- Paraguay:
Exigen un trabajo imparcial y exhaustivo, que esclarezca los hechos y se dilucide la responsabilidad de agentes estatales sobre estas muertes

13 de Julio de 2016

Codehupy, Oxfam y Amnistía exigen que se investigue la muerte de los campesinos del caso Curuguaty

Tanto la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) como las institucionales internacionales Oxfam y Amnistía Internacional sentaron postura sobre la sentencia del tribunal que condenó entre 4 y 35 años a los 11 campesinos y campesinas del caso Curuguaty en Paraguay.

- La Codehupy pidió expresamente al tribunal de apelación que anule la sentencia del tribunal de sentencia, para revertir parcialmente la situación.

Rechazó y calificó de arbitraria esta sentencia, de una causa irregular que de principio a fin violó las garantías judiciales de las personas acusadas, como el debido proceso.

Para la Coordinadora el tribunal condenó a los 11 campesinos y campesinas sin tener la certeza de su culpabilidad, con lo que ha conculcado los derechos elementales de estas personas.

“El caso Curuguaty también nos muestra cómo la discriminación se expresa en el Paraguay, cuando el Estado persigue a expensas, incluso, de sus obligaciones en derechos humanos a unos, dejando en la impunidad a otros, según la conveniencia y los cálculos políticos del poder. A 4 años de los sucesos no existe ninguna investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales y torturas sobre las cuales existen evidencias muy consistentes. Esto también es así cuando asistimos al más absoluto desinterés por investigar la muerte de Vidal Vega, dirigente campesino de Marina Kué ejecutado por sicarios en su domicilio el 1 de diciembre de 2012”, expresó.

Oxfam y Amnistía Internacional emitieron un comunicado en común desde sus oficinas regionales, ubicando el caso Curuguaty en el contexto de la concentración de tierras en Paraguay y la ausencia de resultados en procesos como la reforma agraria, como también del asesinato selectivo de al menos 115 dirigentes campesinos desde 1989.

En este contexto, sostienen, las familias de la zona de Curuguaty vienen reclamando hace 10 años su acceso a tierras del Estado.

Además recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el Estado tiene la obligación de dilucidar los casos de muerte donde se ven involucrados agentes estatales, de tal modo a evitar las condiciones para que estos hechos se repitan.

“En el juicio oral y público, única causa judicial impulsada para esclarecer los acontecimientos del desalojo violento del 2012 de Curuguaty, se han condenado a once campesinos por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, sin dar respuesta a su vez a los temas de verdad y justicia en el caso de los otros once campesinos asesinados, y sin dilucidar la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil”, expresa el escrito.

Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en este caso el Ministerio Público no pudo explicar convincentemente por qué decidió no investigar, en los mismos sucesos, la muerte de los 11 campesinos, como tampoco la aparente alteración de la escena del crimen y las posibles torturas durante el procedimiento policial.

“Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012”, cierra el comunicado.

Asunción, 13 de julio de 2016 (BASE IS)

http://www.baseis.org.py

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