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15 de Octubre de 2020

Regantes de Monte Patria se oponen a entubamiento de canal



Mediante una carta ingresada hoy en oficinas de la DGA en Ovalle y de CNR en La Serena, un grupo de regantes del Canal Maqui Alto, del río Mostazal, dio cuenta de vicios en el proceso de postulación a los bonos de subsidio estatal que financiarían una obra no deseada por la mayoría de la comunidad de aguas.

“Han entubado tanto que los pajaritos ya no tienen dónde tomar agua”, “antes los animales tomaban agua aquí, ahora hay que pasarse todo el día llevándolos y trayéndolos del río”, relatos como estos se repetían en la reunión de las y los vecinos de la localidad de El Maqui que están dispuestos a lo que sea, con tal de que no les entuben el único canal que aún corre libre por el territorio.

Y es que la ley 18.450 que subsidia obras de riego, evalúa proyectos presentados por los canales en virtud de la cantidad de acciones que sostienen la solicitud, no de personas, es decir, si una sociedad agrícola tiene el 50% de las acciones de agua de un canal, como ocurre en el Maqui Alto, basta con que uno de los 60 regantes que viven al borde del mismo quiera la obra, para que el requisito de que “la mayoría está de acuerdo” se valide ante la Comisión Nacional de Riego. Eso muchas veces disuade las ganas de oponerse, porque es la ley la que permite que el Estado subsidie a las empresas contra la voluntad de las y los campesinos.

Pero lo que alerta a los vecinos, es que según su mirada, esta lógica es la que va secando aceleradamente los territorios, pues impone que la única forma de mejorar la conducción de aguas es poner un tubo por todo el canal, no solo por las partes críticas donde sí puede significar una mejora significativa. Para ellos, esto supone acabar con todo el ecosistema que se ha generado alrededor los canales, mucha fauna y flora nativa, a veces con árboles centenarios, mueren cuando se les priva de su fuente de riego, las hierbas medicinales desaparecen, se impermeabiliza la infiltración por lo que las napas dejan de rellenarse, y en fin, se degrada tan irreparablemente el entorno de la vida campesina que termina por hacerse prácticamente inviable.

Es por ello que decidieron oponerse, y revisando los procedimientos, constataron que la sociedad agrícola Pampa Grande, que respalda con sus acciones el proyecto, adeuda cerca de 6 millones de pesos por cuotas impagas, y según el art. 223 del Código de Aguas, quien tenga sus cuotas impagas no puede votar, es decir no se cumpliría con el requisito de mayoría. Pero además, en la misiva ingresada a la Dirección General de Aguas y a la Comisión Nacional de Riego, alegan que quienes sostienen la postulación del proyecto son también quienes lo llevarían a cabo, lo que evidencia un conflicto de intereses que no puede ser validado por el Estado.

La comunidad consultó al departamento jurídico de la CNR dónde debía dirigir la carta y les dijeron que en la Dirección General de Aguas, pero cuando fueron a dejarla, les indicaron que el asunto era competencia de la CNR. Esto es una muestra más de lo complejo que resulta para las comunidades campesinas defender sus formas de vida, pues reina la desinformación, la falta de políticas que resguarden la biodiversidad, el abuso, expresado en que por ejemplo la mayoría de los regantes -adultos mayores- aun no entienden porqué razón sus padres tenían antes agua suficiente para sembrar aunque hubieran años malos, y ahora es imposible, porque cada vez les achican más sus tiempos de riego; y en definitiva, una impresentable falta de claridad en quienes están mandatados a cautelar la correcta aplicación de la ley para resguardar el bien común y no solo el privado.

De acogerse favorablemente los argumentos territoriales, el proyecto debería sacarse de concurso y el agua debería seguir corriendo abiertamente por el canal local, pero ahora los vecinos entienden que habré que seguir juntándose para atender de manera más oportuna y colectivamente los problemas que puedan suscitarse en la administración de sus aguas.

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