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13 de Julio de 2021

Comunidades mayas harán autoconsultas ante contaminación de granjas de cerdos



Ante las afectaciones al medio ambiente y a la salud que ocasionan las megagranjas de cerdos, habitantes de los municipios de Kinchil y Celestún, y de la comisaría San Fernando del municipio de Maxcanú, organizan autoconsultas indígenas: el próximo domingo 25 de julio decidirán si mantienen o revocan los permisos para que esas plantas operen en sus territorios.

Por Lilia Balam - informefracto.com

Las consultas fueron convocadas debido a las omisiones de las autoridades municipales, estatales y federales en los procesos orientados a otorgar permisos a los proyectos industriales, pues, de acuerdo con las y los pobladores, no se les consultó de manera previa su consentimiento respecto a la construcción y el funcionamiento de las granjas. Además, algunas estarían operando sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Respecto a la Granja Maxcanú, de la empresa Agroindustrias Moba SPR de RL de CV, que se ubica en San Fernando, Cinthia Cocom Canul, del Colectivo de Atención Comunitaria U Yutzil Kaj, explicó que nadie les brindó información sobre su instalación y que en cuanto inició operaciones comenzaron a detectar diversos daños al entorno.

“Ellos dicen que pidieron permiso a unos borrachitos que estaban tomando en un salón, y nosotros ni enterados. De pronto dijeron que iban a hacer una granja y empezaron a trabajar, que porque iba a beneficiar al pueblo, habría más empleo. Ahora las moscas están como abejas, hay un montón. En el monte, en la parte de la laguna donde hay agua de la defecación de los cerdos, huele muy mal; para este tiempo de lluvias esas cosas rebosan y sale el mal olor. A nosotros nos afecta porque estamos a menos de un kilómetro de ahí”, narró.

Por si fuera poco, presuntos representantes de la empresa han puesto un ultimátum a la comunidad: si no apoya a la granja, le quitará el servicio de Internet. “No es justo que como somos un pueblo, jueguen con los sentimientos de las personas. Necesitamos el Internet para nuestros hijos, pero no es justo que nos humillen. No es justo que nos estén echando [haciendo] de menos porque somos mayahablantes, también tenemos derecho a decidir”, señaló Cocom Canul.

En Celestún y Kinchil operan las empresas Administración Agropecuaria de Yucatán SPR de RL de CV, Kuo y Grupo Porcícola Mexicano SA de CV (Kekén). En el primer municipio, la principal preocupación de la población es que se están vertiendo aguas negras al subsuelo y éstas llegan a la costa, por lo cual temen que se contamine el cenote que abastece de agua a la comunidad y afecte a la pesca, su principal fuente de ingresos.

“Esas aguas tienen partículas de excretas de orina y desechos de cerdos. Esto llegará a la Ría de Celestún, que es una Reserva de la Biosfera, pasando por el cenote. El agua potable se utiliza para hacer el hielo que se llevan los pescadores para pescar. Si hacen hielo con agua contaminada, afectarán la calidad de los pescados, se va a detener la exportación de productos del mar y eso va a golpear muy duro la economía. Que me escuche el gobernador [Mauricio Vila Dosal], caramba. Se va a detener la industria pesquera, la turística y nosotros los habitantes nos vamos a ver obligados a desplazarnos a Kinchil o a Sisal”, advirtió Alberto Rodríguez Pisté, del Consejo Maya del Poniente Chik’in Ja’.

Hasta hace un par de años en esa zona había cuatro granjas, pero los pobladores advirtieron que durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 se construyeron dos más y, aparentemente, la empresa tiene intenciones de construir otras cuatro, para sumar un total de diez megagranjas y aumentar la producción.

Las autoconsultas indígenas

Ante la situación, las y los habitantes de Kinchil, Celestún y San Fernando decidieron convocar a autoconsultas para ejercer su derecho a la libre determinación, el cual incluye su consentimiento previo para proyectos productivos, es decir, las poblaciones originarias tienen derecho a decidir si dan o no su permiso a las empresas para operar en sus territorios.

Los procesos de las consultas iniciaron desde hace año y medio, pero se pospusieron por la contingencia sanitaria y las elecciones. De hecho, originalmente eran siete los municipios que deseaban realizarlas, pero solamente tres han avanzado en los procedimientos.

La primera fase consistió en establecer los protocolos de organización. La segunda corresponde a la etapa informativa orientada a difundir entre los pobladores el objetivo de la actividad y a obtener datos sobre las granjas. Por ejemplo, se averiguó que las granjas de los municipios participantes iniciaron funciones sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente, indicó Cristina Muñoz Menéndez, del Equipo Indignación, el cual está acompañando todo el proceso.

Esta segunda etapa concluirá en Celestún el jueves 15 a las 18 horas, y en San Fernando y Kinchil el viernes 16, a las 10 y a las 18:30 horas, respectivamente. Se ha invitado a las empresas y a autoridades a participar, incluyendo representantes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La deliberación o votación se realizará el próximo domingo 25 de julio de manera simultánea en las tres comunidades. Se estima abrir las casillas a las 8 horas y cerrarlas a las 18 horas. En el ejercicio se espera contar con la presencia de integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También se conformó una comisión de observación, con la participación de activistas, académicos y académicas.

Finalmente, las y los pobladores reiteraron que con esta exigencia no sólo buscan defenderse frente a las afectaciones provocadas por las granjas porcícolas que ya padecen en sus pueblos, sino también cambiar la relación con el Estado, la cual, enfatizaron, sigue siendo racista, tutelar y colonial.

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