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Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente

26 de Septiembre de 2018

FENATRAMA solidariza con habitantes de Quintero-Puchuncaví y llama a mejorar la institucionalidad y la democracia ambiental


Ante las graves consecuencias que están sufriendo las y los habitantes de Quintero y Puchuncaví, a raíz de los episodios de contaminación crítica derivados de la alta concentración de planteles industriales en la zona de la Bahía de Quintero, FENATRAMA declara lo siguiente:

- Santiago, 26 de septiembre de 2018


COMUNICADO PÚBLICO N°2

FENATRAMA


La Dirección Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Medio Ambiente (FENATRAMA), que agrupa a las tres Asociaciones de la Institucionalidad Ambiental, respecto de la crisis socio ambiental en la zona de Puchuncaví y Quintero y debido a cómo ésta incide en diversos temas referidos a la Institucionalidad Ambiental, estimamos necesario expresar lo siguiente:

1.- Manifestamos nuestra solidaridad con todas las familias que están siendo afectadas por la grave crisis ambiental; y nos unimos al sentimiento de indignación por la forma en que dicha crisis está siendo asumida y manejada por las autoridades políticas, tanto a nivel regional, como nacional.

2.- Creemos que respecto de las medidas anunciadas por la autoridad ambiental, junto con resultar insuficientes y evidentemente tardías para ser presentadas como un Plan Integral de Descontaminación Ambiental, no dan cuenta del miedo e incertidumbre que afecta a la comunidad. Al respecto, no es posible esperar la implementación y equipamiento tecnológico de la red de monitoreo, en el segundo semestre de 2019; ni una normativa más exigente en calidad del aire para el dióxido de azufre, acorde al estándar OMS, también en el 2019, para tomar medidas más urgentes e inmediatas.

3.- De igual forma, resulta débil e insuficiente el llamado, formulado por la autoridad a la industria presente en la zona, a “sumarse” a partir del 1ero de octubre de 2018, a un proceso de actualización de los planes operacionales acordado con los propios incumbentes industriales; que en lo medular considera la “disminución” de la actividad ante condiciones de ventilación desfavorables.

4.- Respaldamos el trabajo profesional de fiscalización que han desarrollado los funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente; sin embargo, aquello no implica compartir, a partir de los resultados de dicha fiscalización, el enfoque y las decisiones adoptadas por la autoridad política.

5.- En esta línea, nos resulta importante clarificar que, si bien es técnica y jurídicamente aceptable que ENAP sea imputada por incumplimientos a compromisos de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), no es entendible que se le responsabilice mediáticamente de la crisis medioambiental que se ha vivido, de todos los episodios críticos, ni de ser la culpable de la contaminación de esa zona. Aquello resulta interesadamente reduccionista, carente de racionalidad técnica y una ofensa a la inteligencia de la comunidad local y nacional. Esto se demuestra en tanto que, apenas levantada la alerta amarilla, se han producido desde ese hito, al menos tres incidentes más con casos de intoxicación múltiple.

6.- Llamamos al gobierno a proponer una Política Integral de Descontaminación Ambiental que cambie la manera de abordar los problemas medioambientales en Chile; y a terminar de inmediato con esta y todas las zonas de sacrificio existentes en el país. La salud de las personas no debe tener precio bajo ninguna circunstancia. Por ello, se requiere implementar medidas estructurales, de fondo y no sólo de mitigación o reparación. Detener ahora y sin condiciones la producción de las empresas de la zona es la decisión inmediata que debe ser adoptada. Sólo a partir de ello, es posible comenzar a recuperar la credibilidad de la población en la institucionalidad ambiental y emprender la revisión de los planes operacionales y de los planes estructurales de descontaminación. Dicha decisión representa un imperativo ético y un deber para con el resguardo de la salud de la comunidad.

7.- La crisis socio ambiental en pleno desarrollo, expresa falencias en un conjunto de dimensiones que, solo analizadas en su integridad, nos permitirán entender de mejor forma el problema y, por tanto, encontrar formas definitivas de resolución. Lo anterior debe suceder en el marco de un permanente diálogo social que incluya a la comunidad de Quintero-Puchuncaví y sus diversos actores sociales. En esta dirección preocupa la visible reducción de los ámbitos de promoción e implementación de participación ciudadana, de un gobierno que peligrosamente comienza a reducir los espacios institucionales ya ganados que iban aportando a la desconcentración del poder y a la profundización de la democracia ambiental.

8.- Como trabajadoras y trabajadores del Estado, comprometidos con las políticas públicas y el bienestar social, creemos y proponemos que sólo incorporando al análisis variables como: i) planificación territorial local participativa y vinculante, que no incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE); ii) implementación definitiva de la institucionalidad fiscalizadora existente a lo largo del territorio nacional, con presupuestos acordes a su enorme tarea fiscalizadora y sancionatoria; iii) terminar con el modelo extractivista que resulta incompatible con el desarrollo a escala humana, que pone en jaque los estándares de cumplimiento de derechos humanos de las comunidades que habitan en las llamadas zonas de sacrificio; iv) terminar con una concepción del Estado que reduce su capacidad reguladora, evaluadora fiscalizadora y que, por tanto, se sitúa al servicio de intereses de unos pocos; creemos que adoptando estos y otros factores podremos, como país, realizar un diagnóstico acertado y soluciones adecuadas.

9.- La crisis de Puchuncaví-Quintero viene a demostrar, una vez más, la necesidad de contar con la existencia de un Estado más robusto; con organismos técnicos fortalecidos en sus competencias; que garanticen, en primer lugar, derechos constitucionales como la salud de la población y del medio ambiente de los territorios que estos habitan y el respeto a los DDHH; con gobiernos locales que sean capaces de definir y ordenar el territorio a partir de procesos participativos y vinculantes.

10.- Como trabajadores y trabajadoras de la institucionalidad ambiental, involucrados y comprometidos con una visión de país, aspiramos a contribuir a una nueva y urgente forma de relacionarnos, a una escala humana, es decir, a una visión que ponga en el centro a las personas que habitan nuestro país, con un interés genuino por la vida, la dignidad y el cuidado del medio ambiente.

Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente

FENATRAMA


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