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06 de Septiembre de 2018

Tratados binacionales, ¿integración para quién?

Stefanía Vega Zúñiga

El pasado 21 y 22 de agosto se dio cita a la “IX Reunión Binacional de ministros nacionales de Argentina y Chile”, y paralelamente al “VII Encuentro de gobernadores argentinos e intendentes chilenos de Frontera Común”.

Esto, con la finalidad de presentar los mal llamados proyectos de inversión bajo el rotulo de bi nacional, so pretexto de mayor conectividad, integración económica, sustentabilidad ambiental, seguridad y defensa, con el vecino país. Acuerdos que desde la firma del tratado Binacional minero efectuada bajo los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Frei, en el año 1997, y ratificado posteriormente en el 2001, quedó demostrado que lejos de beneficiar a los pueblos habitantes a ambos lados de la frontera, es una fórmula más, emprendida por el neoliberalismo de nueva generación, que busca y promueve la directa intervención de las empresas transnacionales en la toma de decisiones de los diferentes gobiernos. Es así como en dicha oportunidad fuimos testigos de cómo la canadiense Barrick Gold, redactaba párrafos completos incluidos en dicho tratado, el cual hoy, pese a sus oscuras influencias y sin proyecto binacional operando, este, no se ha aplicado en sus 21 años de los 30 que tiene de vigencia.


Asimismo la Iniciativa de Infraestructura Regional Sud Americana - IIRSA avanza sin disimulo en los distintos territorios, derribando árboles, pavimentando los bosques y la selva, perforando la cordillera en distintos puntos, como es el túnel de Aguas Negras y el paso La Chapetona, ambos cruces ubicados en la región de Coquimbo, conectando a los Valles del Limarí, Elqui y Huasco, por el lado chileno, con las proximidades de San Juan, por el lado argentino, actuando como puente entre el Atlántico y el Pacífico. Además de las notas reversales para cambiar el nombre del paso “Sin Nombre” de Ñuble, por el sugerente nombre de “Minas”.

Cada uno de estos proyectos levantados bajo discursos llenos de frases de buena intención, de “integración”, de “progreso” a fin de “maximizar los beneficios bilaterales”. Sin embargo, se omite que cada eje, está pensado para una vez más, otorgar certezas a corporaciones transnacionales que pretendan realizar “inversiones” en cada uno de estos países, apostando a la generación de leyes laxas, que les permita ahora sí, concretar el país virtual que supone el antes mencionado tratado binacional minero, con otros proyectos que robustecen la agenda, para a su vez obtener una mayor rentabilidad económica y mejor tránsito en las rutas hacia el Asia Pacifico.

Mientras los distintos territorios co-habitan con tranques de relaves eternos, agotamiento y contaminación de sus fuentes de agua, intoxicación de niñas y niños, lo que en muchas ocasiones deriva en una pérdida de las tierras de pequeñas y pequeños campesinos, producto de la contaminación o la falta de agua.

Situación que sin duda se traduce en un mayor empobrecimiento, ya que diversos estudios demuestran como la concentración de la riqueza queda reducida a grupos muy acotados donde el 20% de la población concentra el 72% de la riqueza (Banco Central, 2017), mientras la población mantiene estándares de desigualdad que prácticamente no han variado en los últimos 10 años.

Además de todo lo previamente descritos, hace unos meses se firmó un Tratado de Libre Comercio TLC entre Chile y Argentina, que busca ratificación en ambos parlamentos, ya que viene a resolver asuntos tributarios y de aranceles, pero sobre todo entrega mayor protección a las inversiones para las transnacionales mineras que, entre otras cosas, pretenden continuar destruyendo la alta cordillera de ambos países.

Por tanto, cuando se monta una tremenda estructura complementaria a los acuerdos previamente suscritos, que vendría a afianzar alrededor de 15 proyectos bilaterales más, enarbolados justamente sobre ejes que en la práctica vemos tan precarizados, con instancias de democracia participativa tan reducidas, con una “operación de paz y fuerza coordinada cruz del sur” que causa una legítima sospecha para los pueblos criminalizados, cabe legítimamente preguntarse ¿a quienes benefician estos tratados? ¿Quiénes están detrás aplaudiendo tales integraciones corporativistas? ¿Qué nuevos eufemismos se intentarán promover de ahora en más para cada proyecto extractivo que se levante? Si bien sospechamos las respuestas, no dejan de sorprendernos los actos.

Stefanía Vega Zúñiga, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

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