07 de Marzo de 2017

Si hay una lucha que representa el coraje y la resistencia de los humildes frente a los abusos de las multinacionales esa es, sin duda, la del caso Chevron/Texaco en la Amazonía, uno de los desastres ambientales más terribles del planeta. Todo comenzó cuando la multinacional estadounidense obtuvo en 1964 una concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador para explorar y extraer petróleo. Al llevar a cabo su actividad, Chevron/Texaco realizó una serie de operaciones, vinculadas a una reducción de costes en la explotación, que provocó derrames de crudo de enormes magnitudes, que causaron la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y dejó 30.000 víctimas.

Tras 23 años de litigio, el juicio contra Chevron se ha convertido en el caso de justicia ambiental más documentado y debatido en foros internacionales y en facultades de Derecho de diversos países. Es, además, el emblema de luchas locales, regionales y mundiales, un referente de las vías de acceso de los pueblos a la justicia frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales.

El abogado de esta lucha, Pablo Fajardo (Manabí, 1973), ha conseguido poner contra las cuerdas a los directivos de Chevron, exigiendo incluso una investigación sobre éstos ante la Corte Penal Internacional de la Haya.
Encontrarse con Fajardo no es sencillo. Pasa sus días en la Amazonía trabajando con los afectados mientras continúa con la batalla jurídica en distintos países, las conferencias, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil y la participación en el grupo de trabajo intergubernamental para un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en las Naciones Unidas. En medio de esta intensa actividad, conseguimos cuadrar un encuentro en la sede de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDATP) en Quito, pocos días antes de que Fajardo iniciara una gira por diversas ciudades españolas para difundir el caso y recabar apoyos de entidades y organizaciones.

Fajardo sabe que tiene en sus manos una enorme responsabilidad y que, aunque no quiera, se ha convertido en el símbolo de la lucha de David contra Goliat, de los pueblos del Sur Global frente a las atrocidades cometidas impunemente por las multinacionales. Pero nada de eso le roba la serenidad, la humildad y la sonrisa. Y así, con un par de cafés, comenzamos el recorrido por el desastre y hacia la esperanza.

Empecemos con algunos datos que muestren la magnitud del desastre, ¿qué irregularidades cometió la empresa y cuáles han sido las consecuencias de aquellos vertidos?

Las prácticas de la empresa fueron voluntariamente orientadas a conseguir una reducción de costes, sin tomar las precauciones necesarias (por ejemplo, las piscinas para los residuos, que medían como mínimo más de 300 metros cuadrados, se construyeron en las inmediaciones de las fuentes de agua superficial) y se vertieron de manera intencional a los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones de galones de agua tóxica (agua mezclada con tóxicos producto de la extracción). Los vertidos cubrieron de petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o carreteras y destruyeron más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico donde habitaban pueblos indígenas ancestrales como los siekopai, sionas, cofanes, waorani, tetetes y sansahuari.

Varios estudios de salud, entre ellos, los contenidos en los libros Las palabras de la selva, de Carlos Beristain, y Cáncer en la Amazonía, de Miguel San Sebastián, realizados en la zona, determinan la existencia de cientos de casos de cáncer plenamente atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados por la petrolera.

Y, evidentemente, todo esto vulneraba las cláusulas de la concesión y la normativa ecuatoriana e internacional…

Sí, sin duda. De acuerdo con la ley ecuatoriana, el contrato de concesión y las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba obligada a utilizar la mejor técnica posible para evitar el impacto ambiental y así no afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero la actitud irresponsable adoptada por Chevron generó uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad causado por una transnacional. Frente a Chevron, y con el sueño de lograr una reparación del daño causado, más de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana plantearon en 1993 una demanda contra la petrolera en el Estado de Nueva York; es decir, ante el sistema judicial norteamericano.

¿Qué ha alegado Chevron/Texaco en su defensa?

Aunque las afectadas se cuenten por miles se trata de una lucha de David contra Goliat. No luchamos sólo contra una multinacional y su ejército de abogados, sino contra una arquitectura de la impunidad, un entramado de normas internacionales y de prácticas empresariales que han construido un espacio de impunidad donde las transnacionales pueden permitirse la comisión de estas atrocidades sin que se les responsabilice por las consecuencias.

En concreto Chevron activó dos argumentos para su defensa. En primer lugar, y a efectos de lograr que los jueces norteamericanos desestimaran la demanda, la petrolera consiguió que, en 1998, el gobierno de Jamil Mahuad firmara un Acta de Finiquito que liberó a Chevron de cualquier demanda del Estado Ecuatoriano a cambio de una “remediación ambiental” operada por la empresa que sólo remedió una pequeña parte del daño causado. En segundo lugar, la empresa utilizó el argumento jurídico del foro no conveniente, al afirmar que el sistema norteamericano, no era el foro adecuado y que si, en todo caso, se debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el sistema judicial ecuatoriano, que en aquel momento parecía ser el más proclive a proteger los intereses de la multinacional. Finalmente, depués de nueve años de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron ganó esa batalla y el caso se radicó en Ecuador. La petrolera argumentó, de nuevo, que el sistema judicial ecuatoriano no era competente.

Tras una batalla jurídica agotadora, en 2011, la Unión de Afectados/as por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) logró que Chevron fuera condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares para reparar el daño causado. Pero ya era tarde, durante todos esos años de proceso Chevron retiró todos sus bienes y activos en Ecuador. Esto generó la imposibilidad de ejecutar la sentencia en el país donde se produjo el daño. Inasequible al desaliento, con miles de víctimas a las que defender, la UDAPT y su equipo de abogados continúan hoy litigando en las cortes de Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional. Han llegado a obtener el respaldo de varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no han logrado algo tan fundamental como la posibilidad de ver ejecutada la sentencia. En realidad, no solo se nos está negando la compensación por los innumerables daños, sino que este caso demuestra, además, cómo las grandes multinacionales consiguen vulnerar el derecho de las personas y los pueblos al pleno acceso a la justicia.

Si las multinacionales cometen crímenes como este a lo largo y ancho del planeta y no existen normas internacionales o nacionales capaces de evitarlos y asegurar la protección a las víctimas, ¿quiere decir que hay una lex mercatoria que protege sus intereses y que se sitúa por encima de los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Cuáles son los mecanismos concretos que utilizan estas empresas?

Existe sin duda un entramado jurídico procesal que se erige como una sucesión de murallas destinadas a impedir o desincentivar la acción de las víctimas en defensa de sus derechos y la determinación de la responsabilidad de las multinacionales. El primero de los obstáculos es, sin duda, el económico, es decir, el coste de los procesos. Según los datos, algunos públicos y otros extraídos del análisis de costo, Chevron ha gastado más de 2.000 millones de dólares en su defensa. Ha contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación o de lobbies. Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a distintos gobiernos del mundo con el fin de comprar impunidad. Por ejemplo, cuando la UDAPT logró activar el embargo en la República de Argentina, Chevron ofreció realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta a cambio de que los jueces levantasen ese embargo. Finalmente, el chantaje les funcionó: la Corte Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de julio se suscribió el contrato de inversión entre Chevron y el gobierno argentino.

Por añadidura, la superioridad económica de la empresa se traduce en la contratación de expertos para fabricar pruebas que le descarguen de responsabilidad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se realizaron más de 80.000 pruebas para comprobar la contaminación, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los cuales pagados totalmente por Chevron. Durante la fase de investigaciones de campo, el multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron debía hacer un gran esfuerzo para no hallar residuos de tóxicos; y cuando daban con ellos su trabajo era ocultarlos o minimizar su impacto.

Como es evidente, es imposible para los pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación que utiliza todo su potencial económico para defenderse en un sistema que, al final, no garantiza la igualdad para las partes.

Hablaba de murallas sucesivas...

La segunda de las murallas la construye la propia dinámica empresarial y sus estrategias de descentralización productiva que le permiten ocultar la personalidad de la empresa matriz y diluir así la responsabilidad por los crímenes cometidos tras las empresas subsidiarias. Según el informe publicado en 2011, PipingProfits, de la delegación noruega de la coalición mundial PublishWhatyouPay, Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más de 77 empresas subsidiarias, la mayoría de ellos en paraísos fiscales. Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña es la ingeniería que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio. La UDAPT, que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del Ecuador, hoy está abocada a realizar distintas acciones de exequatur [homologación de sentencia] en jurisdicciones extranjeras, como Canadá, Brasil y Argentina. En todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario, tras las subsidiarias. El pasado 20 de enero, un juez de Toronto nos dio la razón en muchos aspectos en nuestro litigio por tratar de homologar la sentencia ecuatoriana. Sin embargo, el mismo juez afirmó que Chevron Corporation es una empresa distinta a Chevron Canadá. En otras palabras, hasta este momento a Chevron le ha dado resultado el ocultarse detrás del velo societario, de las corporaciones creadas principalmente en paraísos fiscales. Está claro que no usan esos países solo como un mecanismo para evadir impuestos, sino que también lo hacen para ocultarse de la justicia.

¿Hay más obstáculos?

Sí. El tercero de ellos se deriva, evidentemente, de la connivencia que existe entre los intereses de las multinacionales y los de algunos gobiernos como el de Estados Unidos. En este caso, tanto el sistema judicial como la administración pública de ese país han protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación. Por ejemplo, en su momento Wikileaks reveló al menos nueve cables que evidenciaban las presiones que ejercía la embajada norteamericana en Quito sobre el gobierno y el sistema judicial ecuatoriano para ayudar a Chevron. Adicionalmente, en los últimos años, el sistema de justicia estadounidense, asentado en Nueva York, ha emitido resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar nuestra sentencia en Estados Unidos por un supuesto fraude. Durante el proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y a sus defensores hablar de la contaminación ambiental generada por Chevron. Los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen Ecuador, no conocen el daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se generó para que exista la sentencia en Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene inversiones económicas en Chevron mediante fondos de inversión. Igualmente existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del gobierno norteamericano para incidir en el gobierno de Ecuador.

El cuarto obstáculo lo constituyen los tratados bilaterales de protección de inversiones y los tribunales de resolución de controversias inversor-Estado que cierran el círculo para garantizar la impunidad a las corporaciones. Chevron ha planteado tres arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima y valiente defensa que hace el Estado ecuatoriano, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.

Los 23 años de lucha de la UDAPT contra Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice impunidad, lo que nos muestra que el problema es sistémico. El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones transnacionales. En pleno siglo XXI ¿cómo se explica que cuando una persona quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o internacional de Derechos Humanos, éste primero debe agotar todos los recursos internos de su país; sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados directamente? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente, pueblos indígenas, son declaraciones, no vinculantes mientras que los instrumentos jurídicos para proteger las inversiones son vinculantes?

¿Hay alternativas frente a la lex mercatoria? ¿Es posible luchar contra la impunidad de las multinacionales?

Sin duda, desde hace años y desde diferentes foros se están impulsando alternativas para hacer frente a esta arquitectura de la impunidad. El Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales o el proceso que se está siguiendo en Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento vinculante para regular, dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las compañías transnacionales y otras empresas son una buena prueba de ello. La Campaña Global para desmantelar el poder corporativo es uno de los lugares de encuentro para la construcción de alternativas donde todas y todos podemos unirnos para frenar la impunidad de las multinacionales.

Por Adoración Guamán, profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.
CTX

http://ctxt.es/es/20170307/Politica/11030/Entrevista-Pablo-Fajardo-Chevron-Amazonas-juicio-contaminacion.htm

730



.