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27 de Agosto de 2015

Informe sobre la represión en el marco del reciente paro nacional en Ecuador


El Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial en Ecuador, ha elaborado un INFORME URGENTE en el contexto de las marchas indígenas y del paro nacional acontecido en estos días, con el título de "Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador".

El documento da cuenta de las agresiones y detenciones realizadas entre el 13 y el 23 de agosto recién pasado. El colectivo, que pertenece al Movimiento para la Salud de los Pueblos de Latinoamérica, esta integrado por investigadores, activistas y académicos vinculados a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza desde el ámbito psicosocial.


El informe describe el contexto socio-político en que se desarrolló el paro en los siguientes términos:

"El 2 de agosto de 2015, alrededor de 200 personas salían de Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, con destino a Quito, dando inicio a la Marcha Indígena (Marcha por la Dignidad y la Vida). El lugar escogido como punto de partida de la Marcha reviste de especial relevancia, puesto que se trata de un importante foco de conflicto contra el proyecto minero Mirador, en la cordillera del Cóndor. A su paso por la ciudad de Latagunga, provincia de Cotopaxi, la marcha se unió al Levantamiento Indígena proclamado por la CONAIE el 10 de agosto. Las movilizaciones indígenas llegaron a la capital el 13 de agosto, confluyendo con el Paro Nacional programado por las centrales sindicales. A partir de esa fecha, la conflictividad se ha mantenido durante varios días en diversos puntos del país.

Como uno de los principales antecedentes de la conflictividad surgida a nivel nacional, están una serie de medidas y decisiones gubernamentales que ponen en evidencia las contradicciones que se presentan entre los mandatos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la realidad que se vive en el país. Uno de los problemas está en la falta de equilibrio de las funciones del Estado que trae consigo la ausencia de mecanismos reales de participación y vigilancia ciudadana. Al momento, hay una sola organización política, que además del gobierno central, cuenta con una mayoría o la totalidad de integrantes de organismos tan importantes como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ello ha reducido las posibilidades de ejercer los derechos a la participación y libre expresión, así como la garantía de protección ante los abusos del poder.

De ahí que existan reiteradas denuncias sobre la violación del derecho constitucional a la consulta ciudadana en contextos tan diversos como frente a la aplicación de las políticas extractivistas, la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea -que las organizaciones sociales denuncian como un Tratado de Libre Comercio (TLC)- o las reformas constitucionales que el gobierno pretender pasar como enmiendas. Asimismo, el derecho a la consulta previa continúa realizándose sin cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales para que la misma se realice de buena fe y con información adecuada. Por otro lado, la criminalización de la protesta social en el Ecuador, cuya Constitución reconoce también el derecho a la resistencia, ha sido igualmente documentada en múltiples casos presentados ante los organismos pertinentes del Estado y otros.

A lo anterior se suma la insatisfacción de amplios sectores de la sociedad por las medidas gubernamentales llevadas a cabo en los últimos meses, a raíz de lo cual los sectores movilizados sostienen como demandas principales las siguientes:
  • El archivo de las enmiendas constitucionales, que incluyen la re-elección indefinida o cambios en la facultad de las Fuerzas Armadas para su intervención dentro del territorio nacional, entre otras.

  • La restitución del 40% al aporte estatal al IESS para pensiones jubilares y enfermedades catastróficas.

  • El libre acceso a la educación superior y a laeducación intercultural bilingüe, derechos que se han visto limitados por la restricción al ingreso a las universidades o el cierre de centros infantiles y escuelas comunitarias.

  • El respeto a los Derechos de la Naturaleza, que se están viendo afectados de forma particular en las zonas de extractivismo minero y petrolero como en Quimsacocha y Río Blanco (Azuay), la Cordillera del Cóndor (Zamora Chinchipe) o Intag (Imbabura) en el caso de conflictos mineros, y en la Región Amazónica en el caso de conflictos petroleros.

  • El archivo de la Ley de Tierras y la derogación de la Ley de Aguas, que abren las puertas a la privatización en contra de los principios constitucionales.
Tras las movilizaciones, que continúan vigentes a fecha actual, 23 de agosto de 2015, se reporta un gran número de personas detenidas y agredidas, a muchas de las cuales se les ha iniciado procesos judiciales con acusaciones que van desde ataque o resistencia hasta rebelión y terrorismo. En este contexto, el presente informe pretende identificar las estrategias de represión y violencia política ejercidas desde el Estado ecuatoriano en el contexto de las Marchas Indígenas y el Paro Nacional."

El informe completo se puede descargar del siguiente enlace:

https://accionpsicosocial.files.wordpress.com/2015/08/informe-control-social-marchas-agosto-20152.pdf

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