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- Colombia - Chile:

21 de Julio de 2021

El duro informe de la comitiva chilena de Misión SOS a Colombia



La delegación integrada por cuatro organizaciones de derechos humanos estuvo en suelo colombiano constatando en terreno el actuar de los agentes estatales en contra de los manifestantes, calificando las vulneraciones como “graves, sistemáticas y generalizadas”. Originalmente debían exponer el pasado lunes 18 pero su intervención fue postergada a última hora, en una accidentada sesión que estuvo marcada por la renuncia de Felipe Kast a la Comisión como "acto de protesta" para que Alejandro Navarro deje la presidencia de la instancia.

Por Joaquín Riffo Burdiles - INTERFERENCIA

Entre el 3 y el 12 de julio, una comitiva integrada por cinco personas en representación de cuatro organizaciones de derechos humanos chilenas llegó hasta suelo colombiano para integrarse a la Misión SOS Colombia, iniciativa conformada por 40 miembros de diversas organizaciones, activistas, juristas, dirigentes sociales y periodistas, pertenecientes a 12 países del mundo.

El objetivo era observar en terreno e identificar los contextos en que han ocurrido las vulneraciones y el estado actual de las investigaciones de más de 8.000 agresiones documentadas durante las protestas sociales ocurridas bajo el mandato de Iván Duque.

Tras su regreso y la publicación del informe preliminar SOS Colombia (ver documentación adjunta) que arrojó, entre otros resultados, que la policía colombiana usa "técnicas de guerra" en contra de las protestas, la delegación chilena pretende mostrar algunas conclusiones y puntos relevantes de lo observado en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, para dar a conocer la situación que se vive en Colombia desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril de este año.

Con representación de las organizaciones Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Forest Peoples Programme (FPP), Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) y Fundación Los Ojos de Chile, el ideal de la comitiva era presentar esta semana en el Senado para apelar a un pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, entendiendo que este martes 20 de julio, que es el día de la independencia en Colombia, -un simil al 19 de septiembre en Chile, ya que durante ese día y en todo el país se exhibe el poderío militar en forma de multiples paradas militares donde se ostentan las armas y desfilan las tropas- el presidente Ivan Duque anunció que volverá a presentar una reforma tributaria que hacia parte del llamado paquetazo, causa gatillante del paro.

El objetivo era observar en terreno las vulneraciones y el estado actual de las investigaciones de más de 8.000 agresiones documentadas durante las protestas sociales ocurridas en Colombia desde el Paro Nacional del 28 de abril.

Sin embargo, la exposición quedó postergada para la próxima sesión de la Comisión, la cual sesionó este lunes en un ambiente enrarecido por la renuncia a sesionar por parte del senador Felipe Kast (Evópoli) como un “acto de protesta” para que el senador Alejandro Navarro (PRO) deje la presidencia de la instancia.

“Cuando asumió el senador Navarro como presidente, que claramente no tiene las credenciales porque avala dictaduras, fui el primero en decir que no estoy disponible a participar en la comisión. Esto es una realidad que ofende al Senado y a las víctimas de las violaciones a los DD.HH.”, dijo Kast. “Yo encantado de volver siempre y cuando se cumplan los acuerdos y sea alguien a la altura de la defensa de los DDHH. Aquí nadie quiere bloquear, es un acto de coherencia mínima”.

Hablan los observadores

INTERFERENCIA conversó con Matías Vallejos de la Fundación Los Ojos de Chile y con Andrés Vera de Codepu sobre lo que pudieron observar durante la misión.

Los integrantes de la comitiva chilena afirmaron en un primer término que ”la situación de Derechos Humanos que se vive en Colombia es de extrema preocupación. Una desconfianza y desesperanza generalizada de la ciudadanía en las instituciones políticas, especialmente en el poder judicial y el poder ejecutivo, una represión indiscriminada a la movilización social que alcanza las 43 muertes por presunta autoría de la Fuerza Pública, 89 víctimas de lesiones oculares,más de 4.600 casos de violencia policial y más de 2.000 detenciones arbitrarias. Y todo esto, no solo en las manifestaciones mismas, sino que una persecución y judicialización selectiva a quienes participan o adhieren a las protestas”.

El ideal de la comitiva era presentar este lunes -un día antes del Día de la Independencia en Colombia- en la Comisión de DD.HH. del Senado para apelar a un pronunciamiento frente. los hechos suscitados bajo el mandato de Iván Duque.

En esa línea, plantearon que el gobierno ha respondido con negacionismo frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos, criminalización de la protesta social, militarización y cerrando todas las posibilidades de diálogo entre el comité del paro y otras instancias de representación de las demandas a nivel nacional o regional.

Consultados por los paralelismos y similitudes que se viven en Colombia comparado con lo ocurrido en Chile post 18 de octubre de 2019, los observadores afirmaron que son muchos los elementos en común.

“Las similitudes son muchísimas y muy profundas. Para empezar, la Policía Nacional colombiana y Carabineros de Chile eran y son catalogados como ejemplares cuerpos policiales en la región latinoamericana, lo que significaba que no solo se instruyen mutuamente, sino que a las distintas policías de la región. El caso más infame de este intercambio, es el denominado Comando Jungla, escuadrón de Carabineros de Chile que fue a instruirse a Colombia en estrategias y tácticas para combatir insurgencia rural, para utilizarla en el Wallmapu. Lo que terminó con un escándalo policial e hito judicial, al ser la primera vez que un Tribunal Civil investiga, juzga y sanciona un asesinato cometido a personas mapuche por funcionarios policiales y que deberán cumplir penas efectivas de cárcel por el caso Catrillanca”, aseguraron.

Según la comitiva, las similitudes entre las violaciones ocurridas en Chile y Colombia son “muchísimas y muy profundas”. Entre ellas, el entrenamiento de ambas policías, la teoría del "enemigo interno" y el uso del mismo armamento para dispersar manifestantes.

De esa forma, aseguran, “se muestra la misma doctrina del “enemigo interno”, la misma que ve en todos lados enemigos del orden y no a una ciudadanía ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social como lo ha demostrado las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones los Derechos Humanos como respuesta del Estado de Chile y el de Colombia”.

A su vez, apuntaron que ambas policías también utilizan las mismas herramientas. “La gran mayoría de la región se abastece de armamento, municiones y carros blindados de origen israelita. Como las escopetas calibre 12, que fueron suspendidas por la Corte Suprema recientemente en Colombia, hasta que pudieran garantizar su uso responsable y mesurado por atentar a la vida y al derecho a protesta pacífica. En Chile aún se utilizan”, explican.

“Entonces, tenemos la misma doctrina, la misma instrucción y las mismas herramientas tienen las mismas consecuencias. En Colombia pudimos recopilar testimonios de primera fuente de detenciones ilegales, torturas, apremios ilegítimos, lesiones por armas de letales y menos letales en donde los disparos fuera de protocolo, es decir, a corta distancia, de forma horizontal, y apuntando al tercio superior del cuerpo o incluso al rostro eran las características principales. En Colombia ya se registran 89 víctimas de trauma ocular solo en el paro nacional. También lugares públicos y privados utilizados como centros de detención ilegal, tortura y arsenal militar y policial”, describieron.

Consultados por los dichos del renunciado director a la Secretaría de DD.HH. de Bogotá, Andrés Idárraga, quien señaló en una reciente entrevista a INTERFERENCIA que dimitió acusando “insubordinación de la policía al poder civil, agresiones sistemáticas y falta de contundencia en el rechazo de las autoridades a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la ciudad”, los observadores creen que, al igual como se ha denunciado en Chile, “el miedo y la desconfianza institucional son muy fuertes y generalizados. Incluso de acercarse a los recintos asistenciales a tratar sus lesiones producto de la violencia estatal, ya que hay casos que tras acudir, son judicializados o detenidos arbitrariamente porque dan aviso a la policía. Esto genera que las cifras oficiales cuenten con un considerable subregistro, ya que para ser parte de ellas, es necesario sobreponerse a este escenario de recelo por la gravedad de las lesiones o en casos graves y notorios de asesinato o desaparición”.

“Por parte del oficialismo existe el más rotundo negacionismo frente a las violaciones a los derechos humanos, lo que también ha sido acompañado por una férrea campaña de criminalización de la protesta y movilización social”, describieron.

Asimismo, la Misión constató que “por parte del oficialismo existe el más rotundo negacionismo frente a las violaciones a los derechos humanos, lo que también ha sido acompañado por una férrea campaña de criminalización de la protesta y movilización social, criminalizando a las y los manifestantes tildándolos de vándalos y también al repertorio de protesta como los bloqueos de ruta. Las instituciones del poder judicial permeadas por el gobierno como lo son la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía, no trabajan de oficio. Solo luego de recepcionar denuncias que escasean mucho por el clima de desconfianza institucional, las procesan y tramitan con particular contraste en la diligencia con las que tratan los casos en los que miembros de las fuerzas de orden son afectados”.

Finalmente, ante la consulta sobre el informe que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde manifestó que las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas en Colombia han sido graves, pero no sistemáticas, desde la comitiva chilena en Colombia opinaron que el tiempo y el recorrido que pudieron hacer los lleva a concluir resultados distintos.

“Tuvimos la oportunidad de ser más personas recopilando testimonios y evidencia en más lugares que la CIDH, también observamos en distintos periodos de tiempo, por lo que no es de sorprender que nuestras conclusiones y caracterización de las vulneraciones sean distintas. En nuestro caso, consideramos que las vulneraciones tienen el carácter de graves, sistemáticas y generalizadas, y que no se cuenta con garantías para el debido proceso, ni para la protesta social”, sostuvieron.

En esa línea, destacaron que la Misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional y constató diferentes patrones de represión. “En nuestro informe preliminar ya es posible observar patrones de sistematicidad tanto en el actuar de las fuerzas represivas como de las vulneraciones a los Derechos Humanos y de impunidad sistemática en específico”, señalaron.

Adjunto: informe_preliminar_con_edicion_grafica_12.07.2021.pdf (Tamaño: 365.07 KB)

https://interferencia.cl/articulos/el-duro-informe-de-la-comitiva-chilena-de-mision-sos-colombia

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