Cuando los transgénicos acaban con un pueblo

- Paraguay:

10 de Agosto de 2014

Cuando los transgénicos acaban con un pueblo

Las recientes inundaciones en Paraguay muestran un país, cuya tierra está regada con sangre, en el que el agronegocio está acabando con los bosques y con el modo de vida de miles de personas.

- Rojiza es la tierra en Paraguay. Un tono que define no sólo la fertilidad de este territorio de abundante agua, sino que sintetiza el drama que vive gran parte de su población. Rural y latifundista, gran parte de los habitantes no tiene acceso a la tierra. No tienen acceso a nada, en realidad. "En Paraguay, hablar de la tierra es hablar de la democracia", incide el abogado Hugo Valiente.

Ataque a una vivienda para forzar al desalojo de la familia. - (Foto: Luis Alberto Wagner)

El guaraní es el país con mayor concentración de tierras del mundo: el 85% del territorio está en manos del 2,6% de los propietarios, gran parte foráneos. Unas cifras que dejan claro el estado de la democracia, de la economía y de la sociedad. También el color de su tierra. "Paraguay, junto a Honduras, es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de élites oligárquicas del siglo XIX", añade Valiente. Tras el paréntesis de los años del Gobierno del exobispo Fernando Lugo, el Partido Colorado ostenta de nuevo el poder desde 2013, cuando retomó sus 61 años de control, 35 de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, a quien apoyaban.

La fértil tierra paraguaya, su despoblado territorio (en un tamaño similar al de España viven poco más de 6,5 millones de personas), la abundancia de agua, la laxitud legal así como la connivencia de los poderes económicos, políticos y judiciales esbozan un país modelado por y para el agronegocio. "El principal problema social es la distribución de la tierra. La economía es eminentemente agraria y de producción agropecuaria", recuerda Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty.

Ya han pasado dos años desde la abrupta expulsión de Lugo tras la masacre de Curuguaty y la situación ha empeorado. La sangre derramada aquel día demuestra de la importancia de la tierra en este Estado encogido en el corazón de Suramérica. Y también de su color. El 15 de junio de 2012, el violento desalojo de unos terrenos llamados Marine Kue terminó con la muerte de 11 campesinos y 6 policías. Las ocupaciones como medida de presión son habituales en Paraguay, pero aquel día fue distinto. En la posterior operación policial participaron cerca de 300 efectivos armados incluso con granadas; hicieron su aparición en escena con ambulancias y helicópteros para reprimir una ocupación de no más de 90 campesinas y campesinos desarmados, a quienes acompañaban muchos niños.

¿De quién eran los terrenos? Ahí está el trasfondo: mientras la empresa sojera Campos Morombí, propiedad del ya fallecido expresidente del partido Colorado Blas Riquelme, afirma que son suyas las 2000 hectáreas ocupadas; el Estado asegura ahora, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, que son tierras públicas, destinadas a la reforma agraria, pero aún sin escriturar al estar inmersas en un proceso judicial.

No fue un desalojo más. La sangrienta matanza supuso el derrocamiento de Lugo tras un exprés juicio político, calificado por gran parte de la población civil de los países aliados como "golpe de Estado parlamentario". El asunto sigue chorreando sangre en una investigación judicial en la que sólo hay imputados campesinos y ningún policía. La muerte de los civiles no ha sido investigada. "Paraguay es un país no industrializado en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que las disputas sobre la propiedad de la tierra, que en el caso de los latifundios tiene muchos claroscuros en términos legales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político", indica Valiente.

Puerta abierta a los transgénicos

No fue un desalojo más porque supuso el fin de un Gobierno que, aunque débil, intentó poner freno a los monocultivos y los transgénicos. Así, ocho de las nueve variedades de semillas transgénicas habilitadas han recibido el visto bueno tras la caída de Lugo. El actual Gobierno de Horacio Cartes "no está avanzando nada en lo relacionado con la tierra a favor del pequeño productor. Desde que asumió el poder sólo hay mejor equipamiento de la policía, más represión y más desalojos de asentamientos campesinos e indígenas", explica el abogado Abel Darío Areco.

El 90% de la superficie cultivada en Paraguay está ocupada por la soja. El crecimiento de este monocultivo coloca a la república como el sexto productor mundial y el cuarto exportador. Un modelo de negocio que apenas paga impuestos y que se basa en el control de la tierra, el desplazamiento de comunidades y en la deforestación.

Cerca de 900.000 personas, en su mayoría jóvenes, han sido expulsadas del campo hacia las zonas urbanas en los últimos diez años, según datos de Oxfam. Esta organización ha lanzado una campaña internacional de recogida de firmas para solicitar al colorado Cartes, el hombre más rico del país, la entrega de las tierras de Marina Kue a familias y jóvenes de Curuguaty que carecen de terreno para cultivar.

El senador liberal Luis Alberto Wagner documenta desalojos y expulsiones con quema de casas incluidas, así como las irregularidades de las fumigaciones. Recientemente ha denunciado el crecimiento de grupos parapoliciales ataviados con armas prohibidas por la legislación que, ante la inacción policial, realizan desalojos en el campo. "El incendio de viviendas de campesinos e indígenas son una realidad lamentable", incide. Desde el fin de la dictadura stronissta en 1989, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay ha registrado más de 130 casos de ejecuciones y desapariciones forzosas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas.

Que la mayor parte de la soja se destine a la exportación, que apenas tribute (lo hace con el 2%, cuando la media del país es del 13%, una de las más bajas de América del Sur) y que esté en manos de empresarios foráneos son elementos en enrojecen aún más el análisis. "Usen y abusen de Paraguay", invitó el presidente Cartes hace unos meses a los empresarios brasileños.

Y, con las cifras en la mano, lo hacen: cerca del 20% del territorio paraguayo (unos 7,7 millones de hectáreas o el 32% de las tierras cultivables) están controladas por extranjeros, sobre todo, brasileños (4,8 millones). "El objetivo del capital internacional es avanzar con el modelo agroexportador donde haya seguridad jurídica... inseguridad jurídica para la población", apunta Arnella.

Deforestación e inundaciones

La tierra en Paraguay es cada vez más rojiza. Y no sólo por la sangre por ella y en ella derramada, sino también por la rápida desaparición de la masa boscosa del país. Según el informe El crecimiento de la soja. Impactos y soluciones, de WWF, la expansión de la soja es la amenaza más grande al Gran Chaco, una llanura rica en especies y escasamente poblada que se extiende a través de Argentina, Paraguay y Bolivia. La región está sufriendo uno de los índices más rápidos de conversión del mundo, con medio millón de hectáreas desmontadas entre 2010 y 2012. La Universidad de Maryland ha alertado también de que el bosque de arbustos del Chaco paraguayo "registra la tasa más elevada de deforestación del mundo".

Pocas veces tiene espacio Paraguay en la prensa internacional. Tras el derrocamiento de Lugo, los hechos con más impacto han sido las terribles inundaciones sufridas por el país en junio, que ocasionaron el desalojo de unas 300.000 personas. Muchas de ellas en la capital. Y muchas de ellas personas migradas y expulsadas del campo que malviven en la ciudad. "Por supuesto que la deforestación masiva es una de las causantes de las inundaciones. En las zonas sojeras el cultivo llega hasta la misma orilla, sin respetar las leyes que hablan de barreras de por lo menos cien metros desde los humedales. La deforestación de las masas boscosas impide que se produzca el efecto de amortiguar las lluvias", sostiene sin dudar el senador Wagner.

Por Mª Angeles Fernández / J. Marcos
Público

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