06 de Febrero de 2017

En una carta al Embajador de Ecuador en Chile, organizaciones latinoamericanas manifestaron su preocupación por las comunidades afectadas por la minería en ese país y señalan que, "al parecer, las autoridades del gobierno central del Ecuador, en su afán de garantizar las inversiones mineras nacionales y extranjeras, ha desprotegido los derechos de las comunidades afectadas, siendo éstas perseguidas, criminalizadas, encarceladas, desplazadas y atropellados sus derechos más fundamentales".

El texto completo de la misiva es el siguiente:

Sr Embajador
República del Ecuador
Sr.:Fernando Yépez Lasso

Sr. Embajador,

Hacemos llegar a usted una declaración por la situación minera que viven comunidades en Ecuador.

Declaración por situación minera en Ecuador

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, ambos con sede en Santiago de Chile declaran:

1.- Que las informaciones provenientes desde las comunidades y organizaciones de la sociedad civil del Ecuador demuestran que la implementación del modelo extractivo minero provoca conflictos socioambientales graves y que los más perjudicados son los pobladores y comunidades afectadas donde se instalan dichos proyectos.

2.- Que es de conocimiento público, que hay diversas comunidades afectadas por proyectos mineros en el Ecuador, que han manifestado abierta y expresamente su disconformidad con el modelo minero impuesto, por los riesgos sociales y ambientales que comprobadamente la minería trae consigo.

3.- Que al parecer, las autoridades del gobierno central del Ecuador, en su afán de garantizar las inversiones mineras nacionales y extranjeras, ha desprotegido los derechos de las comunidades afectadas, siendo éstas perseguidas, criminalizadas, encarceladas, desplazadas y atropellados sus derechos más fundamentales.

4.- Que tal situación ha sido también puesta de manifiesto por organismos internacionales, preocupados por la situación que viven las comunidades afectadas por proyectos mineros en ese país.

5.- Que existen casos suficientemente documentados donde los daños producidos por proyectos mineros a las comunidades y el ambiente son prácticamente irreparables y que los supuestos beneficios efímeros y de corto plazo, no justifican tal desprotección social y ambiental.

6.- Que expresamos nuestra particular preocupación por el rol que juega la empresa minera estatal chilena Codelco, que junto a la empresa estatal ecuatoriana ENAMI EP, pretende desarrollar un proyecto minero de cobre en la zona norte del Ecuador, específicamente en la zona cercana a la localidad de Junín, en la provincia de Imbabura.

7.- Consideramos que la zona mencionada al igual que otras zonas del Ecuador afectadas por minería tienen suficientes alternativas económicas, sociales y particularmente ambientales para garantizar el buen vivir a su población y pueden de esta forma aportar al buen vivir de toda la sociedad ecuatoriana.

8.- Creemos firmemente que el Ecuador tiene todas las condiciones para garantizar lo establecido en su ejemplar constitución, como el derecho de las comunidades a definir su propio estilo de vida en busca del buen vivir, así como los derechos de la naturaleza. Los emprendimientos mineros van en contra, tanto del buen vivir, como de los derechos de la naturaleza y la opción legítima de las comunidades de rechazar la minería en sus territorios y construir su propia forma de vida.

Lucio Cuenca B.
Director
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

César Padilla O.
Coordinador
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL

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