Anulación de Ley Longueira: Análisis del rol de FAO, el Gobierno, los parlamentarios, los empresarios y pescadores…

- Chile:

05 de Marzo de 2016

Anulación de Ley Longueira: Análisis del rol de FAO, el Gobierno, los parlamentarios, los empresarios y pescadores…

La opinión pública nacional e internacional, así como los movimientos sociales, pescadores y pueblos originarios, deberán estar vigilante los próximos meses ante el intento gubernamental y de la casta político- empresarial de repetir opacos procedimientos y excluyentes acuerdos cupulares, que caracterizaron la espuria tramitación parlamentaria 2011-2012, con el fin de impedir la mayoritaria exigencia ciudadana de anulación de la ley Angelini-Longueira de expropiación pesquera.

Por: Juan Carlos Cárdenas Núñez
Director Ejecutivo
Centro Ecocéanos-Chile.

El 13 de mayo del 2015, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), firmó un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), para que este organismo internacional evaluara durante ocho meses la ley Nº 20.657 de pesca y acuicultura, promulgada en febrero del 2013.

Este acuerdo bilateral tiene como objetivo “proponer recomendaciones para compatibilizar con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y gobernanza del sector pesquero, procurando la alineación de la ley con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el gobierno de Chile, y que este apoyo es una parte integral del marco de prioridades del país acordado con la FAO para el 2015-2018”(1).

Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, señaló ante la opinión pública que los resultados de dicha revisión técnica tendría el carácter de recomendaciones, y que su adopción era una decisión que le correspondía al gobierno chileno (2).

Importante es señalar que la revisión que efectúa el organismo de las Naciones Unidas de la cuestionada normativa pesquera, ocurre en los precisos momentos que la mesa de la Cámara de Diputados ha declarado admisible el proyecto de ley presentado por 10 parlamentarios, y que cuenta con el respaldo de 300.000 firmas ciudadanas, que busca anular dicho cuerpo legal, llamado Ley “Angelini-Longueira” de privatización pesquera.

El proyecto de nulidad que lideran los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, señala en su numeral 13 que “la ley de pesca debe ser declarada nula, porque en el proceso de discusión parlamentaria se vulneró el principio constitucional de probidad”. Esta taxativa aseveración encuentra respaldo en los resultados de la investigación sobre cohecho, fraude al fisco y lavado de activos que llevan a cabo la Fiscalía Nacional de Delitos Económicos y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta inédita situación, junto con provocar temor a los clanes empresariales y la casta política, coloca bajo la mirada pública y el debate político interno, el intento gubernamental de utilizar a la Organización de las Naciones Unidas para legitimar una legislación pesquera, la cual mayoritariamente la opinión pública chilena señala como corrupta e ineficaz (3).

La pesca milagrosa en las aguas del parlamento chileno

Desde la finalización de la dictadura cívico-militar (1973-1990), nunca una ley (y los parlamentarios, políticos y funcionarios públicos que la perpetraron), había sido tan cuestionada como la ley Nº 20.657, la cual en una tramitación express, entregó de manera gratuita y a perpetuidad, la propiedad, uso y el goce monopólico de los peces del mar chileno a 7 poderosos y bien conectados clanes empresariales que dominan este estratégico sector de la economía y sociedad chilena.

El cuestionamiento público no sólo es por sus impactos políticos, productivos, ambientales y sociales que está generando, o el descarado lobby burocrático-empresarial ejercido durante su opaca tramitación parlamentaria. Sino que también por el transversal nivel de corrupción de parlamentarios y ministros claves que fueron financiados por Corpesca (principal pesquera de la familia Angelini), Pesquera El Golfo (propiedad de la familia Yaconi-Santa Cruz, ahora asociada a la familia Sarquis en la Pesquera Blumar), y de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), las cuales triangularon pagos ilícitos a través de la compañía SQM, y otras que se encuentran en investigación (4).

Pablo Longueira y su ley de pesca: Símbolo del abuso y la corrupción político-empresarial

La iniciativa legislativa de nulidad que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, es parte de la campaña ciudadana contra el abuso y la corrupción parlamentaria-empresarial, cuyo principal ícono es el impulsor y articulador político de la ley que lleva su nombre: Pablo Longueira.

Este ex ministro de economía, ex senador y ex candidato presidencial, va a declarar este 8 de marzo ante la Fiscal Ximena Chong, debido a la abrumadora evidencia de pagos empresariales, que hasta la fecha superan el millón de dólares (730 millones de pesos chilenos).Con anterioridad ya lo había hecho su mano derecha en el proceso pesquero privatizador, el subsecretario de pesca de la época, Pablo Galilea.

Las situaciones seriales de violación del principio de probidad, están demostrando a la opinión pública que no se tratan de “hechos puntuales”, tal como lo señalan con insistencia las patronales pesqueras Sonapesca y Asipes.

Confirmando lo anterior, en la actualidad están siendo investigados más de 10 políticos y parlamentarios por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. Entre ellos, la casi totalidad de los parlamentarios representantes de las regiones del norte, donde opera Corpesca(la ex diputada Marta Isasi, el senador Fulvio Rossi, y el desaforado senador Jaime Orpis).

La actuales investigaciones de la Fiscalía Nacional amenazan con extenderse hacia las empresas pesqueras y legisladores de la zona sur del país, con lo que se espera se configure el hecho que el conjunto de la industria pesquera se coludió para sobornar a parlamentarios a cambio de la promulgación de una ley a la medida de sus intereses.

Corroborando dicha hipótesis, las familias Angelini y Lecaros-Menéndez poseen hoy el 51% de las cuotas de pesca nacionales, mientras que Angelini acapara cerca del 90% de las capturas pesqueras pelágicas del extremo norte del país.

Otro indicador lo constituye el hecho que la cuota de 276.000 toneladas establecida el 2016 para la principal pesquería chilena (jurel), se repartió casi en su totalidad entre las familias Angelini y Lecaros-Menendez (Corpesca, Orizon, SPK); Yaconi-Sta. Cruz y Sarquis (Pesquera Blumar); Izquierdo-Menéndez (Alimar, en asociación con la transnacional Noruega FoodCorp); Stenfel, Jorge Fernández y Francisco Cifuentes (Pesquera Camanchaca) y Fosk y Bohorodzaner.

Vox populi, Vox Dei

Como respuesta ciudadana ante tanto abuso ycorrupción, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), en representación de 30.000 pescadores, y el Centro Ecocéanos, junto a una coalición de organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y pueblos originarios, iniciaron el 2013 una campaña nacional para anular la viciada ley de pesca y acuicultura.

Junto con las actividades de información y organización pública, la campaña reunió 300.000 firmas de apoyo, a lo cual se sumaron posteriormente los resultados de la encuesta nacional Plaza Ciudadana Cadem. Esta señaló que un 89% de los entrevistados indicó queexistió cohecho en la tramitación parlamentaria de la ley, un 79% consideraba que ella sólo beneficia a las grandes empresas pesqueras, un 93% afirmó la necesidad de volver a legislar, mientras un 75% indicó que los legisladores implicados deberían renunciar a sus cargos (5) .

El palacio de la Moneda en defensa de los intereses de las 7 familias

La sorpresiva admisibilidad del proyecto de ley de nulidad por parte de la mesa de la Cámara de Diputados, ha tenido la capacidad de poner en jaque la viabilidad política, económicay social de la mayor expropiación de bienes comunes y de recursos naturales perpetradacon posterioridad al período de la dictadura cívico-militar.

Ante esto, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) junto a los Ministerios de Economía, Hacienda y del Interior, diseñaron una estrategia de emergencia para eliminar “institucionalmente” el proyecto de nulidad pesquera en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, o en el Tribunal Constitucional.

Complementando dicha estrategia, crearon el 25 de enero una“mesa técnica” de pesca, compuesta por los ministros políticos de la Segegob, Economía, Hacienda y del Interior, junto a parlamentarios oficialistas de las comisiones de pesca de la Cámara de Diputados y el Senado. Su objetivo es el control político del proceso legislativo para mantener alineados a los parlamentarios con la postura gubernamental y asegurar la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley de nulidad pesquera.

Creando una ley Frankeinsfish para proteger la privatización

El siguiente paso de la reactiva estrategia palaciega, es la creación durante el 2016 de una ley sustitutiva denominada de “consenso pesquero”. Para ello los equipos jurídicos de la Subsecretaría de Pesca y de la patronal Sonapesca, junto a las dirigencias de las confederaciones de armadores pesqueros artesanales, negociarán en el contexto del proceso de revisión de la normativa pesquera, modificaciones de carácter secundarias a la leyAngelini-Longueira.

Esta manipuladora ingeniería política y comunicacional, busca ensamblar las propuestas anteriores con el proyecto de revisión de la normativa pesquera presentado el 2015 por los senadores Rabindranath Quinteros, Carolina Goic y Adriana Muñoz. A ello se pretende agregar como “guinda de la torta”, las recomendaciones que entregará la FAO en agosto próximo.

Con una maquillada versión de la ley “Angelini-Longueira”, la casta política-empresarial intentará volver a engañar a los ciudadanos, pescadores y pueblos originarios, ya que se mantendrá intacta su lógica privatizadora y expropiadora de derechos, concentradora en lo económico, sobreexplotadora en lo ambiental y excluyente en los social.

Esto se expresará en la mantención de derechos de propiedad bancarizables e indemnizables, y el uso monopólico de las rentas pesqueras en manos del “cartel” industrial que domina el sector; la eliminación del papel del Estado como asignador de los derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos hidrobiológicos del país, y su transferencia en exclusividad al mercado, mediante el sistema de licencias de pesca indefinidas y cuotas individuales de pesca plenamente transferibles, las que pueden ser compradas, vendidas, arrendadas, hipotecadas, e incluso heredadas.

Junto alo anterior, se mantendrá la pérdida dederechos de los pescadores artesanales no armadores y de los pueblos originarios, así como las restricciones a los procesos de licitación de las pesquerías industriales.

Los ofertones populistas y tecnocráticos del Subsecretario de Pesca

Apoyándose en la cultura clientelista que el Estado promueve en el subsector pesquero artesanal, el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca se encuentran en plena campaña de anuncios populistas y tecnocráticos. Esto, con objeto de bloquear el apoyo de sectores de la pesca artesanal a la anulación de la ley de pesca,colocando el foco del interés de pescadores y parlamentarios,en el “perfeccionamiento” de esta viciada y excluyente legislación.

Para ello, el 17 de febrero pasado, el gobierno distribuyó una minuta denominada “Compromisos y Cumplimientos del programa de Gobierno en materia de Pesca”. Allí se entregan 11 promesas entre las que destacan: aumentar de 7.000 a 25.000 millones de pesos (aprox. 50 millones de dólares) destinados a la creación de un Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable para la Pesca Artesanal ; el financiamientos de 4.000 millones de pesos para el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal; la entrega de la administración comercial de las caletas a los sindicatos de pescadores artesanales; la construcción de infraestructura portuaria y cadenas de frío para caletas estratégicas; y la entrega de subsidios estatales para el repoblamiento y cultivo de algas.

Además, el Estado se compromete con un sistema de seguridad social para los pescadores, la creación de una bolsa de venta de las producciones artesanales, y la modernización del Sernapesca (6), (7).

De manera complementaria, en el contexto de una nueva ley de “consenso” pesquero, se negocia en los pasillos ministeriales y corporativos, el aumento de los porcentajes de las cuotas de pesca para los armadores artesanales; el establecimiento de condiciones para mantener la duración indefinida de las licencias de pesca plenamente transables, y el aumento de los porcentajes de licitación de las pesquerías industriales.

¿Intenta el gobierno chileno involucrar a Naciones Unidas para bloquear las demandas ciudadanas y de la pesca artesanal?

A pesar que Alejandro Flores, Oficial principal de pesca y acuicultura de la oficina regional de la FAO para América Latina y El Caribe, señaló taxativamente que “de ninguna manera es competencia nuestra, ni incidir en la política interna del país, ni en la definición que para ello tengan las autoridades correspondientes, llámese judiciales o legislativas internas” (8), (9), diversas declaraciones del Ministro de Economía, el Subsecretario de Pesca y las patronales pesqueras, intentan utilizar el nombre y prestigio de las Naciones Unidas, para dar la impresión a la opinión pública nacional e internacional, que la FAO estaría avalando el perfeccionamiento de esta cuestionada normativa de pesca y acuicultura.

Con ello se busca contraponer el proceso de “revisión” de esta ley, con la exigencia de anulación por parte de las organizaciones ciudadanas, pueblos originarios y pescadores artesanales propiamente tales.

Esta utilización política y comunicacional es evidente en la declaración oficial del Subsecretario de Pesca Raúl Súnico, quien afirmó que “la evaluación de la ley de pesca es un asunto muy serio para el gobierno. Es por eso que hemos requerido el apoyo de un organismo internacional de reconocida reputación y seriedad como es la FAO. Ahora todos los sectores de la pesca tendrán garantías de imparcialidad, excelencia y transparencia en la evaluación de la ley” (10).

Al ser consultado por El Mercurio sobre si el gobierno quería derogar o anular la ley de pesca, Súnico, que no es abogado ni constitucionalista, señaló tajantemente que “no. Creemos que no hay facultades y que es inconstitucional anular una ley. Anular la ley es perjudicial para la pesca. Es poner en riesgo la conservación de los recursos pesqueros y es poner en vigencia la ley de 1991, que llevó al colapso de las pesquerías” (11).

La manipulación de organizaciones internacionales con fines mediáticos para imponer la privatización pesquera en Chile,ya había sido implementada con éxito a fines del 2012 por el entonces ministro de economía Pablo Longueira. Este utilizó a las Ongs transnacionales WWF Chile y Greenpeace Chile, para que apoyaran públicamente en noviembre del 2012, su controvertido proyecto de ley de pesca en el momento previo a su votación final en el Congreso Nacional (12).

La visión de las patronales pesqueras

Por su parte, Francisco Orrego, presidente de la Sonapesca señaló que “para poder hacer una evaluación de la ley de pesca, el gobierno fijó una hoja de ruta que consistió en encargarle a la FAO un estudio que permitirá una visión objetiva e independiente respecto de la ley, evitandomodificaciones populistas que no consideren los aspectos técnicos involucrados (…). La Sociedad Nacional de Pesca quiere ser partede un debate participativo, transparente y de buena fé, que ayude a recuperar la confianza en nuestra institucionalidad, que consolide la legitimidad de la ley de pesca”.

Posteriormente señaló que“Proponemos un debate con todos los actores reales de la actividad pesquera, entendiendo por tales a quienes efectivamente trabajan y conocen el sector” (13), (14).

A su vez, Luis Moncada, presidente de la otra patronal, la Asipes, señaló que “entendemos que la comisión propondrá una modificación de la ley a través de un proyecto que se tramitaría por el Congreso, el que considerará también el análisis experto de la FAO. En esta línea, valoramos esta vía frente a la inconstitucionalidad del proceso iniciado por el Partido Comunista” (15)

Inclusión social, participación y control ciudadano sobre el gobierno y parlamento

Llama la atención que el actual gobierno y su subsecretario de pesca, intenten seguir tratando la cuestionada ley de pesca y acuicultura como si fuera un tema no sólo bilateral entre FAO y la Subsecretaría de pesca, sino como de exclusivo interés de los sectores extractivistas, tanto industriales como de armadores semi-industriales del sector artesanal.

Con ello intenta dejar afuera a la ciudadanía, pescadores de pequeña escala y pueblos originarios, los principales afectados por la corrupta normativa sectorial. Esto es sorprendente, ya que los actores extractivistas, son los regulados del sistema pesquero y acuícola nacional, así como los principales responsables del actual colapso y sobrexplotación de las pesquerías, mientras insisten con la complicidad de los burócratas sectoriales, en seguir co-legislando y co-administrando el patrimonio pesquero de la Nación.

Este es un intento que va a contrapelo con el proceso de empoderamiento ciudadano, donde la situación actual y perspectivas de nuestro mar, sus pueblos y comunidades, recursos y bienes comunes, son un “tema país” que ha escapado al estrecho y tradicional enfoque pesquero, e intereses de los sectores extractivistas, industrialistas y exportadores.

Por ello, la posición del Subsecretario Súnico es antagónica a lo señalado por la presidenta Bachelet en su cuenta pública ante el Congreso Nacional el 21 de mayo del 2015, donde junto con comprometerse a evaluar la ley de pesca y acuicultura, aseguró que este sería “un proceso participativo, donde todos los actores podrán estar representados” (16).

El reciente anuncio de la representante de la FAO en Chile sobre la realización de una consulta pública en cuatro macro regiones del país entre abril y mayo,aspecto que el organismo internacional considera “clave” (17), abre la interrogante si este será un real proceso de participación informada y vinculante, que incorpora a pueblos indígenas y pescadores artesanales no dueños de embarcaciones, o si por el contrario, sólo consistirá en un ejercicio formal y de carácter consultivo, que finalmente será manipulado por el gobierno. Una gobernanza democrática y sustentabilidad en nuestras costas y océanos, sólo existirá si se escucha a todas las voces reconocidas en la discusión.

Ley Angelini-Longueira: No sólo ilegítima, sino que ineficaz

La ilegitimidad social de la ley Angelini-Longueira no sólo está referida a su corrupta génesis y graves vicios en su tramitación parlamentaria, sino que también al hecho que ha demostrado en estos tres años ser ineficaz para asegurar una administración sustentable de las pesquerías chilenas. Esto, debido al nulo respeto que muestran los regulados del sistema.

El principal indicador que respalda esta aseveración, es el hecho que desde la promulgación de la actual normativa pesquera, los volúmenes de pesca ilegal se han duplicado en comparación con las cuotas legales.

El caso más dramático lo constituye la popular pesquería de merluza común (Merlucciusgayi), cuyas capturas furtivas superan en un 400 % los volúmenes fijados anualmente por la Subpesca(18).

Fuentes de la propia industria reconocen que 1 de cada 10 peces que se comercializan en Chile, son de procedencia ilegal. Pesquerías como las de merluza austral, merluza de tres aletas, congrio dorado, sardina, anchoveta, jibia y bacalao de profundidad, enfrentan diariamente este flagelo. A ellas se suman los recursos almejas, erizos, locos y huiro negro.

A su vez, los recientes decomisos de harina de pescado de procedencia ilegal, pertenecientes a 9 empresas asociadas a Asipes, evidencian esta práctica habitual en el empresariado pesquero industrial, principal beneficiado con la ley Angelini-Longueira.

Uno de estas incautaciones, avaluada en 11 millones de dólares, fue elaborada a partir de la captura ilegal de 31.000 toneladas de sardinas y anchovetas. De ser infraccionada la compañía perteneciente a la familia Errázuriz, la multa no superaría los 20.000 dólares (19).

Para cerrar el círculo de la pesca furtiva, es importante señalar que esta producción ilegal, habría sido adquirida por la transnacional noruega Ewos, la cual abastece el 30% del alimento para la industria salmonera chilena.

Esta escandalosa situación producida por los actores extractivistas del sistema, explica la situación de colapso y sobreexplotación serial que afecta ya al 48% (16 de 33) de las principales pesquerías chilenas. Existen otras 5 de las cuales el Estado carece de información.

Además, entre el 2012 y 2014 se incrementaron en dos las pesquerías que pasaron de la categoría de plena explotación, a estar sobreexplotadas (merluza austral y merluza de tres aletas).

Los ciudadanos, pescadores y pueblos originarios, esperamos con gran expectación el próximo informe sobre la situación de las pesquerías chilenas 2015, así como las recomendaciones de la FAO para asegurar su sustentabilidad, a la vez de las medidas que tomará el Estado para combatir la pesca ilegal, no regulada y no reportada en su Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Ley racista que mantiene la violación al Convenio 169

La actual ley general de pesca y acuicultura, es el símbolo de cómo el poder político- empresarial y el parlamento vulneraron el principio constitucional de libertad económica y no discriminación arbitraria. Esto, debido a la entrega de derechos de propiedad, acceso y uso exclusivo de las pesquerías chilenas, a un pequeño grupo de clanes empresariales, con fuertes vínculos políticos, familiares y financieros con la casta política que nos malgobierna.

Este proceso de reordenamiento marino-costero, de carácter abusivo, autoritario y corrupto, excluyó abusivamente a los pueblos originarios. Para ello, el Estado y parlamento chileno,evitaron a toda costa, realizar el proceso de consulta previa, obligatoria, informada y de buena fé a los pueblos originarios, tal como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, organismo dependiente de las Naciones Unidas, el cual fue ratificado por el Estado chileno el 2010.

Esta violación de un convenio internacional, contraviene nuestro ordenamiento jurídico, pues el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política señala que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por lostratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Hoy, los pueblos Mapuche, (Lafkenches y Huilliches), Rapa Nui y Kaweskar, se encuentra invisibilizados por la racista ley Angelini-Longueira, la cual los despojó de sus ancestrales derechos colectivos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías del país.

Preguntas al gobierno y parlamento chileno

Frente al complejo proceso político que se abre en los próximos meses, que seguirá cuestionando la legitimidad y viabilidad ambiental, productiva y social del actual sistema de propiedad y administración de las pesquerías y de acuicultura en Chile, surgen las siguientes preguntas:

-¿Es posible que el mismo parlamento que negoció y tramitó la actual ley de pesca y acuicultura, mediante un procedimiento viciado, que incluyó cohecho, conflicto de intereses y la violación de convenios internacionales, sea quien tres años después, determine su legitimidad o anulación?

-¿Se inhabilitarán de los próximos procesos de discusión y toma de decisiones en el Congreso sobre la ley Angelini-Longueira, aquellos funcionarios públicos (Subsecretarios, abogadas y parlamentarios), que presentan graves conflictos de intereses?

-¿Cumplirá el actual proceso de “revisión” de la ley de pesca y acuicultura con la obligación de consultar de manera previa y bien informada a los pueblos originarios, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT / Naciones Unidas, hecho que fue bloqueado durante el viciado proceso parlamentario anterior?,

-¿Se incluirá en el proceso de consulta de la revisión FAO, la participación plenamente informada y vinculante de los pueblos originarios, así como de los pescadores que no son armadores artesanales?

La opinión pública nacional e internacional, así como los movimientos sociales, pescadores y pueblos originarios, deberán estar vigilante los próximos meses ante el intento gubernamental y de la casta político- empresarial de repetir opacos procedimientos y excluyentes acuerdos cupulares, que caracterizaron la espuria tramitación parlamentaria 2011-2012, con el fin de impedir la mayoritaria exigencia ciudadana de anulación de la ley Angelini-Longueira de expropiación pesquera.

El actual proceso de organización, participación y movilización social para la recuperación de los bienes comunes y recursos naturales expropiados, así como la lucha por el pleno ejercicio de derechos políticos, económicos y sociales, permitirán por primera vez en la historia de Chile, construir como sociedad, tanto una política de conservación y manejo sustentables de nuestros ecosistemas y biodiversidad acuática, como una ley de pesca y acuicultura democrática, equitativa y sustentable.

Referencias