Así compra políticos una multinacional en España: "No había facturas ni presupuestos"

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La confesión de un ex-empleado de Cofely

10 de Enero de 2018

Así compra políticos una multinacional en España: "No había facturas ni presupuestos"

Así compra políticos una multinacional en España: "No había facturas ni presupuestos"
El exjefe de Operaciones de Cofely (Engie) José Antonio Hernández tira de la manta y relata los mecanismos que usó el gigante francés para conseguir adjudicaciones por valor de 300 millones.

- José Antonio Hernández no había dicho una palabra desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014 en la primera fase de la operación Púnica. Su primer paso por la Audiencia Nacional duró seis minutos. El tiempo que necesitó para acogerse a su derecho a no declarar y escuchar las preguntas que había preparado la Fiscalía. El pasado 20 de diciembre, más de tres años después, regresó voluntariamente al Juzgado Central de Instrucción número 6. Esta vez, estuvo en la sala dos horas y 19 minutos. No dejó ninguna pregunta sin responder. Y de su declaración se desprende un minucioso relato sobre cómo una multinacional presuntamente corrupta paga a políticos en España.

La multinacional es Cofely. En el momento de su arresto, Hernández era jefe de Operaciones de esa filial del gigante francés GDF, renombrado Engie ocho meses después de que estallara este escándalo. Se encargaba de supervisar los contratos de eficiencia energética adjudicados a su empresa por más de una decena de ayuntamientos. Las cifras de las concesiones son astronómicas: Moraleja de Enmedio (3,6 millones), Alcalá de Henares (13,9), Collado Villalba (42,9), Parla (66,1), Valdemoro (60,8), Móstoles (75), Serranillos del Valle (5,7), Torrejón de Velasco (4,9) y Getafe (varios contratos, el menor de 1,2 millones). A esas adjudicaciones hay que sumar las que estaban a punto de cerrarse cuando se desencadenó la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son los casos de Almendralejo(20,2 millones), Brunete (8,9) y Casarrubuelos (3). En total, 306,2 millones de euros que habrían salido del bolsillo de los ciudadanos de esos municipios.

Los tres años de instrucción ya habían permitido reconstruir el presunto amaño de todas esas adjudicaciones, pero Hernández aportó hace tres semanas detalles clave sobre los mecanismos que usó Cofely para comprar a alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Ante el actual instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, el exempleado de la filial francesa —fue despedido tras la operación— reconoció que los contratos con los ayuntamientos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas. Supuestamente, eran gastos generados por “los trabajos que había necesitado el departamento de 'back office' para poder llegar a ganar esa adjudicación”, declaró. En un primer momento, las partidas eran identificadas directamente con el concepto 'commission fee', es decir, comisión. Sin embargo, en adjudicaciones posteriores, el capítulo se camufló como 'success fee' (comisión de éxito) y 'project management' (gestión de proyecto).

Había otras partidas en los contratos que también llamaron la atención de Hernández. Se trata de los conceptos “control de auditoría” y “encuestas de calidad de servicios”, que supuestamente también debía abonar Cofely. El extrabajador, acusado de cohecho, falsedad documental e integración en organización criminal, aseguró en la sala que sus superiores en Cofely le dijeron que también debía “ejecutarlas con cargo al contrato” público. En teoría, esos fondos debían costear auditorías anuales sobre el ahorro energético que la compañía había proporcionado a los ayuntamientos con los que trabajaba.

Hernández descubrió pronto que eran conceptos ficticios para desviar fondos de la adjudicación. Los trabajos clasificados en los capítulos de 'comisión fee', 'success fee' y 'project management' debía adjudicarlos a la mercantil Construcciones y Reformas de la Peña SL, de Eduardo de la Peña, presunto testaferro del conseguidor David Marjaliza, que a su vez era el encargado de facilitar los contactos políticos que necesitaban los directivos de Cofely para amañar adjudicaciones en ayuntamientos de toda España. Por su parte, las 'auditorías' eran abonadas a Ruta Energética, otra empresa vinculada a Marjaliza, y a Consultoría Lumínica, de un tercer proveedor.

Hernández llevaba más una década trabajando en Cofely, pero no conocía esas mercantiles. “¿Había trabajado alguna vez con esas empresas?”, le preguntó su abogado. “Para nada. Nunca había trabajado con ellas, ni las conocía. Empecé a conocerlas con los contratos de eficiencia energética (…) Al principio pensé que eran tres empresas independientes”. Luego comprobó que formaban parte de un mismo entramado.

Aunque los contratos con los ayuntamientos reconocían la existencia de esas partidas, de puertas para dentro Hernández necesitaba justificar a qué servicios concretos se destinaba el dinero. Según sostuvo ante el juez, pidió consejo a sus superiores y le ordenaron que se refiriera a conceptos como "pintura”, “albañilería”... “Lo que me llamó la atención fue lo vagos que eran los conceptos. Hay cosas que te explicas más porque si te pasan un presupuesto o una factura de una empresa que ha ejecutado un trabajo, pues se ve claramente el alcance. En Consultoría Lumínica estaba más claro porque, oye, pues habían hecho un trabajo y decían que esos eran sus honorarios y había que darles más porque se había conseguido el contrato (…). Pero [en las partidas] de 'project managent' y 'success fee', había que meter en el circuito[interno de la empresa] pagos de 150.000 euros, como en Parla. Pero… ¿en base a qué? ¿Hay un presupuesto? Yo de lo que me daba cuenta es de que no había nada”, explicó. “Lo lógico es que hubiera una factura o un presupuesto. Pero no había nada”.

Hernández empezó a inventarse las órdenes de pago para justificar las transferencias a las tres empresas de la trama. “Al no haber concepto como tal (...) no hay como tal un sustento, ni unidades, ni partidas… no hay nada, lo que me dicen es que yo lo mecanice”, explicó. “Tenía un concepto vago que tenía que cuantificar. Son conceptos muy vagos porque no tenemos nada en lo que basarnos. Hablan de cosas muy genéricas: pinturas de edificios municipales, ayudas de albañilería… Cosas muy, muy… No se cuantifica 150 unidades de metro cuadrado… No podía llegar a más. No tenía nada en qué basarme”.

A pesar del engaño, las solicitudes de pago fluían por los canales internos de Cofely y el dinero llegaba a su destino. “Era totalmente atípico”, admitió. “Para hacer un pago de 150 euros, pues se puede poner un concepto vago. Pero claro, para 150.000, pues extrañaba. Lo suyo es que tuviera unas garantías, un desglose por si lo vas a certificar. Los procedimientos habituales de compras para gastar esa cantidad de dinero”, contó el acusado. Sin embargo, nadie en Cofely cuestionaba el procedimiento.

Solo tuvo un problema con el Departamento de Auditoría Interna, que estipulaba que todos empleados debían contratar con la empresa más barata después de realizar una comparativa de al menos tres ofertas. “La obligación era comprar al menor precio, pero en Torrejón de Velasco, se adjudicó a Construcciones de la Peña, que era lo contrario, porque se adjudicó a la más cara”, relató. A partir de ese momento, el acusado comenzó a fabricar presupuestos falsos de terceras empresas a precios disparatados para que las tres firmas preseleccionadas ganaran siempre. “Con el conocimiento de todosen la empresa”, dijo. Los conceptos siguieron siendo igual de confusos.

El sistema estaba tan engrasado que el trabajo comenzó a acumularse. “Nosotros no éramos una empresa barata”, admitió el exjefe de Operaciones. Con todo, Cofely no paraba de ganar adjudicaciones de eficiencia energética. Hernández contó delante del juez que él mismo terminó descubriendo que esas facturas que había elaborado se referían a trabajos que nunca se realizaron. “Con el tiempo, yo fui también desplazándome a los edificios y a las instalaciones de alumbrado público (…) y lo que estábamos haciendo, conceptos de pinturas de paredes… Hombre, todos los edificios no llegué a verlos, pero...”, expuso. “Yo habría metido la mano en el fuego por que no se habían hecho”.

El juez, las fiscales y la UCO también están convencidos, al menos por ahora, de que tampoco se efectuaron. Sostienen que esos fondos que salieron de Cofely, mediante facturas falsas justificadas por capítulos ficticios, sirvieron para que parte del dinero de los contratos de eficiencia energética adjudicados por los ayuntamientos retornara a los mismos responsables políticos que habían impulsado las licitaciones. El exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada recibió presuntamente 30.000 euros; el de Alcalá de Henares, Bartolomé González, 60.000 euros; el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, había pedido 25.000; el de Collado Villalba, Agustín Juárez, tenía comprometidos otros 400.000; el de Parla, José María Fraile, pactó 500.000, y en Almendralejo iban a repartirse supuestamente otros 180.000, por ejemplo.

El propio Marjaliza confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros cargos públicos. La declaración de Hernández, excepcional, una de las escasas ocasiones en las que un trabajador ha explicado con precisión milimétrica cómo funcionan los resortes de la corrupción en las tripas de una multinacional, permitirá al juez completar el puzle de esta pieza de Púnica, centrada en una de las líneas de negocio que más beneficios reportó a la trama.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-01-10/asi-compra-politicos-multinacional-corrupta-espana_1503833/

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