular] de todo el mundo”, denuncia. "Ellos [el consorcio] hacen eso pa’ que la gente no se manifieste. No tiene explicación. Ahí, vea: [la empresa] no se manifiesta pa’ dar un refugio, pa’ defender a alguien, dar una sugerencia, una opinión, nada. No aparece pa’ nada. Usted está por causa de los manifestantes, por causa de los indios, usted queda a su mercé’. Ellos prohíben que la gente salga de allí porque el transporte del que dependemos es de la empresa”, denuncia. De acuerdo con el Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM), la situación se produce por el hecho de que la obra está instalada en un "área remota de la Amazonia”. "Podemos asegurar que la interrupción de los servicios, en el 100% de las casos, está motivada única y exclusivamente por aspectos técnicos”, dice la empresa.

El 6 de abril, a la una de la mañana, cerca de cumplir seis meses de trabajo en Belo Monte, Adailson fue coaccionado para ser parte de una caminata organizada por huelguistas del sitio donde estaban, Pimental, hasta el próximo obrador, Canales y Diques. El objetivo era convocar a los trabajadores del otro sitio a participar en la huelga. "Ellos [huelguistas] llegaron allá diciendo que quien no fuese, iban a prender fuego a los alojamientos. Que quien no fuese, cuando ellos volvieran, ellos decían así, bien claro: ‘ustedes van a ser golpeados’. ¿Cómo que no va a ir?”, cuenta con las maneras y el acento peculiar marcado del norteño paraense.

"Yo y algunos compañeros tomamos algunos bolsos de ropa y caminamos junto con ellos. ¿Por qué? Pa’ poder pasar donde estaba cerrado y tomar un ómnibus allá en el frente e ir pa’ la ciudad donde ya había gente de la primera huelga. No sabíamos nada, lo que iba a ocurrir, ¿sabe? Nosotros procuramos encontrar un refugio”.

Después de cinco horas de caminata en dirección al sitio de Canales y Diques, con hambre y sed, Adailson y sus compañeros sólo querían volver al obrador. Fue cuando la Fuerza Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, presente desde marzo en Belo Monte y alojada en la obra, paró a los trabajadores que estaban dentro de un ómnibus de la empresa que venía de Altamira en dirección al obrador de Pimental.

Fuerza Nacional actúa como seguridad del consorcio de Belo Monte

Funciona en Derivación Canal de la central hidroeléctrica de Belo Monte se construye en Altamira, Pará - Foto Gobierno Federal - Divulgación (diciembre de 2011)
En el medio del camino, la Fuerza Nacional bloqueó el paso del ómnibus y obligó a los trabajadores a descender. "Ahí sacaron fotografías nuestras. Fotografiaron a todo el mundo. Y nos sacaron el carnet. Desde el momento en que ponen el carnet en el bolso, listo, nosotros estamos en la calle, ¿entiende? No querían dejarnos ir a buscar ni siquiera nuestras pertenencias en la obra. Y había personas que estaban viniendo del médico, en el mismo ómnibus, porque el único transporte que hay es el transporte de la empresa”, dijo.

Según el CCBM "contrataciones y desligamientos ocurren diariamente, en virtud del gran volumen de empleados. Pero no hubo, en ninguna situación, el desligamiento motivado simplemente por la salida de empleados de ninguno de los obradores del CCBM”.

"Hubo personas que corrieron, que consiguieron huir, precisando del empleo, claro, pero fueron pocas personas. Yo no tenía como correr, ellos [la Fuerza Nacional] estaban armados. Inclusive dispararon atrás de los que corrieron para no entregar el carnet”, explicó Adailson.

La Fuerza Nacional, creada en 2004, está subordinada al Ministerio de Justicia, que en marzo de este año autorizó su presencia en el obrador para prevenir la invasión de manifestantes. Como afirma el propio consorcio, en respuesta a la Pública, por e-mail. "Lo que motivó la decisión ministerial fue la secuencia de acciones violentas promovidas por: 1) Instituciones sindicales ajenas a los empleados del CCBM; 2) ONGs; 3) Indígenas. Desde 2011, diferentes grupos promovieron decenas de actos de vandalismo contra bienes móviles e inmuebles bajo responsabilidad del CCBM. No es raro que esas acciones pongan en riesgo la seguridad de nuestros empleados –que es prioridad número uno para el Consorcio Constructor Belo Monte”.

En julio de este año, la autorización fue prorrogada hasta enero de 2014. En febrero, según el movimiento Xingú Vivo para Siempre el Consorcio Constructor Belo Monte había infiltrado un ex-empleado en el movimiento, que primero había sido readmitido con la propuesta de detectar a líderes obreros que podrían organizar huelgas dentro de los obradores.

Hasta el cierre de este reportaje (8 de noviembre), el Ministerio de Justicia no se pronunció sobre el hecho de que la Fuerza Nacional sea usada para reprimir manifestaciones de trabajadores en la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

En razón del despido sin justa causa, de daños morales causados por el uso de la Fuerza Nacional y otros incumplimientos legales –como desvío de función y horas extras– Adailson y otros siete trabajadores accionaron en la Justicia del Trabajo de Pará contra el Consorcio Constructor Belo Monte. De los ocho reclamos laborales, seis ya fueron juzgados en primera instancia y tres ganaron la causa de daños morales. Todos fueron exitosos en relación con los pedidos de horas extras.

"Cuando hubo personas que reivindicaron, que reclamaron alguna cosa en contra de eso, contra la Fuerza Nacional, contra la seguridad, de la gente, que nosotros no estábamos recibiendo nada, que estábamos lejos de los parientes, lejos de casa, lejos de todo, que estábamos a su mercé’… En ese momento la empresa te da la espalda. Estoy diciendo la verdad”, dice Adailson todavía con indignación en la voz. "Pero si hoy salen 300, mañana llegan 400. Para ellos eso es normal”.

Justicia condena préstamo del BNDES para Belo Monte

La megaoperación de Belo Monte es la principal pieza en una estrategia millonaria de inversiones del BNDES en la Amazonia. Son más de R$ 25.000 millones acordados sólo para la hidroeléctrica a través de contratos firmados entre los años 2011 y 2012. Belo Monte, inclusive, sólo es realidad gracias al dinero del BNDES –el banco financia el 87% del total previsto para la usina, según datos del Ministerio de Planeamiento.

Todo ese dinero llegó a ser congelado recientemente por la Justicia que, el 25 de octubre de este año, ordenó que el BNDES no enviara más ningún centavo a Belo Monte. El motivo: la obra no cumplió las condiciones de la Licencia Previa, emitida por el Ibama. La decisión fue del juez de apelación Antonio Souza Prudente, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1), en Brasilia, a partir de una presentación del Ministerio Público Federal (MPF), de 2011.Mientras tanto, cinco días después, la Abogacía General de la Unión (AGU) hizo caer la medida cautelar, las obras fueron reiniciadas y el envío de fondos fue nuevamente autorizado. Bajo la justificación de secreto bancario, el BNDES se rehusó a divulgar la cantidad ya enviada a Belo Monte, postura que se repite para cualquier obra ejecutada por agentes privados.

La lista de financiamientos del BNDES en obras de infraestructura en la Amazonia sigue con otros varios emprendimientos millonarios acusados de infringir la legislación laboral; algunos inclusive involucran muertes de obreros. Uno de los ejemplos emblemáticos es la construcción de una unidad productora de celulosa en la zona rural del municipio de Imperatriz, en Maranhão, obra que va a consumir sola más de R$ 3.200 millones sólo de contratos con el BNDES. Por lo menos tres personas murieron en la construcción de la unidad, propiedad de la Suzano, la segunda mayor productora de celulosa de eucalipto del mundo y líder en papeles blancos en América del Sur.

En Maranhão, obreros mueren y MPT procesa a obra de miles de millones

El 13 de julio de este año, el obrero Jeferson Hugo Souza, de 23 años, fue herido durante el retiro de un equipamiento metálico de un container en la construcción de la unidad productora de celulosa de la Suzano. Llevado al hospital, murió por shock hipobolémico (hemorragia) y lesión cardíaca. En aquella época, la Suzano divulgó una nota de pésame en la que afirmaba que la empresa Imetame Metalmecánica, responsable de la contratación de Jeferson, tomaría todas las medidas para dar asistencia a la familia del obrero y que ambas empresas se solidarizaban con los familiares, los compañeros de trabajo y la comunidad de Imperatriz.

La muerte de Jeferson no fue la única en el obrador de la Suzano. En septiembre de 2012, durante el montaje de una caldera de más de 100 metros de altura, varios trabajadores fueron apretados por una pieza metálica cargada por una grúa. Murieron Gilmar Pereira Norberto, de 26 años, y Jornande Pereira, de 31, empleados de Irmãos Passaúra, contratada por la Metso, empresa finlandesa y una de las prestadoras de servicio en la construcción de la usina. Otros tres trabajadores también quedaron heridos después de la caída de otra pieza. Nuevamente, las empresas involucradas divulgaron una nota afirmando que tomarían las medidas necesarias.

Las sucesivas muertes de trabajadores fueron uno de los motivos que llevaron al Ministerio Público del Trabajo de Imperatriz a ingresar una Acción Civil Pública, en agosto de este año, contra la Suzano, la Imetame y la Metso. La Suzano y la Metso fueron condenadas a una multa de R$ 50 millones por daño moral colectivo. Imetame, que se había rehusado a firmar un Término de Ajuste de Conducta con el MPT, fue obligada a resolver diversas fallas de seguridad y corregir infracciones a la legislación laboral bajo una multa de R$ 50 mil por día por ítem incumplido. En una nota, la Suzano afirmó que "está a disposición de las autoridades para ofrecer las aclaraciones necesarias” y cree "que todas las exigencias legales serán debidamente cumplidas por sus contratadas.” La empresa también afirmó que las "prestadoras de servicio fueron elegidas al final de un riguroso proceso de selección y los contratos prevén la ejecución de las obras en estrecha observancia de la legislación vigente.”

De hecho, los problemas en la usina de la Suzano ya eran conocidos desde hace casi dos años. En febrero de 2012, el MPT ya había constatado irregularidades que iban desde la ausencia de señalización y aislamiento en áreas de movimiento de cargas hasta la falta de utilización de equipos de protección individual. Había además problemas de jornadas de trabajo prorrogadas más allá del límite legal o falta de respeto de asuetos y feriados. En noviembre de 2012, una segunda fiscalización del MPT encontró más fallas, como la utilización de cables de acero que produjeron quebradura de piernas, precariedad en el entrenamiento contra accidentes y, nuevamente, ausencia de señalización en áreas de riesgo. En total, sumando una tercera fiscalización realizada en julio de 2013, se registraron 57 irregularidades en el obrador de la Suzano, buena parte relacionada con la seguridad laboral. El emprendimiento llegó a tener 13 mil trabajadores y está previsto que se inaugure en 2014.

El problemático tablero de inversiones del BNDES en la Amazonia

Los problemas laborales no son exclusividad de Belo Monte y de la usina de la Suzano en Imperatriz. Al contrario: si seleccionamos sólo los 20 mayores financiamientos del BNDES en infraestructura en la Amazonia desde 2008, es posible encontrar acciones judiciales de los MPT en por lo menos 12 de esos 20 emprendimientos, según relevamientos preliminares de los MPT estaduales.

La hidroeléctrica de Ferreira Gomes (R$ 470 millones del BNDES), en Amapá, por ejemplo, precisó firmar un Término de Ajuste de Conducta para regularizar el pago de horas extras, adicionales por insalubridad y peligrosidad, regularizar el transporte para los trabajadores de otros municipios y hasta dejar de lado prácticas de asedio moral. La empresa responsable de la construcción de la hidroeléctrica fue incluso blanco de una Acción Civil Pública con pedido de indemnización por daños morales colectivos después de accidentes.

Sólo las hidroeléctricas de Jirau (R$ 9.540 millones del BNDES) y Santo Antônio (R$ 6.130 millones del BNDES), en Rondonia, acumulan, juntas, 22 procesos juzgados por la Procuraduría del Trabajo de la 14ª Región contra gigantes como Odebrecht y Camargo Correa, entre otras.Desde 2008, cuando las obras comenzaron, hasta octubre de 2012, 13 hombres murieron en la construcción de Jirau y Santo Antônio.

La Odebrecht también fue blanco de dos Acciones Civiles Públicas durante la construcción de la usina de Dardanelos (R$ 480 milones del BNDES) y una acción relacionada con la hidroeléctrica de Teles Pires (R$ 2.860 millones del BNDES), ambas en Mato Grosso. En la hidroeléctrica de Estrecho (R$ 2.690 millones del BNDES), entre Tocantins y Maranhão, el MPT procesó tres procedimientos.

Y no son sólo las obras de las hidroeléctricas las que provocan acciones de MPT entre los emprendimientos financiados por el BNDES. La construcción del gasoducto Coari-Manaus, de la Transportadora Asociada de Gas (TAG) (R$ 691 millones del BNDES), tiene un procedimiento abierto en el MPT/AN para investigar posibles irregularidades de pagos, duración de la jornada de trabajo y descanso semanal, entre otras cuestiones. Las Centrales Eléctricas de Pará – Celpa (R$ 449 millones del BNDES para el plan de inversiones 2009-2011) fueron blanco de tres Acciones Civiles Públicas del MPT de la 8ª región, que representa a Pará y Amapá. América Latina Logística (R$ 691 millones del BNDES para expansión y modernización de la red ferroviaria) fue blanco de una acción civil pública del MPT/MT. El puente sobre el Río Negro, en el Amazonas, comenzó a ser investigado en 2011 para averiguar condiciones sanitarias y de comodidades en el lugar de trabajo. El proceso fue archivado.

La lista de problemas laborales puede ser todavía mayor, ya que algunos MPT no ponen sus acciones a disposición de sistemas de indexación, como por ejemplo el MPT del Maranhão. Hasta el cierre de este artículo, la asesoría del MPT no había conseguido filtrar las informaciones de diversos emprendimientos financiados por el BNDES en el Estado, como las inversiones en la Compañía Energética del Maranhão (Cemar) o las obras de la Eneva (antigua MPX, de Eike Batista) en las termoeléctricas de Parnaíba y Puerto de Itaqui.

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Por Bruno Fonseca y Jessica Mota
Traducción: Daniel Barrantes

Fuente:
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78631

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