- Chile:

10 de Enero de 2015

Colegio de Arqueólogos de Chile, aplaude detención de pilotos por daño patrimonial

A menos de 24 horas de que el Rally Dakar ingresara a nuestro país, dos vehículos de la PDI llegaban al campamento para detener a los pilotos que fueron grabados flagrantemente cruzando a toda velocidad por un sitio arqueológico previamente demarcado. Este hecho pone de manifiesto la precariedad e ineficiencia de las medidas de protección implementadas y evidencia la inviabilidad de que una actividad, en que cientos de vehículos avanzan a alta velocidad uniendo puntos de manera errática, se desarrolle en este o cualquier otro desierto.

Los daños o alteraciones a sitios arqueológicos se encuentran tipificados como un delito, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales. Sin embargo, el Estado chileno no ha perseguido la responsabilidad penal de los autores de esta destrucción reiterada de sitios arqueológicos. Esta situación de completa impunidad frente a estos ilícitos, sumada a la inacción de parte importante de los organismos públicos que deben velar por el patrimonio arqueológico (poder ejecutivo y judicial), ha llevado al Colegio de Arqueólogos de Chile a entablar una dura batalla mediática y judicial destinada a poner término a esta situación y dar a conocer a la opinión pública la graves consecuencias generadas por la competencia, exigiendo la protección del patrimonio arqueológico amenazado.

El Colegio de Arqueólogos sostiene que la realización del Rally Dakar en nuestro país está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o arqueológico, está poniendo en jaque a todo el sistema de político/jurídico que ampara a los monumentos arqueológicos.

Ante nuestras denuncias y cuestionamientos, se nos ha reiterado que se trata de una inversión en el campo turístico. No obstante, ¿cuál ha sido la ganancia que se ha obtenido por concepto de esta “inversión”? El gobierno ecuatoriano en 2013, simplemente rechazó la realización de esta actividad en su territorio, estimando que la “inversión” no tenía retorno económico, incluso comparando cifras en relación a lo que se podría invertir en la preparación de deportistas nacionales. Perú los recibió sólo por dos años, negándose a pagarles en 2014 bajo los mismos argumentos. Nos preguntamos, entonces, cual es la razón para que el Estado chileno haya aportado una cifra total de 38,5 millones de dólares desde el 2009 a la fecha a la Empresa ASO, dueña de este evento. Nuestro gobierno ha invertido para aniquilar conocimiento científico, devastar paisajes milenarios, contaminar y silenciar los legados ancestrales de nuestros pueblos originarios, forzando a la ignorancia a todo el pueblo de Chile. En esta ocasión, el delito está grabado por funcionarios de la PDI.

Celebramos las acciones llevadas a cabo por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones. El plan de control desarrollado en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales resultó finalmente en la grabación del delito, probándose la destrucción que hemos reiterado que ocurre en nuestro desierto todos los meses de enero. Aplaudimos la independencia y el valor de dos instituciones dependientes del Estado, que han actuado con apego sus funciones encomendadas por ley, pese a las presiones y omisiones de la clase política. Buscamos que los responsables de este delito sean tratados como cualquier otro inculpado. Por ello hemos solicitado, en conjunto con Acción Ecológica, la orden de arraigo para ambos pilotos, el italiano Matteo Casuccio y el holandés Kees Koolen, así como también para el director de relaciones exteriores del Dakar, Gregory Murac.

Resulta asombroso que la administración Bachelet, responsable de traer este nefasto evento a nuestro país, siete versiones después no tenga el criterio, el sentido país para evaluar hechos concretos y rechazar el desarrollo del Dakar en Chile. Sabemos que la política no es ingenua, por lo que esta tozudez pareciera defender más intereses de algunos pocos, que el bienestar y desarrollo de su pueblo. Volvemos a preguntar ¿Quién gana con esta inversión?

Como gremio experto hemos tratado de buscar soluciones presentando recursos de protección, denunciando ante la opinión pública las implicancias que esta competencia acarrea, tanto para la ciencia como para nuestra identidad como nación; nos hemos acercado a quienes tienen responsabilidad directa de que el Dakar cruce parte de nuestro territorio, pero parece que en Chile, la justicia para ciudadanos de primera y segunda categoría, y la unión política/negocio, puede más. Todo nuestro país lo ha visto en este último tiempo. Afortudamente cuando los líderes de un país son injustos, se puede buscar justicia fuera. Es por ello que la persistencia de la actitud obsecuente de nuestro Gobierno con ASO, nos obliga a articular estrategias para llevar el caso del Rally Dakar ante la Corte Interamericana de Justicia.

Colegio de Arqueólogos de Chile

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