- Chile:

13 de Diciembre de 2017

Una entrevista con Lucio Cuenca: “Las multinacionales han secuestrado la democracia”

Como hemos visto, hablar de modelo extractivista en América Latina es, cada vez más, hablar de conflictos ambientales y comunidades que reivindican el control sobre su territorio. Las resistencias, sobre todo las de los principales afectados por estos procesos, que son las poblaciones indígenas y campesinas, experimentan un auge paralelo a la voracidad de las intervenciones de las multinacionales. Se trata de movimientos locales, muy anclados al territorio, pero que, sin embargo, tienen una proyección global, en tanto que cuestionan el modelo económico. Desde las cosmovisiones indígenas, incluso, la crítica puede ir más allá del anticapitalismo para cuestionar las nociones de progreso, democracia y, en general, las bases de la modernidad occidental.


Lucio Cuenca ha sido un testigo privilegiado de este proceso, desde su papel como director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), que, con sede en Chile, tiene vocación de colaborar con movimientos sociales de toda la región latinoamericana. El objetivo es apoyar a estos movimientos y ayudarles a articular redes, algo que se va haciendo con dificultad, en medio de una profunda asimetría de poder entre los dueños del capital y los pueblos. Cuenca nos recibió en la sede del OLCA, en Santiago de Chile, una tarde de primavera de octubre de 2013.

Pregunta: Háblenos del trabajo del OLCA.

Respuesta: El Observatorio ofrece asesoría en gestión de conflictos, intentamos armar redes. A veces se tardan varios años. Son procesos largos, muy desiguales, pues se trata de relaciones muy asimétricas. Las transnacionales tienen el apoyo gubernamental, mientras que la legislación laboral y ambiental es muy débil. Estas son las consecuencias del modelo liberal, que otorga plena libertad para las inversiones. Las multinacionales son tratadas igual o incluso mejor que las nacionales, sin restricciones de ningún tipo, ni por escala, ambiente, localización, etcétera. Además, obtienen garantías para la seguridad de su inversión. Todo ello, en desmedro de los derechos de la ciudadanía y de las comunidades locales, sobre todo las más vulnerables, como comunidades campesinas e indígenas y zonas pobres del país.

P: En Chile ha calado el modelo neoliberal...

R: Chile es el modelo del modelo. El extractivismo (monocultivo forestal, semillas, minería...) provoca una reflexión sobre los bienes comunes y los recursos naturales, como es el uso del agua. La intensidad y la escala de la actividad es lo que define el (neo) extractivismo. Es una nueva forma de neocolonialismo, que tiene que ver con la política, con los privilegios para la inversión extranjera, y que se sostiene a través de una captura de los procesos de democratización. Yo creo que, si Chile no es más democrático, es por presión de las multinacionales para mantener sus privilegios y privatizar los recursos estratégicos, que se les entregan a estas empresas de manera gratuita. En la transición a la democracia se tomaron decisiones fundamentales. Hubo una continuidad. Porque las corporaciones han cooptado a la clase política de izquierda: limitaron la transición a la democracia. Las multinacionales han secuestrado la democracia.

P: El caso de la minería en Chile suele ponerse como ejemplo.

R: La extracción minera tiene los derechos garantizados por la Constitución: se sobrepone a todas las actividades. Está incluso por encima de la propiedad privada. Pero la minería demanda mucha energía y mucha agua y es un proceso muy invasivo para el medio ambiente. Y no se ha regulado con el cuidado que requerirían zonas sensibles como la cordillera y el Pacífico.

P: Algunas organizaciones sociales hablan de un giro en el poder judicial: ahora,
en Chile hay más fallos en contra de los proyectos de las multinacionales.


R: Es un fenómeno reciente, que se ha notado en los últimos tres o cuatro años: ha habido una reinterpretación de los derechos de los pueblos indígenas y de la institucionalidad ambiental. Tal vez tiene que ver con que los proyectos son cada vez más agresivos: se ha pasado por encima de los derechos de mucha gente. Lo cierto es que ha llegado a crear una crisis institucional en el Estado, porque ha habido fallos judiciales en contra de decisiones gubernamentales, como en el caso de la central termoeléctrica Castilla .

P: ¿Y cuál ha sido el papel de los sindicatos?

R: Los 17 años de dictadura militar aniquilaron el movimiento sindical. La nueva legislación laboral ha sido muy limitante, no hay derecho a huelga. Esto se relaciona con las garantías que desde los ochenta se ofrecen a las empresas para atraer IED. Al revés que otros países donde hubo dictaduras, en Chile, más allá de la barbarie, el proceso fue acompañado de un proyecto de la derecha para refundar el país. En Uruguay, por ejemplo, se volvió a la Constitución anterior después de la dictadura; pero en Chile no: la vieja Constitución se impone en la negociación de la transición, no hay cambios estructurales. Y se incorpora, por ejemplo, un sistema electoral binominal que excluye a los movimientos políticos diversos. Estos sectores se acomodaron. Y las multinacionales han cooptado las altas esferas para maximizar sus beneficios. El resultado: tercerización y precarización de la mano de obra, y también precarias condiciones para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente. En el sector minero y en el forestal, alrededor del 70% de los empleados está tercerizado o no tiene contrato.

P: Los defensores de la inversión extranjera suelen argumentar que la IED es
necesaria para el desarrollo.


R: Es una falacia. El discurso está tergiversado. Se les han regalado los recursos y con ello, la renta y la soberanía.

P: Pero la minería en Chile se puso a salvo de la privatización...

R: Ya no es así. Casi el 70% del cobre chileno está ahora en manos de las empresas privadas. Y eso supone el 40% del cobre del mercado mundial, pues Chile tiene alrededor de la mitad de las reservas conocidas en todo el mundo. El proyecto popular de Salvador Allende tenía como dos grandes pilares la reforma agraria y la nacionalización de la minería. Eso es lo que gatilló el golpe de Estado. No estuvieron conformes las empresas del sector, sobre todo estadounidenses. La nueva institucionalidad reprimarizó la economía hasta los años noventa. La minería, en cuanto a tributos y empleo, no es lo que era. Hoy, la industria minera es privada en un 72%; apenas el 28% es del Estado. Esto es muy importante si consideramos que la producción se ha multiplicado por cuatro: 5.600 millones de toneladas de cobre, y sin embargo sólo el 0,96% del empleo, unos 7.000 trabajadores (en total, con los tercerizados, llega al 2% y a 230 mil trabajadores).

P: ¿A qué se ha debido ese boom de la inversión?

P: En 25 años han sido unos 20 mil millones de dólares en proyectos mineros; el 60%, de compañías canadienses. La legislación se lo pone fácil: no existían royalties, sino la “renta presunta” del 4% para todos. El Gobierno de Ricargo Lagos [de la Concertación, centro- izquierda] lo modificó a renta efectiva, por utilidades. Pero se han demostrado manejos contables. Lagos recibió presión de las empresas, que terminan pagando lo que quieren y repatrían 20.000 millones de dólares al año. A cambio, dejan en Chile pérdida patrimonial, social y ambiental. Por no hablar del agua: la crisis hídrica se relaciona con la intensificación de la inversión minera, que además se concentra en el norte del país, donde la situación de crisis es permanente. De hecho, hay procesos parados por la falta de energía o de agua. Y sin embargo, la acusación cínica de las empresas es que los ecologistas están “judicializando los conflictos”, porque acuden a la justicia. El atropello en el norte de Chile es obsceno; incluye niveles de violencia y vulneración de derechos como no se habían visto antes. Un ejemplo es el de Pascua Lama: prevén 40 toneladas de oro. Tiene también cobre y plata, y minerales no metálicos. Hay litio en Chile aunque no es concesionable. Pero el Gobierno Bachelet encontró un mecanismo para posibilitarlo.

P: Hablemos de esas resistencias.

R: Según el Instituto de Derechos Humanos de Chile y su mapeo de conflictos socioambientales, en 2011-2012 se registran casi 100 conflictos ambientales, el 70% mineros o energéticos. Todos los días aparecen nuevas inversiones y con ellas, nuevos conflictos, porque el modelo extractivista contiene niveles crecientes de agresividad y violencia. Los conflictos ambientales conforman en Chile, junto con los estudiantes, el movimiento social más activo, pero están poco articulados.

P: Otro importante pilar del extractivismo es el sector agroexportador. ¿En qué
estado se encuentra en Chile?


R: Chile nunca ha sido un país de grandes monocultivos tipo soja, por sus condiciones geográficas. Sin embargo, existe una fuerte presión de los lobbies para abrirse a cultivos transgénicos no autorizados como frutas, cítricos, paltas o viñas. Hay también semillas transgénicas de maíz: el negocio de las semillas es muy rentable y está desplazando a los cultivos nacionales. Llegó Syngenta a ofrecer contratos para semillas y los campesinos arrancaron olivos de más de cien años. Esto tiene un efecto fuerte por la poca disponibilidad de cultivos en el país. Michelle Bachelet habla de convertir a Chile en una “potencia agroalimentaria y forestal”, de abastecer de alimentos al mundo. Pero la lógica del agronegocio es devastadora: destruye culturas, la vida campesina, fuerza a la migración.
Los desplazan, los arrinconan: cuando hablan de “modernización del campo”, a eso se refieren: a convertir a los pequeños productores en asalariados de las multinacionales. Y ese proceso se da con violencia. Es como la contrarreforma agraria de la dictadura: los predios expropiados con Allende fueron violentamente recuperados por los latifundistas o entregados a los empresarios del sector forestal.

El modelo se impone con la violencia y con la ley. La violencia del sistema no deja alternativa. Si no, no te dan los subsidios para que compres las semillas. La lógica del mercado es lo que quieren decir con modernización. En algunas zonas, se mantienen los modos de vida tradicionales, sobre todo los pueblos indígenas, pero permanentemente están chocando los modelos. Ya vemos las consecuencias: Chile fue “el granero del mundo” en los siglos XIX y XX; hoy se importa el 50% del trigo, maíz, etc. El país ha perdido su soberanía alimentaria.

P: Da la impresión de que el modelo extractivista ha calado también en gobiernos
de discurso anticapitalista, como Bolivia o Ecuador. ¿Está usted de acuerdo?


R: Existen tensiones muy fuertes en Bolivia, Ecuador, Brasil. Son gobiernos que han optado por el rédito político de corto plazo, las políticas asistencialistas. Caen en fuertes contradicciones. En el fondo, siguen la agenda del ALCA [Alianza de Libre Comercio de las Américas], impulsan los corredores IIRSA. El problema es que pareciera que no sea ya una situación coyuntural, como se había supuesto al principio —había que continuar la lógica extractivista mientras se creen las bases para evitar el hambre— , sino estructural.
Como dice [el economista ecuatoriano] Alberto Acosta, no se puede desmontar extractivismo con más extractivismo. Por todo ello, en países como Ecuador y Bolivia hay procesos transformadores muy interesantes que están estancados; lo que, entre otras cosas, demuestra que se necesita la integración de América Latina para salir de la hegemonía del neoliberalismo.

P: ¿Y cuál es el papel de Chile?

R: Chile es el modelo del modelo, y eso implica que lo que aquí suceda tiene doble repercusión, pues sirve de ejemplo para el resto de América Latina e incluso para Europa.
Y lo cierto es que en Chile cada vez hay más dudas sobre la privatización del sistema de pensiones, la educación, la salud; y sobre el extractivismo. Cada vez es más evidente la necesidad de una nueva Constitución, y de una reflexión sobre los bienes comunes, como el agua.

La gran dificultad es que el discurso hegemónico impregna también los discursos alternativos bienintencionados: por ejemplo, cuando los estudiantes piden que el 10% de las rentas del cobre se dediquen a la educación pública y gratuita. Y sin embargo, nadie se acuerda de lo que Chile gasta en defensa: el segundo país de la región en gasto militar después de Colombia. Chile es el matón del barrio. Pero no se reflexiona sobre esto, ni sobre la militarización de los territorios mapuches, ni sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los equipos de la región. La preocupación de Perú o de Bolivia es justificada y, mientras, la adquisición de tecnología militar prolonga nuestra dependencia de Estados
Unidos.

P: Frente a los retos sociales, el discurso oficial responde con la Responsabilidad
Social Corporativa.


R: Es una imposición de las empresas. La RSC acompaña procesos refinados de destrucción de las culturas locales y de sus estructuras. Supone también un reemplazo del papel estatal: la multinacional pasa a encargarse de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ese es un proceso de mucha violencia; coopta la voz de la gente. Y al mismo tiempo, el Estado legisla a su favor, le concede ayudas monetarias o le fabrica las infraestructuras. Así, por ejemplo, la fundación de Endesa reparte migajas entre las comunidades mapuches mientras el Estado le construye una millonaria línea de alta tensión
para que su inversión sea viable.

P: Usted trabaja directamente con movimientos sociales y comunidades implicadas
en conflictos ambientales. ¿Es optimista sobre las posibilidades de cambio?


R: Después de muchos años de lucha se aprecia una toma de conciencia, una revalorización del territorio, una transferencia de aprendizaje. Cada vez se reacciona antes, de forma más temprana, ante un conflicto ambiental. Mi impresión es que 2005 marcó un punto de inflexión: movimientos pequeños, ONG y ecologistas se unen, el movimiento social se ciudadaniza. Se dan importantes procesos de articulación, una lógica de articulación multisectorial. El movimiento se transversaliza. Desde entonces se han producido importantes marchas por el desastre de celulosa en Valdivia, por Pascua Lama, y en 2011, una inédita marcha en protesta por Hidroaysén que llevó a entre 40.000 y 100.000 personas a las calles de Santiago.

Un elemento de unión de estos conflictos es el agua. Cala la percepción de que se está comprometiendo la vida: en casos como el agua y las semillas, la gente siente que se privatizan conocimientos que se consideran patrimonio colectivo, que todavía no han sido apropiados o que fueron usurpados en momentos de extrema vulnerabilidad social, como fue el caso del agua en Chile, con una legislación aprobada en plena dictadura pinochetista.
Al mismo tiempo se produce una fuerte crisis de representación. Surgen muchas experiencias de autogestión y va calando la idea de comenzar a cambiar las cosas cotidianamente.

Capítulo 9 del libro Cara y cruz de las multinacionales españolas en América Latina, de Nazaret Castro.
Primera edición digital: Junio 2014. ISBN ebook: 978-84-942853-0-1. www.fronterad.com/

http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/nazaretcastro/cara-y-cruz-multinacionales-en-america-latina-lanzamiento

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