- Chile:

04 de Febrero de 2017

Política del agua, un silencioso camino a la sequía de Chile

El 72 por ciento de la superficie chilena es azotada por la sequía, mientras la ley que regula la repartición de agua en el país, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), prioriza el consumo para la producción económica por sobre las necesidades humanas.

- "Es fundamental la reforma al Código de Aguas porque tenemos una ley muy antigua, creada en un período de abundancia del recurso hídrico, mientras hoy en Chile tenemos una escasez que está presente en todo el país", afirmó a Sputnik el diputado comunista Daniel Núñez.


El parlamentario, que preside la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Baja, señala que la actual normativa contempla "el derecho de propiedad del agua, y no las funciones sociales que tiene, siendo la más básica y humana de todas, la del derecho a la vida".

En 2016, miles de personas se manifestaron bajo la consigna "Por la recuperación del agua y la vida", para exigir al Congreso un urgente cambio al decreto instaurado en 1981, durante el proceso de reformas llevado a cabo en la dictadura de Pinochet.

Esta "privatización" del agua en el territorio, avala "los abusos de grandes empresas mineras, agrícolas y forestales, en perjuicio de los pequeños propietarios y la población", opina Núñez.

A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la "obsoleta" medida, cuya discusión había sido postergada por cinco años desde el ingreso de un proyecto de ley referente a la materia al Parlamento, en 2011.

En dicha oportunidad, el diputado independiente Gabriel Boric planteó que el manejo de las aguas en el país, es "uno de los lastres" que aún perduran desde la dictadura, que permitió que el derecho de aprovechamiento gratuito y a perpetuidad del recurso hídrico fuera concedido por el Estado a empresas privadas.

"Una situación única en el mundo", apuntó el político de izquierda.

Reforma pendiente

Según datos de la entidad pública, Dirección General de Aguas, en Chile existen 101 cuencas por donde pasan 1.252 ríos torrentosos.

A pesar de esto, en el territorio aún subsisten 41 comunas sin acceso al agua potable y la nación está sumida bajo una alarma de un 40 por ciento de escasez hídrica en toda su extensión, perjudicando a unos 11,6 millones de personas, el 65 por ciento de la población total.

La nueva reforma, que se discutirá en el Senado a partir de marzo, busca otorgar al Estado la facultad de intervenir cuando se declare una zona de sequía, donde se daría prioridad al consumo humano del agua por sobre su función en las actividades productivas, sumado a la pérdida del dominio del recurso en caso de acaparamiento y especulación de los derechos de aguas, en el caso de las empresas privadas.

Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, la legislación que se persigue es insuficiente, porque involucra sólo al 10 por ciento de los derechos que aún son administrados por el Estado, y no a los títulos del sector particular.

El ingeniero geomensor recalcó a Sputnik que la propuesta no es retroactiva, lo que "mantendrá las mismas reglas" para los conglomerados dueños del gran porcentaje de las aguas y de su "uso lucrativo"; salvo en situaciones extremas como el decreto de una zona de sequía, aseveró.

En el Mapa de Riesgo presentado en marzo pasado en la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía, se declaró que un 76 por ciento de Chile está afectado por los fenómenos de la sequía (72 por ciento), desertificación (22) y suelo degradado (80).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alertó sobre la alta contaminación del agua en el país sudamericano y advirtió que se debe "limitar las captaciones, reflejar los requisitos ecológicos y conceder prioridad a usos esenciales del agua", ante su progresiva carencia.

La lucha de Caimanes

Caimanes, un poblado que se ubica a unos 225 kilómetros al norte de Santiago, notó que el agua de su comunidad desapareció por completo tras la construcción en 2005 de un tranque de relave de la minera Los Pelambres, la sexta mayor productora de cobre del mundo, que sólo en 2016 extrajo 709.400 toneladas del metal fino.

La observadora de derechos humanos Elif Karankartal, quien hace años persigue una solución para los habitantes de la localidad, relató a esta agencia que la esfumación del recurso natural desencadenó incesantes manifestaciones sociales, tanto en dicho lugar, como en el resto del país.

La francesa, que presentó un informe ante la ONU por la vulneración al pueblo de Caimanes, remarca que la cuprífera no ha cumplido con el dictamen judicial que en 2014 la obligó a destruir el tranque, para devolver el curso del agua, y más encima ofrece dinero a las familias afectadas para que firmen un acuerdo de conformidad.

"Eso es comprar el silencio", dijo Karankartal.

En su opinión, el principal problema es el privilegio que se entrega a la producción minera, principal fuente de ingresos en Chile producto de la exportación de cobre, antes que a las necesidades de las personas, que equivale a "un sistema comercial que no respeta los derechos humanos", subrayó.

La situación del pueblo de Caimanes es sólo una entre tantas, mientras el sector más conservador de la política chilena, junto a poderosos empresarios agricultores y mineros, continúan en su oposición pública a la reforma a la ley de aguas, que han catalogado de "expropiación camuflada".

Según los expertos en el área, los vínculos con el poderío y los intereses económicos que arrastra el recurso hídrico y más vital para la existencia del ser humano, se interpondrán en el debate legislativo para la implementación de una nueva política en Chile, país que cuenta con los servicios básicos más caros de toda Sudamérica.

Por Valentina Bastías Atias
SANTIAGO (Sputnik)

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201702041066697277-Codigo-Aguas-reforma/

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