- Costa Rica:
Legislación y organismos como la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público hacen difícil encubrir delitos.

11 de Diciembre de 2015

Educación y ausencia de Ejército explican reducidos niveles de corrupción

Históricamente, la corrupción ha sido una constante en América Central, región donde en algunos países está fuera de control. Guatemala y Honduras son los más recientes ejemplos de que la corrupción ha llegado a niveles críticamente altos —incluyendo la esfera presidencial—, desencadenando la indignación masiva de la población.

La situación en la región se basa en el existente predominio militar, problema del que Costa Rica se liberó cuando el Ejército fue abolido hace más de seis décadas. A esto se suma el modelo democrático costarricense que incluye poner la atención en la población, es decir, priorizar la inversión estatal en áreas sociales como educación.

Ambas acciones son componentes claves que explican el bajo nivel de corrupción en esta nación centroamericana, ubicándola como una excepción regional, de acuerdo con el analista político Gustavo Araya.

“El caso costarricense, evidentemente, ha logrado mantenerse al margen de este tipo de cosas, [pero] no quiere decir que no haya corrupción”, dijo Araya a Noticias Aliadas. “Pero ha logrado mantenerse al margen porque aquí, de alguna manera, sí se logró legitimar el poder, digamos, a partir de la voluntad popular. Hay una distribución muchísimo más equitativa —si se quiere— de la capacidad de influir”.

“¿Hay un sindicato que tiene problemas de corrupción? Bueno, en Costa Rica hay 10 otros sindicatos que no son corruptos, no en sus jerarquías, y, evidentemente van a hacer el contrapeso. ¿Hay un empresario que es corrupto? Bueno, habrá 100 que no lo son. Entonces, ese empresario [corrupto] no va a lograr, digamos, influir, porque el funcionario o funcionaria tiene 200 otros ojos puestos sobre su accionar”, agregó.

Sin embargo, en el 2004 los costarricenses quedaron atónitos cuando dos de sus expresidentes —Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-94) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002)— fueron detenidos, encarcelados y juzgados por cargos de corrupción.

En el 2011, la sentencia de cinco años de cárcel recibida por Calderón Fournier —hijo del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-44)— se redujo a tres años bajo libertad condicional. Un año después, Rodríguez, quien había sido condenado a cinco años de cárcel, fue absuelto.

“Tramitología”

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, de Transparencia Internacional (TI), Costa Rica, con un puntaje de 54 —de un rango que va de 100 a 0, donde 100 es baja corrupción y 0 elevada corrupción—, se ubica en el puesto 47 entre 175 países evaluados. Esa calificación es un punto por debajo de la del año anterior e igual a la del 2012.

En cuanto al componente sobre control de la corrupción de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad 2014 elaborado por el Banco Mundial, Costa Rica obtuvo un puntaje de 0.667635213 de un rango que va de -2.5 o peor gobernanza a 2.5 o mejor gobernanza.

El control de la corrupción refleja la percepción del ejercicio del poder público para obtener beneficios privados, que va de menor a mayor corrupción, “así como la ‘captura’ del Estado por elites e intereses privados”, según TI.

Entre los factores que generan corrupción y que amenazan el récord de transparencia de este país, Araya mencionó la “tramitología”, o exceso de procedimientos burocráticos, y el crimen organizado, particularmente el narcotráfico.

Uno de los aspectos más criticados en Costa Rica es la “tramitología” ya que es vista como un retroceso al desarrollo así como una puerta abierta a prácticas nocivas.

Los procedimientos que deben seguir los inversionistas que tratan de registrar una empresa, entre muchos, son largos y complejos, e implican reunir un considerable número de documentos, que en algunos casos también es costoso.

La naturaleza compleja de la colosal formalidad burocrática es, en sí misma, fuente de corrupción en la forma de tráfico de influencias.

“Usted llega a un municipio en donde, para hacer una determinada obra, tiene que presentar 11 diferentes requisitos, 15 diferentes requisitos. Muchas veces, es mejor pagar la multa que pagar todos los requisitos”, o sobornar al empleado, explicó Araya.

Esa burocracia crea una corrupción que no es necesariamente pagada, sino que garantiza los puestos a los empleados.

“La tramitología es, prácticamente, en el 99% de los casos, la puerta abierta para que la corrupción se asome, porque la corrupción también, entroniza el poder en personas que abusan de su posición, precisamente, para eso”.

Agregó que estos funcionarios dificultan los procedimientos “y hacen, entonces, que su puesto sea necesario por el trámite mismo y no por la eficiencia con la que lo tramita por sus propias capacidades. Un funcionario me lo dijo así, abiertamente, de la siguiente manera: ‘Vea, aquí puede venir el ministro o ministra, y decir misa, que, aquí, quien manda soy yo, porque los ministros cambian cada cuatro años, y, aquí, yo he estado durante 30 [años]’”.

Crimen organizado

Respecto al crimen organizado, particularmente el narcotráfico, el analista aseguró que tiene una gran influencia en la corrupción ya que “conoce y ha podido detectar puertas importantes, una de ellas, específicamente, el financiamiento de los partidos políticos a nivel local”.

En la búsqueda de financiamiento, sostiene Araya, “los políticos han optado —algunos, no todos— por dineros que sean más fáciles de conseguir, a nivel de elecciones municipales”.

Pero a pesar de los riesgos, Costa Rica tiene instrumentos que ayudan a mantener la corrupción a niveles bajos, indicó Araya.

El analista mencionó una amplia gama de organismos —tales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público— entre los que se distribuye el poder, haciendo difícil encubrir un delito. Lo mismo ocurre en las instituciones estatales, donde las auditorías internas dificultan la corrupción.

Araya señaló la legislación, en la que sobresale la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y el hecho que el nivel educativo de Costa Rica permite a su población tener conocimiento sobre la normativa vigente.

“En Costa Rica, se parte de un principio que es la carga de la prueba en la persona que trata de ocupar un cargo público, pero, bueno, eso ha funcionado en la medida en que la persona que está procurando llegar a ejercer el poder tiene que demostrar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus propiedades antes de que llegue a ocupar el poder, para demostrar, después de que ocupó el poder, de que no hubo enriquecimiento en el medio”, dijo.

Por George Rodríguez
Noticias Aliadas

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7250

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