Miles de desplazados en Ituango, un delito de lesa humanidad que la fiscalía de Colombia se niega a investigar y detener

- Colombia:
Los desterrados de siempre. Desocupan el campo en Ituango Antioquia

25 de Julio de 2021

Miles de desplazados en Ituango, un delito de lesa humanidad que la fiscalía de Colombia se niega a investigar y detener

En el mes de febrero de 2021 Ituango fue escenario del recrudecimiento de la violencia armada más de 500 personas de las veredas Quebrada del Medio, Las Arañas, Alto del Limón, Santa Lucía, San Román, El Aro, El Quindío y el Cañón de Santa Rita tuvieron que resguardarse en el casco urbano del municipio de Ituango, la misma población fue desplazada en años anteriores en completa impunidad y hoy vuelve a ser víctima, cada que a los grupos armados se les ocurre, se padece la misma situación sin que al Estado le interese evitar el sufrimiento de la población.

Por Movimiento Ríos Vivos

Desde el miércoles 21 de julio la población campesina empezó a salir de las veredas y aún hoy no para el éxodo. La cifra se acerca a las tres mil personas (3.000) desplazadas y supera las mil (1.000) familias de 28 veredas: Santa Lucía, Quebrada del medio, El Quindío, Santa Bárbara, El Limón, Las Brisas, El Chuscal, Los Sauces, Las Arañas, La Miranda, San Isidro, Alto de San Agustín, El Mandarino, Cenizas, El Herrero, El Cedral, El corregimiento de La Granja, Chontaduro, Murrapal, Palmitas, Montealto, Quebradoncita, El Amparo, El Inglés, La Georgia, El Río, Chispas, El Yolombo.

Muchas de las familias están durmiendo en el piso, sin colchoneta ni abrigo, no hay suficientes alimentos ni elementos de aseo como toallas higiénicas, pañales para adultos, niños y niñas, también escasea la ropa para hombres. Un desplazamiento masivo y forzado, un éxodo que se expande, miles de personas en medio de una pandemia y el confinamiento del municipio provocado por los múltiples derrumbes que destruyeron varios puntos de la única vía de acceso. No hay funcionarios que atiendan a toda la población. No han pasado seis meses desde la última diáspora de familias que atemorizadas huyen de sus territorios una y otra vez, las comunidades del Cañón de Santa Rita temen que los presionen para que se desplacen hacia Tarazá y las comunidades de La Vega desde ayer empezaron a salir hacia el municipio de Peque, desocupar el campo en Ituango es la pretensión de los grupos al margen de la ley ¿Con qué objetivo?

Grupos paramilitares estuvieron hace poco de fiesta en algunas de estas veredas, no obstante, los que llaman y presionan para los desplazamientos se presentan como disidencias. Es evidente que la disputa territorial está generando los desplazamientos forzosos con amenazas de muerte que obligan a los campesinos a salir de sus veredas; lo que no es claro son las razones estructurales de estos dolorosos hechos, el papel de la fuerza pública la desidia de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ituango y en general del gobierno nacional una deliberada debilidad institucional funcional a la criminalidad que destierra.

Lo que sucede en Ituango es un claro proceso de destierro sistemático. Las instituciones han sido incapaces de brindar atención digna para la población, salvaguardar la vida, evitar el desplazamiento y proteger los bienes privados de las familias. De manera sospechosa se observa como las instituciones se han encargado más de intentar ocultar la gravedad de la situación que de comprenderla y abordarla de manera estructural.

La situación es aún más crítica con el confinamiento generado los deslizamientos de tierra, la inestabilidad de las vías y las inadecuadas intervenciones del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en la zona. Afirman las autoridades que el torrencial aguacero del 22 de julio ha propiciado errumbes en las vías de San Andrés a Ituango y de Ituango a la vereda la Aurora dejando a centenares de familias damnificadas en la vereda El Turco quienes han tenido que ser reubicadas en las instalaciones del SENA, también han salido afectadas las instalaciones de la cárcel, por lo que han debido reubicar a los presos. La dificultad de acceso al municipio debido a los daños en la vía ha generado el desabastecimiento de alimentos y gas natural que agravan la situación de los desplazamientos, la imposibilidad de la llegada de periodistas que visibilicen la situación y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que ayuden a superarla.

Desde el Movimiento Ríos Vivos nuestra labor ha sido la de denunciar, informar lo que sucede en Ituango y exigir a todas las autoridades competentes que atiendan a la población, pero ahora la situación es cada vez más grabe por lo que rogamos nos ayuden con sus donaciones, que son el último recurso que utilizamos el cual siempre contará con el escrutinio de nuestra asamblea y de cada donante.

La superación de esta dolorosa situación requiere acciones contundentes y que les son propias a las siguientes instituciones a través del ejercicio de sus funciones:

Consideramos de suma urgencia que se adecue el aeropuerto y se restablezca su servicio civil, les sea garantizado a las familias desplazadas un alojamiento digno, colchonetas, abrigo, alimentación suficiente y oportuna, elementos de higiene, atención en salud y psicosocial. Actividades de recreación y deporte, actividades para todos los tipos de población.
La Fiscalía General de la Nación debe superar el estado de impunidad en que permanece el delito de lesa humanidad del desplazamiento forzado y judicializar a los responsables para impedir que esta situación se siga repitiendo.
La Gobernación de Antioquia, el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Ituango, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y demás entidades competentes tienen que responder por la vida, la no repetición, el bienestar actual en los albergues, los bienes materiales: cosechas, animales, y patrimonio familiar que con cada desplazamiento son arrebatados acrecentando la pobreza de la población. Esto es, en la medida que se realice el censo de los desplazados también se debe realizar el censo de los bienes de cada familia, los que se dejan en riesgo de pérdida y los perdidos por estos hechos de inseguridad de los cuales el responsable es el Estado colombiano.
Es preciso abordar las causas estructurales del desplazamiento, los intereses sobre el territorio y al servicio de quién están los grupos armados. El análisis sobre los títulos mineros, las rutas del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, el despojo de tierras y todos los escenarios posibles es fundamental. El Estado nos debe una explicación y hasta ahora se niega a dárnosla.
Es necesario que la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, El Ministerio del Interior, ONU y las alcaldías de la zona deleguen un equipo interdisciplinario para atender la crítica situación que vive Ituango pero que se está extendiendo hacia los municipios vecinos.

Estaremos recibiendo ayudas humanitarias para las familias desplazadas en la siguiente dirección: Calle 47ª #81-06, Barrio La Floresta (Medellín, Antioquia).

También se encuentra habilitada la cuenta para realizar donaciones:

Cuenta de Ahorros Bancolombia: 31981471639 a nombre de AMARUD

Cuenta Nequi: 312 822 2837

Para cualquier información adicional por favor ponerse en contacto a través de nuestro número telefónico oficial +57 312 822 2837. Correo electrónico riosvivoscolombia@riosvivoscolombia.org

Fuente:
https://riosvivoscolombia.org/desterrados-de-siempre-desocupan-campo-ituango-antioquia/

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