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Conflictos ambientales en Perú
Kuczynski y la red financiera de las empresas de Camisea
Colocaron ducto de Camisea en zonas de muy alto riesgo
Derechos indígenas violados por gasoducto de Camisea
Fuente:
IPS,
30 de Marzo del 2006
Consorcio de Camisea pagará para que lo investiguen
Por Ángel Páez
LIMA, 30 mar (IPS) - El gobierno peruano cambió de opinión y decidió que no
pagará la contratación de una investigación independiente internacional para
verificar el estado del poliducto de 750 kilómetros que transporta gas desde
el yacimiento amazónico de Camisea hasta la costa sobre el océano Pacífico.
A pesar que el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski dijo públicamente
que el Estado contrataría al auditor extranjero para garantizar la
transparencia de la inspección de las tuberías, será la misma empresa
investigada, Transportadora de Gas del Perú (TGP), la que abonará el
servicio.
El consorcio TGP se encargó de la construcción del poliducto (dos
tuberías, una para gas natural y otra para gas líquido), y es su
responsabilidad garantizar el flujo del hidrocarburo desde la selva
amazónica del Cuzco hasta las plantas de procesamiento ubicadas en la costa
del sur.
La decisión del gobierno peruano de revisar el estado del gasoducto
obedece a que el 4 de marzo la tubería de gas líquido se rompió y produjo
una considerable explosión en la comunidad nativa de Kepashiato, causando
quemaduras a una mujer y su hijo y la destrucción de extensos cultivos.
El Estado no va a contratar a una auditora externa porque tendría que
convocar a una licitación internacional, lo que demandaría un proceso de más
de medio año, explicó a IPS el presidente del Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (Osinerg), Alfredo Dammert, encargado de fiscalizar a
TGP.
"No es una solución perfecta, pero es la mejor", dijo Dammert. "El dinero
lo va a depositar TGP en una cuenta de Osinerg y por lo tanto el consorcio
no va a tener ninguna injerencia en el proceso de la auditoría. La
suspicacia es comprensible, pero ésta era la mejor solución", insistió.
Dammert indicó que la selección de la compañía estará a cargo de un
comité integrado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, de
Osinerg y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal
financiador público del proyecto de Camisea.
¿El BID está de acuerdo con la fórmula? "Sí", respondió Dammert. "Todos
queremos un auditoría integral para dar mayor seguridad al funcionamiento
del gasoducto. A todos nos preocupa que haya fallas".
Dammert admitió que TGP ha batido un récord de incidentes desde 2003 a la
fecha.
"Es normal que hayan fallas, pero no tantas y en tan corto tiempo. Hay
que determinar qué es lo que sucede y corregirlo. Por eso el BID va a
participar sugiriendo un representante en la comisión que elegirá a la
empresa que se va a contratar", dijo Dammert.
El directivo de la consultora sin fines de lucro E-Tech International,
Bill Powers, criticó que el TGP pague la revisión, pues no estaría
garantizada la transparencia de la investigación.
"El Estado peruano o el BID deberían pagar la investigación", afirmó
Powers, un experto que ha estudiado el caso de Camisea.
Powers recordó que en los términos del préstamo de 135 millones de
dólares que le otorgó el BID a las empresas del consorcio en 2003, se
incluyó la realización de una auditoría internacional.
El consorcio está compuesto por la estadounidense Hunt Oil, las
argentinas PlusPetrol y Techint, la estatal argelina Sonatrach, la
sudcoreana SK Corporation y la belga-francesa Suez-Tractebel. El proyecto
Camisea tuvo un costo total de 1.600 millones de dólares.
Al año siguiente de otorgado el préstamo, se reportaron serias
deficiencias en la construcción del poliducto, y organizaciones no
gubernamentales como la filial nacional de WWF (antes conocida como Fondo
Mundial para la Naturaleza), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la
Sociedad Nacional de Ambiente reclamaron al BID la contratación de la
auditoría, mientras el banco daba largas al asunto, recordó Powers.
"Incluso las organizaciones de la sociedad civil peruana se habían puesto
de acuerdo con la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de Holanda
(MER) para que efectuara el estudio, porque es un organismo de confianza por
su honestidad y franqueza", indicó Powers. "La idea era dar inicio a la
auditoría independiente en 2004".
Pero, ¿por qué el banco multilateral se resistió, si existían suficientes
razones para hacer el estudio?
"El BID controlaba el presupuesto y trató de manejar el alcance y
personal de la auditoría", explicó Powers. El banco "ha bajado el
presupuesto a una suma totalmente inadecuada. Parece que no ha tenido ningún
interés en realizar una auditoría realmente independiente", opinó.
El BID pretendía pagar 40.000 dólares, cuando un trabajo de ese tipo
requiere al menos 1,2 millones de dólares, según cálculos del propio Estado
peruano.
Tuvieron que ocurrir cinco derrames de gas líquido y una explosión para
que el gobierno de Alejandro Toledo, desbordado de críticas, se animara a
contratar un auditor internacional.
El TGP afirma que los problemas aparecidos en el poliducto son normales
porque el tendido cruza un área muy inestable del territorio selvático y
andino. "No hay problemas de estructura", dijo el consorcio en un
comunicado.
Pero Osinerg detectó que la rotura de la tubería del 29 de agosto de 2005
se debió a un problema en las soldaduras, una deficiencia que la consultora
E-Tech International reportó en un informe técnico entregado al BID durante
la audiencia pública del 27 de febrero en Washington.
E-Tech documentó que Techint, la empresa encargada de la construcción,
utilizó tubos que le sobraron de otros gasoductos en Brasil y Ecuador.
Según el informe de E-Tech, Techint contrató a personal no adecuado para
la soldadura, y algunos tramos del tendido se efectuaron sin estudios
previos sobre la inestabilidad del terreno. Además, el consorcio apuró la
construcción para cumplir con los términos del contrato, a costa de vulnerar
exigencias técnicas.
TGP rechazó vigorosamente las afirmaciones de E-Tech.
Pero la consultora insistió en las conclusiones de su estudio, en el que
participó Carlos Salazar, un experto que trabajó en Camisea contratado por
Techint entre 2002 y 2003 y que conoce perfectamente las condiciones de la
construcción.
Un nuevo informe de E-Tech, al que tuvo acceso IPS, ratifica varios
hallazgos anteriores.
Las deficiencias en las soldaduras fueron verificadas por Osinerg, y TGP
carece de un sistema adecuado de detección y bloqueo de fugas, lo que se
demuestra en los miles de barriles de gas líquido que se han derramado,
señala ese nuevo documento.
La consultora canadiense URS contratada por el BID para revisar la
cuestión de la erosión de los suelos reportó que TGP apuró la construcción,
lo que explica por qué no instaló un sistema de control de la erosión.
TGP reconoce las fallas, pero las atribuye a la naturaleza. Una parte
significativa de los tubos utilizados tienen corrosión interna y no externa,
afirmó el nuevo documento de E-Tech.
"Es casi inédito que se registre una sola falla en la primera etapa de
operaciones de un oleoducto, y mucho menos cinco fallas", señala el reporte
de E-Tech. "Es fácil culpar a la naturaleza".
"Una revisión independiente posiblemente encuentre culpables más allá de
la naturaleza", explica el informe. "La idea de la auditoría será definir
con transparencia las deficiencias, las razones de las deficiencias, y los
pasos necesarios para reparar los tubos y asegurar una vida confiable, sin
fallas en por lo menos 20 ó 30 años".
Ante la posibilidad de que el Estado peruano intente renegociar el
contrato con TGP, los ejecutivos del consorcio advirtieron: "tenemos un
contrato por 30 años y nos iremos cuando cumplamos esos 30 años".
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