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06 de Febrero de 2016

Contraloría deberá resolver sobre nuevo conflicto de interés que pone en duda legalidad de represa Cuervo


Relación de Aurora Williams con la superintendenta de Asuntos Legales de Glencore, con quien comparte directorio en Enami, y una reunión que sostuvieran en noviembre de 2015 para abordar el futuro del proyecto hidroeléctrico, la tiene en la mira de organizaciones ciudadanas de Aysén.

- Una nueva vulneración a la Ley de Probidad en el marco de la aprobación de la represa río Cuervo deberá dilucidar la Contraloría General de la República. Esto, luego que la mañana de este viernes un grupo de organizaciones y ciudadanos de la región de Aysén presentaran un requerimiento impugnando la participación de la ministra de Minería Aurora Williams en el Comité de Ministros que el 18 de enero pasado dio el visto bueno al embalse de 13 mil hectáreas. Se suma este recurso al dictamen del 14 de enero de este año mediante el cual el Contralor Jorge Bermúdez confirmó la realización de un sumario al interior de la Municipalidad de Aysén por recibir recursos de Energía Austral en circunstancias que aún debía realizar informes en el marco de la evaluación de la iniciativa.

Ahora son dos los hechos que configurarían el conflicto de interés de Williams para participar en el Comité de Ministros del 18 de enero.

Primero, que en su calidad de presidenta del directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami), la secretaria de Estado comparte asiento con Verónica Baraona, gerenta de Asuntos Legales de Glencore, compañía que a través de la sociedad Energía Austral es dueña del proyecto río Cuervo. Baraona fue nombrada como directora de Enami por la Presidenta Michelle Bachelet, por lo cual con Williams en la práctica tiene el mismo empleador.

Y, segundo, que el 11 de noviembre de 2015 Williams sostuvo una reunión con Baraona, esta vez en calidad de lobbista de Glencore, para abordar el “estado actual del proyecto Central Cuervo de Energía Austral y desarrollo futuro de propiedad de Glencore”. Esto, en circunstancias que el propio Comité de Ministros había rehusado reunirse con organizaciones de Puerto Aysén “con el fin de evitar una eventual contravención” al articulado que la Ley de Probidad agregó a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y que “cautela el principio de probidad que tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en el ejercicio de un determinado empleo o función, aunque aquél sea sólo potencial”. Según el oficio enviado por el presidente del comité, el titular de Medio Ambiente Pablo Badenier, de reunirse con los ayseninos los ministros habrían estado obligados a inhabilitarse de la sesión donde se resolvió el futuro de la represa río Cuervo. Criterio distinto del que Aurora Williams adoptó para el caso de la empresa dueña del proyecto.

“Reunirse con la señora Baraona, de forma irregular y vulnerando la Ley del Lobby -ya que debiera haber un registro de los lobbistas o gestores de interés de esta reunión, pero Verónica Baraona y Carlos Prat no figuran en esos registros- es muy grave. Es muy grave que se hayan reunido y, además de eso, que hayan vulnerado la Ley del Lobby” indicó al respecto Hugo Díaz, de Puerto Aysén.

Miriam Chible, presidenta de la Corporación Costa Carrera, expresó que el involucramiento de la organización se basa en que esta “siempre va a estar apoyando, junto a las otras organizaciones, todos los temas que tengan que ver con falta de transparencia y colusión, apuntando al desarrollo sustentable de la región de Aysén”.

Para Peter Hartmann, director de Codeff Aysén, “en este caso claramente hay colusión entre Glencore, a través de su representante legal metida en el directorio de una empresa estatal, y más aún haciendo lobby por su empresa en el proyecto que iba a ser visto por el Comité de Ministros y la ministra de Minería”. En su opinión “esto es absolutamente impresentable, tan impresentable como todos los otros casos escandalosos que hemos estado viendo prácticamente todos los días”.

Suscribió la presentación también el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, quien explicó que dependiendo de la resolución que adopte la Contraloría se puede abrir un frente para solicitar la invalidación de la sesión del 18 de enero. En el intertanto, se está a la espera de la notificación de la resolución del Comité de Ministros que aprobó río Cuervo, luego de lo cual los reclamantes recurrirán a tribunales ambientales por aspectos de fondo no considerados en la decisión.

El Desconcierto

http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/02/06/contraloria-debera-resolver-sobre-nuevo-conflicto-de-interes-que-pone-en-duda-legalidad-de-aprobacion-de-represa-cuervo/

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