- Internacional - Chile - Colombia - Guatemala:03 de Diciembre de 2020
Protestando a través de una pandemia
No todos los defensores del medio ambiente reciben un premio por su esfuerzo. Al contrario, muchos reciben amenazas y violencia, y esto ha ido en aumento bajo la pandemia COVID-19. Esta edición de The Frontline explora las formas en que el virus está amenazando a los defensores del medio ambiente en toda América Latina.
Por
Yessenia Funes - Atmos
A la izquierda, Don Cuny, activista de toda la vida del Movimiento Indígena Americano y miembro
de la tribu Lakota; a la derecha, un joven defensor del agua que va en camino a unirse a la primera
línea de las protestas de Standing Rock, Dakota del Norte, en 2016. La mayor victoria de Standing Rock
ha sido atraer la atención del mundo hacia la historia de los derechos indígenas. (Foto de Kiliii Yüyan)
No todos los defensores del medio ambiente reciben un premio Goldman o el reconocimiento internacional que viene con él. Muchos permanecen desconocidos para el público a pesar de lo crucial que es su trabajo en la protección de algunos de los ecosistemas más extraordinarios del mundo. Su labor se ha vuelto aún más difícil -y peligrosa- en actuales las condiciones creadas por las dirigencias políticas como respuesta a la COVID-19.
En algunos países ha sido necesario poner un alto temporal a la movilización debido a las restricciones sociales. En otros, la policía no cesa de criminalizar a los manifestantes mientras deja impunes a los atacantes. Los activistas son arrojados a las prisiones, donde se les pone en mayor riesgo de exposición al virus. Se hace cada vez más urgente poner fin a la violencia a la que se enfrentan estos guerreros, especialmente debido a que las autoridades priorizan sobre todo la pandemia, dando a los infractores una excusa para tomar represalias contra los ecologistas, especialmente los que pertenecen a pueblos indígenas.
"Los pueblos indígenas experimentan un alto grado de marginación socioeconómica y corren un riesgo desproporcionado en las emergencias de salud pública", dice Chris Madden, principal activista de Global Witness, un grupo de derechos humanos que hace un seguimiento de la violencia contra los ecologistas. "Se han vuelto aún más vulnerables durante esta pandemia mundial, en parte debido a factores como la falta de acceso a sistemas eficaces de vigilancia y alerta temprana y a servicios sanitarios y sociales adecuados".
Bienvenido a The Frontline, su recordatorio de que las crisis ecológicas que enfrentamos dañan desproporcionadamente a las comunidades de primera línea en el Sur Global. Soy Yessenia Funes, editora de clima de Atmos. Esta semana exploramos el Premio Goldman y sus ganadores, pero quise terminar con una nota menos festiva. La pandemia está complicando el tipo de trabajo que este premio aplaude, y está aumentando el riesgo para los activistas de base que simplemente buscan proteger la salud y el bienestar de su comunidad. Los impactos varían según el país, pero todos tienen una cosa en común: un flagrante desprecio por el planeta y sus más valientes defensores.
Chile
La gente de Putaendo está tratando de hacer de esta ciudad el primer territorio libre de minería en Chile. La pandemia ha complicado esos esfuerzos.
Manifestación contra la minería en Putaendo
La empresa canadiense Minera Vizcachitas ha presentado un proyecto de cuatro años para extraer cobre y molibdeno en la región, pero la población local lo rechaza. El río Putaendo atraviesa la ciudad, conectando aguas arriba con el río Rocin, que atraviesa las montañas. Los miembros de la comunidad quieren proteger estos invalorables recursos hídricos en lugar de ponerlos en peligro debido a los desechos que acompañan a los proyectos de desarrollo extractivo.
En lugar de retrasar el proceso de aprobación, el gobierno ha programado audiencias públicas a pesar de las limitaciones que impone la pandemia a este tipo de reuniones. Algunas audiencias se celebran en línea, lo que excluye automáticamente a cualquier persona o grupo sin acceso a Internet. Las reuniones que se realizan de manera presencial tienen estrictos límites en el número de asistentes.
La semana pasada, Sara Gómez-Honores, presidenta del servicio de saneamiento de la ciudad, logró asistir a una reunión sobre el proyecto e hizo una simple pregunta: ¿Cuál es el protocolo en caso de emergencia o incidente? Los representantes de la empresa no pudieron responder.
"Necesitamos protocolos serios para asegurarnos de que están preparados", me dice Gómez-Honores. "El daño ambiental que pueden causar es tremendo. No sé cómo se imaginan que no causarán ningún daño. Eso es lo que dicen, que el proyecto no dañará el medio ambiente o a la gente. No sé si existe una empresa tan perfecta".
Ella está preocupada por cómo la pandemia está afectando la toma de decisiones en torno a proyectos como estos. Su trabajo es dar a los residentes de la ciudad agua segura y limpia para disfrutar. Gómez-Honores no tiene fe en que la empresa (o los funcionarios públicos que supuestamente la regulan) estén en preocupados en absoluto por su comunidad.
"No queremos convertirnos en otra zona de sacrificio", dice. "El gobierno no produce el agua. La naturaleza lo hace. Y eso es lo que yo valoro: la naturaleza".
Este informe de Mining Watch Canada incluye más detalles sobre la forma en que la industria minera está aprovechando la pandemia.
"La gente no le teme al virus. Le teme al gobierno y a la represión contra las comunidades".
Leiria Vay, CODECA, Guatemala
Guatemala
En Guatemala, la situación ha sido difícil durante años, dice Leiria Vay, organizadora del grupo de derechos humanos Comité de Desarrollo Rural (CODECA). Mantener los territorios indígenas seguros era una lucha incluso antes de que la pandemia hiciera explosión.
Leiria Vay
"La gente no le teme al virus", me dice Vay. "Le teme al gobierno y a la represión contra las comunidades".
Con la pandemia, los trabajadores agrícolas han visto reducidos sus salarios. El transporte público se ha visto afectado, lo que dificulta que los defensores rurales vayan a la ciudad a expresar sus preocupaciones. Al igual que la situación en Chile, organizar protestas se hizo casi imposible, aunque las empresas mantienen su libertad para seguir adelante con sus negocios como de costumbre. Donde Vay vive, en las costas del sur del país, son comunes las plantaciones de plátano, azúcar y aceite de palma. Los trabajadores raramente usan equipos de protección tales como máscaras faciales, y no siempre se les paga.
Su lucha es por la tierra, pero también es por su gente. Los del sector agrícola merecen sus salarios, y los defensores no deben ser atacados. El número de ataques a defensores del medio ambiente en Guatemala se ha duplicado este año en comparación con el anterior, según me dijo Global Witness.
Este año Vay ya ha perdido a tres de sus colegas de CODECA debido a la violencia. Está asustada por esta escalada pero también por la criminalización de sus compañeros. En Guatemala muchos han estado exigiendo la dimisión del Presidente, en protesta por el presupuesto aprobado para el próximo año, que recorta los fondos para las agencias de derechos humanos, la sanidad y la educación, informa Al Jazeera. La policía ha respondido violentamente, arrestando a unos 30 manifestantes tan solo la semana pasada.
Si quieres conocer el impacto de la pandemia fuera de Guatemala, esta nota del blog de Global Witness puede ser útil.
Colombia
En 2019, Colombia fue el país con el mayor número de defensores del medio ambiente asesinados. Es un país que aún espera algunos resultados del acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano. Los líderes de la justicia social, especialmente los indígenas y afrocolombianos, siguen siendo asesinados.
Protesta por los asesinatos de líderes sociales en Colombia
Con la COVID-19 ha aumentado la violencia que estas personas enfrentan. Desde el 6 de marzo hasta el 21 de noviembre, 180 líderes han sido asesinados, dice Cristian Llanos, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), una organización de investigación de derechos humanos en Colombia. Él y sus colegas no han podido visitar los pueblos para verificar las muertes de la manera en que lo hacían anteriormente, por lo que imaginan que el número es en realidad mucho mayor.
Los grupos armados causantes de esta violencia están involucrados a menudo en el tráfico de drogas. Las comunidades indígenas situadas junto a sus rutas de transporte o en sectores aislados corren ahora un riesgo aún mayor. Cuando las autoridades gubernamentales usan gases lacrimógenos o armas químicas para hacer salir a los narcotraficantes de sus escondites, fácilmente pueden contaminar también los recursos naturales de los que dependen las comunidades cercanas.
"Se trata de derechos humanos", me dice Llanos. "Los líderes están defendiendo sus territorios y sus vidas, especialmente en medio de una pandemia. Los grupos armados no se han rendido. Por el contrario, han declarado la guerra".
Lea más sobre la crisis en Colombia aquí.
Traducido para el OLCAFuente:
https://atmos.earth/covid-19-pandemic-environmental-defenders-the-frontline/981
