- Brasil:

10 de Septiembre de 2015

Belo Monte: garantía de derechos para damnificados debe ser requisito para concesión de licencias

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aprobó, por unanimidad, la recomendación para que los órganos públicos –especialmente el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama)– exijan "el cumplimiento efectivo e integral de todas las condicionantes del Plan Básico Ambiental (PBA), como requisito para la emisión de la Licencia de Operación” de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, Estado de Pará. La decisión fue tomada basados en el informe de la misión, realizado en junio último, que está siendo divulgado ahora.

La Norte Energía S.A., concesionaria de la usina, solicitó la licencia el 11 de febrero de este año. El pedido está en trámite en el Ibama y la empresa tiene la expectativa de que la licencia sea concedida ahora, en este mes de septiembre.

Según Leandro Scalabrin, representante del Movimiento de Damnificados por Represas (MAB) en el Grupo de Trabajo Damnificados por Represas, del CNDH, la presentación de la denuncia que generó la misión a Belo Monte fue una iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil, del conjunto de movimientos sociales de la región. Además de varios órganos públicos, como el Ministerio Público Federal, Defensoría Pública de la Unión, Defensoría Pública del Estado y la Universidad Federal de Pará, para reducir los impactos y evitar que más derechos sean violados por la concesión de licencia de la represa.

"Si el cumplimiento efectivo e integral de todas las condicionantes del Plan Básico Ambiental no fuere tratado como requisito para la emisión de la Licencia de Operación, veremos más violaciones de derechos en la región, igual que ocurrió en otras represas, como Santo Antônio y Jirau [Estado de Rondonia]. Uno de los principales mecanismos legales que propicia esas violaciones es dar nuevo plazo a la empresa para hacer aquello que debía haber hecho antes del término de la obra, que es transformar esos deberes en nuevas condicionantes, postergándolos”, afirma Scalabrin.

El consejero Darci Frigo, coordinador de la Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca Brasil, destaca los resultados de la visita: "la misión del CNDH escuchó una serie de denuncias registradas en su Informe y constató que, efectivamente, hay violaciones de derechos humanos de los damnificados directa e indirectamente por las acciones de la Norte Energía en la construcción de la UHE de Belo Monte. Sin la reparación de los derechos violados, no hay posibilidad de conceder la Licencia de Operación”.

El 29 de junio último, el Instituto Socioambiental (ISA) publicó el "Dossier Belo Monte – No hay condiciones para la Licencia de Operación”, que afirma, entre otras cosas, no haber condiciones suficientes para que el Ibama autorice el comienzo del llenado de los reservorios de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, y el desvío definitivo del río Xingú para que parte de la usina comience a operar.

Violaciones de derechos de los damnificados

Entre los problemas verificados por el Consejo está la política adoptada por la Norte Energía en el tratamiento de los damnificados, en el área urbana de Altamira (Pará), que suman, de acuerdo con el MAB, más de 10 mil familias. En el último período, se agotó la opción del reasentamiento y las familias están siendo presionadas a optar por las indemnizaciones irrisorias. "Yo vivo allá hace cuatro años y, ahora, están pidiendo para que pruebe irme. Estos días, fueron allá e me ofrecieron unas migajas de R$ 20 mil, ya que con esto, uno no compra nada aquí, entonces no acepté”, dice Leila Valderez, vecina del barrio Boa Esperança. Ella comenta también sobre las aflicciones de las familias que están quedando "para lo último” en el área inundada: "Pasamos por un sufrimiento innecesario porque las personas que vivían al lado nuestro ya salieron, y entonces están sacando los postes, estamos sin energía eléctrica y prácticamente sin agua, porque no hay como sacar el agua de los pozos. Ya están hablando de que van sacarnos de allá con reintegro de posesión de propiedad, sin derecho a nada, nuestras cosas las van a tirar todas fuera y prácticamente vamos a quedar en medio de la calle”.

Entre las familias no reconocidas por la Norte Energía hay cerca de 300 del barrio Independente II, en Altamira, un área de laguna para la cual no se prevé, hasta el momento, el retiro de las familias. "Fue un ingeniero a decir que el agua va a subir dos metros y que tenemos que salir antes del 15 de septiembre, pero no nos dijo hacia qué lugar ni cuándo”, comenta la vecina Luciana Vieira dos Santos.

El aumento del costo de vida debido a la construcción de la represa también ha sido un problema para los damnificados, como relata Keilane Souza. Ella pertenece al grupo de unas 500 familias que ocuparon una casa todavía en construcción por el proyecto Mi Casa Mi Vida, el último mes de junio. "No es fácil vivir allá, es sufrido. Si estuviese en condiciones, estaría viviendo en un mejor lugar, allá todo es difícil, agua, energía, transporte. Son familias con dos, tres hijos, que no tienen dónde vivir, que tenían casa y fueron expulsados. Hoy, tienes que pagar R$ 600, R$ 800 o no tienes casa. Voy a vivir adónde, debajo del puente?”, dice Keilane. Un problema semejante están viviendo 2 mil familias sin vivienda del municipio de Vitória de Xingú que están acampadas en áreas de ocupaciones.

Los damnificados también relatan amenazas a los defensores de derechos humanos y la policía se rehusó a aceptar la Denuncia en contra de empresas de seguridad y policías que cometen abusos de autoridad. Además, conforme destaca la consejera María Dirlene Trindade, de la Red Nacional Feminista de Salud, integrantes del MAB y otros movimientos sociales están siendo criminalizados a través de acciones judiciales, para impedir la organización social de los damnificados.

Responsabilidades de la UHE Belo Monte

La Fundación Getulio Vargas, contratada con recursos del emprendimiento a través del Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingú, presentó en su informe anual, difundido el último 4 de agosto, los "desafíos” que todavía deben ser enfrentados por la UHE Belo Monte: 1) saneamiento básico en Altamira; 2) desplazamiento compulsivo en el medio rural; 3) protección territorial indígena; 4) involucramiento en la educación; 5) acceso a la salud; 6) atención a la salud indígena; 7) control de la deforestación; 8) capacidad institucional local; 9) acceso a la información, transparencia y control social.

Para el Ministerio Público Federal (MPF), además de ser indispensable la efectiva implementación de las acciones del Plan Básico Ambiental, los impactos no previstos exigen la previsión de nuevas acciones mitigantes, capaces de convertir a la obra de Belo Monte en soportable para los pueblos indígenas. "Lo que es preciso decir al gobierno federal es que, si la elección gubernamental es usar al río Xingú para generar energía, esto tiene que realizarse dentro de la ley. Una vez hecha la elección, no es dado al Estado o al emprendedor ponerse encima de la ley. No existe la posibilidad de una licencia de operación para Belo Monte sin que haya una readecuación del proceso”, concluye Thales Santi, procuradora de la República en Altamira.

Próximos pasos

El informe aprobado por el CNDH será enviado, con sus debidas recomendaciones, a cada institución responsable. Entre los órganos que recibirán las recomendaciones están el Ibama (entidad responsable por la concesión de la licencia de operación), los gobiernos federal, estadual y municipales, de Justicia (Tribunal de Justicia, Defensoría Pública de la Unión, Tribunal Regional Federal), así como la propia Norte Energía, para que, más allá de la ciencia del informe, inicie un proceso de reconocimiento y reparación de los derechos humanos violados.

ADITAL

http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=86425

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