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23 de Mayo de 2016

Comunidades mapuches de Curacautin fijan posición ante seremis de energía, medio ambiente y director del SEA de la Araucanía


Una vez más, las comunidades Quilape López, Benancio Huenchupán y Liempi Colipi, manifestaron a las autoridades que no aceptarán, ni permitirán que les impongan proyectos inconsultos, que atenten contra su cultura, tradiciones y espiritualidad; dejando claro su voluntad al diálogo en busca del bien común, no del lucro empresarial.

Centrales hidroeléctricas, embalses, pisciculturas, geotérmicas, minería, forestales, son parte de las amenazas que pesan sobre el territorio pre cordillerano de la región de La Araucanía, todas actividades que no han cumplido con el proceso de consulta previa, vinculante e informada que se exige en el convenio 169 de la OIT.

Mediante una declaración, las comunidades mapuche del territorio manifestaron una vez más que no están contra del desarrollo de las comunidades, ni contra proyectos de inversión que resulten sustentables y respetuosos con el territorio y el medio ambiente, pero que hasta ahora solo han conocido “iniciativas productivas” egoístas, que se imponen arbitrariamente en perjuicio de la dignidad humana y cultural. “Recurrentemente vemos como los empresarios utilizan prácticas reprochables y faltan a la ética, aprovechándose de las necesidades de los pobladores para comprar su venia y lograr sus propósitos ante una ley permisiva que los ampara.”, señalan.

En el texto que se adjunta al final de este artículo, señalan expresamente: “Hoy, somos testigos de que muchas leyes fueron promovidas y aprobadas por un número importante de políticos y personeros de diversos órganos del Estado -aún en ejercicio- que están siendo, actualmente, investigados por actos corruptos. La mayoría de estas leyes sólo han favorecido a un grupo de empresarios, en desmedro de nuestras necesidades e intereses como pueblos originarios. Estos actos revelan que el Estado chileno, los gobiernos y sus políticas, han permitido el ultraje del pueblo mapuche por décadas y al mismo tiempo, nos han estigmatizado ante la opinión pública, aludiendo que no queremos dialogar, cuando en realidad, no estamos dispuestos a seguir siendo agraviados”.

“Consideramos un insulto, cuando señalan haber encontrados “vestigios arqueológicos”, que dan cuenta de asentamientos mapuche en los terrenos donde se pretenden emplazar los proyectos. No somos un pueblo extinto. En el pasado y presente, fuimos y somos parte de este territorio y esta es la prueba más fidedigna de que nuestra vida la desarrollamos en las riberas de los ríos, especialmente, el río Cautín. Sitios de reunión y de significación cultural y espiritual serán siempre encontrados en estos lugares, porque han sido nuestros espacios sagrados desde tiempos remotos. Un acto respetuoso hacia las culturas originarias sería, que se nos pregunte, directamente, si estamos viendo afectado nuestro patrimonio indígena.”

“Nuestras necesidades prioritarias se relacionan, con la tierra y el agua y de ninguna manera se resuelven con el emplazamiento de proyectos energéticos, forestales, pisciculturas, mineros, etc, por el contrario, se agudizan. En numerosas oportunidades hemos señalado que nuestras prioridades son:

1. Recuperar los derechos de tierra y agua (para subsistencia y desarrollo)

2. Reivindicación territorial con participación efectiva, vinculante y real en el proceso de desarrollo.

3. Autonomía energética sustentable, consensuada con las comunidades del territorio y que su implementación no afecte y altere los ecosistemas naturales”.

Texto de la declaración:

Planteamiento y Postura de las Comunidades Ancestrales Mapuche que Habitan la Pre-Cordillera de la Araucanía, ante el Actual Escenario de Afectación Territorial


Curacautín, 19 de mayo del 2016

Nosotros, las comunidades mapuche ancestrales del territorio de Curacautin, que habitamos la pre-cordillera de la Araucanía: Quilape López, Benancio Huenchupán y Liempi Colipi, no aceptamos, ni permitiremos se nos impongan proyectos que atenten contra nuestra cultura, tradiciones y espiritualidad.

Este no es el primer documento que las comunidades de la zona hemos entregado a las autoridades de diferentes organismos del Estado. En todos y cada uno de ellos manifestamos, enfáticamente, las razones del porqué rechazamos estos proyectos. Sin embargo, nuestra opinión jamás ha sido escuchada, atendida, valorada y considerada efectivamente.

No estamos en contra del desarrollo de las comunidades, ni de proyectos de inversión que resulten sustentables y respetuosos con nuestro territorio y el medio ambiente. No obstante, sólo hemos conocido “iniciativas productivas” egoístas, que se nos imponen arbitrariamente en perjuicio de nuestra dignidad humana y cultural. Recurrentemente vemos como los empresarios utilizan prácticas reprochables y faltan a la ética, aprovechándose de las necesidades de los pobladores para comprar su venia y lograr sus propósitos ante una ley permisiva que los ampara.

Hoy, somos testigos de que muchas leyes fueron promovidas y aprobadas por un número importante de políticos y personeros de diversos órganos del Estado -aún en ejercicio- que están siendo, actualmente, investigados por actos corruptos. La mayoría de estas leyes sólo han favorecido a un grupo de empresarios, en desmedro de nuestras necesidades e intereses como pueblos originarios. Estos actos revelan que el Estado chileno, los gobiernos y sus políticas, han permitido el ultraje del pueblo mapuche por décadas y al mismo tiempo, nos han estigmatizado ante la opinión pública, aludiendo que no queremos dialogar, cuando en realidad, no estamos dispuestos a seguir siendo agraviados.

El Estado invierte grandes sumas de dinero que destina a la compra de instrumentos represivos y después señala, voluntad de diálogo. ¿Cómo se puede conversar, cuando fuerzas especiales de carabineros quebranta con su presencia los espacios de diálogo y que, además, tienen la facultad para irrumpir en nuestras tierras y violentarnos?...

Sin embargo, y a pesar de todas las inconsecuencias de parte del Estado y los gobiernos de Chile, una vez más, estamos argumentando nuestros motivos, que se sustentan en la mirada y en la forma como los mapuche nos relacionamos con nuestro entorno. Una vez más, demostramos que no nos oponemos sin fundamentos. Una vez más, abrimos las puertas para el diálogo respetuoso y verdadero, pero no ese que aspira el gobierno para sus conciudadanos, en donde, debemos sí o sí aceptar y acatar imposiciones arbitrarias, y medidas compensatorias que resultan acomodaticias para favorecer a los empresarios, pero no resuelven nuestras verdaderas necesidades como pueblo, por el contrario, las acrecientan porque van en perjuicio directo de nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.

Nuestros espacios naturales están siendo ofertados a empresarios inescrupulosos que se amparan en una legislación deficiente que los favorece. Centrales hidroeléctricas, embalses, pisciculturas, geotérmicas, minería, forestales, etc., todas son actividades que invaden nuestro territorio, lo degradan y terminan por destruir la mapu y toda la vida que ella cobija, empobreciendo a nuestras familias y deteriorando nuestra calidad de vida.

Insistimos en señalar, que esta situación ha sido permitida por el Estado chileno, que en su accionar, avala un sin número de “iniciativas” de sectores privados, que buscan lucrar a costa de la afectación de la naturaleza y la transgresión de los derechos humanos de los pueblos originarios. Así, son cada vez más los atropellos que suman y crecen en diversos territorios, dejando en evidencia que no existe empatía ni respeto por las personas, sólo afán de lucro para enriquecer a poderes fácticos.

Hoy, el Estado ha definido zonas de sacrificio, acción que justifica señalando la necesidad imperiosa de crecer económicamente para lograr índices de desarrollo y disminuir brechas de pobreza. Argumento rancio que ya no aceptamos, y que es utilizado para irrumpir y depredar nuestros ecosistemas y vulnerar los derechos de todas las comunidades que dependen de su existencia y permanencia.

Chile tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. Sin embargo, no ha existido voluntad del Estado y sus gobiernos de turno para resarcir las injusticias sociales, como así también, las heredadas de la dictadura.
Actualmente, no están dadas las condiciones para dialogar y tomar acuerdos en conjunto, pues ni siquiera existen espacios de participación democrática real y efectiva, en donde, los pueblos originarios, decidamos nuestro desarrollo social, económico y cultural. La participación que promueven los órganos del Estado no ha sido inclusiva y vinculante. Proyectos de ley se han aprobado sin haber consultado a quienes somos los directos afectados. Un ejemplo de ello es la actual política energética aprobada a fines del 2015, en donde se legitimó un proceso que NO NOS CONSIDERÓ.

El Estado y los gobiernos de turno no pueden pretender dialogar con el pueblo mapuche, si continuamente vulneran el convenio N° 169 y específicamente, en lo que resulta esencial para entendernos y lograr acuerdos: LA CONSULTA INDÍGENA, la cual, debe ser VINCULANTE Y RESOLUTIVA. Actualmente, todos los proyectos que se pretenden emplazar en la zona, especialmente, los energéticos, no han considerado esta consulta -que por lo demás, es responsabilidad del Estado convocarla y hacer que se cumpla- y por el contrario, este proceso de relevancia para nuestros intereses, se posterga o, no se ejecuta con los verdaderos afectados. Los organismos públicos, cuando la contemplan, lo hacen en etapas avanzadas de los proyectos, cuando éstos ya están definidos. Al Estado no le interesa si estamos dispuestos a convivir con estos proyectos, o cómo afectarán nuestras vidas. El Estado resuelve e impone, ni siquiera respeta acuerdos ni convenios internacionales. El convenio n° 169 debe aplicarse íntegramente y para ello requiere de la voluntad política y de los gobiernos para constituirse en una política de Estado. Esto resultaría ser un gran paso en la reivindicación y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios.

Hoy muchas comunidades, mapuche y no mapuche, están viendo afectados, irremediablemente, su entorno natural y por ende su subsistencia, como consecuencia de las malas decisiones políticas del pasado y en donde el Estado ha sido y es, el principal responsable. Se ha cumplido lo que siempre hemos dicho: el deterioro de los ecosistemas, alcanza tarde o temprano al hombre y la crisis ambiental se convierte en una crisis social y humanitaria que no se puede mitigar, compensar o reparar con dinero: EL DINERO NO ALIMENTA, NO SE RESPIRA, NO SACIA LA SED. Así se pierden los territorios, la cultura que en ellos existe, la espiritualidad que los define. Se pierde la Vida.

En el año 2012 el gobierno de Chile llamaba la atención en los medios de comunicación sobre la crisis energética inminente, lo cual, provocaría una desaceleración económica que afectaría al país en su crecimiento y desarrollo. Para convencer a la ciudadanía de las medidas que se definirían a futuro, se esgrimieron argumentos que señalaban “posibles restricciones, aumento de los precios de la electricidad, crisis económica, etc.”.

A partir del año 2014 se comenzó a promover una agenda para desarrollar una política energética liderada por el Ministerio de Energía, responsable de su desarrollo e implementación. Así se inicia el proceso denominado “Energía 2050: Una nueva política energética para Chile”. Este proceso contempló, en su desarrollo -de acuerdo a lo que el ministerio señaló- mesas de trabajo, encuestas deliberativas, definición de objetos de valor de los territorios, sin embargo, jamás fuimos invitados a participar y nuevamente la consulta indígena se vulneró y no se ejecutó en nuestro territorio, que será uno de los afectados cuando se aplique está política. Posteriormente, en noviembre del 2015 se realizaron cinco talleres de consulta pública para todo el país. Allí, se recogieron las impresiones de la sociedad respecto a la Política Energética 2050. Tampoco fuimos consultados. Un mes después se entregó el documento final a la Presidenta Michelle Bachelet, que legitimó y avaló este proceso sin nuestra participación como pueblo mapuche.

Esta Política Energética de Largo Plazo argumentaba: “Se requiere de un sector energético en donde se consideren, junto con los aspectos técnico-económicos, la visión y expectativas de las comunidades locales en torno al medio ambiente y al desarrollo”. (fuente: página del Ministerio de Energía). ¿Dónde están esa voluntad y compromiso que señalan?... ¿Cómo se legitima socialmente una política, si en la práctica actúa en contra de sus propios argumentos?...

Sin embargo, hoy existe un superávit de producción energética en el norte de Chile, y por lo mismo se exporta. En tanto, el ministro de la cartera se jacta señalando a los medios que, “El norte de Chile es minero, pesquero y ahora exportador de energía”, y agrega, “Este es un primer paso de enorme proyección y una excelente noticia para la economía del país”. O sea, la producción de energía se convirtió, ahora, en un muy buen negocio para enriquecer a los grupos de poderosos de siempre. Y ¿Dónde quedó el déficit energético que nos decían?... Sólo resultó una falsedad más para invadir y explotar los territorios.

Estos hechos y muchos otros, avalan nuestras razones y refuerzan nuestros argumentos: No queremos irrupciones en nuestro territorio. Nuestra tierra no está a la venta. Nuestros bosques, ríos y montañas, no son un negocio con los que se pueda lucrar.

El pueblo mapuche siempre ha intentado dialogar, pero las autoridades tienen un profundo desconocimiento del carácter indígena del territorio donde se emplazan proyectos. Esta circunstancia limita y empobrece la comunicación. Sin embargo, y a pesar de la ignorancia que se tiene respecto de nuestra cultura, los organismos públicos, generan “guías de criterios para evaluar la alteración significativa de grupos humanos”, avalando metodologías de trabajo deficitarias y cuestionables, pues no se ha considerado la visión y opinión de las comunidades mapuche. Contradictoriamente, nuestra existencia como pueblo originario es reconocida formalmente por la ley N° 19.253, que en el artículo 1° señala: “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”

Cuando los organismos públicos deciden sobre el área de influencia -en relación a la afectación de un proyecto sobre comunidades indígenas- acotan y restringen esa área al espacio en donde se ubican nuestras viviendas y descartan que nuestra forma de vida se relaciona con un territorio y que no está reducida a una superficie menor. Nuestras, expresiones culturales y espirituales, veranadas, piñoneos, recolección de hierbas medicinales, hongos, pesca, etc., se realizan en los ríos, montañas y bosques. Estos lugares son LA PROLONGACIÓN DE NUESTRO HOGAR.

Cuando los empresarios mencionan que ya cuentan con la aprobación de las comunidades mapuche que están aledañas a sus proyectos, están faltando a un derecho fundamental: El territorio es ocupado por todas las comunidades que existen en la zona. Luego, el impacto de un proyecto, igual nos alcanza y afecta a todos.

Consideramos un insulto, cuando señalan haber encontrados “vestigios arqueológicos”, que dan cuenta de asentamientos mapuche en los terrenos donde se pretenden emplazar los proyectos. No somos un pueblo extinto. En el pasado y presente, fuimos y somos parte de este territorio y esta es la prueba más fidedigna de que nuestra vida la desarrollamos en las riberas de los ríos, especialmente, el río Cautín. Sitios de reunión y de significación cultural y espiritual serán siempre encontrados en estos lugares, porque han sido nuestros espacios sagrados desde tiempos remotos. Un acto respetuoso hacia las culturas originarias sería, que se nos pregunte, directamente, si estamos viendo afectado nuestro patrimonio indígena.

Los ríos, la vegetación que los rodea, son elementos esenciales en la cosmovisión y religiosidad de las comunidades que habitan el territorio. Este es un aspecto gravitante, que los instrumentos interamericanos de derechos humanos protegen como derecho de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales a gozar de la particular relación espiritual con el territorio que han usado y ocupado tradicionalmente. Sin embargo, el Estado y los organismos públicos no lo reconocen.

El Convenio N° 169 de la OIT señala que la participación de las comunidades indígenas se torna una obligación para todo estamento y/o procedimiento que emane o se relaciones con disposiciones del Estado. No obstante, Chile está al debe con el pueblo mapuche.

Nuestras necesidades prioritarias se relacionan, con la tierra y el agua y de ninguna manera se resuelven con el emplazamiento de proyectos energéticos, forestales, pisciculturas, mineros, etc. Por el contrario, se agudizan. En numerosas oportunidades hemos señalado que nuestras prioridades son:

1. Recuperar los derechos de tierra y agua (para subsistencia y desarrollo)

2. Reivindicación territorial con participación efectiva, vinculante y real en el proceso de desarrollo.

3. Autonomía energética sustentable, consensuada con las comunidades del territorio y que su implementación no afecte y altere los ecosistemas naturales (ejemplo: fomento para energía eólica y solar) y que tampoco se convierta en una instancia de lucro empresarial.

Los organismos públicos, han postergado estas demandas por décadas y las soluciones entregadas resultan parciales. La competencia de algunos órganos del Estado no resulta tan ágil cuando se requiere resolver nuestras reclamaciones históricas.

Este documento, podría extenderse mucho más. Sin embargo, consideramos que las autoridades deben dar ahora explicaciones del porqué no han respetado los compromisos pactados con organismos internacionales y con el pueblo mapuche. El Estado de Chile debe respetar y honrar la palabra entregada y los acuerdos firmados.

Así nuestra postura se resume en:

1. No aceptamos proyectos que van en contra de nuestras reales necesidades y que perturban nuestro territorio y la vida que en él existe;

2. No legitimamos leyes que han sido aprobadas sin considerar nuestra opinión desde el momento en que se formulan y definen.

3. Nuestra participación en la consulta indígena debe ser real, efectiva, vinculante y resolutiva.

4. No aceptamos prácticas, políticas y empresariales, que faltan a la ética y vulneran los derechos esenciales de nuestro pueblo.

5. No aceptamos diálogos donde las decisiones ya están pre-definidas por parte del Estado.

6. No aceptamos medidas de represión que atentan contra nuestro pueblo.

Todo lo anterior, es concebido como imposiciones arbitrarias en desmedro de nuestra subsistencia e intereses de vida.

Como pueblos originarios, demandamos que el Estado de Chile nos reconozca en todos nuestros derechos, claramente refrendados en el Convenio N°169 de la OIT. Mientras esto no ocurra, no estarán dadas las condiciones para un diálogo franco y verdadero.
Requerimos conocer por escrito, la postura de las autoridades públicas ante todo lo señalado.
Atentamente,

Firman:

Luis Araneda Arriagada
Lonko de la Comunidad Benancio Huenchupán

Luis Araneda Necumán
Werkén de la Comunidad Benancio Huenchupán
Luisaranedan65@gmail.com

Juan Ramón López López
Werkén de la Comunidad Quilape López

Juan Antonio Huenuhueque Cheuquepán
Lonko de la Comunidad Liempi Colipi

2513

    





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