09 de Diciembre de 2014
- Instamos a fortalecer la organización social, así como la reflexión y la articulación amplia, para luchar y construir el camino en que el propio pueblo es quien hace realidad sus derechos.
- Llamamos al Gobierno, a los poderes del Estado, a los que concentran el monopolio de las decisiones, a detener esta máquina de muerte y atropello permanente a los derechos humanos del pueblo y sus organizaciones.
- Llamamos a la comunidad internacional a estar alertas y movilizados contra masacres, genocidios, agresiones y toda vulneración de derechos que atentan contra la VIDA, la JUSTICIA y la PAZ.
- Derecho a la vida plena, digna, sin exclusión ni pobreza.
- Derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile, haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Originarios. La soberanía que revindicamos es la soberanía sobre nuestro mar, nuestros recursos naturales, nuestros glaciales, nuestra diversidad, nuestras aguas y nuestras semillas.
- Derecho a una nueva Constitución Política generada de un proceso constituyente de participación popular del pueblo chileno, que refunde el Estado sobre la bases del respeto a la diversidad, multiculturalidad y los derechos humanos de todas las personas que habitan este territorio; una Constitución Política que tenga capacidad revocatoria de las autoridades elegidas y subordinación de las FFAA y policiales al poder civil, las que deben integrarse a todas las áreas de la vida social y estar al servicio del pueblo.
- Otorgar fuerza vinculante a todos los instrumentos internacionales firmados por el Estado de Chile, relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos e incorporándolos en el ordenamiento jurídico interno del país.
- Garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales para todas las personas, incluidas las poblaciones inmigrantes y sus familias.
- Entregar estatus de inmigrantes a las personas con permanencia de más de un año en nuestro país y que se encuentran en situación de “extranjeros transeúntes”.
- Entrega inmediata del derecho a la nacionalidad a todas las niñas y niños declarados apátridas.
- Derecho de la ciudadanía a tener un Defensor del Pueblo.
- Derecho a la igualdad con enfoque de género, garantizando los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto seguro en el caso de las mujeres.
- Derecho a la Verdad, derecho a la Justicia, derecho a la Memoria, Derecho a la Reparación Integral, por lo que debe realizarse juicio y castigo a todos los violadores de derechos humanos del pasado y del presente; degradación de los agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos e interdicción perpetua de ocupar cargos públicos.
- Derecho a que todos los sitios de memoria sean declarados sitios patrimoniales con valor histórico y que el Estado se responsabilice de su conservación y se entregue su administración a la sociedad civil.
- Derecho de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de la represión de todos los organismos de inteligencia y represivos del Estado, los que deben poseer carácter público y de protección histórica.
- Derecho a la Justicia de los sobrevivientes de tortura, cuyos testimonios han sido silenciados por 50 años, en lugar de ser investigados por los Tribunales de Justicia.
- Derecho a la Paz y de coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.
- Fin a la Constitución del 80 y de todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y entregan a los monopolios internacionales nuestros recursos.
- Declarar nulas a todas las leyes, decretos, consejos de guerra y todas las acciones sumarias realizadas por la dictadura como parte del proceso de legalización de la represión.
- Anulación inmediata de la Ley de Amnistía dejada por la dictadura y fin a la prescripción y media prescripción aplicadas por los Tribunales de Justicia.
- Derogación de la Ley 18.771, de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de defensa, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional -obligación que tienen todos los organismos públicos-, y les autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior.
- Fin a la jurisdicción de los Tribunales Militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados.
- Fin a las cárceles especiales para recluir a genocidas.
- Fin a la Ley Antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales
- Fin a la tortura a toda persona y sanción a los agentes del Estado, incluidos los mandos implicados.
- Fin a la desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado.
- Fin al extrañamiento aún vigente para muchos chilenos.
- Fin del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y otras instituciones de adiestramiento militar para reprimir a los pueblos y cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile
- Fin a la carrera armamentista y de promoción de la guerra y exterminio de seres humanos.
- Fin a la entrega del 10% de venta del cobre a las Fuerzas Armadas.
- Fin a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
- Impartir Educación en Derechos Humanos en todos los niveles de enseñanza e instituciones de formación, incluidas las escuelas matrices de las FFAA.Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres y hombres, luchadores sociales que en el mundo arriesgan su vida por la Justicia y la Libertad.
- Instalar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con jurisdicción en todo el país.
Tipificar el delito de tortura en el Código Penal.
- Que se tipifique la violencia sexual como una violación grave a los derechos humanos y por ende, sea declarada crimen de lesa humanidad.
- Que todas las violaciones graves a los derechos humanos tengan carácter de imprescriptibles, independientemente si éstos han sido prácticas sistemáticas.
- Conformación de un Tribunal que desarrolle juicios éticos a los violadores de derechos humanos de la dictadura, a los instigadores del golpe de Estado, a los cómplices, a los que se enriquecieron con el sistema económico impuesto por la fuerza.
- Instauración de una instancia permanente con capacidad vinculante de acopio de denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura y las ocurridas en el presente.
- Difusión de información que establezca la implicancia entre derechos humanos jurídicos, civiles y políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales.
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